En su discurso sobre el estado de la Unión -SOTU, en siglas para twitear State Of The Union- el Presidente Barak Obama recordó uno de sus ejemplos favoritos para demostrar la necesidad de reorganizar el aparato de gobierno: “el departamento de Interior se ocupa de los salmones cuando viven en agua dulce, pero es el de Comercio quien lo hace cuando llegan al mar, y no se sabe quién está al cargo cuando ya están ahumados”. Una sensación similar se experimenta en Chile cuando se trata del patrimonio y que ha quedado una vez más en evidencia con el incendio de la Iglesia Matriz de las Hermanas de la Providencia. Y no precisamente por el desconcierto frente a qué hacer con los enseres ahumados.
Un bombero, activo en la extinción del siniestro, recordó por instantes, el incendio de la Compañía. Y es que a todos los chilenos algo nos ocurre cuando se pierde parte del patrimonio que es de todos. Pero a muchos nos surgen dudas respecto de la capacidad de la institucionalidad vigente en este terreno.
¿Quién es responsable del patrimonio nacional? Como en el ejemplo de los salmones, hay varios: primero, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que tiene atribuciones para fijar políticas en este campo, ha dispuesto recursos para la reconstrucción patrimonial post terremoto, premia a patrimonios vivos y lo hace desde una institucionalidad moderna, participativa, que considera, además, a dos de los mayores expertos en patrimonio del país en su Directorio Nacional; la DIBAM que es un servicio público, que data desde 1929, a cargo de las bibliotecas, archivos y museos, es decir, del patrimonio cultural de todos los chilenos y el Consejo de Monumentos Nacionales, que es responsable de las declaraciones como monumentos o sitios típicos a aquellos bienes no fiscales que lo ameritan.
Los dos últimos dependen del Ministerio de Educación. El primero, tiene una cabeza con rango de ministro que no ha logrado hacerse cargo de la gestión patrimonial a pesar de existir una ley que lo determina y que exige, desde 2004, un reglamento que establezca sus relaciones con la DIBAM, aún no promulgado. Las razones son, como los salmones, diferentes autoridades –de aguas dulces y saladas- que han perseverado en nadar contra la corriente de la modernización del aparato de gobierno.
Hasta que acontece una tragedia, como la señalada, y aparecen los encargados de mitigarla: “Si mañana –dice el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Cristóbal Goñi - una emergencia afecta a la Biblioteca Nacional, hemos establecido procedimientos reactivos destinados a enfrentarla, sabemos exactamente dónde está cada grifo, cada conexión a una red seca o acceso, pero no sabemos qué lugar o que contenido debemos proteger. Es importante que cada institución desarrolle planes de prevención y contingencia que den paso a una adecuada coordinación con bomberos”.
El Consejo de Monumentos Nacionales, por su parte, reconoció que la creación de un protocolo para cada inmueble "Es un tema que no está abordado”. Es decir, los responsables de los bienes de todos los chilenos no se han hecho cargo de determinar e informar a eventuales rescatistas cuales deben ser las prioridades ante una tragedia. En Chile, un país de terremotos e… incendios.
Doble falta: primero una dispersión de servicios responsables del patrimonio y luego un grave incumplimiento de quienes son contratados para preservarlo.
El Cuerpo de Bomberos señala –como es su misión- que “priorizó el rescate de personas. No tenemos como prioridad el rescate de enseres u objetos de valor, porque se nos iría de las manos el incendio". A la vez, agrega que “sería imposible tener un protocolo para cada tipo de edificio patrimonial”. Su recomendación es que cada una cree su propio plan de contingencia de rescate, donde se haga un catastro de los objetos de valor y la forma en que podrían ser evacuados en caso de emergencia.
Es decir, rasgos elementales cuando se está a cargo de edificios que pertenecen a todos. Es esta inyección urgente de capacidad de gestión lo que necesitan nuestros museos y bibliotecas. Pero no sólo aquellos que pertenecen al sector público. Otros casos, de propietarios heterogéneos, demuestran que tampoco éstos se ocupan de proteger sus bienes patrimoniales, como ocurre con el Palacio Baburizza de Valparaíso en que su propietario, el Municipio local no se ha podido hacer cargo de su establecimiento pero tampoco ha buscado los socios necesarios para ocuparse de ello ni ha instalado la capacidad de gestión que pueda salir a hacerlo. Lo mismo afecta dramáticamente a los patrimonios pertenecientes a la iglesia católica que suelen sobrevivir sin mantención y esperando que un milagro los salve de terremotos e incendios. Algo similar amenaza al Parque Cultural de Valparaíso, en plena obra pero aún sin un ente gestor que lo gobierne. Lo que si ocurrió con el recientemente inaugurado GAM que poseía un gobierno colectivo, plural y participativo, antes de estar en condiciones de operar.
Es posible que signos favorables como la reacción ciudadana ante el proyecto de pavimentar parte del Parque Forestal o el reciente Congreso de Barrios Patrimoniales demuestren que la ciudadanía se está haciendo cargo de proteger lo propio.
Ojalá que las autoridades adviertan esta corriente y no sigan nadando en contra.
Como los salmones.