Recientes anuncios de cierres de salas de teatro en Santiago, han despertado una - muy necesaria- inquietud en el mundo artístico. Dicha incomodidad parece ir más allá de la mera perdida de espacios y se ha llegado a clamar por una nueva política cultural.
En efecto, si de protestar por pérdida de espacios artísticos escénicos se trata, hace tiempo que debiera haberse incendiado la pradera que circunda al CNCA y a su Presidente, responsables directos de la postergación indefinida de la gran sala de artes escénicas y musicales del GAM; del prolongado cierre por licitación defectuosa del Teatro Oriente; de las turbulencias de la sala principal de Matucana Cien debido al consistente recorte presupuestario público a dicha Corporación; de la demora en aprobación de los fondos regionales del Teatro del Bío Bío, por deficiente negociación con las autoridades de la zona, y alguna otras obras más anunciadas que concretadas.
Por ende, si la solicitud, expresada en reuniones masivas, redes sociales, agrupaciones gremiales y sueltos de prensa apunta a razones más de fondo, es necesario discriminar hacia quien o quienes va dirigida la demanda, a quien se apela.
Año electoral, al fin, es evidente que la apelación escapa meramente a las autoridades vigentes, más aún si consideramos que los últimos dos ministros presidentes del CNCA provienen precisamente del mundo del teatro, son actores.
De lo escuchado, se desprende que existe una apelación a los posibles responsables de las políticas culturales en el gobierno que vendrá, los que indudablemente prestarán oídos raudos al clamor, más aún cuando varios de los voceros gremiales ya han expresado su simpatía legítima por una candidatura, la de Marco Enríquez.
Otra apelación, un poco curiosa, es a quienes les va bien en el mundo de las tablas: los actores y actrices de la televisión abierta y aquellos que verano a verano reflejan un mundo teatral pujante y diverso: financistas, organizadores y participantes de FITAM.
Sin embargo, la interpelación más certera va dirigida al FONDART, expresada en una frase de Alfredo Castro "yo me pregunto para qué el FONDART me da plata para armar este centro si después me dice que no hay plata para sustentarlo. Es absurdo y significa no entender lo que son las políticas culturales". Y otra de Marco Antonio Coloma: "Más formación de público y menos fondartpendencia".
Es una crítica con domicilio conocido. Y responsables legales: la ley que creo el CNCA entrega a su Directorio Ncional la principal autoridad para determinar los ítems que los fondos concursables preferirán y lo constituye en tribunal supremo para las apelaciones a los concursos realizados.
Es ese Directorio el que debe responder a la pregunta de Castro y, si la estima pertinente, modificar los criterios de asignación de recursos, entregando montos superiores a quienes deben mantener una estructura que se fundó con esos mismos fondos en años anteriores.
Afortunadamente, este Directorio no termina su mandato el 11 de marzo de 2014 y tiene entre sus integrantes a personas representativas de la sociedad civil que deberían asumir las demandas de la misma.
Mecanismos hay varios, el más inmediato, la Convención Nacional de 2013, en la que se espera sean superadas las "asimetrías" denunciadas al culminar la Convención de Valdivia, en agosto 2012. Es decir, que las autoridades -y no sólo el Ministro Presidente- estén presentes y se hagan cargo de las propuestas que afectan a los fondos concursables.
Otra instancia es la postulación de personas al Comité Consultivo Nacional, que están abiertas. Finalmente, queda la posibilidad de postular a miembros para el 50% del Directorio que se renueva en 2016. Es decir, las instancias de participación están abiertas. La pregunta es por que no se utilizaron antes.
Por ejemplo, por que los gremios artísticos no hicieron oír su voz -en 2012- cuando el actual Directorio fue integrado sólo por hombres y poco se veía entre ellos una sensibilidad hacia las demandas que hoy expresan dramáticamente -cerrando espacios- actores y administradores de los mismos. Quizás podrían reponder por la confianza que les daba el hecho de tener un actor como Presidente del CNCA o porque la misma autoridad se comprometió con ellos en la incierta aventura de incorporar a las Pymes culturales entre los beneficiarios de la Ley de Donaciones.
A la luz de los resultados, podemos ver que la frustración por lo anterior agudiza el tema de las salas cerradas. Si sumamos lo del año electoral, tendremos un panorama más que movido.
Y no sólo en artes escénicas. Hay temas patrimoniales que no dan más -Palacio Iñiguez, por dar un ejemplo- y que requieren de una normativa que no puede esperar el largo debate del eventual Ministerio de Cultura, que, a juzgar por lo trascendido, tiene mucho de saludo a la bandera, cumplimiento de promesa electoral y liberación del Ministro Cruz Coke para que pueda enfrentar sus ya inocultables aspiraciones políticas.
En consecuencia, parecen estar dándose las condiciones -como en los noventa- para que la discusión sobre políticas culturales provenga desde las bases del mundo de la cultura, y sean estas las que lleven sus aspiraciones hasta los Programas Electorales, el Parlamento y las futuras autoridades.
Sin dudas, y arriesgo un juicio discutible, estas políticas, como en otras áreas que ya se expresan - salud, educación, ciencia- demandarán una mayor cuota de Estado y de financiamiento público, sin arriesgar las amplias cuotas de participación que lograron las movilizaciones de artistas y gestores en los noventa.
Como entonces, no hay otra senda que discutir, discutir y discutir... Hasta lograr los consensos que permitan pasar a una etapa superior del desarrollo cultural chileno.
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