25 mayo 2016

EL RECTOR Y EL VIEJO SUEÑO DE LA TV CULTURAL



El 23 de mayo, el Rector de la Universidad de Santiago propinó, en carta a El Mercurio, un noticioso aporte al reciente proyecto de TV cultural: "Desde hace cuatro años 14 universidades estatales han desarrollado un proyecto de televisión cultural, educativa y científica, cuyos contenidos son generados por cada una de las instituciones miembros. Se trata de un proyecto asociativo que expresa la diversidad de nuestras regiones, a la vez que pone en valor el rico quehacer de generación de conocimiento y extensión cultural que desarrollan nuestras casas de estudios. Contamos con una programación que transmite 24 horas, todos los días, además de un informativo que da cuenta de las noticias más relevantes de nuestros planteles". 


El proyecto de ley que anunció la Presidenta de la República el viernes 20, implica la creación de un canal emitido "a través de una concesión televisiva especial, de carácter nacional, contenidos culturales y educativos en una señal que será administrada por una filial de TVN y que no tendrá publicidad”.

Consideramos, agrega el Rector, que si el Estado va a hacer un esfuerzo de la magnitud que se ha anunciado -25 millones de dólares- podría considerar a sus universidades para potenciar este proyecto, ya en marcha, "con recursos que en nada se condicen con la cifra enunciada". Añade que "por la naturaleza de nuestras instituciones, se garantiza el pluralismo, libertad, transparencia, pensamiento crítico, independencia editorial, visión de país y la diversidad, tan necesarios para un canal de televisión de corte cultural". Un asunto 3B: bueno, bonito y barato.

El proyecto anunciado, también modificará el Directorio de TVN que subirá de siete a nueve miembros, agregando uno designado por el Ministerio de Educación y otro por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Los siete existentes modificarán su forma de designación pues surgirán de concursos vía Alta Dirección Pública. Además, se creará un Consejo Consultivo, ad honorem, que velará por la misión de la señal; la idea es incluir ahí a los ciudadanos, convocado a través de plataformas digitales.

Es decir, lo que ofrecen las universidades en términos de pluralismo e independencia editorial, es sustituido en el proyecto por un representante en el Directorio, designado por el CNCA de manera colectiva en su propio Directorio plural y lo que pueda surgir del trabajo de la Alta Dirección Pública. Es natural que el representante del ministerio de Educación sea un delegado del gobierno. Por tanto, el nuevo Directorio podrá mejorar la condición profesional de sus integrantes en lo referido a sus conocimientos del medio comunicacional y televisivo, difícilmente asegurará un conocimiento del tema cultural. Tal vez se piensa que éste surja del Consejo Consultivo, integrado por ciudadanos convocados vía redes sociales.

Serán ambas instancias las que con mayor o menor dedicación horaria -debido a la condición ad honorem de los consultivos- deberán ponderar los contenidos programáticos de una amplia gama de ofertas pre existentes, como -por ejemplo- lo que señala el Rector Juan Manuel Zolezzi de la producción universitaria, más las creaciones disponibles de los concursos del CNTV y el Fondart audiovisual.

Pero, no parece ser la mejor fórmula el tejer una programación desde lo disponible sin definir previamente la misión y orientaciones del canal.

Éstas son, en el proyecto, derivadas de la existencia, desde 1969, de una TV pública y no del origen de la TV chilena que fueron las universidades. Cuando a inicios de los 1960s se estableció la TV en Chile, las señales de emisión estaban reducidas a canales universitarios: UCV, C13, C11 en orden de aparición.

El gobierno del Presidente Jorge Alessandri, escogió ese camino como el mas parecido al clásico modelo de la BBC de Londres, en su dimensión sin fines de lucro, pluralismo e independencia del gobierno.

El proyecto presentado está asociado a una señal que debe autofinanciar su gestión compitiendo en el mercado. Cabe conocer cómo se resguardará la natural tentación de recurrir al bolsillo lleno (por aportes públicos al canal Cultural) cuando el bolsillo comercial está flaco. Toda vez que el gobierno corporativo será el mismo.

