30 abril 2018

LA TRAZABILIDAD DE NUESTRA POLITICA CULTURAL



En el reciente seminario, cuya exposición dejé en mi comentario anterior, surgió de la sala una interesante pregunta sobre la trazabilidad de una política cultural. Se trata de "la propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón de estar relacionado a referencias establecidas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena continua de comparaciones, todas ellas con magnitudes de influencia establecidas". Viene de trazar: "seguir, descubrir o establecer el curso del desarrollo de algo". Ello motivó una reflexión tras la ronda de preguntas.


Si queremos establecer el curso del desarrollo de nuestras políticas culturales, inevitablemente debemos remontarnos al siglo que pasó. Porque las raíces más evidentes están en lo más profundo y oscuro de la dictadura. Fue allí donde se gestó el quiebre con el paradigma anterior: el de las políticas basadas en el modelo francés... el Estado fuerte que asignaba los recursos para edificar museos, financiar artistas o democratizar la cultura. La práctica dictatorial no sólo dejó de hacerlo sino que alertó a la sociedad toda de que en cualquier momento el Estado podía ser recapturado por los enemigos de la cultura y volver a fojas cero lo alcanzado hasta comienzos de los setentas.


La solución a ese aterrador riesgo fue incorporar otro actor en la asignación de los recursos públicos. Si bien el estado debía seguir proporcionando fondos, eran otros quienes determinaban a quienes iban tales dineros: los consejos de las artes -mucho más británicos que galos-, constituído por pares de los beneficiarios que evalúan colectivamente los méritos de los postulantes.

A partir de ese quiebre conceptual: a contar de 1990, con el retorno a la democracia, serían ciudadanos, tan meritorios como los postulantes, quienes definirían el destino de las platas públicas.

Por tanto -y aquí es posible seguir la trazabilidad de esa nueva concepción- todas las organizaciones culturales creadas bajo la democracia reconquistada tendrían ese componente plural: la Corporación Cultural de la Estación Mapocho; el Comité de Donaciones Culturales; el Consejo Nacional del Libro y la Lectura; el Fondart e incluso las comisiones que estudiarían técnicamente la eventual nueva institucionalidad.

Es así como a esos organismos se van integrando actores hasta ahora ajenos al mundo cultural: empresarios; parlamentarios; los novísimos gestores culturales; bibliotecarios y profesores; rectores universitarios, Premios Nacionales y abogados destacados.

Todo ello culminó, a inicios del siglo XXI, con la creación, por Ley de la República, del organismo máximo que regirá las artes y la cultura: un Consejo Nacional de ocho integrantes representativos de la sociedad civil, dos representantes de ministerios relacionados (Educación y Relaciones Exteriores) y un Presidente con rango de Ministro, aunque sin sueldo ni atribuciones de tal.

Había solo un pequeño detalle. No fue posible incorporar a esta lógica a las organizaciones -tradicionales y con una inercia institucional centralista muy desarrollada- dedicadas al patrimonio. Está bien que ciudadanos asignen dineros públicos para la artes, pero no que dispongan de los bienes patrimoniales del estado... ¿Y si los venden?

Esa proverbial desconfianza hacia la participación caló hondo en dirigentes de la DIBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales, de diferentes signos políticos, lo que impidió que el Consejo Nacional de Cultura y las Artes tuviera una vida tranquila.

Fue así como el costo para mantener esta trazabilidad de consejos -ya imposibles de desmontar- fue constituir una figura de Ministerio aunque no tradicional. Un Ministerio que dejaba a patrimonio y las artes bajo un mismo paraguas pero que conserva todos los consejos que asignan fondos y perfecciona -ampliándolo- el Consejo Nacional ubicado a una costado del -ahora sí en propiedad- Ministro de las Culturas (para reafirmar aún más que se trata de una autoridad no tradicional).

De este modo, se conserva la profunda voluntad inicial y se comienza un desafío mayor: adaptar la añosa DIBAM a un Servicio Nacional del Patrimonio descentralizado, con direcciones en cada región y subordinado en ellas a los respectivos consejos regionales de las cultural, las artes y el patrimonio.

Es por ello que la inicialmente atemorizadora figura del Ministerio logró apoyo de todos los sectores comprometidos con la trazabilidad participativa pues comprobaron que más que un retroceso autoritario lo que hay es una forma -la única que parece permitir nuestra estructura administrativa presidencialista- de acercar a esa impronta que vino para quedarse a los servicios que no se incorporaron oportunamente al proceso modernizador que siguió a la dictadura.

Queda pendiente la Ley que actualice el Consejo de Monumentos, para completar este cambio de timón de nuestras políticas culturales que, de verdad, surgió de la mano del retorno a la democracia.

26 abril 2018

LUCES, SOMBRAS Y PERSPECTIVAS DEL MINISTERIO



El seminario Gobernar la Cultura: Reflexiones sobre la Política Cultural en Chile a la luz de la creación el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, realizado en la hermosa Aula Magna de la USACH, el 25 de abril de 2018, me permitió dar a conocer la ponencia: De Consejo a Ministerio: luces, sombras y perspectivas, que a continuación desarrollo.



