30 octubre 2014

TRES PRUEBAS EN UNA DÉCADA DE POLÍTICAS CULTURALES


El proceso de implementación de políticas culturales en Chile, durante la década 2004/2014, ha sido de gran riqueza. Comienza con la instalación del Consejo Nacional de la Cultura en su sede de Valparaíso, sin duda, un hito en la historia de un país que hasta entonces careció de institucionalidad cultural. Simbólicamente, la década se clausura con la Convocatoria y comienzo de una Consulta Indígena, realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y sus funcionarios. Hecho tan fundacional como el Consejo que se había creado hace diez años. Y que plantea muchas interrogantes. En especial cómo seguirá el proceso de formulación de políticas en la nueva década, incorporando a nuevos actores.

La instalación. Después de quince años de discusiones, finalmente, en enero de 2004 se reunió el primer Directorio del Consejo Nacional de la Cultura, en el Palacio Baburizza. Tres Ministros de Estado dieron solemnidad a la ceremonia, uno de ellos, además de ostentar ese rango era Presidente del Directorio y Jefe del servicio público Consejo Nacional de la Cultura. En esa jornada, cada uno de su integrantes -diez además del Presidente- dieron a conocer sus sueños respecto de la inédita labor como elaboradores de las políticas culturales del Estado de Chile. Ese mismo día comenzaron a operar el resto de las instancia de participación como los consejos regionales y los consultivos nacional y de regiones. Más adelante vendrían las Convenciones Nacionales en las que la totalidad del nuevo servicio y sus consejos sectoriales aprobarían las políticas tan participativamente elaboradas. Cada mes, en el desvencijado Club Alemán de Valparaíso, mientras se terminaba el edificio institucional, el Directorio avanzaba en la aprobación de políticas y la dirección de los concursos que asignaban -a través de pares- los recursos que el estado destinaba a las artes.
La primera prueba. Este proceso duró dos años pues, tal como estaba pensado, el cambio de gobierno de 2006 suponía la designación de un nuevo Ministro y el cambio de dos integrantes del Directorio: los ministros de Relaciones Exteriores y Educación. La nueva administración, encabezada por la Presidenta Bachelet resolvió designar a alguien "de adentro" así fue como el primer cargo de la cultura en el país recayó en la integrante del Directorio Nacional, actriz Paulina Urrutia. Ella conocía bien el funcionamiento de la institución y la transición fue plácida. Desde su primera entrevista de prensa, señaló que ahora la prioridad serían las audiencias. En el entendido que hasta entonces eran los artistas quienes se beneficiaban de la principal preocupación de las políticas públicas. Ya a esas alturas se hacían ver las principales falencias del nuevo órgano: complicaciones derivadas de tener que someter parte de sus acciones al Ministerio de Educación (iniciativas de leyes, permisos para viajar al exterior, presupuesto) y el hecho de que el otro servicio público cultural, la DIBAM, permanecía -desde 1929- en su dependencia tradicional: Educación.
La segunda prueba. El cambio de orientación del gobierno que asumió en 2010, de centroderecha, hizo temer por la continuidad de las políticas de Estado pues su vinculación con la cultura era discreta. El Presidente Sebastián Piñera designó como Ministro a Luciano Cruz Coke, un actor de poca trayectoria en políticas culturales y se asesoró por un puñado de ex militantes de la centro izquierda que dieron un vuelco a sus preferencias, poco antes de las elecciones. El resultado fue un acercamiento a la cultura desde el dinero: se recortó presupuesto a centros culturales (Balmaceda 1215 y Matucana 100 fueron reducidos en un 50%), se suprimió la prioridad presidencial para el GAM, lo que significó paralización de la segunda y tercera etapas de sus obras y se intentó enmarcar su Directorio a las preferencias del nuevo gobierno. En lo legislativo, se inició una discusión sobre la necesidad de un Ministerio de Cultura y Patrimonio, que no estaba  en su programa, pero que originalmente provino desde la DIBAM, que vio la oportunidad de apañar el joven Consejo Nacional de la Cultura, desde su experiencia casi centenaria. El resultado fue que al interior del gobierno se llegó a un proyecto que intentaba mantener el carácter vinculante del Consejo en la nueva estructura ministerial, con el defecto de no haberlo socializado suficientemente en una sociedad civil cada vez más empoderada.  Un cambio de Ministro, al final del mandato, llevó al escritor Roberto Ampuero al gabinete, quién mejoró las relaciones con los parlamentarios y parte relevante del mundo cultural, pero, le faltó tiempo. El resultado fue dejar presentado un proyecto que el futuro gobierno de Michelle Bachelet anunció, ya en campaña, que sustituiría completamente.
La tercera prueba. La incorporación de nuevos actores. La gran razón del cambio anunciado por la Presidenta Bachelet es precisamente incorporar a la nueva institucionalidad a los pueblos indígenas, históricamente marginados y mal tratados por el Estado de Chile. De este modo, la gran tarea que asume en 2014 el Consejo Nacional de la Cultura, es incorporar a nueve pueblos indígenas y las comunidad afrodescendiente a un proceso de entender esa problemática como cultural más que de recuperación de terrenos. Tarea, enorme para un servicio joven, como el Consejo Nacional de la Cultura, que se ha volcado entero a cumplirla, debe convivir con el proceso de participación que se anunció para continuar el debate sobre nuevo Ministerio, otorgando un grado mayor de complejidad e incertidumbre a los resultados. En los recientes días se ha verificado una tendencia de la Ministra Claudia Barattini a adelantar algunas leyes sectoriales mientras se resuelve el entuerto ministerial y se conoce el desenlace de la Consulta Indígena, con la que sin duda, se ha hecho una apuesta mayor. Que puede cambiar de raíz la tendencia seguida desde 2004 a la fecha.


