REPENSANDO "CULTURA ¿QUIÉN PAGA?", EN 2019

Foto Camila Aliaga

Exposición en el seminario "Gobernar la cultura: debates sobre los desafíos de la política cultural en el contexto actual y sus posibles modelos de financiamiento", realizado en el Salón de honor de la USACH, el 29 de mayo de 2019.

Hace 13 años, el panorama de la gobernabilidad y el financiamiento de la cultura era promisorio. Acababa de instalarse el CNCA y había salvado airoso de su primera prueba: el cambio de gobierno y su consiguiente cambio de presidente del Directorio nacional, su máxima autoridad. La presidenta Bachelet había optado por alguien “de adentro” la actriz y sindicalista Paulina Urrutia, que había sido gran conductora del mundo cultural durante la tramitación del proyecto de ley en 2003 e integrante del primer directorio nacional; donde se desempeñó con eficiencia y mucho trabajo, en especial preocupándose de los fondos concursables y sus diferentes estamentos: participantes, especialistas, jurados, y, por cierto, su tribunal supremo, el directorio. 

Era, pues, conocedora en detalle del mundo de las artes. De hecho, en su primera entrevista anunció que ahora venía la segunda fase, es decir, la preocupación por las audiencias.

Su mandato será recordado por ese sello; su conducción del proyecto de Centro Cultural Gabriela Mistral; la enorme simpatía que despertaba entre la gente en sus salidas a terreno -asignable a sus personajes televisivos, de hecho, mucha gente la llamaba por su nombre de la ficción.

Tuvo buen criterio de destinar, ya al final de su mandato y conocido su sucesor, varias horas en introducir a Luciano Cruz Coke -colega actor y amigo personal- en el mundo en el que se incorporaría.

Así fue como el nuevo presidente del directorio, pudo tomar varias decisiones que Urrutia le había dejado macerándose, como la postulación chilena para ser sede, en 2014, de la Cumbre mundial de las culturas y las artes, de Ifacca, y la inauguración y designación de la directora ejecutiva del Centro Gabriela Mistral.

Hasta ahí, todo bien… con las artes. Pero no se sabía con claridad lo que se estaba incubando desde el sector del patrimonio.

Y esto era un malestar con la situación de los museos, y en general de los funcionarios, con la constitución del consejo y lo que consideraban una situación desmedrada de la DIBAM con respecto a este.

La inquietud llegó a La Moneda y se resolvió anunciando -fuera de programa, literalmente- que se crearía un ministerio de cultura.

Cruz Coke acató, jugándose por la opción de que sus entidades participativas se mantendrían, con carácter vinculante. Esta elección, obvia, luego de lo ya avanzado se fue

enfrentando a las dificultades del proceso legislativo, hasta que vino el cambio de gobierno y Bachelet dos no pudo -o no quiso- revertir la disyuntiva ministerial.

Por el contrario, se convirtió en una bandera de sus dos presidentes del consejo: Claudia Barattini, quién, además, en su año de mandato, logró desarrollar una consulta indígena, necesaria para los cambios institucionales.

 El debate sobre cómo preservar las atribuciones participativas y vinculantes del Consejo se fue enredando en la discusión legislativa y ese zapato chino no tuvo -según los asesores- otra salida que un ministerio con dos subsecretarías y un nuevo servicio público para reemplazar a la DIBAM. El destino del CMN todavía es incierto pues se ha hablado de un proyecto de, ley recién conocido, muy anunciado.

Así las cosas, Ernesto Ottone, alcanzó a ver promulgada la ley del ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio y pudo ostentar el rango de ministro durante 10 días y medio.

 El nuevo gobierno, Piñera dos, y la ministra Alejandra Pérez se encontraron con una ley fresquita, recién aprobada y nada de implementada. De hecho, el 28 de febrero de 2018, a la medianoche, cesaron en sus funciones los directores nacionales, todos los órganos participativos, los funcionarios del Consejo y los de la Dibam.

Comenzó una frenética carrera -asumida casi en su totalidad por el subsecretario Juan Carlos Silva y sus asesores- por edificar este ministerio tan farragoso cuyas señales externas comenzaron a venir más bien desde el sector del patrimonio donde se despidió a dos directores de museos nacionales (Histórico y Bellas Artes); se intentó hacerlo, sin éxito, con un regional (Puerto Williams); se debió aceptar la renuncia a personas recién designadas y repetir concursos para la designación de autoridades del SNP y el CMN; se hizo cierre virtual del Museo Histórico, finalmente no concretado. Así, este mundo antes languideciendo bajo autoridades y funcionarios de carrera, se llenó de un perfil novedoso en el área: arquitectos, en su gran mayoría de la PUC.