Complica esta situación el hecho que la gestión legislativa del proyecto haya sido encomendada a un ministerio político de La Moneda y no a un consorcio entre los incumbentes: Educación y Cultura. Quizás, próximamente, Ciencia y Tecnología.

Sorteando con éxito la dependencia del financiamiento comercial y el riesgo de la captura por el poder político, el futuro canal representaría una oportunidad para la educación y la cultura ya que al no estar sujeto al financiamiento vía publicidad, los estándares de calidad no dependerán exclusivamente del rating.

Y de paso debiera revertir la visión de que la TV pública cultural educativa es aburrida; que quiere solo enseñar de modo formal, no entretener; que solo ofrece alta cultura y que se rige por estructuras narrativas rígidas y conservadoras.

En realidad, canales públicos culturales educativos contemporáneos, cuentan con mayor libertad editorial, pues pueden comunicarse directamente con su audiencia sin la necesidad de avisadores y sus intereses comerciales, como intermediarios.

En otras palabras, son estas señales las que pueden poner los intereses de su publico en primer lugar.

Por lo mismo, hay que poner mucha atención a su nacimiento, permanencia y calidad. Para ello, no estaría mal escuchar la oferta del Rector.

Una alianza entre los contenidos brindados por nuestras universidades -adecuadamente acreditadas- y la potencia tecnológica de TVN, a una "distancia de brazo" del gobierno -a la usanza británica- sería la mejor base para la futura TV educativa y cultural chilena.

23 mayo 2016

CUENTA PRESIDENCIAL ¿QUÉ ESPERABAMOS?


Me sorprendió la Cuenta presidencial del 21 de mayo de 2016 en lo que a cultura se refiere. No por su contenido, un mensaje anunciado como de "obra gruesa",  sino por las reacciones de los comentaristas del sector, que se declararon defraudados o frustrados, “con gusto a poco”, obviamente recurriendo al cronómetro y a una visión parcial del concepto cultura. Me pregunto, ¿qué se esperaba? En particular, los interesados en políticas culturales debemos atender a los signos de los tiempos, políticos, económicos y sociales.


Desde el punto de vista social, no existe en cartelera alguna demanda del llamado mundo de la cultura que esté suficientemente socializada, como para ameritar una mención presidencial que atenúe una incontrarrestable presión como ejercen, por ejemplo, los estudiantes o ejerció el mundo de la cultura cuando, en los inicios de los noventa, se exigía la creación de un Consejo Nacional de la Cultura.

Desde el punto de vista económico, el horno no está para bollos y son sabidas las restricciones que esperan al país en el corto y mediano plazo, por ende no es realista esperar grandes anuncios de gastos o inversiones en un área que ha recibido importantes recursos públicos en fondos concursables y otros en las últimas décadas. A pesar de ello, el Mensaje de Bachelet consideró aquello que es más propio y rendidor en términos de inversión estatal en cultura: las obras de infraestructura.

Lo que tampoco es sorprendente. Nadie puede pedir que algún mandatario ignore en sus mensajes que su gobierno es capaz de convertir en espacios culturales una vieja estación; una antigua cárcel como las de Valparaíso o de Punta Arenas; el edificio que mancilló la junta militar de gobierno ocupándolo como sede; el antiguo local de Correos de Valparaíso o, como es el caso, el aeropuerto de Santiago en desuso. Son obra mayores, de gran impacto urbano, comunicacional y político. Aún sin llegar a las desmesuras de ponerle los nombres del mandatario que lo impulsó, como ocurrió, por ejemplo, en Argentina con el CCK.

De allí se deriva una segunda reafirmación en la Cuenta Pública: los extraordinarios avances, de este y al menos tres gobiernos anteriores, en materia de construir centros culturales en ciudades de más de cincuenta mil habitantes, política fijada por una histórica Convención Nacional de la Cultura, a inicio del siglo XXI. Relevante anuncio para las regiones distintas a la metropolitana, que compensa el hecho de que el novedoso Centro Nacional de Artes Visuales está ubicado en la capital, como ocurre por lo demás, en todos los espacios de alcance nacional en países similares al nuestro. Lo relevante es su vocación integradora a nivel país, no la locación de los espacios emblemáticos como el Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico, el de Historia Natural, o el Centro Nacional de Artes Escénicas y Musicales, situado en el edificio Gabriela Mistral, que terminará sus inconclusas obras. Hecho que también constituye “carne” de cuenta pública, precisamente por las dificultades que su segunda etapa enfrentó debido al terremoto primero, a las restricciones presupuestarias después y a obligados cambios en su dirección, más recientemente.

