23 marzo 2022

EL DÍA QUE PINOCHET CENSURÓ A GARCÍA MÁRQUEZ

Reportaje de Francisco Siredey en La Tercera del 12 de abril de 2017. Se reproduce, al acercarse el octavo aniversario de la muerte del Premio Nobel y en vísperas de tener, en Chile, una Constitución que prohibe toda forma de censura, considerando por cierto la más atroz que es la quema de libros. Confiamos que esta quema, en la agonía de la dictadura, y probablemente la mayor de un solo título en la historia de Chile, nunca se vuelva a repetir. En ninguna parte del mundo.



A fines de 1986, 15 mil ejemplares de su libro La aventura de Miguel Littin clandestino en Chile fueron quemados en Valparaíso. Arturo Navarro, representante de la editorial en el país, investigó el insólito suceso y lo recuerda como si fuera la trama de un cuento pensado por el propio escritor. 


La noticia llegó en un mensaje de texto de su hija Catalina. Gabriel García Márquez había muerto el 17 de abril, a los 87 años, un poco antes de lo que Arturo Navarro esperaba; creía que el Nobel aguantaría hasta el 23, el Día Internacional del Libro. Luego de leer esas líneas, lo primero que se le vino a la cabeza fueron los libros. No los más importantes, como Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada o El amor en los tiempos del cólera, sino que pensó en un título menor, olvidado en todo el mundo, menos aquí: La aventura de Miguel Littin clandestino en Chile.


Navarro tiene sentimientos encontrados. Cree que se trata de "un libro malito" dentro del catálogo del colombiano, pero también sabe que su valor radica en la pasión con que fue escrito. La historia del exiliado cineasta, infiltrado en su propio país para grabar un documental (Acta general de Chile), después de burlar todos los mecanismos de seguridad, resumía el rechazo de García Márquez por el régimen de Augusto Pinochet.

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El libro tiene además un significado personal para Navarro. Su distribución en Chile le significó pasar por uno de los episodios más complejos de su vida. A su modo de ver, fue protagonista de una insólita historia que bien pudo ser creación de "Gabo". "Voy a parecer muy auto referente, pero siento que este es un cuento que me regaló García Márquez, una historia que no tiene otro testigo en su totalidad, sino algunos testigos parciales", asegura.

Con todo eso en mente, se metió al computador y publicó en su cuenta de Twitter: "No es realismo mágico: en noviembre de 1986 la dictadura chilena ordenó quemar 15 mil libros de GGM, en Valparaíso".

Su amigo Libardo Buitrago, uno de los personajes importantes, le respondió de inmediato:

"Arturo, cuenta la historia completa".

Navarro recién había regresado a Chile luego de visitar a su esposa, la periodista Patricia Politzer, y sus cuatro hijos, que vivían en Estados Unidos. Era noviembre de 1986. Al llegar a su casa, vio una luz roja titilando en la máquina contestadora del teléfono, un artefacto que pocos tenían en esos años. Eran dos mensajes urgentes de su agente de aduanas, Iván Labrín, pidiéndole comunicarse con él lo antes posible.

La relación laboral entre ambos llevaba poco más de un año. Hasta 1985, Navarro trabajaba en Editorial Andina, como encargado de distribución de best sellers del sello independiente colombiano Oveja Negra, cofundado por el escritor Gabriel García Márquez y el empresario José Vicente Kataraín. A este último le gustaba el trabajo de Navarro y le hizo una propuesta para que fuera su representante en Chile, a tiempo completo. Tendría todo el catálogo del Nobel a su disposición. Como para su nueva labor necesitaría trasladar miles de ejemplares al puerto de Valparaíso, Navarro contactó a Labrín para que fuera su agente de aduanas. No habían tenido problemas hasta aquellos mensajes en la máquina contestadora.