20 octubre 2014

LEYES SECTORIALES A LA ESPERA DE PROYECTO MINISTERIAL



"Este no es el proyecto que presentaremos al Parlamento, esperáremos los resultados de procesos de consulta en desarrollo". Con esas palabras, la Ministra de Cultura Claudia Barattini, luego de exponer brevemente el Borrador de indicación sustitutiva del proyecto de ley de Ministerio de Cultura, inició la Jornada Temática sobre el Estado de avance de la nueva institucionalidad cultural, organizada por la Comisión de Cultura, artes y comunicaciones de la Cámara de Diputados, el 20 de octubre de 2014. No obstante eso, el diputado Ramón Farías, se vio en la obligación de aclarar que su Comisión ya había aprobado la idea de legislar por un ministerio. Así comenzó una mañana, de cinco horas de intervenciones, cada cuál más provechosa, a la que más de un centenar de agentes culturales estaban convocados.

Gustavo Arias, representante de la Asociación chilena de municipalidades, abogó por un "ministerio de las culturas" y una mayor representación municipal en la futura institución.

Edgardo Bruna, Presidente de UNA, planteó que es inaceptable la reducción de la participación de la sociedad civil que pasaría a ser sólo consultiva. Además, sugirió revisar el proyecto del gobierno anterior que sí conserva el carácter vinculante de políticas culturales, definidas por el Consejo Nacional de la Cultura. También propuso que dependa del futuro ministerio, una señal de TV pública, educativa y cultural ajena "a los vaivenes del rating". Fue una de la intervenciones más aplaudidas.

Andrea Gutiérrez, Presienta de SIDARTE, pidió una mayor participación estatal en cultura, subsidios en lugar de fondos concursables y, derechamente, empleos para artistas, mencionando especialmente el proyecto de segunda etapa del GAM.

Andrés Lewin, presidente del Colegio de Artesanos, pidió para su sector un consejo nacional, un fondo nacional y una ley, "como lo que existe para el sector del libro".
Una crítica a la agrupación de las "artes de la visualidad" que surge del Consejo Nacional de la Cultura, hizo el representante de las mismas, José Manuel Muñiz, agregando que en su sector se requiere visión estratégica.

José Ancán, Jefe de la Unidad de pueblos originarios del Consejo Nacional de la Cultura, comenzó su intervención rindiendo homenaje a los once diputados mapuche elegidos al parlamento hasta 1973. Luego, explicó que la Consulta indígena se realiza a nueve pueblos originarios más la comunidad afrodescendiente, por funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura, en las 15 regiones del país.
En ella, se busca, entre otros aspectos, consensos sobre participación indígena en los consejos y en el concepto de patrimonio. Comentó que en la consulta en curso, está surgiendo con fuerza la idea de "un ministerio de las culturas".

Trabajadores de ANFUCULTURA, pidieron la palabra para señalar que no han participado en proceso de discusión de indicación sustitutiva y piden, en el futuro, una participación que sea incidente.

Mauricio Rojas, académido de la UAH, ejemplificó con el caso del gran incendio en Valparaiso el rechazo popular al concepto "atrasado" vigente de patrimonio. Explicando que el nuevo concepto  incorpora al movimiento social, pero que éste no se advierte como presente en el borrador de indicación sustitutiva conocido.

