25 noviembre 2009

DERECHA ATREVIDA


El 18 de noviembre de 2009 pasará al registro de fechas significativas para la consolidación de la aún joven –tiene 6 años de vida- institucionalidad cultural chilena. El candidato de la derecha, Sebastián Piñera, citando a Neruda, dio a luz la propuesta cultural de los grupos Tantauco que respaldan su candidatura. De este modo, así como el Presidente Ricardo Lagos, el 16 de mayo del 2000, anunció por primera vez una Política Cultural de un gobierno desde la creación de la República, que culminaba el trabajo programático y gubernamental aplicado en esta área por las candidaturas de Aylwin, Frei Ruiz Tagle y el propio Lagos, esta vez, la derecha chilena se aventura por primera vez en proponer un conjunto de medidas culturales plausibles, en medio de la campaña presidencial.

Con este gesto, el sector político que sustentó –bajo la dictadura militar- la más despiadada política cultural, es decir la de la prescindencia total del Estado en el desarrollo de las artes, se suma a la creación más lúcida de nuestra historia en materia de desarrollo cultural, como es la política de Estado formulada por el mundo de la cultura bajo los gobiernos de Concertación, que tiene su expresión institucional en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y sus pilares más sólidos en el triángulo virtuoso de infraestructura, audiencias y gestión cultural, y sus mecanismos financieros en fondos concursables y estímulos tributarios.

Este notable paso tiene dos explicaciones tan lógicas como predecibles.

En primer lugar, que las personas que contribuyen a los planteos de Tantauco han formado parte de la construcción del modelo existente. Un modelo no excluyente, abierto a todos los sectores y, por definición, desarrollado estrictamente por la sociedad civil con estímulos puntuales desde la autoridad. Por ejemplo, el Directorio Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes está formado por personalidades no removibles por el gobierno y representativas del quehacer nacional, dentro de las que se consideran dos con acuerdo del Senado y dos rectores de universidades uno de las públicas, otro de las privadas. Este sólo dato permitía que desde su primer momento, este órgano máximo de fijación de políticas, incluyera a personas de la oposición. Adicionalmente, el sistema de concursos transparentes, con fondos asignados por pares y el sistema de gestión de los espacios culturales, entregados a corporaciones privadas sin fines de lucro, han permitido que creadores y gestores del más amplio espectro formen parte del entramado cultural del país.

En segundo lugar, la institucionalidad creada, está en sintonía con aquello que tienen o desean tener la abrumadora mayoría de los países del mundo. Sin ir más lejos, Cataluña, en España, ha intentado hace pocos meses establecer un Consejo de la Cultura como el que ostentan el Reino Unido y los países de la comunidad británica en Asia, África y Oceanía. En nuestra América se sigue mirando con interés lo realizado en Chile y no son pocas las ocasiones que se nos ofrece para exponer nuestro modelo. De este modo, los integrantes de Tantauco que conocen lo que acontece en el mundo y lo realizado en nuestro país, se inscriben en dicha línea y sólo plantean perfeccionar, completar y continuar la obra fundacional concertacionista.

La buena noticia es que parece haber llegado a su fin la hostigosa y desinformada campaña mediática respecto de la opacidad de las asignaciones de fondos concursables, el propósito electoral de algunas de las acciones que manda la política cultural de Estado y las sospechas de mal uso de recursos públicos basadas en eventuales errores administrativos de bastante menor magnitud que las caracteres de los títulos periodísticos.

Esta discusión, la de las propuestas, es la que merece un mundo de la cultura que, calladamente -más por causas externas que por voluntad propia-, ha desarrollado un horizonte cultural para Chile.

En ese escenario, de respeto por lo obrado y de curiosidad por lo planteado, quisiera analizar las propuestas de Sebastián Piñera publicadas en la página web de su campaña.

La introducción ya renuncia a las agitadas banderas del cambio para inscribirse en el sosegado mar de la “continuidad”. La primera medida, pone el dinero: “aumento sustancial del financiamiento público” junto con denunciar la desequilibrada relación -9 a 1- entre aportes fiscales y privados en el área. Un llamado a los empresarios que ya adelantó en ICARE el escritor Roberto Ampuero, a nombre de la candidatura.

En segundo término, se pierde una excelente oportunidad de incorporar el lúcido y actual concepto de economía creativa para conservar el tradicional de industrias culturales, asegurando una modesta duplicación de su aporte al PIB en 10 años.

En el tercer acápite, presumo una gafe: “el currículo ciego” para postular al Fondart, como si las escuelas artísticas o las exposiciones anteriores de un postulante pudieran disimularse en sobre cerrado.