-Don Arturo, la cuestión está bien complicada. Me dicen que los libros fueron quemados -le avisó Labrín- cuando finalmente le devolvió el llamado. La información no le hizo ningún sentido a Navarro. La censura se había flexibilizado y el único título controvertido que venía en el cargamento, La aventura de Miguel Littin clandestino en Chile, ya había circulado varios meses antes en una edición especial de la revista Análisis. No había motivo para incautarlo.

-¿Cómo se te ocurre? Debe haber algún error. Estamos en el 86 -respondió Navarro. Entonces decidió viajar al puerto, para averiguar qué había pasado realmente.

Como no le gustaba manejar, tomó un bus hacia Valparaíso, su ciudad natal, la mañana del 19 de noviembre. Aunque la prensa local indicaba que el operativo de incautación se había debido a que los contenedores venían en mal estado, Navarro ya iba algo preocupado. El cargamento era indispensable para montar el stand de Oveja Negra en la Feria del Libro de Santiago, que comenzaba al día siguiente. Los libros habían salido de Buenaventura, Colombia, a bordo del vapor panameño Peban, que había arribado el 28 de octubre al puerto chileno. El tamaño del envío no era despreciable: 24,3 toneladas en libros y algunas revistas.

Un trolebús lo dejó en un extremo de la Plaza Sotomayor, en el edificio de la Comandancia en Jefe (ex intendencia). Le llamó la atención que la puerta principal estuviera cerrada. Después de golpear por algunos minutos, un transeúnte le aconsejó que probara por el acceso del costado, en la calle José Tomás Ramos. Al llegar a la esquina, Navarro se sorprendió al ver pilas de sacos de arena en la entrada, que formaban una trinchera. Varios guardias armados con uniforme de batalla custodiaban la entrada. Las Fuerzas Armadas llevaban ya un par de meses en alerta, después del atentado del 7 de septiembre del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) contra Pinochet.

Navarro planteó su situación a los marinos de la entrada. Uno de ellos se quedó con su carné de identidad y, posteriormente, otro lo llevó a la oficina de un oficial de apellido Vega. Le repitió su problema una vez más: era el representante de una editorial colombiana cuyos libros habían sido requisados y quería pedirles si podían redestinar la carga a Lima para no causar problemas. Vega levantó el teléfono, discó un anexo de tres números y comenzó a hablar. Tras unos instantes, colgó y tranquilamente le dio un consejo.

-Señor Navarro, no se preocupe. Ya los quemamos.

No se trataba de todo el cargamento, sino de las 14.846 copias del libro de García Márquez sobre Littin y 29 unidades de Proceso a la izquierda, del ex candidato presidencial venezolano Teodoro Petkoff. La pérdida ascendía a US$ 10.000. Le explicaron que intervenir la correspondencia era derecho constitucional del jefe de Zona en Estado de Emergencia, que en este caso era el vicealmirante Hernán Rivera Calderón, antiguo ministro de Salud de Pinochet.

Navarro se retiró sin palabras y tan abatido que olvidó su carné en la entrada. Caminó un par de cuadras hasta La Rotonda, el restorán de un amigo en calle Prat. Como lo vio entrar pálido, éste le preguntó qué pasaba.

-No me digas nada y dame un whisky doble -replicó Navarro.

El telegrama que Navarro envió a Bogotá para avisar lo que había pasado está fechado un par de horas después, a las 19.52 horas del 19 de noviembre: "De acuerdo facultades estado de sitio libros fueron incautados e incinerados según acaban de informarme en jefatura de zona Valparaíso (...). Resto embarque espero ingresarlo a tiempo para la feria del libro que comienza mañana tarde. Saludos".

Kataraín no se sorprendió demasiado. En vez de molestarse, se sintió responsable por la situación a la que había expuesto a su representante chileno. Algunas semanas después, en señal de gratitud, mandó 10 mil ejemplares de una edición exclusiva de El amor en los tiempos del cólera, que todavía no estaba disponible en las librerías de Latinoamérica.