Dicho esto, que agrega el significado político de un gobierno que aplica políticas de Estado y que se ocupa justamente de aquello que otros no pueden hacer, como es la infraestructura. Coherente además con un gobierno en la mitad de su mandato que planea reforzar su "obra gruesa" y comenzó la Cuenta anunciando que haría en ella un relato con “perspectiva histórica”.

¿Existe algo más perdurable en la historia cultural de Chile que sus infraestructuras como el Museo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Severin o el Teatro Municipal de Santiago? ¿Se recuerda, en cultura, al Presidente Aylwin por algo diferente al Centro Cultural Estación Mapocho, al Presidente Frei Ruiz Tagle por algo más que el MIM, a Ricardo Lagos por el CCPLM o a la propia Presidenta Bachelet por el Museo de la Memoria?

Se dirá que a Lagos se le recuerda -también- por la creación del Consejo Nacional de la Cultura. Es verdad, pero ¿estamos honestamente en condiciones de asegurar que el probable Ministerio de Culturas se apruebe antes del fin del mandato Bachelet? ¿Es realista poner tal logro en la perspectiva histórica del gobierno Bachelet 2? Lagos gobernó seis años y envió el proyecto de institucionalidad en el primero de ellos. Aún así solo se instaló en el cuarto año de su mandato. El proyecto actual se atrasó un año de tramitación merced a la Consulta Indígena y podría decirse que acaba de entrar en tierra derecha con urgencias y otras medidas procesales que lo sacaran de su primer trámite -la comisión de cultura de la Cámara de Diputados- en un plazo cercano, para transitar luego por la comisión de Hacienda (en tiempos de restricción), la sala de la Cámara y más adelante esas mismas instancias en el Senado, con el agravante que este lo analizará inicialmente en la Comisión de Educación y Cultura, que ya  tiene bastante trabajo con su primera misión.

No calza en una Cuenta de este carácter histórico un anuncio que solo podría ser algo así como “se aprobará…” Más relevante es anunciar un Ministerio de Ciencias y Tecnología que obviamente no se alcanzará a aprobar en este mandato, que si quedará como el que lo envió a trámite. Recordemos que el proyecto de Ministerio de Cultura nació en el gobierno anterior.

Luego de la triste experiencia del nuevo gobierno brasileño que sustituyó a Dilma Rousseff, que en menos de una semana eliminó y luego repuso al Ministerio de Cultura del Brasil, este tipo de institucionalidades se desvalorizan a los ojos de la población que comienzan a verlo como desechable, según quien sea el que gobierne. Un aspecto mas de la liza de poder de sectores políticos que no gozan precisamente de una alta aprobación popular en estos tiempos.

¿Otras iniciativas que se pudo haber mencionado? Leyes sectoriales, tal vez, pero ¿hay alguna que esté en condiciones de asegurar un éxito legislativo durante este mandato? Cualquier político aconsejaría dejarlas listas para ser presentadas al inicio del gobierno siguiente. Más que un trabajo legislativo, requieren de un trabajo programático.

Probablemente se haya considerado también en este tema la escasa utilidad que ha dejado la Ley que exige un 20% de música nacional en las radios, que parece haber consolidado un periódico diálogo de sordos entre radiodifusoras y defensores de derechos de autor.

Como lección queda también la necesidad de preparar, con este mismo horizonte del gobierno futuro, el proyecto de Ley de Consejo Nacional de Infraestructura y Gestión, que se hace más necesario por el lugar preponderante que el tema tuvo en la Cuenta que nos ocupa. Pero, tampoco estará en la Cuenta 2017, como anuncio, si quienes serán directamente beneficiados -centros culturales, gestores, audiencias, salas de teatro, corporaciones culturales, municipios- no lo asumen como propio y generan un movimiento ciudadano al respecto.