Sebastián Gray, Presidente del Colegio de Arquitectos, aplaudió la propuesta de dos consejos y señaló que espera representen a la ciudadanía con periodos de vigencia diferentes a los cambios electorales. Celebró, además, la propuesta de fondo concursable de patrimonio así como recursos de asignación directa en casos de emergencia. Para terminar señalando que "La arquitectura hecha por el Estado de Chile es, en general, mediocre" por lo que aboga por institucionalización de concursos en ella.

El Director de Bibliotecas Públicas, Gonzalo Oyarzún, hizo un detallado informe de los aportes históricos de las bibliotecas, ejemplificando que reciben más personas que los estadios de fútbol profesional ¿debemos profundizarlas o cambiarlas?, preguntó.

La Presidenta de Ad cultura, Fernanda García, reclamó por la ausencia de los gestores culturales en el proyecto, mientras el Consejo Nacional de la Cultura los considera ampliamente, desde su propio Directorio Nacional. Solicitó se reparare esta omisión. A la vez, anunció un foro ciudadano de gestores culturales, para el jueves 20 de noviembre en Teatro Huemul, en el marco de las consultas ya inciadas.

La Directora ejecutiva de Cinema Chile, Constanza Arena, preguntó ¿cómo abrir mercado internacional al cine chileno? Con una buena marca país, innovadora y una legislación coherente, respondió.

Luego, el Presidente de la Comisión, Guillermo Teillier, ofreció la palabra a la Ministra Barattini para analizar lo escuchado y responder algunas preguntas que se habían formulado a través de la comisión. La Ministra aprovechó de anunciar que Artes escénicas sería el primer proyecto de ley sectorial que se enviaría, a partir de una reciente propuesta de plataforma del sector.  Otras leyes, en camino, serían de Derechos audiovisuales, de Modificación a la ley del libro y de Patrimonio.

La jornada, en la que participaron activamente los diputados Maya Fernández, Roberto Poblete y Ramón Farías, constituyó un esfuerzo por enumerar las diversas aristas que tiene el tema de un futuro Ministerio, quedando muy claro que más que apurar el proceso, lo que se requiere es que se cumplan las consultas que, en una primera fase consideraron encuentros ciudadanos, un foro web y consejos sectoriales, y en su segunda fase, en desarrollo desde septiembre pasado, contempla la consulta indígena, foros ciudadanos sectoriales y regionales y mesas sectoriales, en curso.

Sin embargo, la mejor noticia la dio la Ministra, casi inadvertidamente: el carácter vinculante del nuevo consejo, está "en evaluación".
Un avance.

14 octubre 2014

MINISTERIO: PRIMEROS DARDOS SOBRE UN BORRADOR



Desde que, en la última Convención de Temuco del Consejo Nacional de la Cultura, se dieron a conocer, de manera restringida, los primeros escarceos respecto de lo que contendría la indicación sustitutiva del proyecto de ley de Ministerio de Cultura iniciado por el gobierno de Sebastián Piñera, la palabra más escuchada en boca de las autoridades es "borrador". Quizás, reflejando por una parte la necesaria espera a las variadas consultas en curso y por otra, la inseguridad que con su contenido tienen quienes deben llevarlo adelante. Por sí fuese poco, desde Roma y Madrid, dos de la capitales hacia donde miran seguidores del modelo de ministerio de cultura, llegan noticias nada estimulantes. 

Según informa el diario español El País del 4 de octubre de 2014, el museo Centro Cultural Reina Sofía "cerró el ejercicio 2013 con un total de 2.113.406 de euros de pérdidas, un saldo negativo que contrasta con el resultado neto del año anterior, que fue de 3.544.555 euros, alrededor de 5,5 millones más, según sus cuentas, publicadas. El centro sin embargo sostiene en un comunicado que las pérdidas reales ascienden sólo a 1.161.506,16 euros, cantidad que sacó de sus ahorros. En 2013, la principal fuente de ingresos fueron las transferencias del Estado, que representan el 78,8 por ciento. En concreto, el Reina Sofía recibió de las arcas públicas un total de 25.410.670 euros, ocho millones menos que el año anterior. Por otro lado, las entradas el año pasado supusieron un 12,25 por ciento de los ingresos, un total de 3.951.577 euros, 1.858.877 euros más que en el ejercicio anterior y un aumento porcentual de un 88,8% en relación con 2012. Este incremento en la venta de entradas está relacionado con el éxito de la exposición dedicada a la figura de Dalí, que congregó a un total de 732.339 personas en 2013. Los patrocinios de entidades públicas y privadas constituyeron solo el 4,81 por ciento, por un importe total de 1.744.537 euros".