Navarro no se conformó. Estaba decidido a revelar públicamente lo que había pasado con la obra del Premio Nobel de Literatura de 1982. Como socio de la Cámara Chilena del Libro puso un reclamo formal. El encargado de contactar a las autoridades fue el periodista Héctor Velis Meza, gerente de la entidad. -Los escritores estaban en el limbo, porque no existía una oficina formal de censura y cuando preguntabas siempre te chuteaban para otro lado. Era como El Castillo, de Kafka, nadie entendía nada. Nosotros sólo buscábamos que se reconociera la censura -cuenta Velis Meza, quien envió una carta al Ministerio del Interior el 10 de diciembre.

Navarro también recurrió al Consulado de Colombia en Chile. Fue allí donde conoció a Libardo Buitrago, quien ocupaba ese cargo desde 1983, representando al gobierno de Belisario Betancur. Gracias a la gestión de Buitrago, Navarro pudo rastrear el recorrido de sus libros. Así se enteró que el cargamento todavía no había sido quemado cuando él visitó Valparaíso el 19 de noviembre, sino que estaba todavía en la bodega Simón Bolívar. La incineración real se llevó a cabo recién el 28 de noviembre. Los únicos testigos de la pira de papeles fueron un par de efectivos de Investigaciones y uno de Aduanas.

El reconocimiento de la quema de libros llegó al Consulado colombiano el 9 de enero de 1987, en forma de una carta acompañada de un timbre con la palabra "confidencial". El remitente era el vicealmirante John Howard Balaresque, quien reemplazó a Hernán Rivera como jefe de Zona apenas unas semanas después de los hechos.

"Se impuso la medida de censura previa a la correspondencia del señor Arturo Navarro, decretándose la incautación de un cargamento de libros enviados del extranjero. Se dispuso que Investigaciones revisara el texto de tales libros, ordenando la incineración de aquellos cuyo contenido infringiera (...) la Ley de Seguridad Interior del Estado. Como consecuencia, fueron incinerados La aventura de Miguel Littin clandestino en Chile y Proceso a la izquierda por haberse constatado que su contenido transgredía disposiciones constitucionales".

-Este reconocimiento requirió de mucho ingenio y destreza diplomática. Logramos algo casi imposible. Sirvió para que la aseguradora pudiera devolverle parte de las pérdidas a Oveja Negra -recuerda Buitrago, quien conoció a García Márquez cuando era subdirector del Servicio Postal en Colombia y se estrenó una estampilla en su honor, tras ganar el Nobel.

Todo se hizo público recién el 24 de enero de 1987, a través de la agencia AP. Los medios chilenos replicaron tímidamente la noticia, pese a la conferencia de prensa dada por la Cámara del Libro. El episodio fue olvidado rápidamente y ocupó solamente una línea en la biografía de García Márquez escrita por el inglés Gerald Martin.

El cineasta Miguel Littin le comentó a su amigo "Gabo" lo que había ocurrido con los libros en Chile pocos días después de que la información de AP se esparciera por el mundo. Según recuerda, lo comentaron sólo esa vez y su reacción fue tibia.

-"Gabo" era imperturbable. Aunque no recordaba que eso le hubiera pasado en otra parte del mundo, lo leyó como parte del contexto de lo que ocurría en Chile. Pero eso también le dio la seguridad de que lo que había hecho era importante. Muchos dirigentes políticos regresaron a Chile clandestinamente después de la publicación del libro -revela Littin, quien se pregunta por qué no han salido nuevas ediciones de la obra. De las antiguas, guarda decenas de copias en su casa.

El vicealmirante (R) Rivera Calderón, hoy de 85 años, declinó hablar con Culto, pero su hijo Hernán cree que la orden de incineración no fue idea suya, sino una instrucción de arriba.

Para Navarro, esta explicación tiene sentido, pues imagina que la verdadera batalla se daba en esferas más altas, entre el escritor y el general. Después de estos sucesos, se alejó del negocio de los libros para dedicarse a la gestión cultural, pero mantuvo una pequeña editorial independiente a la que bautizó como Humo Blanco, en homenaje a las letras quemadas hace casi 30 años, en un rincón de Valparaíso.