Concerniente a la lectura, la más atrevida defensa del IVA: eliminarlo, dicen, favorecería al 40% más rico de la población. (¿Duro a los ricos, que duran más?) Creo que hay mejores argumentos para conservar dicho impuesto.

El punto cinco, “Chile, país multicultural”, merece cita completa: “Reconoceremos, fomentaremos y protegeremos la diversidad cultural de nuestro país, potenciando la participación de los distintos grupos que conforman la nación, fomentando la expresión de sus practicas culturales, creando el Centro de Fomento de la Cultura Indígena, entidad que generará documentos escritos y audiovisuales en lenguas indígenas, se preocupará del acceso bilingüe a las tecnologías de información y planificará la destinación de becas y premios al merito académico para este grupo de chilenos”.

Un poema a la multiculturalidad: los pueblos indígenas son “grupos”, su cultura ancestral será “fomentada” (¿con préstamos a bajo interés vía CORFO?) se les entregará “documentos audiovisuales en sus lenguas”, “acceso bilingüe” a la computación y se dará “becas y premios” (¿al buen salvaje?). Definitivamente, no parece haberse entendido que se trata de otras culturas que han habitado el mismo territorio que quienes fomentarán y “protegerán sus culturas”, sólo que por más tiempo. El concepto de diversidad quedó en el tintero. Lo ocultó el paternalismo.

Luego, más continuidad: coordinación de la imagen de Chile en el exterior, potenciación de polos regionales de producción artística, recuperación de lugares de importancia turística (no cultural ni patrimonial), consolidación del Museo Nacional de Bellas Artes (¿cien años no han sido suficientes?), modificación de las leyes de donaciones, de propiedad intelectual y del Consejo de Monumentos Nacionales, red de infraestructura cultural…

De ideas nuevas, llaman la atención la “banda ancha subsidiada en todo el territorio nacional”, una “biblioteca-museo-digital” y el programa “visita tu historia” para encontrarse in situ con las tradiciones.

Infaltable: una ley Bicentenario para realizar “grandes obras de recuperación de espacio público”. Con ello se obligan a mantener el horizonte bicentenario –una de las apuestas más exitosas de Ricardo Lagos- hasta 2018.

En suma, no hay grandes sueños, no hay proyecto fundacional, revela desconocimiento en algunas áreas y un inocultable deseo de continuar lo hecho por la Concertación.

Lo rescatable es que, la derecha, en cultura, se atrevió.

Aunque sea con ropa ajena.

16 noviembre 2009

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES




La distinción entre museos y centros culturales parecía estar establecida en nuestro país, así como habíamos avanzado en diferenciar entre éstos últimos y los teatros municipales. No obstante, un reciente reportaje de Artes y Letras -Museos presidenciales versus museos públicos: ¿Desvistiendo santos?- parece retroceder en el tiempo y a la vez, desde la confusión de tales términos, establece aparentes contradicciones entre los que llama “museos presidenciales” y los museos dependientes de la DIBAM.

En primer lugar, la categoría en cuestión no contempla sólo museos. Incluye a centros culturales, como el CCPLM y en Centro Cultural Gabriela Mistral junto con museos como el MIM y el Museo de la Memoria. Ignora al Centro Cultural Estación Mapocho que podría, siendo coherentes con la confusión conceptual, haber sido catalogado como “museo presidencial” del período Aylwin.

En efecto, se busca demostrar que mientras los museos tradicionales están abandonados, los presidentes mencionados favorecen las infraestructuras que impulsaron.

Mientras la obra de Patricio Aylwin se auto financia desde hace casi 20 años, sin recibir aportes del Estado, el MIM, ícono del período de Eduardo Frei, recibe recursos desde el Ministerio de Educación vinculados a la cantidad de estudiantes que lo visitan, es decir uniendo dineros públicos a capacidad de gestión. Si el MIM no recibiera estudiantes, no recibiría aportes, situación muy diferente a la de los museos de la DIBAM que –muchos o pocos- desafortunadamente no tienen todavía presupuestos vinculados a su capacidad de gestión. Es justamente esa capacidad brotada de corporaciones privadas sin fines de lucro la que se pretende agregar a la DIBAM con la nueva Ley de Instituto del Patrimonio enviada al Parlamento por la Presidenta Bachelet. Quién, coherentemente, ha dotado de corporaciones o fundaciones de derecho privado a los principales espacios edificados durante su mandato –Centro Cultural Gabriela Mistral y Museo de la Memoria- para que no constituyan una carga exclusiva para los bolsillos de todos los chilenos y se puedan allegar recursos de auspicios de la empresa privada y de su propia operación.

