30 octubre 2014

TRES PRUEBAS EN UNA DÉCADA DE POLÍTICAS CULTURALES


El proceso de implementación de políticas culturales en Chile, durante la década 2004/2014, ha sido de gran riqueza. Comienza con la instalación del Consejo Nacional de la Cultura en su sede de Valparaíso, sin duda, un hito en la historia de un país que hasta entonces careció de institucionalidad cultural. Simbólicamente, la década se clausura con la Convocatoria y comienzo de una Consulta Indígena, realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y sus funcionarios. Hecho tan fundacional como el Consejo que se había creado hace diez años. Y que plantea muchas interrogantes. En especial cómo seguirá el proceso de formulación de políticas en la nueva década, incorporando a nuevos actores.

La instalación. Después de quince años de discusiones, finalmente, en enero de 2004 se reunió el primer Directorio del Consejo Nacional de la Cultura, en el Palacio Baburizza. Tres Ministros de Estado dieron solemnidad a la ceremonia, uno de ellos, además de ostentar ese rango era Presidente del Directorio y Jefe del servicio público Consejo Nacional de la Cultura. En esa jornada, cada uno de su integrantes -diez además del Presidente- dieron a conocer sus sueños respecto de la inédita labor como elaboradores de las políticas culturales del Estado de Chile. Ese mismo día comenzaron a operar el resto de las instancia de participación como los consejos regionales y los consultivos nacional y de regiones. Más adelante vendrían las Convenciones Nacionales en las que la totalidad del nuevo servicio y sus consejos sectoriales aprobarían las políticas tan participativamente elaboradas. Cada mes, en el desvencijado Club Alemán de Valparaíso, mientras se terminaba el edificio institucional, el Directorio avanzaba en la aprobación de políticas y la dirección de los concursos que asignaban -a través de pares- los recursos que el estado destinaba a las artes.
La primera prueba. Este proceso duró dos años pues, tal como estaba pensado, el cambio de gobierno de 2006 suponía la designación de un nuevo Ministro y el cambio de dos integrantes del Directorio: los ministros de Relaciones Exteriores y Educación. La nueva administración, encabezada por la Presidenta Bachelet resolvió designar a alguien "de adentro" así fue como el primer cargo de la cultura en el país recayó en la integrante del Directorio Nacional, actriz Paulina Urrutia. Ella conocía bien el funcionamiento de la institución y la transición fue plácida. Desde su primera entrevista de prensa, señaló que ahora la prioridad serían las audiencias. En el entendido que hasta entonces eran los artistas quienes se beneficiaban de la principal preocupación de las políticas públicas. Ya a esas alturas se hacían ver las principales falencias del nuevo órgano: complicaciones derivadas de tener que someter parte de sus acciones al Ministerio de Educación (iniciativas de leyes, permisos para viajar al exterior, presupuesto) y el hecho de que el otro servicio público cultural, la DIBAM, permanecía -desde 1929- en su dependencia tradicional: Educación.
La segunda prueba. El cambio de orientación del gobierno que asumió en 2010, de centroderecha, hizo temer por la continuidad de las políticas de Estado pues su vinculación con la cultura era discreta. El Presidente Sebastián Piñera designó como Ministro a Luciano Cruz Coke, un actor de poca trayectoria en políticas culturales y se asesoró por un puñado de ex militantes de la centro izquierda que dieron un vuelco a sus preferencias, poco antes de las elecciones. El resultado fue un acercamiento a la cultura desde el dinero: se recortó presupuesto a centros culturales (Balmaceda 1215 y Matucana 100 fueron reducidos en un 50%), se suprimió la prioridad presidencial para el GAM, lo que significó paralización de la segunda y tercera etapas de sus obras y se intentó enmarcar su Directorio a las preferencias del nuevo gobierno. En lo legislativo, se inició una discusión sobre la necesidad de un Ministerio de Cultura y Patrimonio, que no estaba  en su programa, pero que originalmente provino desde la DIBAM, que vio la oportunidad de apañar el joven Consejo Nacional de la Cultura, desde su experiencia casi centenaria. El resultado fue que al interior del gobierno se llegó a un proyecto que intentaba mantener el carácter vinculante del Consejo en la nueva estructura ministerial, con el defecto de no haberlo socializado suficientemente en una sociedad civil cada vez más empoderada.  Un cambio de Ministro, al final del mandato, llevó al escritor Roberto Ampuero al gabinete, quién mejoró las relaciones con los parlamentarios y parte relevante del mundo cultural, pero, le faltó tiempo. El resultado fue dejar presentado un proyecto que el futuro gobierno de Michelle Bachelet anunció, ya en campaña, que sustituiría completamente.
La tercera prueba. La incorporación de nuevos actores. La gran razón del cambio anunciado por la Presidenta Bachelet es precisamente incorporar a la nueva institucionalidad a los pueblos indígenas, históricamente marginados y mal tratados por el Estado de Chile. De este modo, la gran tarea que asume en 2014 el Consejo Nacional de la Cultura, es incorporar a nueve pueblos indígenas y las comunidad afrodescendiente a un proceso de entender esa problemática como cultural más que de recuperación de terrenos. Tarea, enorme para un servicio joven, como el Consejo Nacional de la Cultura, que se ha volcado entero a cumplirla, debe convivir con el proceso de participación que se anunció para continuar el debate sobre nuevo Ministerio, otorgando un grado mayor de complejidad e incertidumbre a los resultados. En los recientes días se ha verificado una tendencia de la Ministra Claudia Barattini a adelantar algunas leyes sectoriales mientras se resuelve el entuerto ministerial y se conoce el desenlace de la Consulta Indígena, con la que sin duda, se ha hecho una apuesta mayor. Que puede cambiar de raíz la tendencia seguida desde 2004 a la fecha.


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