En Roma y su Ópera, las cosas no están mejor. Según el mismo diario, el mismo día "los sindicatos -en protesta por el plan de saneamiento de un teatro que arrastra un agujero de más de 28 millones de euros y debe más de tres millones a los acreedores- protagonizaron dos meses de huelgas intermitentes que dieron al traste con las representaciones veraniegas en las termas de Caracalla. Aquellas protestas provocaron la fuga de un buen número de espectadores y de anunciantes, con la consiguiente pérdida de ingresos. La situación degeneró hasta el punto de que el director Riccardo Muti se vio obligado a preparar la dirección de la ópera Aída, elegida para inaugurar la temporada el próximo 27 de noviembre, en medio de continuas interrupciones por parte de piquetes que, en alguna ocasión, llegaron a irrumpir en su camerino".

En nuestro país, merced a un modelo de Consejo de la Cultura, crisis como las planteadas se enfrentan -como ha ocurrido en nuestro teatro de ópera y centros culturales- con la existencia estable de corporaciones culturales sin fines de lucro que desarrollan un modelo administrativo intensivo en gestión que permite aportes privados o derivados de esa misma operación. En todo caso, nuestros espacios culturales de impacto nacional no llegan a cifras de dependencia del presupuesto público como las del Reina Sofia, lo que los hace mucho más flexibles para enfrentar crisis como la señalada en Europa. Desde el Teatro Municipal que no recibe más de un 50% del gobierno central al GAM, que bordea un 70% del mismo origen o el Centro Cultural Estación Mapocho que no tiene aportes públicos y se autofinancia en un 100%, nuestros iconos están en condiciones de sobrellevar, con aportes privados, eventuales crisis de financiamiento público, de las que nadie puede sentirse exento.

Por lo mismo, la instalación de un Ministerio de Cultura, como el que se sugiere en el mencionado Borrador, con consejos no vinculantes y un Estado más presente en la toma de decisiones en áreas que hoy funcionan con direcciones corporativas transversales y eficaces ha recibido críticas, como las del abogado Juan Carlos Silva, ex funcionario del Consejo Nacional de la Cultura, que ha señalado que "en el estudio de Constitucionalidad del Consejo Nacional de al Cultura y las Artes, el tribunal Constitucional, no objetó las normas que dicen relación con el diseño de políticas que a dicho servicio público y, en específico, a su Directorio Nacional se le asignaron. Lo anterior, acredita que, en virtud del inciso final del art 22 de la ley 18.575, un servicio puede proponer y evaluar políticas y planes, así como estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo y, tal como ocurre actualmente en el caso del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ello puede realizarlo un órgano colegiado de composición mixta que incluye a la sociedad civil". Lo que estaría indicando que la forma de conservar el poder de la sociedad civil en la determinación de políticas culturales es mantener el actual Consejo y no convertirlo en un ente asesor.

Desde las propias instancias generadas en el Consejo Nacional de la Cultura se ha escuchado reparos a la ausencia, en todo el texto, del Ministerio de Educación. Esta entidad en el Consejo Nacional de la Cultura vigente no sólo forma parte integrante del Directorio Nacional sino que despliega por todo el territorio participando de los consejos regionales.

Otras críticas provienen, desde el sector del libro, a causa de la considerable debilitación de los Consejos existentes reflejada en el lenguaje en los que se habla de "observar" más que "aprobar", "conocer" más que "decidir"', en definitiva, entidades hoy resolutivas que se convierten en asesoras dejando la determinación en la autoridad política que cambia cada cuatro años. Lo que se complica con el hecho, señalado en El Mercurio del 12 de octubre, de la ausencia de la Ministra de Cultura durante todo su mandato, de las sesiones de consejos sectoriales que, por ley, preside.

En el sector de la investigación de políticas públicas, llama la atención la escasa mención a los estudios respecto de la cultura que el actual proyecto en borrador tiene entre sus prioridades.

El mundo del folclor se comenta la invisibilidad del mismo en la nueva propuesta. 
Lo que se suma a la sorpresa de los gestores culturales que son parte de la Ley que creo el Consejo Nacional de la Cultura, desde su Directorio Nacional, en el que de entre ellos -más creadores y patrimonialistas- deben surgir representantes de la sociedad civil y de las universidades públicas y privadas. En el Borrador desaparecen completamente.

