¿LIBROS QUE NO SIRVEN?

Definitivamente, la línea delimitante entre los candidatos presidenciales, tan buscada en la economía, la seguridad o la protección social, estaba en otra parte: la cultura. Por más que Jorge Arrate quisiera estar sólo en el socialismo duro con los otros tres al frente o que Marco Enríquez-Ominami quiera diferenciarse de sus contendores por razones generacionales, Sebastián Piñera ha dado en el clavo. Ser o no ser culto.

Y se distinguió dos veces, primero con el Fondart asignado a través de encuestas y ahora con el IVA a los libros “malos” o aquellos que “no sirven”. Algo así como tratar a algunos libros como se trata al alcohol y los cigarrillos, subir los impuestos para que se consuma menos. O sea, como un vicio.

Con esa lógica se llega in extremis al raciocinio del Almirante Hernán Rivera Calderón, Jefe de Zona en Estado de Sitio en la región de Valparaíso en 1986: “si usted descubre droga, la quema; si usted descubre pornografía, la quema; si usted descubre libros sediciosos –se trataba de 15 mil ejemplares de “Miguel Littin clandestino en Chile” de Gabriel García Márquez- los quema”. Y lo hizo.

Afortunadamente, los libros no son un vicio aunque su lectura podría llegar a considerarse una adicción. No se pueden clasificar ni premiar con más o menos impuestos selectivos. Ahí está la separación entre un candidato inculto y los demás que forman parte del mundo de la cultura, cineasta uno, escritor otro y legislador cultural el tercero.

En esta misma condición, ganada merecidamente con la Comisión Asesora que desplegó, en 1997, el primer proyecto de ley de institucionalidad cultural y las reformas a la Ley de donaciones culturales, el ahora candidato Eduardo Frei ha presentado el 7 de noviembre un Manifiesto Cultural con 37 medidas de diverso calado.

Seis ideas constituyen novedad y podrían marcar la diferencia con lo acontecido hasta ahora, lo que por cierto refuerza como la red de infraestructura cultural, archivos regionales, nueva institucionalidad patrimonial o la profundización de ley de donaciones.

El primero de los aportes es el Servicio País Cultural, planteado para los artistas, pero que debiera considerar sobretodo a gestores culturales que son quienes pueden dejar una huella más profunda en la infraestructura de cada localidad.


La segunda medida es audaz, incorporar “a las comunidades poseedoras de expresiones culturales inmateriales a circuitos de turismo sostenible”. Ya lo hacen algunas comunidades aymaras en Atacama y pudiera extenderse a otras zonas del país con el consiguiente beneficio para quienes visitan (ser más cultos) y quienes son visitados (reciben ingresos).

El tercer aporte está en consonancia con la anterior y abarca dos medidas: la creación de “Centros Interculturales, al menos uno por región” y se “fortalecerá la infraestructura comunitaria de los pueblos indígenas”. Un excelente ejemplo se construyó, con voluntarios del Servicio País en 2003, en Curarrehue: la Aldea Intercultural Trawü Peyum.

Cinco medidas apuntan a un gran objetivo central: la lectura y las bibliotecas, desde la continuidad del programa “Nacidos para leer” a las becas para bibliotecarios jóvenes, pasando por renovar las bibliotecas existentes y dotarlas de un edificio madre en cada región.

Una medida de gran impacto será el “canal público cultural” creado desde TVN, junto con nuevas frecuencias radiales para organizaciones sociales. Ambas iniciativas con recursos asegurados. De cumplirse esta meta, estaríamos comenzando a pagar la deuda histórica –frase tan de moda- con las posibilidades de expresión de sectores hasta ahora marginados del espectro mediático.

Finalmente, y quizás lo de mayor novedad, es la creación de una institucionalidad que coordine los esfuerzos públicos y privados por difundir la cultura chilena en el mundo. Una “agencia independiente de cooperación cultural internacional”. Es decir, ponerse pantalones largos en la línea de los institutos como el Göethe, el Cervantes o el British Council. Una medida indispensable en el momento en que dejamos –como país- de ser receptores de cooperación y debemos –nobleza obliga- comenzar a darla. No cabe duda que nuestro modelo de desarrollo cultural –un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que ningún candidato cuestiona y la administración privada sin fines de lucro de centros culturales de propiedad pública- serán de las primeras “exportaciones culturales no tradicionales” que podremos poner a disposición del mundo.

Si pudiera encontrarse una falencia es estas propuestas quizás sería resaltar el rol que crecientemente juegan en el mundo las ciudades como factores clave del desarrollo cultural. Bilbao, Sydney, más recientemente Medellín, son señeros ejemplos. Pero, es verdad que más que un programa presidencial, esta realidad debieran comenzar a verlas las autoridades locales.

Sin embargo, más allá de las medidas, en la zona de las posibilidades de llevarlas a cabo una declaración tranquiliza: se triplicarán los recursos para la cultura y las artes.

Es lo que se espera de un gobierno. Lo demás, déjenlo, señores candidatos, en manos del mundo de la cultura.

Que de seguro no sabe discriminar entre libros que sirven y libros que no sirven.