Es el tipo de iniciativas que deben surgir, crecer y aprobarse primero por quienes más lo requieren. No serán los gobiernos per sé, ni funcionarios públicos que hoy disponen de los recursos, quienes encabezarán  la demanda por un Consejo que va a trasladar atribuciones -la asignación de fondos públicos, nada menos- a un organismo colegiado y participativo, como ya lo hacen el libro, el audiovisual y la música.

En consecuencia, la Cuenta Presidencial 2016, difícilmente pudo ser otra cosa en el contexto y tiempos que se viven y de cara a la realidad de un mandato que comienza a finalizar y a mirarse en el inexorable espejo de la historia. Y en ella ocupan más lugar monumentales edificios rescatados para las artes que los posibles contenidos que ellos acojan. Lo primero es tarea de los gobiernos y lo han hecho como nunca antes en nuestra historia, desde 1990 a la fecha; lo segundo, es tarea de la ciudadanía de las manos con los creadores y gestores.

Dios nos libre de escuchar, en una Cuenta Presidencial, como será el guión o la programación de un centro cultural específico.

La buena noticia, en síntesis, es que se seguirá edificando, la "mala" es que la obligación de llenar esos edificios de gestión, arte y cultura es tarea nuestra, que es apasionante y no puede esperar.

Ese es el mensaje que nos deja esta Cuenta … Bastante más que 55 segundos.

Ah, y el centro de Los Cerrillos, para recurrir -con perdón del lector/a- al metaforón de que el Estado construye la pista para que los creadores visuales despeguen en el avión de sus sueños...

13 mayo 2016

LO QUE NOS RECUERDA DILMA




La noticia de la caída de la Presidenta Dilma Russeff no sólo remueve las estructuras políticas y financieras del Brasil; su sucesor, el gobierno liderado por Michel Temer, ha empezado dando señales culturalmente preocupantes: un equipo ministerial en el que no hay afroamericanos ni mujeres y ha integrado el Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación. Ello amenaza -a lo menos- a la importante Ley Rouanet de subvenciones públicas a las artes.


Los 13 años y cuatro meses de gobiernos PT de Lula da Silva y Dilma, legaron al país, por primera vez en su historia, una política de Estado para la cultura. Según el Instituto Lula, "el presupuesto creció de R$ 276,4 millones en 2002 a R$ 3,27 mil millones en 2014. Tres Conferencias Nacionales de Cultura aseguraron voz activa a la sociedad civil. Más de 4 mil puntos de cultura brotaron por todo el país, fomentando la expresión cultural de las comunidades. Más y mejores bibliotecas públicas fueron sembradas por todos los rincones de Brasil. Reconociendo la magnitud y la complejidad cultural del país, se tomaron nuevas directrices. La democratización del acceso a bienes, equipamientos, productos y servicios culturales, la descentralización, la regionalización y la interiorización de políticas, además del reconocimiento de la cultura como parte relevante de la economía brasileña fueron algunos de los ejes que pasaron a orientar las acciones del poder público".


Una obra contundente, que por decir poco, se minusvalora con el simbólico traslado del Ministerio de Cultura, ocupado recientemente por destacados intelectuales y artistas como Francisco Weffort (1995-2002); Gilberto Gil (2003-2008); Juca Ferreira (2008-2010); Anna María Buarque de Hollanda (2011-2012); Marta Suplicy (2012-2014), y nuevamente Juca Ferreira hasta la caída de Dilma. El Ministerio fue creado en 1985 por José Sarney y había sido eliminado entre 1990 y 1992 por el Presidente derechista Fernando Collor de Mello.


Por tanto, no es una práctica nueva. Ni en Brasil ni en otras latitudes. En España, por ejemplo, los gobiernos de derecha suelen fusionar al de cultura con otros ministerios. Hoy, bajo el mandato del Partido Popular, existe el de Educación, Cultura y Deportes. Tal como ocurrió en las legislaturas 1996-2004 con el mismo partido en el gobierno.


Es que la cultura es ocupada para dar señales de austeridad (como si fuese una cartera de gran gasto, que no lo es), de autoridad (como si vincularla a educación por decreto fuese eficiente), de racionalidad administrativa (como si eliminar un ministro redujese las burocracias).