Seis luces del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:

· Lo más valioso es su carácter participativo, surgido de lo más profundo del mundo de la cultura y con varias instancias de debate: Comisión Garretón; Encuentro de Legislación Cultural, y Comisión Ivelic.

· Pudo establecer una institucionalidad concursables sólida, flexible y respetada. Creciente en recursos y áreas a cubrir.

· Pudo desarrollar Convenciones Nacionales que culminaron en Políticas Culturales sectoriales y nacionales en a lo menos tres tramos y hasta 2022.

· Consolidó consejos sectoriales en tres áreas.

· Demostró la factibilidad del trabajo de consejos y de la asignación colectiva de las platas públicas. Un camino que es imposible de retroceder, menos en las actuales circunstancias de transparencia y probidad.

· Desarrolló un aparato de estudios capaz de diagnosticar cualitativa y cuantitativamente la realidad del sector, pero sin tiempos para instalarlo en la cultura institucional.


Cinco sombras del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:

· La imposibilidad de incorporar las instancias del patrimonio. Se resolvió –mal- por la vía de la coordinación.

· Escasa capacidad de comunicar lo realizado tanto en políticas como institución

· Desarrollo de una burocracia con duplicidades evidentes con la DIBAM y algunas entre Santiago y Valparaíso.

· Incapacidad de hacer funcionar los comités consultivos a niveles nacional y regional.

· Desarrollo del sector de patrimonio inmaterial y fondos del patrimonio sin coordinación alguna con DIBAM


Cinco aspectos que pudo abordar la reforma Ministerial:

· Resolver el nudo de competencias y duplicidades entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Dibam. De una manera altamente burocrática y costosa.

· Resolver cuestiones largamente anheladas como los Jurados de los Premios Nacionales de artes.

· Mantener los principios de concursabilidad por los recursos públicos y consejos sectoriales como forma de abordar las diferentes áreas.

· Establecer un Ministerio con todas las de la ley y no dependiente de otro para algunas materias, viajes, viáticos, leyes, etc.

· Establecer la presencia de pueblos indígenas, migrantes, barrios patrimoniales en las instancias participativas.



Cuatro aspectos que no abordó la reforma Ministerial:

· Mantener el principio de políticas vinculantes. Se buscó una fórmula en la medida de lo posible que aparece compleja dada la forma en que se aprobó el Ministerio, en medo de un cambio de gobierno y haciendo primar los plazos políticos por sobre los plazos reales.

· La modificación de la ley de monumentos nacionales.

· El consejo nacional de artes escénicas.

· El consejo nacional de gestión e infraestructura.


Visión de futuro: lo que se espera del Ministerio y aquello que le tocará mejorar más adelante.

· Primero, echar a andar este aparato. Esto está compuesto por tres culturas organizacionales muy distintas, por lo que se va a requerir de algún tiempo para que tenga la fluidez que necesita para ejecutar bien aquello que el Ministerio se propone. Se prevén sucesivas guerrillas funcionarias (como la ocurrida a propósito de Comunicaciones).

· Segundo, ingresar al Congreso, lo más rápido posible, la nueva Ley del Patrimonio. Actualmente, tenemos una ley del Consejo de Monumentos Nacionales que es del año 75 que se ha ido parchando y que requiere ser modificada.

· Llenar de contenidos a las infraestructuras construidas en los últimos 4 gobiernos, tanto a nivel local, como regional y nacional. Par ello, urge un intercambio de muestras y gestiones.

· Ello se podría realizar a través de un Consejo nacional de la gestión y la Infraestructura, que incluso puede comenzar a operar de hecho mientras se aprueba la ley correspondiente, bajo la coordinación de la Ministra.

·  Es necesario poder comprometer fondos públicos a largo plazo, más allá de un año como es ahora. Es decir, perfeccionar la concursabilidad como en Australia y en el Reino Unido donde existen instituciones regularmente financiadas que responden a un plan con un plazo de al menos cinco años y a las cuales las acompaña el ministerio para establecer metas comunes de audiencia, de calidad de la programación.


Dos riesgos del Ministerio:

· El "reformismo", esto plantear de inmediato y sin aplicar la nueva ley, una reforma de lo recién realizado.

· La "encuestitis": ponderar excesivamente los resultados de la Encuesta de participación cultural 2017, que son negativos, sin pensar que son solo la base para un nuevo inicio de aplicación de las políticas aprobadas. Esto es mirar las cifras como un rating, sin considerar aspectos centrales como la participación (por sobre intereses y consumo).

En síntesis, estamos ante una paradoja:

- Un gobierno de izquierda que rigidiza la estructura (de consejo a Ministerio) que va en sentido contrario a la legislación contemporánea. Y que refuerza la presencia estatal.

- Un gobierno de derecha que debe instalar esa estructura rígida y se encuentra con la necesidad evidente de liberalizar, esto es, abrir compuertas para el ingreso del financiamiento privado y de las audiencias (taquilla) que es indispensable para atraer recursos privados con y sin fines de lucro.