Con todo, la llegada, después de algunos meses, de la ministra Consuelo Valdés fue un bálsamo. Es una persona largamente vinculada al mundo de la cultura, desde la añorada Fundación Andes, pasando por cargos directivos en el MIM y otras instituciones, que ostenta una sólida imagen de vinculación con el patrimonio, sin hacer asco a tocar – y bien- la batería.

 Hasta entonces poco espacio había para preocuparse del financiamiento. Solo se esperaba que el ex Consejo, hoy subsecretaría, lo conservara y el patrimonio, también subsecretaría, lo incrementase.

Contra todo pronóstico, el presupuesto 2019 venía con un relevante recorte a seis instituciones culturales emblemáticas, de un 30% de su habitual asignación anual. Correspondía a una glosa presupuestario de organizaciones varias. Seis de ellas sin fines de lucro y dos asociaciones gremiales.

Se encendieron todas las alarmas.

La intuición, sino la inercia, hizo que el tema se enfrentara como acostumbraba el mundo cultural: colectivamente. Se comenzó a hablar del grupo de los seis (Precolombino; Balmaceda arte joven; museo Violeta Parra; Matucana 100; teatro regional del BíoBío, y Fundación teatro a mil) quienes recibieron inmediata solidaridad de colegas e instituciones de su mismo carácter: privadas sin fines de lucro, gestores culturales y el mundo de la cultura en general.

Aunque llegada hace poco, Consuelo Valdés puso lo suyo, participando activamente en la discusión presupuestaria y acogiendo iniciativas, como este seminario, que le fuimos a plantear con Norma Muñoz. Su agenda le impidió participar activamente, pero se ocupó de delegar en Juan Carlos, siempre sonriente y bien dispuesto.

Más allá de la precaria solución que salvó, por esta vez del recorte del 30% a los afectados, quedó sobre la mesa la reflexión sobre cómo debiera ser el financiamiento cultural a la luz del reciente ministerio y de la cambiada y cambiante realidad nacional e internacional.

Sin duda entramos en una nueva etapa.

¿Cuáles serán sus semejanzas y diferencias con la anterior?

Podríamos definir la etapa previa como la del inicio en Chile del financiamiento mixto o compartido de la cultura. Tiempo que va desde la recuperación de la democracia, en 1990, a la creación del ministerio, o sea marzo 2018.

En ella asistimos a un debilitamiento -con respecto a lo acontecido hasta septiembre de 1973- de la participación pública en el financiamiento cultural.

Sus símbolos son cuatro: los fondos concursables; las donaciones privadas a cambio de la estímulos tributarios; los consejos sectoriales que asignan recursos en diálogo con la industria y trabajadores de cada uno de los sectores (libro, audiovisual y música), y el modelo de autofinanciamiento de espacios culturales, probado con éxito en el CCEM.

Dichos símbolos agregan participación privada (jurados, evaluadores, consejos sectoriales, directorio del CCEM, comité de donaciones) coronada por la máxima instancia participativa, el directorio nacional.

Deben distinguirse dos formas de participación privada: una, la asignación de recursos públicos y otra, directamente financiando actividades que aprueba la llamada ley de donaciones. En los últimos años se ha agregado una tercera forma, como es la creación de espacios y fundaciones culturales por parte de empresas, que solo recurren puntualmente a fondos públicos.

Con la creación del ministerio se produce una rigidización en los aportes públicos, junto con un aumento de la posibilidad -o tentación- de resolver financiamientos sin considerar otras formas de aportes. Esta tendencia se ha demostrado en medidas, aunque no con tanta fuerza en el financiamiento, como la tardanza en constituir en Consejo nacional que reemplaza al anterior directorio nacional; no cumplir con la ley de premios nacionales de las artes, con todos los jurados que corresponde según la ley, debiendo ser dos de ellos nombrados por dicho consejo; los incesantes anuncios de una ley del patrimonio cuyo proyecto se acaba de firmar el 26 de mayo y se debe mandar al Parlamento, pero tampoco se ha conocido antes de hacerlo su contenido, para discutirlo, como ocurría con los proyectos anteriormente; los despidos ya comentados en el sector patrimonio, y otras medidas que reflejan que, finalmente, la decisiones culturales, vía ministerio (no olvidemos que es una secretaría de Estado) tienden a tomarse en La Moneda.