¿SON PELIGROSOS LOS BONOS CULTURALES?


 

¿Son peligrosas las platas regaladas para el consumo cultural? Es una pregunta que ha cruzado décadas de discusiones sobre las políticas culturales. El viejo dilema si estimular de la oferta o la demanda. Por cierto, en nuestro país se ha privilegiado ampliamente el apoyo a los creadores y no a los consumidores de cultura. Una información del 23 de marzo, que viene de España, señala que todos los jóvenes que cumplen 18 años en 2022 recibirán un bono de hasta $450.000 para "comprar entradas de conciertos, cines, museos y festivales además de libros, revistas, partituras, videojuegos y también para consumos en línea".


Habitualmente me inscribía entre quienes prefieren el apoyo a la oferta cultural. 

Sin embargo, la destrucción a que sometieron los "jinetes del Apocalipsis" -estallido social, pandemia, indolencia gubernamental- al mundo cultural, hacen reflexionar sobre la pertinencia de tales bonos.

Estamos en período de reconstrucción y así lo reconocen las autoridades que asumieron el 11 de marzo de 2022.

La política anunciada por la ministra portavoz española, Isabel Rodriguez, me parece bien enfocada.

En primer lugar porque va dirigida a jóvenes que se inician en la toma de grandes decisiones, como por ejemplo votar en las elecciones. Y solo a ellos. Tiene entonces cierto contenido formativo.

Luego, tiene un tiempo acotado: un año, lo que les da espacio para reflexionar sobre sus opciones. 

Está abierta a lo que se presume -habrá que hacer estudios al respecto- preferirán los jóvenes: conciertos, festivales, videojuegos y consumos digitales. Lo que reconoce que la digitalización ha llegado para quedarse. Amplía, quizás definitivamente, la lista de bienes culturales, considerando aquellos accesibles por internet y conciertos masivos en la misma condición de libros, partituras o museos. 

Desafía a otras actividades presenciales a mejorar su oferta y, sobretodo, su difusión en el mundo virtual.

Refuerza la necesaria idea que la cultura no es gratis y que debe ser pagada, aunque sea con dinero público. Un golpe necesario a la "gratuidad" que estimulan ciertas empresas, buscando justificaciones a sus prácticas dañinas al medio ambiente. Y una advertencia a algunos alcaldes que invitan a sus espacios culturales como si fueran propios, verbigracia el edil de Rancagua.

Reconoce la perspectiva -surgida del modelo Patrocinador que predomina en la comunidad Británica- que si bien el estado provee recursos, son otros (en este caso, los jóvenes consumidores) quienes deciden dónde se usa dichos aportes. Un paso hacia recuperar institucionalidad participativa vinculante, perdida en Chile con la creación del Ministerio de las Culturas.


Quienes desconfían de los bonos, podrán decir que se arriesga a las bellas artes, tan favorecidas hasta ahora por los dineros públicos. Me parece que más bien las insta a modernizarse y no celebrar con bombos y platillos, acciones tan poco juveniles como el mundialmente usual y antiguo debut de una directora mujer en el Teatro Municipal o la restauración de palacios por decisiones de autoridades "pala ciegas".

En definitiva, serán medio millón de jóvenes españoles quienes, rigurosamente estudiados, dictaminarán si estamos o no en presencia de una buena política cultural.

Estaremos atentos.


 

17 marzo 2022

A PROPÓSITO DE CENSURA: APSI, UNA DE VERDAD


 

Regocijándome íntimamente redactando el comentario anterior, sobre la prohibición de la censura en nuestra futura Constitución, no pude dejar de acordarme de los avatares sufridos (si, sufridos) para poder publicar, en pleno 1976, la revista APSI. He aquí las diferentes fases, debidamente numeradas.


Uno. Solicitud de permiso para crear la revista.

