Luego de aceleraciones y retardos, el proyecto de Ley de Patrimonio que se encuentra en la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, parece estar tomando un curso normal, con verdaderas discusiones en base al articulado y no sobre láminas de power point, como muchos se quejaron. También, la Ministra Consuelo Valdés se involucra en el proceso de discusión que, hasta ahora, recaía en los hombros del subsecretario Emilio de la Cerda.
Sin urgencias en lontananza y con mesas de discusión amplias, se está dando el necesario juego de la participación que había sido esquivo y que muchos confundieron con enviar sendas cartas a los diarios.
De la Cerda está en todas, responde las cartas, cita mesas, se reúne con trabajadores y asiste a la Comisión de Cultura, evadiendo censuras que afectan a la generalidad de los subsecretarios.
Pero las leyes no las hace una sola persona, por capaz que sea.
El subsecretario está consciente que es el momento de acumular fuerzas en la sociedad civil y el Parlamento, pero no puede olvidar que éstas tambien deben venir del Ministerio que acoge a la nueva institucionalidad patrimonial.
Mientras de la Cerda es categórico en afirmar que, en la ley, viene una "presencia regional resolutiva" y un "equilibrio entre la representación del estado y la sociedad civil junto a la academia", el ministerio no ha sido precisamente claro en esos temas.
Tanto, que ha sufrido variados conflictos con las y los seremis, dónde los trabajadores han acusado de acoso laboral al menos a dos autoridades regionales, una ya destituida, la otra, en proceso.
Tampoco ha mostrado interés público en situaciones que complican el mundo cultural, como son las que afectan al Teatro Municipal de Santiago -que Yasna Provoste denunció en la Sala del Senado- o las que afectan al teatro regional del Bío Bío, que parece sufrir el regreso de los "viudos del Pencopolitano". Esa misma instancia ha provocado la salida a las calles de artistas de la zona que protestan por la incorporación de un diputado -Luciano Cruz Coke- a su directorio, cuestión que no parece estar legislada, pero que no da la impresión de ser muy estética. Tampoco ha sido muy categórica la posición del ministerio respecto del sitio de memoria de Neltume, que le ha costado una fuerte ofensiva de la UDI.
Es curioso que cuando se debate una ley que tiene, entre sus propósitos más queridos, la incorporación de los factores participación y descentralización -"No podemos seguir funcionando con un órgano como el CMN que por casi 100 años ha tomado todas las decisiones del patrimonio de Chile desde Santiago" ha dicho de la Cerda en sus redes sociales- se eclipsan las instancias participativas que tuvo el antiguo CNCA y que no han sido, hasta ahora, bien resueltas en el nuevo ministerio.
Se da la paradoja que, vecina en el tiempo, de la ley que creó el ministerio, esta ley patrimonial se asemeja mucho más a la ley del CNCA, que data de 2003.
Es decir, es entre otras cosas, una ley de participación de la sociedad civil en el patrimonio, aunque su articulado no da debida cuenta de ello.
El espíritu es claro: consejos regionales y un consejo nacional, que llevan, en la letra, una enorme participación de funcionarios públicos en desmedro de instituciones, profesionales capacitados y agrupaciones gremiales indispensables.
De hecho se ignoran en los artículos aspectos básicos en la gestión del patrimonio como las corporaciones culturales que administran, con éxito, edificios patrimoniales. Sin ir más lejos, el Precolombino, la estación Mapocho, Matucana 100 y tantos otros, en regiones y la capital. Tales corporaciones culturales sin fines de lucro, están de sobra capacitadas para administrar edificios patrimoniales, en ocasiones, más que algunas municipalidades que sí aparecen en el articulado como responsables de administración de inmuebles.
También están ausentes los académicos, que se reemplazan por expertos. En ese sentido, la Universidad de Chile hizo ver que muchas veces un equipo de investigadores y docentes de larga experiencia y profundos estudios pueden ser mucho más útiles que la figura, que recoge la ley, de un experto.
Desconoce la ley también, para integrar sus consejos, la destreza profesional de los gestores culturales, a quienes la ley del CNCA daba mucha relevancia, tanto como integrantes del Directorio nacional como en la representación de universidades que los acogieron como docentes en el tema.
Se extraña además, la ausencia como posibles consejeros de un colectivo que ha dado excelentes resultados: los premios nacionales. Demás está recordar el aporte en el CNCA de Humberto Giannini; José Balmes; Lautaro Nuñez, y ahora, Manuel Antonio Garretón.
Todos estos posibles integrantes de los consejos le darían a estos un nivel y una permanencia más sólida que la de un eventual representante de un ministerio que puede ser removido en cualquier momento..
Además, es poco revelador de su autonomía, la designación de consejeros de la sociedad civil, por parte del Presidente de la República, por más que no pudieran ser removidos por éste.
Los consejeros deben renovarse por partes y un número relevante de ellos designados por colegios electorales constituidos para tal efecto o por asociaciones gremiales pertinentes, como acontece en las leyes sectoriales del libro y lectura, la música y el audiovisual.
Es decir, si revisamos la legislación cultural existente, de 1993 en adelante, podemos mejorar sustancialmente el proyecto.