En dicho lugar esperan definiciones de algunas leyes; el museo (sala o galería) de la democracia; la segunda etapa del GAM; allí se resolvieron los nombramientos del Consejo nacional, y quienes finalmente deberán ser sometidos a la aprobación del Senado, citados para el próximo lunes 3 de junio.

 El dato cierto es que, un actor central del financiamiento cultural, como es el gobierno, ha cambiado. No tanto como para regresar al modelo arquitecto pre dictadura, pero si revela una reversión de la tendencia de ir cada vez profundizando más la participación de la sociedad civil en el tema.

Ello implica que los otros dos sectores -privados y públicos o audiencias- deben tomar nota y medidas.

Desde el punto de vista de los públicos o audiencias, se hace imprescindible que el apoyo a determinados espacios y actividades, se concrete en aportes en dinero. Progresivamente, la gratuidad en el acceso se convertirá en un recuerdo y cada museo, centro cultural o cualquier espacio que acoge actividades artísticas debe cobrar por sus presentaciones o espectáculos para asegurar así independencia respecto de los fondos públicos que, además, pudieran allegarse.

En la retirada de recursos gubernamentales, un aspecto que sufrirá mucho será la infraestructura. Diversas autoridades del actual gobierno han insistido -no sin razón- que ya se han edificado muchos espacios culturales, que requieren completar sus programaciones más que pensar en nuevos emprendimientos. Casi 20 años de prioridad en la infraestructura (no olvidemos que fue el presidente Lagos quien dio inicio a una verdadera carrera por cubrir el país de este tipo de espacios, con la inédita Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural) puede ser aconsejable dar un respiro y ocuparse más de su gestión. La pregunta es si el ente más adecuado para promover una gestión dinámica y proactiva es un ministerio, justamente lo opuesto desde su propia administración, a la gestión liviana del sector privado sin fines de lucro.

 Aparece entonces una primera contradicción, resumida en que en los tiempos de la participación y del consejo se hizo tanta infraestructura que durante el tiempo del ministerio no será necesario continuarla sino más bien darle conducción y apoyo a su gestión, para lo cual un consejo está mucho más preparado debido a su capacidad de convocatoria a la sociedad civil.

El hecho es que el ministerio existe, por tanto, mientras así sea, habrá que buscar fórmulas mixtas de financiamiento para emprender nuevos proyectos de infraestructura. ¿Qué ocurre entonces con los que están en marcha? El caso emblemático es la segunda etapa del GAM. Asolado por la quiebra de la empresa constructora, ha debido suspender obras y enfrentar los vertiginosos cambios que el mundo de la tecnología, en permanente renovación, ofrece, con el paso del tiempo. Ello encarece y hace correr el reloj, poniendo en riesgo los tiempos políticos para su inauguración.

¿No sería aconsejable recurrir a fondos privados para culminar el proceso?

Este ejemplo sirve para ilustrar que, en los nuevos tiempos, las grandes inversiones vendrán de la mano de aportes privados en los que el Estado, como en las concesiones de carreteras, tome los resguardos necesarios para acogerlos.

Ya ha ocurrido con los estacionamientos del CCPLM que permitieron la instalación, en un par de niveles, el espacio cultural, mientras en el resto una empresa administra los estacionamientos para recuperar su inversión y obtener las ganancias esperadas.

 Cabe pensar entonces que, en el futuro cercano, tendremos infraestructura con financiamiento mixto y buenos planes de gestión que permitan proyectar los ingresos provenientes de las audiencias y visitantes, para así interesar a privados que complementen los aportes estatales.

Esta revaloración de los aportes privados viene precisamente de la rigidez y arbitrariedades que pudieran surgir de un ministerio que, por una parte, centraliza, con el MOP, la decisión de invertir -o no- y por otra, prioriza -sin participación ciudadana- la programación de los espacios culturales por sobre su edificación.

Se da la contradicción que lo que fuera la principal fuente de participación ciudadana -las programaciones de los espacios- se rigidiza por una excesiva presencia ministerial, mientras la construcción se liberaliza mediante la aparición de dineros no gubernamentales.

Por tanto, la “madre de todas las batallas” se comenzaría a dar, más que en las instancias de participación como consejos o directorios de corporaciones, en la elaboración de sus planes de gestión que, previamente a la edificación, darán forma participativa a las futuras programaciones.