Según bando de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), para fundar un medio de comunicación, debía solicitarse autorización a esa repartición, ubicada en el Edificio Diego Portales, quienes eran sus propietarios, debidamente identificados; quién su director (chileno/a y periodista); quién su gerente/a; qué temática abordaría; su direccion; nombre de la publicación, y otros detalles menores.
Solicitamos el permiso, sometiéndonos a la restricción de que solo abarcaríamos "temas internacionales y económicos del extranjero". El boletín se llamaría Actualidad Internacional, sus propietarios, APSI limitada, una sociedad que actuaría como Agencia de Servicios Periodísticos Internacionales.


Dos. Autorización para crear la revista.

Luego de unas semanas llegó el documento firmado por el Coronel Gastón Zúñiga Paredes, director de DINACOS, señalando que se autorizaba la existencia del Boletín llamado Actualidad Internacional de APSI limitada, cuyos contenidos se limitarán a información internacional y económica del extranjero. Su director responsable será don Arturo Navarro Ceardi; su Gerente don Eduardo Araya Alemparte. Se indicaba a continuación que los originales del primer números (y luego sabríamos que también los siguientes) deberían ser presentados escritos a máquina (tiempos pre computación) en las oficinas de DINACOS, para obtener el permiso de impresión. Cuando nos dirigimos a inscribir la flamante marca nos enteramos que Actualidad internacional era un genérico que no se podía proteger, de modo que solo pudimos inscribir la curiosa palabreja APSI. Y así se bautizó la publicación hasta nuestros días.


Tres. Autorización de impresión.

Nos abocamos a redactar los artículos del primer número, sin fecha, pues no sabíamos cuándo duraría en llegar el permiso. Una vez entregados los originales muy bien presentados en papel oficio, debíamos esperar que fuesen leídos para emitir el permiso de impresión.


Cuatro. Autorización de circulación.

Una vez leídos y debidamente timbrada cada hoja, podíamos proceder a enviarlos a la imprenta, una antigua prensa plana, que imprimía de a una hoja, ubicada en el garage de la casa de un amigo bajo del llamativo nombre de "D&S impresores". Con las ediciones impresas, debíamos volver con una de ellas y los originales mecanografiados para que los censores verificaran que aquello que estaba impreso era lo mismo que habían autorizado previamente. Una vez verificado se emitía desde DINACOS el permiso de circulación. Ésta era, obviamente, por suscripciones de unos cientos de amigos, conocidos e internacionalistas a quienes distribuíamos nosotros mismos en sus hogares u oficinas. La venta de suscripciones estaba a cargo de dos atractivas amigas, parejas de gente del equipo.


Cinco. Fin de la censura previa.

La primera edición circuló el 29 de junio de 1976, con una validez de quince días, triquiñuela para editar solo dos ediciones al mes y no una cada quincena, lo que nos habría obligado a fijar fechas de aparición que, a juzgar por lo relatado, no dependía precisamente de nosotros los editores. Pasados unos seis meses con el procedimiento relatado, nos llegó desde DINACOS la noticia de que habíamos superado la etapa de la censura previa y éramos elevados a la dudosa condición de auto censura.


Seis. La autocensura.

La autocensura consistía que teníamos, en DINACOS, un fiel lector, un sociólogo llamado José Miguel Garmendia que ejercía la labor de censor. Esto es, leía los ejemplares publicados sin censura previa, los subrayaba con destacador amarillo y habitualmente llamaba a sus oficinas al Director para indicarle aquello que no era bien recibido por las autoridades. Su despacho, en el piso 16 del edificio Diego Portales,  se fue llenando de ediciones de APSI que regularmente le enviábamos, no bien salidas de la imprenta. Que entonces  era AlfaBeta impresores, ex Imprenta de la UC, ubicada en calle Lira, que  pertenecía a sus trabajadores bajo la forma de una cooperativa. Las observaciones del censor se limitaban a destacar situaciones de países extranjeros que podrían asemejarse a Chile, por ejemplo la dictadura brasileña, las que debían evitarse. 