Comentarios como éstos, más otros, debieran ser escuchados por la autoridad en una Jornada Temática que realizará, el 20 de octubre, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y en Foros Ciudadanos Sectoriales, que ha convocado el Consejo Nacional de la Cultura a partir del 27 de octubre. Es posible que sigan los dardos locales y tal vez, nuevos argumentos, desde Europa.

Lo curioso es que a través de una participación intensa de la sociedad civil, se discute un Borrador que propone reducir drásticamente esa misma participación. Por ello, quizás se cumpla el presagio del diario la Tercera, del 13 de octubre:

“Las consultas ciudadanas podrían dar un giro al esquema que hasta ahora ha propuesto la ministra”.

08 octubre 2014

¿QUÉ SIGNIFICA EL MAYOR PRESUPUESTO PARA CULTURA?


Se ha anunciado el proyecto de ley de presupuesto para 2015 y con él la idea de que el dinero para la cultura ha tenido un fuerte aumento. Las cifras son innegables: hay contemplados 21 mil millones de pesos adicionales respecto del año en curso, se sube de 80 a 101 mil millones, sumando sólo el Consejo Nacional de la Cultura y los fondos concursables. Sin dudas, es más plata, la pregunta es cómo ello se traducirá en mejor y más cultura para los chilenos. 

Una primera mirada parece sugerir que uno de los principales ejes que sustentan el modelo de desarrollo cultural del país, los fondos públicos asignados por pares, pierde terreno respecto de los recursos asignados directamente por la autoridad. Mientras en 2006, fecha del primer estudio al respecto, estos ultimos recibían sólo un tercio más que los fondos concursables, el 2015 recibirán dos coma tres veces más de lo que recibirán dichos fondos. Podría pensarse que asistimos a una especie de frenazo al aumento sostenido que habían evidenciado los fondos desde su creación y que cada vez es mayor la cantidad de dinero que se asigna directamente por el gobierno, sin pasar por los consejos en que participa la sociedad civil.

Desde 2006 a la fecha, el presupuesto de cultura, considerando sus cuatro principales componentes -Consejo Nacional de la Cultura, Fondos concursables, más DIBAM y Bibliotecas Públicas-, se ha más que triplicado. En términos porcentuales, la importancia de cada uno de estos componentes se ha modificado de la siguiente manera: el Consejo Nacional de la Cultura ha subido su participación de un tercio a casi la mitad; la DIBAM ha bajado de un tercio al 28%; los fondos han bajado de poco mas de un cuarto -26%- a un quinto (20%). Las Bibliotecas Públicas descendieron del 6 al 3%.
Para 2015, los recursos asignados con participación de la sociedad civil, suben un 11% (de 27,4 a 30,4 mil millones), tres mil millones de pesos más para el Fondart y los fondos sectoriales del libro y lectura, música y audiovisual. Lo que no parece estar en sintonía con el natural aumento de las postulaciones a los mismos que satisfacen aproximadamente sólo un diez por ciento de lo solicitado por artistas, gestores, profesores y otros profesionales.
¿Dónde está entonces el gran crecimiento?

El presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura crece en 18 mil millones de pesos, un 35% respecto del 2014. Considera gastos en personal y las transferencias al sector privado y a otras entidades públicas, según lo determinado en la ley. Es decir, aquello que se transfiere sin pasar por el Directorio Nacional del Consejo, incluyendo los programas asignados "por resolución del Consejo Nacional de la Cultura", que son aquellos en que se refleja la voluntad del gobierno.