Pareciera un “negocio redondo” para el estado pues con menor cantidad de recursos va a tener mayor intervención programática sin que esta sea elaborada en instancias participativas. Una versión algo sofisticada del adagio “quién pone la plata, pone la música”, basada en el error de que el gobierno o el ministerio quién pone la plata, cuando esta pertenece a todos los chilenos y por tanto debe ser -sobretodo la puesta en la programación de espacios- una decisión colectiva y ciudadana.

Esto se había mantenido hasta ahora, pero la señal del 30% más la demostrada centralización en la autoridad política de las decisiones nos dice que corporaciones y fundaciones privadas sin fines de lucro van perdiendo autonomía de sus gobiernos corporativos. El caso más expresivo es la renuncia del ministro Ottone a presidir directorios a los que el CNCA otorgaba financiamiento, gesto que fue seguido, incluso por miembros del directorio nacional que integraban tales directorios de corporaciones privadas sin fines de lucro.

La señal del 30% indica que, progresivamente, los espacios afectados van a ver sometidos sus ingresos a concursos o aportes especiales que no tienen otra vía que la asignación a través de la burocracia y la autoridad política unipersonal dado que el Consejo nacional no tiene atribuciones para ello y no existe -en la realidad ni en la voluntad- el tan necesario y tantas veces propuesto Consejo nacional de la infraestructura y la gestión, donde pudieran todos los actores de ese ámbito fijar prioridades y asignar fondos con un criterio en el que participan los directamente involucrados.

Un ejemplo de ello es lo que ha acontecido recientemente con Fondart que sin tener la instancia de apelación superior -el ex directorio nacional- las decisiones como apelaciones y reclamos han sido resueltas burocráticamente, con participación de evaluadores y jurados que, obviamente carecen de la visión general que tendría el directorio –que determinabas los criterios de asignación de recursos-, por tanto, deben confiarse en las apreciaciones de funcionarios ministeriales.

 En síntesis, los cambios que ha traído la nueva institucionalidad, más la comodidad que ellos implican para la autoridad unipersonal, debiera llevar a que la sociedad civil tenga que constituir nuevos contrapesos a ésta en el terreno del financiamiento.

Lo que antes estaba al interior de la institucionalidad -consejos, convenciones, directorios de corporaciones- deberá establecerse al exterior de los mismos y la sociedad civil deberá hacerse escuchar a través de organizaciones profesionales, sindicales y la academia, más financiamientos empresariales, para poder acceder al necesario equilibrio derivado de un modelo mixto de financiamiento cultural que (me) sigue pareciendo el más adecuado para Chile.

 La formidable participación de la ciudadanía cultural ante el frustrado intento de designar un ministro que negaba violaciones a los derechos humanos, demuestra que ella sigue siendo una herramienta poderosa, que puede ser esgrimida nuevamente, dado que el mundo de la cultura no está dispuesto a deponerla.

En definitiva, pienso que estamos en el inicio de una nueva fase en la cual este mundo debiera reconquistar las instancias de participación que -inexplicablemente- se perdieron a través de la curiosa continuidad de pensamiento de dos gobiernos de derecha y uno de izquierda, por uno de los dos caminos:

1.     Reponer en las instancias existentes como directorios, convenciones, consejos… el carácter vinculante que se concibió en el origen del CNCA y duró hasta el mandato de Luciano Cruz Coke.

2.     Desandar el camino del ministerio y reponer el Consejo Nacional, eso si, con la incorporación esta vez del sector patrimonial.

Aún es tiempo de detener la tendencia de que las decisiones en cultura dejen de tomarse, colectivamente, en la mesa del directorio o consejo nacional, en la plaza Sotomayor de Valparaíso y se trasladen a la soledad de las oficinas de Santiago.

¿QUÉ NOS DICE EL MODELO CULTURAL CHINO?

Describiendo -otra vez- a los más recientes alumnos, los cuatro modelos de desarrollo cultural, que reconoce la literatura especializada, nos surgió la inevitable pregunta en el mundo en que vivimos: ¿a cuál modelo obedece China? La primera reacción habría sido: -Obvio, al Ingeniero que surgió en la Rusia zarista, continuó en el comunismo y se perpetúa con Vladimir Putin. Sin embargo, a todos nos quedó la duda y devolví la pregunta a la sala. La respuesta, en sendos trabajos de grupo, es lo que motiva este comentario.