Siete. ¿Actualidad nacional?

En medio de esta incómoda situación de auto censura y ante las naturales dificultades financieras, decidimos comenzar a probar con algunas noticias breves sobre Chile. Garmendia reaccionó de inmediato: "La familia real no se toca" a propósito de una mención de la señora Lucía Hiriart y sus compasivas declaraciones para la familia del menor Rodrigo Anfruns, que había sido asesinado. Decidimos entonces ir de frente y solicitar permiso para incursionar en la actualidad nacional. Escribimos al nuevo Director de DINACOS, esta vez un civil, el periodista Luciano Vásquez Muruaga. No obtuvimos respuesta. Telefónicamente Vásquez me manifestó que pensaba que no deberíamos pedir autorización pues la revista ya existía.   -"Dímelo por escrito". - "Ah, no, eso no". 


Ocho. La edición 105.

Así, corriendo lentamente el cerco de la auto censura con informaciones nacionales, internacionales y culturales, llegamos al 7 de agosto de 1981. Ese día, la voz de Garmendia fue diferente: "Vente de inmediato a mi oficina, mi jefe (el Director de DINACOS, Jorge Fernández Parra) quiere hablar contigo. "Mira, es viernes, son la siete de la tarde, podemos hablar el lunes". -"Vente". Fui. Fernández Parra me esperaba de pié en una sala inmensa en semi penumbra, un par de pisos más arriba de Garmendia, antes que me acercara a su amplio escritorio espetó: "Esto se acabó". Luego, ya sentados cada uno en su lugar, agregó: ustedes no tienen permiso para publicar información nacional, de modo que tendrán, en adelante que ceñirse al permiso otorgado o no podrán circular. Improvisé algunas burdas menciones a nuestro compromiso con los suscriptores y a que la siguiente edición, la número 105, estaba en talleres y debía circular el martes 11 de agosto. -"Bien, pero esa será la última". 


Vi blanco, se me apagó la tele, no recuerdo como salí del Diego Portales y me fui a la oficina de Jorge Molina, nuestro abogado y gran amigo. 

Ese día se acabó la censura, la auto censura y mi trabajo como director de APSI.

DERECHOS CULTURALES EN LA CONSTITUCIÓN


Esta es la redacción oficial según oficio Nº629 de la Presidenta de la Convención



El 16 de marzo de 2022, a altas horas de la noche -las 23:21- el pleno de la Convención Constitucional aprobó con 138 votos a favor y 3 en contra (8 abstenciones) el artículo 9º que encabeza esta nota. Significa que este texto pasa al borrador de la nueva Constitución, para ser revisado por la Comisión de Armonización y luego, sometido, junto a todo el proyecto, a Aprobación o Rechazo en plebiscito con voto obligatorio. Es entonces un buen momento para reflexionar sobre lo aprobado por el pleno de 154 constituyentes.


Una primera novedad, aparte de la obvia de incluir explícitamente a la Cultura -lo que no hacía la Constitucion anterior (C80)- es la incorporación, junto a las personas, de las "comunidades". Reconocimiento explícito de que la cultura expresa convicciones y costumbres de grupos de personas y que muchas veces su celebración y creación es colectiva. Como ocurre en las manifestaciones territoriales, barriales o de pueblos originarios.

El primer derecho explicitado es a "participar libremente" de la vida cultural y artística. Lo que muchos han descrito como libre acceso a la cultura. La palabra participación es más amplia y abarcadora que el solo acceso. Implica involucramiento activo de personas o comunidades.