Tienen un crecimiento cercano al 10%: el Teatro Municipal, el Centro Cultural Palacio de La Moneda, la Fundación Teatro a Mil y la DIRAC del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Un crecimiento superior tienen el GAM (de 2 a 2,5 mil millones), Balmaceda Doce Quince (de 214 a 871 millones) y Matucana 100 (de 214 a 566 millones), instituciones que sufrieron grave deterioro de sus ingresos en el gobierno anterior. En el caso del GAM, considera dineros para el rediseño de una sala que debió construirse con un plan arquitectónico que se desactualizó debido a la postergación del proyecto.
Aumentos cercanos al 15% benefician a programas del área socio cultural de la Presidencia, como la Fundación Artesanías de Chile o las Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile; crecen más que el promedio también el Parque Cultural de Valparaíso; el Fomento al Arte en la Educación, y el Fondo del patrimonio (que sube de 1,5 a 2,5 mil millones).
Entre quienes decrecen se encuentra la Red Cultura (de 4,2 a 3,5 mil millones) y los programas de construcción de Centros Culturales y de Teatros Regionales; surge a cambio un nuevo programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada, dotado de mil millones de pesos, que incorpora la posibilidad de que el estado financie espacios de particulares.
Las novedades de este presupuesto 2015 son el programa de Centros de creación y desarrollo artístico para niños y jóvenes, una de las medidas del Plan de Gobierno, que dispondría de 2.4 mil millones para su funcionamiento;  el Sistema nacional de patrimonio material e inmaterial (mil millones) para promover el desarrollo sustentable; el Programa de intermediación cultural (2,1 mil millones) destinado a fortalecer la asociatividad de la red de entidades culturales, y el Programa nacional de desarrollo artístico de la educación (1,2 mil millones) para contribuir a través del arte a la calidad de la educación.
En síntesis, se puede deducir cuatro características del nuevo proyecto de presupuesto:
1. Se acentúa la tendencia de achicar, proporcionalmente, los fondos concursables, que son una eficaz manera de incorporar a la sociedad civil al desarrollo cultural, en una doble condición, como postulantes a recursos y como asignadores de los mismos.
2. Se repara el daño causado por restricciones derivadas del gobierno de Sebastián Piñera, que redujo a la mitad los fondos asignados a Balmaceda Doce Quince y Matucana Cien, durante 4 años, y se financia un rediseño de arquitectura de la gran sala del GAM debido a los gastos que dicha obra sufrió ante el retiro de la "prioridad presidencial" por parte del gobierno anterior. Con un aumento total de mil millones para estos tres centros culturales.
3. Se mantiene, con reajustes, lo aportado a entes culturales de impacto nacional como el Teatro Municipal o el CCPLM, internacional, como la DIRAC o aquellos dependientes del MINEDUC, como la DIBAM que sube de 37,5 a 41 mil millones de pesos y las Bibliotecas Públicas (de 4,4 a 4,7 mil millones).
4. Hay un esfuerzo por aumentar la presencia gubernamental en la cultura, en dos sentidos: crecer hacia las áreas que tradicionalmente ha llevado el Ministerio de Educación como patrimonio y educación artística y se crean nuevos programas vinculados a el plan de gobierno de Michelle Bachelet (por 6,7 mil millones), lo que se ve complementado por una leve reducción de dinero a programas asociados al gobierno anterior.

Por tanto, la respuesta a la pregunta inicial es que se trata de un presupuesto reparador por una parte, de adaptación a los nuevos tiempos políticos por otra, de mantención en lo principal y que genera preocupación respecto del valor que las autoridades otorgan a la participación de la sociedad civil en la asignación de recursos públicos en cultura, lo que al menos para las artes, es esencial.

06 octubre 2014

FERNANDO ROSAS, MUCHO MAS QUE UNA BATUTA



Tal vez no es casualidad que, desde 2013, la sala dónde funciona el Departamento de Desarrollo y Comunicaciones del Centro Cultural Estación Mapocho lleve por nombre Fernando Rosas, fallecido el 5 de octubre de 2007. Es que quisimos rendir homenaje al amigo, vecino, colega gestor cultural y director de orquesta que solía visitarnos al mediodía para -entre otras cosas- almorzar, contar sus cuitas y terminar soñando un nuevo proyecto. Hoy, su figura tiene réquiem, su herencia es una sólida fundación de orquestas infantiles y juveniles y es objeto de merecidos homenajes.