A diferencia de los modelos de mayor iniciativa gubernamental o estatal, -el Arquitecto y el Ingeniero- en China existe una gran apertura a iniciativas colectivas semi privadas. En efecto, existen muchas empresas de propiedad mixta que desarrollan sus negocios y "descubren" nichos que desarrollar. Es decir, productos que se venden bien. Si se trata de bienes culturales, tambien se reproducen en grandes cantidades y se comercializan. Para ellos, la copia no es penada sino estimulada, despreciando completamente el valor de la propiedad intelectual, los derechos de autor, con lo que se diferencia de los modelos Facilitador y Patrocinador, que estimulan la creatividad individual.


No obstante, cabe la duda si esta actitud obedece a una profunda reverencia al cambio -en cuyo caso, copiar es, de alguna manera, cambiar un original- o simplemente a un desprecio por la leyes de occidente.

Lo que parece estar cambiando, pues el 13 de mayo, según agencia Xinhua, se realizó una sesión de asesores políticos chinos para discutir la revisión de la ley de derechos de autor del país. Fue presidida por Wang Yang,miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la CCPPCh.

Wang destacó que la ley de derechos de autor es el pilar de las legislaciones sobre la propiedad intelectual, y que es importante para la creación y distribución de los productos culturales e intelectuales, mejorando la alfabetización del pueblo chino en ciencia y cultura y convirtiendo al país en un líder global en innovación. También pidió la adhesión a una filosofía de desarrollo orientada a la gente para abordar apropiadamente la relación entre la creación, la protección y la utilización de derechos de autor, y establecer un sistema de derechos de autor con características chinas en la nueva era. Agrega la agencia que 12 miembros de la CCPPCh y académicos presentaron sus sugerencias sobre la revisión, mientras que 160 asesores políticos compartieron sus ideas a través de la plataforma móvil del máximo órgano asesor.

Con el rápido desarrollo de la economía, la sociedad y la ciencia y tecnología, en especial con la popularidad de internet, el actual sistema de derechos de autor enfrenta muchas circunstancias y problemas nuevos, lo que vuelve urgente la revisión de la ley, de acuerdo con los asesores políticos. Algunos enfatizaron la importancia para la revisión tanto de tomar en consideración las condiciones nacionales de China como de aprender de la práctica común en el extranjero, y pidieron el equilibrio de la velocidad y la calidad en la legislación, así como el manejo apropiado de la relación entre los creadores, distribuidores y usuarios de derechos de autor en términos de intereses. Otros sugirieron un castigo más duro contra la infracción a los derechos de autor, el establecimiento de un sistema de compensación punitivo, para solucionar problemas como los costos bajos de las infracciones a la ley, y los costos elevados de la protección de los derechos de autor.



El tema es profundo y antiguo, desde el libro de sabiduría I Ching, que algunos atribuyen a Confucio, demuestra que los principios inmutables del universo están en correspondencia con los asuntos cotidianos. Trata del comportamiento del hombre justo y recto en una serie de situaciones o sucesos que denomina “cambios”. En ese sentido, es el cambio lo que mueve al mundo y ... a la cultura. Los únicos que no cambian son los sabios de primer orden y los completamente idiotas, dice Confucio.

Pero, no cualquier cambio, pues "aprender sin reflexionar es malgastar la energía" o "aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso". Frases no lejanas al pensamiento del filósofo chieleno, Jorge Millas, quién gustaba recordar que es efectivo que hay hombres de pensamiento y hombres de acción, «pero de lo que se trata más bien no es de elegir entre una y otra categoría, sino de conseguir que los hombres de pensamiento se comporten como hombres de acción y que los hombres de acción se comporten como hombres de pensamiento» como señala Agustín Squella, en su ensayo «Universidades: en búsqueda del escepticismo vital» de junio 2003.

Squella, inspirador de la institucionalidad cultural chilena, instalada en 2003, gustaba recordar esas frases al dirigirse a los gestores culturales, de hecho las ocupó el 18 de julio de 2001, durante la fundación de la asociación gremial que los reúne, Ad cultura en el Centro de Extensión de la PUC.



Por otra parte, China abusa de la represión hacia naciones o pueblos minoritarios de su país; artistas destacados como Ai Weiwei; activistas de los derechos humanos, y bloquea wikipedia, google, facebook, tuiter, instagram y youtube, especialmente en las cercanías del 30 aniversario de la represión de Tiananmen.

