El recorte del Presupuesto 2019 a centros culturales y museos, que tienen en común el ser privados sin fines de lucro, ha inaugurado un provechoso debate sobre los equilibrios dentro del sector, partiendo del supuesto que debieran emparejarse los recursos públicos destinados al patrimonio, con aquellos destinados quienes hasta ahora los recibían por la vía del CNCA. Equivocado supuesto pues, entre los afectados, también hay museos que prestan un destacado servicio público. Por tanto, lo que está realmente en juego es cómo aumentar los recursos a aquellos organismos que anteriormente dependían de la DIBAM y del CMN.
Durante la existencia del CNCA, se constató que tales entidades tenían severos reparos a incorporarse a la nueva institucionalidad, a desarrollar una gestión eficiente -hubo notorios robos de especies patrimoniales- y a recibir aportes privados, vía fundaciones de amigos. De hecho, algunos intentos al respecto de la ex directora de DIBAM, Clara Budnik, fueron más tarde desechados. El subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, reconoce, en El Mercurio del 29 de octubre, que tales entidades están precarizadas. Es cierto, pero ello no se debe a la institucionalidad cultural, sino al ministerio de Educación, de quién dependían.
La creación del ministerio de las Culturas debería tender a equilibrar ambos sectores, pero ello no puede aplicarse de manera automática pues se llega al sinsentido de querer financiar museos nacionales a costa de otros museos, como es el caso del Precolombino o el Violeta Parra. Así se pone por delante la condición jurídica de su gestión -corporaciones privadas sin fines de lucro- por sobre su misión principal: ser museos.
¿Será que los museos nacionales tienen carencias de gestión debido a la existencia de centros culturales, como Matucana 100, o debido a su propia actividad?
¿Será que los museos regionales han visto opacada su labor por la existencia de sedes locales de Balmaceda arte joven, del teatro regional del Biobío, o de las giras de compañías organizadas por Teatro a mil?
Sería absurdo pensarlo, por tanto, no se trata sólo de otorgar más -necesarios- recursos sino de evaluar aquellos a quienes se incrementan recursos de todos los chilenos, como también a quienes se les restaría.
Eso es una política cultural coherente con lo legislado hasta ahora.
Como ocurrió con momentos de participación acontecidos hasta la fecha, convocados por el parlamento; el gobierno, o auto citados por el propio mundo cultural, ha llegado el tiempo de una gran conversación que, junto con celebrar el esperado matrimonio entre artes y patrimonio, se fijen las reglas de convivencia futura y se exponga, conjuntamente, al gobierno cuántos y cuáles serán las prioridades del imprescindible financiamiento público a la cultura y el patrimonio.
Sin dejar de lado el principio base unánimemente aceptado, en varias legislaciones, que un país como Chile -con tantas prioridades y necesidades- ha optado, en cultura, por un financiamiento mixto que considera aportes públicos y privados; de empresas e individuos que contribuyen, con el pago de su entrada, a los espacios culturales existentes: teatros, museos, centros culturales.
El teórico brasileño Teixeira Coelho señala que "estamos es una época donde la política cultural se hace con la sociedad civil o no se hace. La gente está harta de la intervención del Estado, del dirigismo y las decisiones que se toman en forma vertical. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado en materia cultural? Tiene que preparar la situación para que la cultura se haga, pero no tiene la obligación de decir qué es lo que se va a hacer. Es decir, no puede intervenir en los contenidos culturales. Ya se acabó el tiempo en que el Estado decía ‘hay que hacer cultura popular o nacional’. Ahora tiene que preocuparse de la infraestructura para que la cultura se desarrolle”.
Infraestructura, gestión, fondos públicos concursables y audiencias culturales son claves que sustentan el camino que Chile ha escogido para su desarrollo cultural. Se trata de un modelo con una especificidad y énfasis propios de una sociedad pequeña que ha mostrado una dignidad política que ha traído confianza y transparencia a sus instituciones.
La realidad económica nos ha impedido abrazar un modelo de fuerte participación pública en el financiamiento cultural. Y nos ha llevado a mirar con interés hacia un modelo como el australiano -que ha citado el diputado Luciano Cruz Coke en columna reciente en El Mercurio-, que ha adaptado el modelo de estado Patrocinador a la realidad del sur del mundo, con fondos concursables asignados por pares y también con aportes, con años de permanencia, a instituciones calificadas y evaluadas después de un número de años.
Mientras llegamos a ello, en Chile hemos alcanzado un equilibrio que por una parte ha desplegado una importante capacidad de gestión cultural tanto en el sector público como en el privado y hemos podido construir una institucionalidad acompañada por sólidas corporaciones y fundaciones que complementan la acción estatal en arte, cultura y patrimonio.
Falta incorporar a las instancias del patrimonio hasta ahora no consideradas, preservando para todos los chilenos, la propiedad de los bienes patrimoniales, sin posibilidad de modificarla. De allí la creación de un ministerio.
¿Se trata de tener museos gratuitos o de tener buenos museos? Se trata de museos con apoyos permanentes que desarrollen políticas de gestión tales que les permitan discriminar entre quienes pueden pagar por su uso y quienes necesariamente deberán disfrutarlos sin costo.
Estamos en un mundo global y debemos aprovecharlo. No hay recetas estáticas. Una de las ventajas de trabajar en cultura es la capacidad de creación. No la perdamos nunca en vistas a nuestro desarrollo cultural. Pero tampoco lo lograremos con pura creatividad; son necesarios reflexión, estudios, investigación, debates.
Y también más recursos públicos. Obtenidos y distribuidos racionalmente, sin desmerecer a unos para beneficiar a otros. Solo siguiendo el modelo de financiamiento mixto que, hasta ahora, ha tenido buenos resultados.