Fernando tuvo mucho que ver con mi vocación... de periodista (como músico habría perdido el tiempo). Fue el primer entrevistado, cuando ejercía como reportero del diario mural El Independiente, publicado en el patio central del colegio de los Sagrados Corazones de Viña del Mar, del que ambos fuimos alumnos. Nos conocimos con ocasión del Festival del Cantar Juvenil, él como Jurado, arrastrado hasta una sala de clases que oficiaba como redacción y dónde carraspeaba una pequeña grabadora Geloso que había sustraído bajo préstamo forzado a mi padre. De la gentil disposición a atender a estos "periodistas de cuarto año de humanidades" sólo pude encontrar una crítica (tarea que se autoasignaba El Independiente): su voz de Pepepato, ese personaje del humorista Firulete que se reía del hablar engolado de los pitucos de entonces. Lo demás, una clase de música popular y sobre todo, de estímulos a este festival juvenil que se alzaba a la sombra del naciente Festival de Viña. De Fernando aprendí que su corazón era generoso y que estaba dispuesto a todo cuando de jóvenes se trataba.
Nos reencontramos al caer la dictadura, en los pasillos del Ministerio de Educación, donde oficiaba desde hacía un tiempo como director de la Orquesta de Cámara, elenco que junto al Ballet Folclórico Nacional y el Teatro Itinerante -que ensayaba en la vecina sala Camilo Henríquez, encabezado por René Silva- constituían el departamento de Extensión Cultural de dicho ministerio, situado en el tercer piso del edificio y gobernado, ya en democracia, por la socióloga Ana María De Andraca. Supo mantener viva la orquesta mientras que el ballet sufrió una importante escisión, que dio nacimiento al Ballet Folclórico de Chile (BAFOCHI) en 1987; el Teatro desapareció en 1991. 
Pero, su principal ocupación en el edificio de Alameda 1371 estaba varios pisos más arriba, en el séptimo, donde está el gabinete del Ministro. Allí, Ricardo Lagos escuchaba sus sueños respecto de la creación de orquestas juveniles e infantiles, muy bien acompañado por su esposa, Luisa Durán. Varios viajes a Caracas, reuniones con el maestro José Antonio Abreu, Ministro de la Cultura, Vicepresidente y Director del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) de Venezuela, entre 1989 y 1995. Siempre inspirado en el señero ejemplo del maestro serenense Jorge Peña Hen, asesinado por la Caravana de la muerte, en 1973.
Cuando Lagos accedió a la Presidencia, tuvo buen cuidado de asegurar la cercanía del proyecto con La Moneda, depositando su dependencia en el gabinete de la Primera Dama. No pudo tener Fernando una mejor madrina. El proyecto devino en fundación el 2001 y aseguró financiamiento vía presupuesto nacional. Encontró sede en la antigua Casa Amarilla que fuera residencia del jefe de Estación de Mapocho y se desparramó por Chile.
Incansable, Fernando tenía otro amor: la Fundación Beethoven. Recurrió por él también ante el Presidente Lagos. Lo que motivó, en vísperas de semana santa de 2000, un sereno llamado presidencial: -Arturo, ¿pueden ustedes hacerse cargo de administrar el Teatro Oriente? -Lo voy a estudiar Presidente. -Ya, entonces el lunes me contestas. La curiosa tarea que culminó un domingo de Resurrección, arrojó una fórmula que permitió que, desde ese año, la Fundación Beethoven pudiese presentar allí su temporada y asegurar que durante tres años el recinto tuviese números azules en su operación.
Con tanto ajetreo, no debí sorprenderme que, deambulando por los cerros porteños descubriera que Fernando era hijo de don Lautaro Rosas Andrade, alcalde de Valparaíso entre 1928 y 1930 quién fundó el museo naval, construyó el estadio Playa Ancha (hoy Elías Figueroa) y adquirió el edificio del municipio local. Fernando nunca me había mencionado tan potente antecesor, tampoco al parecer muy detalladamente a su hija Magdalena, primera directora regional del Consejo Nacional de la Cultura  en Aysén y actual gestora del la orquesta de Marga Marga, quien se fascinó con las revelaciones sobre su abuelo, llegando a publicar un libro al respecto.
Los sueños de Fernando tenían sus ángeles guardianes, varios de ellos, lo acompañan desde sus aventuras viñamarinas como la creación del colegio Patmos. Uno de ellos, Ernesto Rodríguez, me confesó cuando en alguna oportunidad quería abandonar, por inviable, otra de sus aspiraciones: -A Fernando no hay que juzgarlo, sólo hay que quererlo.
Gran lección. Así no más es, Maestro.

01 octubre 2014

LEYES SECTORIALES, LA LEGISLACIÓN QUE FALTA



Mientras más se adentra el Consejo Nacional de la Cultura en la consulta indígena, queda la impresión que con la misma fuerza se escapa aquella meta de tener -ya no en los cien primeros días, tampoco en los cien segundos- presentada una indicación sustitutiva del proyecto de Ministerio de Cultura. Sin embargo, la Ministra Barattini parece estar tranquila y segura en que está haciendo lo correcto. Pero el atraso del Ministerio no debiera impedir, sino estimular, la presentación de proyectos de leyes sectoriales que alivien este incumplimiento que parece ir por el camino lento, pero sabio, de escuchar. Entre ellas, la delantera parecen llevarla las artes escénicas y el libro aunque no deben olvidarse aquella del CMN y los premios y estímulos. Sin descartar que aparezcan otras, en este "río revuelto", como una ley sobre artesanías.