Esta actitud represiva de las culturas la acerca más a desarrollos culturales de dictaduras como la chilena (1973/1988) que escapan de las clasificaciones clásicas de desarrollo cultural. Tal es así, que Chile debió reconstruir completamente su modelo, que hasta el gobierno de Salvador Allende fue Arquitecto, reemplazandolo, con el retorno a la democracia, por un modelo mixto más cercano al Patrocinador de los arts council británicos.

Es más probable que el mundo cambie sus modelos a que lo haga la milenaria China. Pero, no todo está perdido. China, tuvo influencia de la comunidad británica. De hecho, solo el 1 de julio de 1997 Hong Kong pasó a China como Región Administrativa Especial, régimen que finalizará en 2047 con la plena integración en China. Por otra parte, India, la potencia mundial ascendente, sigue el modelo Patrocinador, junto con los otros 52 países, de todos los continentes, que la conforman.

Si a esto agregamos la declinación del modelo Arquitecto y los acercamientos que países de América Latina -como Colombia y Chile- al modelo británico, podemos esperar con optimismo que el futuro, China, evolucione también a formas mixtas del desarrollo y financiamiento cultural, que contemple una férrea mano estatal -como el estado Ingeniero- y una tambien fuerte participación del mercado -como el estado Facilitador- derivada de aquellos productos, copia o no, que efectivamente se venden bien.

Por ahora, remito a las conclusiones de uno de los grupos de estudiantes: "El Modelo de Gestión Cultural es único en su especie, ya que financia todo aquello que sea “vendible” y que posea la capacidad de generar consumo. Todo bajo la regulación de un sistema capitalista regulado por el Estado, siendo esto último el único aspecto que mantiene de la economía centralmente planificada. El modelo económico en sí está inserto en el modelo capitalista real, pero el Estado determina donde y quienes pueden hacer arte, siempre cuando cumplan con que el producto cultural sea masivamente consumido por otros".

El debate está abierto.

LOS INCENDIOS Y (LO QUE REVELAN DE) LA CULTURA

El Liceo de Barcelona, tras el incendio de 1994. CARLES RIBAS El País

Aunque parezca paradójico, la destrucción provocada por un incendio en un espacio cultural, puede hablarnos de los diferentes modos de desarrollo cultural de la sociedad afectada, en los tiempos en que el siniestro ocurre. El edificio del Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, a inicios de 2006 en Santiago; el Museo Nacional de Brasil, en septiembre de 2018, y el reciente de la catedral de Notre Dame, en París, pueden servir para ilustrar cómo cada sociedad enfrenta la tragedia y sus derivaciones para su modelo de desarrollo cultural.

Desde la Biblioteca de Alejandría, quemada por las tropas de Julio César, donde había 40.000 libros; pasando por el Incendio de Roma, el 64 a.C. que ardió durante seis días; el incendio de la catedral de San Pablo de Londres, en 1666; el Liceo de Barcelona, en 1994, hasta la Fenice de Venecia, en 1996, grandes siniestros han acongojado al mundo.

Los más recientes, el Museo Nacional de Brasil, en septiembre de 2018 -incendio cuya causa todavía se está investigando- redujo a cenizas el edificio de 200 años de antigüedad del principal museo de la  potencia latinoamericana. Albergaba, entre sus más de 20 millones de piezas, a Luisa, el esqueleto más antiguo de América, con una edad aproximada de doce mil años. Y el incendio puede haber callado para siempre palabras y cantos indígenas ancestrales. Todavía, en mayo de 2019, no hay claridad sobre cómo se financiará su reconstrucción. Al parecer se están responsabilizando mutuamente el Ministerio de Educación -que asumió las tareas del de Cultura luego del triunfo de Jair Bolsonaro- y la UFRI, Universidad Federal de Río de Janeiro, cuyo rector acudió a pedir auxilio al mismo ministerio, a fines de abril.

Por su parte, el gobierno de Francia, ante la gran cantidad de ofrecimientos de donaciones de empresas privadas para reconstruir la catedral de Notre Dame, ha establecido una consulta popular respecto de cuál será el diseño económico de la reconstrucción. Lo cierto es que esta sorpresiva actitud filantrópica complica de alguna manera la tradición francesa en la que el solo estado se hace responsable de las infraestructuras culturales.