El CCPLM, gestiona exposiciones como Los guerreros de Terracota, recurriendo para ello al Banco de Santander, la Fuerza Aérea, la Cancillería y otros, mientras el Museo Nacional de Bellas Artes no pudo acoger una muestra de Andy Warhol… “por un tema de carácter político”. Sin embargo, ello no se debe a una preferencia ideológica por la maravilla china sino a una capacidad de gestión que el CCPLM ha demostrado en ésta y otras oportunidades, incluyendo muestras de los propios museos chilenos que permanecian en sus bodegas, como es el caso de exhibiciones de isla de Pascua o arte religioso, acciones que forman parte de la misión de este Centro Cultural desde su concepto.

Es decir, se compara un modelo que data de 1929 con un modelo que desde 2003, con la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ha introducido a nuestro desarrollo cultural dos factores de los que carecía: la gestión y la formación de audiencias. De ambos aspectos es factible obtener recursos para optimizar y aumentar los inevitablemente débiles aportes públicos. Con gestión cultural –profesión a nivel de Master en la Universidad de Chile- es posible elaborar proyectos de calidad que atraigan a empresas privadas para que, a cambio de exhibir su marca, facilitan con su aporte la presencia de grandes muestras internacionales; del desarrollo de audiencias estables es posible obtener recursos que estas mismas personas habituadas a determinados espacios están dispuestos a pagar como entradas por las muestras de su interés, a la vez que demostrar cifras sistemáticas de visitantes que no dejan indiferentes a los posibles auspiciadores.

El papel que han jugado los gobiernos recientes es justamente agregar el tercer elemento para un desarrollo cultural equilibrado: la infraestructura. No sólo grandes centros sino pequeñas espacios a lo largo del país, en alianza con municipios y con exigentes metas en cuánto a la capacidad de gestión futura que tendrán. El “no pondremos un peso allí donde no haya un plan de gestión cultural” del Presidente Lagos, el 5 de abril de 2000, más que un estímulo a las grandes obras, es un llamado a pagar la deuda de un Chile que se restó desde el Centenario, cuando se construyó el Bellas Artes y se planeó la Biblioteca Nacional, de construir edificaciones para la cultura. Desde entonces, hasta la década del los 90s, se construyó casi nada de infraestructura cultural.

A contar de esa fecha, tenemos, por nombrar sólo algunos, el Teatro Regional del Maule, Matucana 100, Balmaceda Arte joven en varias localidades del país, Trawü Peyum en Curarrehue, la Biblioteca de Santiago, el Bodegón de Los Vilos, el edificio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Valparaíso, el Centro Cultural Estación Mapocho, y también, por cierto, el primer museo interactivo para formar las audiencias científicas del futuro y una red de bibliotecas altamente tecnologizada.

Se ha invertido mucho, es verdad, que se ha invertido cautelando que los recursos sean bien administrados también es cierto, que se haya “desvestido” a los museos de la DIBAM para ello, no corresponde a la realidad. Sencillamente porque la estructura de ese servicio público aún no está en condiciones de recibir esos recursos, debe ser remozada para acoger tantos recursos públicos como sean capaces de administrar y tantos recursos privados como sean capaces de imaginar y plasmar en proyectos de interés.

Todos los candidatos a la Presidencia parecen coincidir en que se debe crear una nueva institucionalidad patrimonial, más ágil y actualizada, que pueda además proteger nuestras riquezas pretéritas tanto del Rally Dakar como de universidades-negocio que pretenden, una de ellas al menos, desvestir espacios públicos sin consultar más que a la divinidad, como acaba de acontecer con la Plaza Gómez Rojas.

Si la distinción adecuada es entre museos y centros culturales y no entre museos presidenciales y museos públicos, es razonable advertir sobre los riesgos de construir tal categoría analítica. Por ejemplo, el asignar sólo a la voluntad presidencial la construcción de un museo como el de la Memoria podría hacernos ignorar la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan de las atrocidades que motivan a una sociedad a hacer todo lo posible para que nunca más en Chile sea necesario otro museo de esa naturaleza.

10 noviembre 2009

¿LIBROS QUE NO SIRVEN?


Definitivamente, la línea delimitante entre los candidatos presidenciales, tan buscada en la economía, la seguridad o la protección social, estaba en otra parte: la cultura. Por más que Jorge Arrate quisiera estar sólo en el socialismo duro con los otros tres al frente o que Marco Enríquez-Ominami quiera diferenciarse de sus contendores por razones generacionales, Sebastián Piñera ha dado en el clavo. Ser o no ser culto.