Los premios y estímulos claman por orden y coordinación. Ya no sólo los premios nacionales que definitivamente entraron en crisis con el reciente otorgamiento del Premio de Literatura que causó poco impacto en la prensa y menos en librerías. Costaba encontrar a los postulantes en vitrinas y escaparates destacados. Sólo quedó en la retina las andanadas de puyas -redes sociales mediante- contra quién merecidamente ganó, en buena lid, dentro de la legislación vigente. Considerar realidades nuevas como la existencia del Consejo Nacional de la Cultura, las universidades públicas y privadas creadas después de la ley original, nuevas disciplinas que exigen ser reconocidas y recompensadas, el hecho de que también los postulantes viven más que antaño y por ende se acumulan más meritorios aspirantes que aconsejarían volver a la anualidad, son situaciones que en este máximo premio deben considerarse. Una puesta al día de jurados, disciplinas y plazos. Junto con revisar la vergonzosa situación de tener que esgrimir postulaciones de intelectuales que debieran ser más que conocidos por un jurado de notables.

Otros galardones también requieren ordenarse. El Consejo del Libro y la Lectura entrega los premios literarios más sustanciosos de la plaza que alcanzan un impacto muy por debajo de los estímulos que crean empresas o periódicos, peor dotados económicamente.

En los premios Altazor se da la curiosa situación que quienes lo organizan parecen querer deshacerse de su criatura. Como concepto, es una especie de academia hollywoodense en la que los pares premian a sus mejores, lo que debiera recibir un aporte estatal que asegure su permanencia. No parece ser papel de una sociedad de derechos de autor, con intereses corporativos muy definidos, organizar premiaciones a un alcance y costo que la excede.

Las ordenes al mérito, también requieren una mirada. La más prestigiosa y antigua es la Orden Gabriela Mistral, que otorga el Ministerio de Educación, por un trabajo de excelencia en docencia y cultura -como Gabriela- en tres diferentes grados. El primer directorio del Consejo Nacional de la Cultura creó en 2004 la Orden al Mérito Pablo Neruda, que sigilosamente fue transitando desde su órgano colegiado al Ministro Presidente -buena metáfora de los tiempos- y quizás debiera volver a recuperar su espíritu original toda vez que ese Directorio fue el primer órgano de la República que considera a un galardonado por el Premio Nacional entre sus integrantes.

El teatro y las artes escénicas también requieren de una legislación, pendiente desde que se privilegió a las artes que constituyen industria (música, literatura, artes visuales) con el objetivo de introducir el factor sociedad civil en la asignación de recursos públicos a esas disciplinas que deben emergen en una situación de mercado compleja por decir lo menos, ante la formidable industria competitiva de la entretención y los medios masivos.

El teatro, en especial aquel que no es bendecido por la varita mágica de los festivales o la TV para ciertos rostros, requiere de apoyos públicos que complementen a los fondos concursables y legislación que sustente la difícil vejez de quienes desgastan una vida en los escenarios. También se ha escuchado a la autoridad actual ofrecimientos de apoyos económicos permanentes a salas de artes escénicas. En la actualidad, organizaciones de la sociedad civil, avanzan en un ante proyecto al respecto.

Más adelantados están las modificaciones a ley del libro y la lectura que ha encabezado el Consejo Nacional de la Cultura a través del consejo respectivo. Lo que se busca es también actualizar una legislación de diez años para un sector que ha visto aparecer novedades como el libro electrónico, la centralidad de las bibliotecas reforzadas por sólidas web como, por ejemplo, Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional, o la dramática reducción del número de las editoriales internacionales. Es muy posible que nuevamente el sector de la lectura y el libro -en este nuevo orden- ocupe el primer lugar de la renovación de nuestra legislación cultural.

Ello, sin desconsiderar que la Ley de Monumentos Nacionales vigente merecería se declarada tal y rápidamente actualizada. Hay propuestas surgidas de organizaciones de barrios patrimoniales y otras organizaciones sociales.

Estas u otras iniciativas legales contribuirían además a aligerar la sequía legislativa en materia cultural que afecta a la Comisión respectiva en loa Cámara de Diputados. También en este caso, una lluvia de proyectos, sea de iniciativa gubernamental o parlamentaria, sería muy bienvenida.

Es notorio, eso si, que casi todas estas iniciativas están vinculadas a movimientos sociales que las impulsan. Excepto aquella de los premios, espacio donde los ya galardonados debieran tener poco interés por cambiar la situación y los eventuales ganadores futuros, un cierto pudor ...

Una gran oportunidad para los legisladores.