Lo mismo aconteció en Chile, cuando el incendio del edificio de la ex UNCTAD. Fue el estado, a través de la Presidenta Michelle Bachelet, quién asumió la responsabilidad de su reconstrucción y conversión en el Centro Cultural Gabriela Mistral, con recursos públicos y encabezada por un comité interministerial que involucró a las carteras de Cultura, Bienes Nacionales, Vivienda y Urbanismo y Defensa (que ocupaba las dependencias). No se pensó en la posibilidad de aportes privados en la etapa constructiva, aunque sí en su posterior gestión. De hecho, su primer plan negocios contemplaba un fuerte nivel de autofinanciamiento a través de unidades tales como estacionamientos, publicidad estática, locales comerciales, gran sala y rentas de los 23 pisos de la torre que forma parte del conjunto arquitectónico.

Paralelamente, se le asignó una misión de alcance nacional, que había sido aprobada como política pública en la Convención Nacional de la Cultura: constituirse en Centro nacional de artes escénicas y musicales; creándose, para administrarlo, una corporación plural compuesta abrumadoramente por fundaciones y otras corporaciones privadas sin fines de lucro, representativas de la sociedad civil en ambos campos.



Como se ve, lo de Brasil ha dejado en evidencia la equivocación de un estado que se niega a invertir en cultura y elimina el correspondiente ministerio; en Francia se trasluce cómo hace agua el antiguo modelo que llevó a los franceses a autocalificarse "la excepción cultural", ante, por una parte, las limitaciones de los fondos públicos que hoy caracterizan a los llamados estados de bienestar, y, por otra, lucha por no sucumbir ante los cantos de sirena de las grandes compañías privadas que sueñan con asociar sus marcas a la grandiosidad de Notre Dame. El presidente Macron ha reaccionado anunciando una consulta popular para, en definitiva, poder compartir con los franceses la responsabilidad de modificar su tradicional modelo de desarrollo cultural en el que solo el estado era arquitecto de sus infraestructuras.


En Chile, aún esperamos fondos públicos para avanzar a la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral -la primera fue inaugurada en 2010-, que fue afectada por el descalabro de la empresa constructora que ganó la licitación- y tampoco ha logrado los niveles de aportes privados para su gestión, que en un inicio se esperaban.

Por ahora, seguirá primando el modelo francés de solo aportes públicos para construir un espacio cultural, lo que inevitablemente lo someten a plazos políticos que surgen de los inicios y finales de gobiernos.

¿No habrá llegado la hora de que se pueda edificar infraestructura cultural con aportes privados? Francia ya inició el camino.

En Chile, al menos ya se ha hecho en casos como los estacionamientos del Centro Cultural de La Moneda, la sala Corpartes y el Teatro de Frutillar.

Como para pensarlo.

MUSEO HISTÓRICO: ¿REGRESA EL LOCOMÓVIL?

El anunciado y hasta ahora no concretado cierre, por algunos años, del Museo Histórico Nacional, para su remodelación y cambio de guión, es propicio para recordar otro momento relevante: su creación el 2 de mayo de 1911. Se trataba de instalar un museo que si bien tenía muchas piezas valiosas, venidas en su mayoría del Museo Histórico Militar, carecía de un edificio donde establecerse. Entonces el flamante Museo de Bellas Artes, dio facilidades para que el Museo Histórico Nacional instalara sus colecciones y oficinas en el primer piso al costado derecho del edificio principal y vista al frente norte del Bellas Artes.

En dicha instalación participó mi bisabuelo, don Leandro Navarro Rojas. Intentando recopilar su vida, pude reconstruir también, en parte, los inicios del Museo Histórico Nacional.

La relación de don Leandro con el sector del patrimonio venía desde la década de 1890, cuando, impulsado por Jorge Huneeus, se creó en el edificio de los Arsenales de Guerra en Av. Blanco, el Museo Militar. Se ubicó en el primer piso del “castillo” de los arsenales y se le hizo entrada individual, en la torre esquinera del extremo izquierdo u oriente de la fachada principal. Sobre la puerta en curva se colocó un letrero que decía Museo Militar. Adentro se juntaron todo tipo de cosas que surgieron de las propias bodegas de los arsenales y otras que se pidieron al Museo Nacional de la Quinta Normal, que a su vez habían sido herencia o saldo del antiguo Museo Histórico Indígena que creó Vicuña Mackenna en el Castillo de Hidalgo, en el cerro Santa Lucía.

Sin embargo, ese museo perdió la novedad, el entusiasmo o el presupuesto al cabo de unos años, porque, hacia 1909 comenzó a rondar  en la élite la idea de crear un Museo Histórico y se reunieron varias voluntades tras ese ideal, que no era satisfecho por el museo militar existente.