Y se distinguió dos veces, primero con el Fondart asignado a través de encuestas y ahora con el IVA a los libros “malos” o aquellos que “no sirven”. Algo así como tratar a algunos libros como se trata al alcohol y los cigarrillos, subir los impuestos para que se consuma menos. O sea, como un vicio.

Con esa lógica se llega in extremis al raciocinio del Almirante Hernán Rivera Calderón, Jefe de Zona en Estado de Sitio en la región de Valparaíso en 1986: “si usted descubre droga, la quema; si usted descubre pornografía, la quema; si usted descubre libros sediciosos –se trataba de 15 mil ejemplares de “Miguel Littin clandestino en Chile” de Gabriel García Márquez- los quema”. Y lo hizo.

Afortunadamente, los libros no son un vicio aunque su lectura podría llegar a considerarse una adicción. No se pueden clasificar ni premiar con más o menos impuestos selectivos. Ahí está la separación entre un candidato inculto y los demás que forman parte del mundo de la cultura, cineasta uno, escritor otro y legislador cultural el tercero.

En esta misma condición, ganada merecidamente con la Comisión Asesora que desplegó, en 1997, el primer proyecto de ley de institucionalidad cultural y las reformas a la Ley de donaciones culturales, el ahora candidato Eduardo Frei ha presentado el 7 de noviembre un Manifiesto Cultural con 37 medidas de diverso calado.

Seis ideas constituyen novedad y podrían marcar la diferencia con lo acontecido hasta ahora, lo que por cierto refuerza como la red de infraestructura cultural, archivos regionales, nueva institucionalidad patrimonial o la profundización de ley de donaciones.

El primero de los aportes es el Servicio País Cultural, planteado para los artistas, pero que debiera considerar sobretodo a gestores culturales que son quienes pueden dejar una huella más profunda en la infraestructura de cada localidad.


La segunda medida es audaz, incorporar “a las comunidades poseedoras de expresiones culturales inmateriales a circuitos de turismo sostenible”. Ya lo hacen algunas comunidades aymaras en Atacama y pudiera extenderse a otras zonas del país con el consiguiente beneficio para quienes visitan (ser más cultos) y quienes son visitados (reciben ingresos).

El tercer aporte está en consonancia con la anterior y abarca dos medidas: la creación de “Centros Interculturales, al menos uno por región” y se “fortalecerá la infraestructura comunitaria de los pueblos indígenas”. Un excelente ejemplo se construyó, con voluntarios del Servicio País en 2003, en Curarrehue: la Aldea Intercultural Trawü Peyum.

Cinco medidas apuntan a un gran objetivo central: la lectura y las bibliotecas, desde la continuidad del programa “Nacidos para leer” a las becas para bibliotecarios jóvenes, pasando por renovar las bibliotecas existentes y dotarlas de un edificio madre en cada región.

Una medida de gran impacto será el “canal público cultural” creado desde TVN, junto con nuevas frecuencias radiales para organizaciones sociales. Ambas iniciativas con recursos asegurados. De cumplirse esta meta, estaríamos comenzando a pagar la deuda histórica –frase tan de moda- con las posibilidades de expresión de sectores hasta ahora marginados del espectro mediático.

Finalmente, y quizás lo de mayor novedad, es la creación de una institucionalidad que coordine los esfuerzos públicos y privados por difundir la cultura chilena en el mundo. Una “agencia independiente de cooperación cultural internacional”. Es decir, ponerse pantalones largos en la línea de los institutos como el Göethe, el Cervantes o el British Council. Una medida indispensable en el momento en que dejamos –como país- de ser receptores de cooperación y debemos –nobleza obliga- comenzar a darla. No cabe duda que nuestro modelo de desarrollo cultural –un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que ningún candidato cuestiona y la administración privada sin fines de lucro de centros culturales de propiedad pública- serán de las primeras “exportaciones culturales no tradicionales” que podremos poner a disposición del mundo.

Si pudiera encontrarse una falencia es estas propuestas quizás sería resaltar el rol que crecientemente juegan en el mundo las ciudades como factores clave del desarrollo cultural. Bilbao, Sydney, más recientemente Medellín, son señeros ejemplos. Pero, es verdad que más que un programa presidencial, esta realidad debieran comenzar a verlas las autoridades locales.

Sin embargo, más allá de las medidas, en la zona de las posibilidades de llevarlas a cabo una declaración tranquiliza: se triplicarán los recursos para la cultura y las artes.

Es lo que se espera de un gobierno. Lo demás, déjenlo, señores candidatos, en manos del mundo de la cultura.

Que de seguro no sabe discriminar entre libros que sirven y libros que no sirven.