La salida, a mi juicio, es instalar críticamente lo aprobado por ley e ir evaluando sobre la marcha aquellos aspectos que debieran liberalizarse y no demorar la instalación de las instancias participativas a niveles nacional y regionales para conservar la impronta participativa de esta institucionalidad, pues es allí donde está su riqueza.

04 abril 2018

SE CONSOLIDAN CONSEJOS NACIONALES SECTORIALES

Foto Cámara de Diputados Chile


La pantalla de la sala de los Diputados se volvió verde: 139 casilleros aprobaron en primer trámite el Proyecto de Ley de Fomento a las Artes Escénicas. La iniciativa surgió de la Plataforma de Artes Escénicas, que reúne a los gremios del Teatro, la Danza y el Circo, y que incluye a los titiriteros y narradores orales. Es verdad que le falta pasar  por el Senado, pero que haya alcanzado esta suerte de unanimidad en un parlamento que se estrena, es una señal de que lo legislado hasta ahora en materia de consejos sectoriales de las artes se ve -nuevamente- ratificado.


Primero fue el Fomento del Libro y la Lectura, que inauguró, en 1993, esta forma de legislar que crea primero un Fondo con recursos públicos y, luego, un Consejo que lo asigna. Es decir, primero el dinero que el estado esta dispuesto a poner para fomentar un tipo de arte y luego, un grupo de personas representativas del sector, designadas por sus pares, que se ocupan de distribuir esos recursos públicos.

Le siguieron la Música y el Audiovisual, con esquemas similares, pero con un hermano mayor: el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que usó el mismo mecanismo para comenzar a asignar el Fondart que había tenido, desde 1990, una azarosa vida dependiente de las temidas glosas presupuestales anuales.

Fue el 2005 que, por primera vez los Fondos Culturales y Artísticos  por un total de $ 8.284.727 miles de pesos pudieron descansar en los hombros de una Ley de presupuestos. El 93% de esos recursos estaban destinados a ser distribuidos entre los creadores, según cada una de las leyes que creaba los  Consejos sectoriales. Todos ellos debían destinar al menos un 50% a proyectos de regiones diferentes a la metropolitana. La distribución de ese primer presupuesto fue:

  • Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Ley 19.227     $ 1.794.127 
  • Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ley 19.891      $ 3.751.802 
  • Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley 19.928               $  918.000 
  • Fondo de Fomento Audiovisual (entonces aún sin ley)                    $  1.224.000
Desde entonces, los fondos no han hecho sino perfeccionarse en postulación electrónica, crecer en recursos y diversidad de líneas de concursabilidad y ahora, estar cerca de tener un hermano menor, las Artes Escénicas.

La Unión Nacional de Artistas, UNA manifestó su alegría: "Ahora falta el Senado y nuestro país podrá tener por fin una ley que tanto trabajo ha costado y tanto esperan los creadores chilenos".

La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Alejandra Pérez, destacó la transversalidad del apoyo: “Queremos agradecer el apoyo transversal de las bancadas por aprobar este proyecto que busca dotar de más recursos y reconocimiento para los artistas escénicos. Esto da cuenta de una forma muy positiva de trabajar de manera participativa en políticas de Estado, desde el sector cultura. El gran paraguas de su funcionamiento será nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, institucionalidad que busca garantizar el acceso y la participación en las diversas manifestaciones culturales que se producen en todas las regiones de nuestro país”.

El objetivo de este proyecto es apoyar, promover, estimular y difundir la labor de dramaturgos, artistas, investigadores, productores y otros agentes de las artes escénicas, con una mirada puesta en la protección, identificación, formación, mediación, resguardo patrimonial y mejoramiento de la infraestructura cultural en sus diversas manifestaciones.

Como sus antecesores, considera la creación del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, para crear nuevos apoyos y financiamientos que permitan democratizar el acceso a los recursos por parte de los creadores escénicos.

Se crea -obvio- un Consejo Nacional de Artes Escénicas compuesto por representantes del sector, que asesorará al Subsecretario de las Culturas y las Artes en la definición de la Política Nacional de Desarrollo de las Artes Escénicas, junto con apoyar programas, medidas y acciones que estimulen la creación, la promoción, investigación, difusión y educación de nuestro patrimonio escénico, para acortar las brechas de desigualdad en el acceso a la Cultura.


Otro aspecto será la creación del “Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República”, reconocimiento que galardonará anualmente a los artistas por su excelencia, creatividad, destacada labor y aporte al repertorio de las artes escénicas nacionales.

Es de esperar que el Senado de la República apruebe la iniciativa y podamos contar con cuatro Consejos sectoriales y que el más reciente logre el efecto esperado, aumentar la participación cultural de los ciudadanos.

No es casualidad que sean precisamente el Cine, la Música y el Libro quienes resultan mejor posesionados en la Encuesta 2017 de Participación Cultural.

A paso firme, las artes parecen haber encontrado la manera de acceder a legislaciones beneficiosas, participativas y eficaces.

Ya se escuchan voces de que la Infrestructura y la Gestión podrían transitar por la misma senda.