El hermano del presidente Pedro Montt, Luis, era el más entusiasta. A él se unió el grupo que había colaborado para la Exposición Histórica del Centenario que se presentó en el Palacio Urmeneta en la calle Monjitas, entre San Antonio y Mac Iver, que perseguía crear un nuevo museo, para lo cual impulsó una campaña de prensa para crear conciencia de esta necesidad y estimular donaciones de objetos para ello, por parte de la población. La iniciativa resultó, porque al concluirse el Palacio de Bellas Artes y terminar con éxito la gran exposición del centenario, el gobierno le cedió las mencionadas salas de primer piso del palacio al nuevo museo.

Hernán Rodríguez, ex Director del Museo Histórico Nacional, en los años 90, señaló que las colecciones que ocuparon el palacio de Bellas Artes, fueron en parte de las donaciones reunidas para la exposición del palacio Urmeneta y en parte los objetos que tenía el museo militar, posiblemente cerrado a esa fecha. Junto con las piezas del museo militar llegó don Leandro, a secundar al director del museo, Fernando, hermano del Presidente Emiliano Figueroa.

Según el libro Manejo integral de colecciones, Museo Histórico Nacional, 2005 “la abundancia del tema militar en las colecciones con armas, uniformes, banderas y otros objetos, se debe a la incorporación del Museo Militar y de su director, el Coronel Leandro Navarro, quien quedó a cargo de la Sección Militar del Museo. Las otras dos secciones corresponden a la Prehistórica e Histórica”.

La Circular de la Exposición Histórica del Centenario a sus Delegados, Imprenta Camilo Henríquez, 1910, señala que Navarro también formó parte de la sección militar de dicha Exposición, en su décima sección, que consideraba armas e insignias militares, presidida por Domingo Toro Herrera.

Según el libro Museo Histórico Nacional, de Enrique Campos y Hernán Rodríguez el director del Museo, don Joaquín Figueroa Larraín -hermano del Presidente Emiliano Figueroa- “fue secundado por el Coronel Navarro hasta su fallecimiento en 1918”. Su muerte, a los 68 años, fue recogida por El Diario Ilustrado del 25 de abril, reseñando su historia militar como coronel balmacedista, posteriormente reincorporado al ejército, destacando que los honores militares del sepelio incluyeron retreta en su casa de calle Carmen.



Un día cualquiera, llevado por la curiosidad de conocer más de este militar que había terminado su vida como directivo de un museo, me acerqué al Museo Histórico, donde encontré su fotografía y copias de recibos que, con su firma, afirmaba haber recibido piezas donadas para la exposición que luego irían al museo, las que de seguro reposan en alguna de las cajas en las que se ha empacado el contenido del museo a la espera de la remodelación de su clásico edificio.

Un par de meses atrás, el 5 de marzo, me acerqué nuevamente al museo, por la curiosidad del anuncio de una inédita ceremonia: su cierre temporal. A pesar del motivo, había cierto ambiente festivo que me costó compartir. Mucho menos entendí cuando un conjunto de altos funcionarios comenzaron a empujar, no sin dificultad, un antiguo locomóvil -motor para maquinaria agrícola del 1900-, sito en el patio del museo, hacia la Plaza de Armas, dejando en descampado una maquinaria que se había llegado a convertirse en su símbolo. No dejé de pensar que esa máquina era una buena metáfora de lo que estaba ocurriendo con el museo y sus contenidos.

Sin embargo, el tres de abril -un mes después del supuesto cierre- asistí al mismo museo, a la presentación del libro del Fondo de Cultura Económica, Homo Dolens, cuyos editores, un par de historiadores de la PUC, fueron acompañados por decenas de colegas y el propio rector, Ignacio Sánchez. Nada hacía presagiar que el museo estaba cerrado, ni que lo sería pronto. De hecho, su patio, sin el locomóvil, sirvió de escenario para un vino de honor.

El domingo 28 de abril, El Mercurio agregó que el 2 de mayo, día en que celebra sus 109 años, el museo y su directora recibirán al Presidente de la República, quien resolverá "las directrices de cómo se va a desarrollar el proyecto a futuro". Proyecto que debería considerar la inclusión de la ahora llamada Galería de la Democracia y que antes fuera Museo y luego Sala de la misma.

Según esa resolución, sabremos si la antigua maquinaria agrícola, arrastrada por funcionarios un cinco de marzo, regresará o no a su ubicación tradicional.