Lo cierto es que la señal es mala porque lo que la cultura requiere son políticas estables, creación de hábitos, formación de audiencias. A lo que no ayuda esta incerteza de si tendremos Ministerio en el próximo gobierno.


Una fórmula estable encontramos en el Reino Unido donde la Secretaría de Estado para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte se ha conservado sin cambios desde su creación en 1992. Incluso, se le han agregado responsabilidades puntuales como cuando, entre 2010 y 2012 se le agregó el título de Secretario de Estado para la Cultura, Olimpiadas, Medios de Comunicación y Deporte.


Tal placidez se logra debido a la existencia de los Consejos de las Artes que son quienes asignan, participativa, transversalmente y renovándose en tiempos distintos que los gobiernos, los recursos entregados por el Estado a través de la Secretaría mencionada.


Interesante recordar esto cuando enfrentamos, en Chile, la discusión parlamentaria de un futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por más que ello sea visto por algunos como un avance respecto de nuestros existentes consejos nacional, sectoriales y regionales, la realidad es a la inversa.


Son precisamente aquellos consejos creados por la Ley 19.891 del 23 de agosto de 2003 quienes dan permanencia y estabilidad a nuestras políticas culturales. Por tanto es a ellos a quienes debemos cuidar en lugar de poner el énfasis en una subsecretaría más o menos.


Finalmente, ministros y subsecretarios van a depender de la voluntad Presidencial, 
como todos los cargos de esa naturaleza.


Nuestra identidad, peculiaridad y estabilidad cultural está en otra parte. 


Eso nos lo recuerda quien ha sucedido a Dilma.

05 mayo 2016

LA GESTIÓN CULTURAL ES DERIVADA DE LA ACCIÓN Y, POR SOBRE TODO, DE LA REFLEXIÓN

ENTREVISTA EN REVISTA ARTE AL LIMITE 5 MAYO 2016

Con una carrera que desde 1971 se relaciona con el área cultural y la sobrevivencia de los espacios que la desarrollan en Chile, Arturo Navarro, Director Ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho (CCEM), tiene la convicción de que estos espacios se deberían mantener con el respaldo que se merecen. En marzo expuso en el Parlamento ante la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, donde indicó la necesidad de concebir un espacio de coordinación entre diferentes organismos culturales, organizados en un Consejo Nacional de la Infraestructura y la Gestión Cultural.

En AAL conversamos con él sobre lo que opina del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que propone el Gobierno.


¿Cómo podrías explicar la discusión que se ha generado respecto al Ministerio de las Culturas?
No se ha generado ninguna discusión. Yo creo que aquí lo que hay respecto al Ministerio es una especie de “arrastrado de cadena”. La discusión importante se dio fue cuando se creó el Consejo Nacional de la Cultura. Estábamos saliendo de la dictadura, no teníamos una institucionalidad cultural por lo que había que crearla. La discusión comenzó de cero. En ese momento se tomó una gran opción y el gran tema de fondo fue decidir que no queríamos un ministerio, que queríamos un Consejo Nacional de La Cultura y las Artes. Era la opción más participativa y popular porque se identificaba Ministerio con “autoritarismo”. No queríamos un ministerio que fuera la presencia de una sola voz, porque un ministerio es: un secretario del Estado, un secretario del ministro, un secretario del presidente. Cambia el presidente, cambia el ministro, cambia la política.
Rechazar ese modelo hizo que se optara por un modelo británico, o sea, el modelo de participación de los consejos de la cultura. Si bien, el Estado pone el dinero, quienes asignan el dinero es un colectivo, un grupo, la sociedad civil.


“La discusión de ahora debería ser: ¿cómo hacemos ahora para que esa gran opción que tomó Chile de ser un país de los consejos de las artes, se adapte a una situación anómala, donde la DIBAM no está incorporada a este sistema de consejo?”

Lo que hace este Ministerio es finalmente doblegar ese espíritu autoritario de los sectores del patrimonio y ponerlo bajo este concepto de los consejos. Cuando se presentó el proyecto de Piñera, ese proyecto fue un proyecto administrativo; el proyecto actual supera el anterior al incorporar a la DIBAM en los organismos participativos.