Luego se agrega el derecho a gozar (disfrutar) de lo que significan las artes y las culturas. En su forma de "expresiones, bienes, servicios e institucionalidad". Se agrega al mero disfrute el derecho a acceder a los bienes de la cultura, como son sus productos materiales (libros, audiovisuales, musicales), los servicios (nótese que el Servicio Nacional del Patrimonio, recientemente creado en reemplazo de la DIBAM, conservó su denominación de Servicio público) e institucionalidad. Hay aquí un guiño al antiguo Consejo Nacional de la Cultura, reemplazado por el Ministerio de las Culturas, que fue mucho más generoso en la participación ciudadana que el nuevo ente, considerando que contemplaba consejos regionales, sectoriales y un consejo nacional con atribuciones vinculantes. Lo que hace pensar que la nueva Constitución, de aprobarse, reabriría las puertas a una institucionalidad más participativa.

En su segundo párrafo se recogen las justas aspiraciones de los pueblos originarios a mantener su identidad, educarse y expresarse en su propia lengua. Un deseo que se reconoce, declarativamente, en el nombre del Ministerio de las culturas, sin que tenga un referente real, como ocurrió en la frustrada Ley del Patrimonio impulsada por el gobierno anterior.

El tercer párrafo se refiere al derecho a crear, difundir y disfrutar de las creaciones de artistas e intérpretes. Relevante es la palabra "difundir" pues, hasta ahora, es muy poco lo que los entes públicos hacen por aquello, como lo testimonian los miles de proyectos apoyados por fondos concursables que permanecen en el anonimato o la obra de los ganadores de Premios Nacionales que nadie difunde más allá del galardón y el emolumento respectivo. Cuanto mejor sería que los premios del estado sean considerados una fuente de divulgación más que solo una pensión.

En este mismo párrafo, mereciendo uno aparte, se reconoce la "prohibición de toda forma de censura previa". Por dónde debimos haber comenzado. ¿Se imaginan qué habría ocurrido con un párrafo así en la C80?

Otro gallo habría cantado a nuestra cultura y no habríamos padecido 17 años de oscurantismo.

El cuarto párrafo garantiza el derecho a usar los espacios públicos para desarrollar actividades artísticas y culturales, cuestión muy anhelada por los artistas callejeros y muchos cultores de actividades teatrales o pictóricas. Por lo demás, es una tendencia universal el llevar las artes a los lugares por donde transita una ciudadanía cada vez más ajetreada.

El párrafo quinto asegura igualdad ante la ley a todas las cosmovisiones existentes en el país, junto con promover la interculturalidad y el respeto a todas las expresiones simbólicas patrimoniales, sean materiales o inmateriales. Este aspecto tendrá mucha relevancia para una nueva legislación sobre el patrimonio y eventuales proyectos inmobiliarios que afecten zonas simbólicas.

Todo lo anterior, cierra el artículo 9º, con el debido respeto a la diversidad, los derechos humanos y de la naturaleza. 

Redondito. 

07 marzo 2022

DOÑA PIÑONES REAPARECE UN 8 DE MARZO






Un extraordinario cuento en verso, escrito por María de la Luz Uribe e ilustrado por Fernando Krahn, sobre una mujer que temía a los vientos... 

Estera y esteritas 

para contar peritas, 

estera y esterones 

para contar perones.

Esta era una vez 

una viejecita llamada 

María del Carmen Piñones. 

Fue publicado por primera, en Chile, en Cuncuna de Quimantú, en mayo de 1973, cerrando la serie de 20 títulos de una colección que aún, casi cincuenta años después, se recuerda. Sus portadas se exhibieron, en gigantografías, el verano de 2022 en los jardines de la Biblioteca Nacional de Chile.

Ediciones Ekaré, bajo la dirección de Verónica Uribe, lo reeditó, en otro formato y tapa dura, anunciándolo así: 

Doña Piñones es una viejita que vive asustada. Tanto miedo le da todo que en la noche duerme detrás de su cama. De día es aterrorizada por los cuatro vientos quienes, uno por uno, hacen que busque un lugar donde esconderse. Pero un día, los vientos le cuentan a un niño sobre Doña Piñones y él decide ayudarla a vivir sin temores.

Muy recomendables para quienes tienen susto ... de vientos y rumores.