¿Se ha dejado de lado la gestión y la infraestructura cultural en la Ley de Indicación sustitutiva?
La gestión cultural de este país es importante gracias al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, o sea todas las instituciones creadas después de los noventa, son corporaciones culturales o fundaciones culturales, por lo tanto son organizaciones participativas. Es imposible que las organizaciones pertenezcan solo al Estado, no hubiera funcionado. Lo que sí hace el Estado es ejecutar presupuestos, pero no gestiona y esa actitud no se le puede permitir a un espacio cultural… estos espacios funcionan porque hay gestión.
En este proyecto, sin embargo, no aparece un Consejo sectorial de la infraestructura y la gestión, como una institucionalidad propia. Este sería fundamental para apoyar este trabajo, que se está haciendo tan eficientemente es necesario. Por ahora, lo que importa es sacar el Ministerio y apoyarlo. Luego vendrá este consejo, tal como las artes visuales están pidiendo el Consejo de las Artes Visuales, que no existe.

¿Considerarías una tercera vía de financiamiento cultural que no se ha propuesto?
Lo dijimos en la 4ta Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura en Sudáfrica. Nuestra tesis es el tercer tipo de financiamiento. Estamos de acuerdo que el Estado tenga que poner pero no queremos que sea el único proveedor, al igual que el financiamiento ideológico de los privados. Entonces nos queda la propuesta C que es un modelo mixto: no hay aporte de los privados ni del estado, el aporte surge de la gestión.
Y esto es un modelo internacional, de un centro cultural que se autofinancia al 100% de la gestión.


“Nuestra tesis es la tercera vía de financiamiento”

¿Qué opinas de los fondos con asignación pública y privada?, ¿consideras que son “el parche a la herida”?
Los fondos concursables no los considero un parche a la herida, es todo lo contrario. El parche a la herida sería el dinero asignado exclusivamente del estado. En general es un concepto maravilloso y es el gran sustento de nuestra política de desarrollo cultural y, gracias a ello, se ha desarrollado la cultura en los últimos años en nuestro país con la precariedad de recursos que tiene Chile.
Por eso digo que no hay ningún debate. Esto está todo resuelto. El estado aporta con fondos concursables. Los privados con la ley de donaciones. Este ministerio no cambia nada de eso, todo lo contrario… lo perfecciona. Mejora el comité de donaciones culturales y se profundiza cada vez más un camino que ya se tomó así que bienvenido sea.

¿Consideras que no ha existido mucha información a la ciudadanía con respecto al proyecto?
Es que pasa que este proyecto no lo pedía nadie, ni siquiera el programa del ex presidente Sebastián Piñera. Fue idea de personas que estaban en el mundo del patrimonio y nadie más lo pidió, ni siquiera la ciudadanía. La derecha en Chile no tenía una postura cultural. No había programa. Armaron un Ministerio pero no tuvo una gran relevancia, entonces cuando quedó el proyecto en cancha, había que sacarlo de alguna manera por protocolos políticos. Fue entonces que lo tomó la era del actual ministro, Ernesto Ottone. Además hay que destacar el trabajo que hizo Nivia Palma, donde ordenó lo que estaba bastante desorganizado.


“Hay que crear un nuevo servicio más moderno pero sobre todo con directores regionales que puedan desarrollar archivos regionales que no hay en todo Chile”

El proyecto sobre el Ministerio de las Culturas, se apoya con énfasis por descentralizar la cultura, ¿qué opinas de esto?
Me parece muy bueno, es más yo creo que la descentralización tiene relación con la DIBAM. La única identidad no descentralizada en cultura en Chile es la DIBAM. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tienen consejos regionales y está descentralizado de modo participativo. El bogador que boga más despacio aquí es la DIBAM.
Lo que pide la DIBAM, de que sean subsecretaría es ridículo. ¿Tú has visto una subsecretaría que sea descentralizada? Tiene que ser un servicio público para que funcione y se descentralice. Hay que crear un nuevo servicio más moderno pero sobre todo con directores regionales que puedan desarrollar archivos regionales que no hay en todo Chile. Por eso considero que estamos llenos de demagogia e ignorancia.


Y por último… ¿qué opinas de la gestión de Ottone?
Me gusta mucho. Tiene un perfil ideal de gestión cultural porque trabajó en esta área. Tiene un currículum bastante amplio. Conoce el ambiente y conoce el camino, no es algo nuevo para él. Y, como te digo, la gestión cultural es derivada de la acción y por sobre todo… la reflexión.

03 mayo 2016

DEBATE CONSTITUCIONAL Y CULTURA



Como heredero de una formación escolar que consideró clases de Educación cívica y Economía política, cuando se habla de debate constitucional lo primero que aparece es revisar aquella carta fundamental que nos rige. Y como insisto en aferrarme al mundo de la cultura, comienzo buscando la relación entre ambas palabras: Constitución y cultura. El panorama es desolador. Cuatro menciones en 110 páginas. Sí, cuatro. ¡Ah! y otras dos a las artes. 

No parece un buen comienzo.


Según el Capítulo III de la Constitución Política de la República de Chile, titulado De los Derechos y Deberes Constitucionales, La Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. (Artículo 19, número 25)
Luego, este mismo número detalla que El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley...

Pasamos de una leve mención a las artes para explayarse en el derecho de propiedad de lo creado por éstas. No es de extrañar en un país en que los "atentados a la propiedad" han marcado a fuego su historia. Baste recordar la Reforma Agraria y la herida abierta, por la que aún sangra la oligarquía tradicional.

Aún estamos, para el gobierno de los Estados Unidos, en la "lista negra" referida al estado de los derechos de propiedad intelectual, la protección y la observancia para los socios comerciales del país norteamericano y seguimos discutiendo en el país sobre una reciente ley -que obliga a las radios a emitir un 20% de música chilena- que poco colabora en la legitimidad de este derecho.

Pero, veamos qué dice nuestra Constitución sobre Cultura: Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación (Artículo 10 El derecho a la educación).

Junto a un estímulo a la creación artística, se refuerza la protección e incremento del patrimonio, definido habitualmente como "conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de estimación económica". Nada sobre el acceso al patrimonio ni sobre la íntima relación de éste con las artes. Se asume sólo su dimensión económica.

Relevancia que explica que no tengamos, por ejemplo, un Ministerio de Cultura y que la orgánica  existente haya entregado históricamente las responsabilidadas del Estado a la Universidad de Chile estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística; y a la DIBAM, protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Ambas entidades, por decir poco, en crisis financiera, la primera por los recortes económicos y territoriales que heredó de la dictadura y la segunda, por su antiguedad y escasa capacidad de adaptarse a nuevas realidades, como son las infraestructuras culturales vinculadas a corporaciones y fundaciones.


En el Capítulo XIII, titulado Gobierno y Administracion Interior del Estado, la Carta entrega atribuciones a órganos territoriales: un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. (Artículo 100)

Luego, a nivel local, dónde debiera estar la mayor preocupación: Las municipalidades... cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna... podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. (Artículo 107)

Presume el constituyente que gobiernos regionales y municipales se harán cargo. ¿Lo hacen? Débilmente.

El Ministro Ernesto Ottone, en reciente jornada sobre espacios culturales reconoció que no son más de cinco las regiones preocupadas de la cultura en forma relevante. Asistentes a esa misma reunión, se quejaron de la poca importancia que dan a la cultura Alcaldes donde están sitos sus centros culturales. Incluso, varios de ellos incumplen la delegación constitucional de crear corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte y la cultura, manteniendo tales responsabilidades en departamentos municipales de escasa capacidad de gestión y ninguna autonomía. A ello se agregan municipios que ni siquiera tienen departamentos de cultura o los fusionan con turismo, deportes y otras actividades.


Por ello, en el debate constitucional que comienza, no estaría mal hacer una revisión al cómo se cumple la Constitución vigente, sacando al pizarrón a alcaldes y concejales. No vaya a ser que -en algunos casos- baste con aplicarla para mejorar notablemente sus resultados.

Lo que no impide que también podamos exigir, ojalá con la fuerza que tuvo el mundo de la cultura durante y después de la campaña del NO, que determinados derechos para acceder a la cultura y las artes, tengan reconocimiento constitucional e institucional, como por ejemplo, un Ministerio que salvaguarde la diversidad y la participación de la ciudadanía en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas culturales.

Por todo ello, bienvenido el debate.