El inicio de la campaña presidencial, con todos los actores y actriz presentes en el territorio nacional, ha provocado a lo menos un ritmo diferente en el debate cultural, hasta ahora un poco remolón. Una información del Observatorio de Políticas Culturales, publicada en El Mercurio el lunes 8 de abril, reveló que un 80% de los proyectos de leyes culturales estaban incumplidos. De inmediato, se encendieron las alarmas en el CNCA para, al menos, destrabar la modesta aspiración del gobierno Piñera de dejar como legado un par de proyectos de ley presentados, no necesariamente convertidos en Ley.
Pero el panorama no es halagador: la sala de diputados amplió el debate sobre la Ley de Donaciones Culturales al pedir incorporar en ella también el patrimonio natural. Resultado: comisión mixta y más demora. Mientras los artistas agrupados en la UNA alegan que aún esperan que el Ministro explique por qué "después de solicitar nuestra ayuda en el proyecto de donaciones culturales, de la noche a la mañana, cercenó parte importante de la propuesta. Recordemos que el gobierno retiró del proyecto de ley que modifica las donaciones culturales el artículo que iba a permitir a las Pymes artísticas presentar proyectos susceptibles de acogerse a este beneficio tributario. La UNA, que había trabajado en función de ver aprobado el proyecto, se enteró a través de la prensa del abrupto cambio del ejecutivo".
Tal vez, el día siguiente podría ser mejor. El martes comenzó con un madrugador incendio en un edificio patrimonial, que poco a poco, en medio de las llamas fue develando a la opinión pública su verdadera identidad: no era sólo el espacio donde funcionaba la Confitería Torres, sino el Palacio Iñiguez, una edificación patrimonial de propiedad de una entidad educacional, el DUOC UC que lo tenía abandonado por tres o cuatro años, a pesar de múltiples notificaciones de ese impresentable estado, hechas por la Municipalidad de Santiago.
No se habían apagado aún las llamas cuando apareció el Ministro de Cultura en televisión revelando que había un proyecto público de inversión en dicho inmueble. Según la página web del consejo: "se estaba terminando la etapa de arquitectura, restauración e ingeniería. Al finalizar este proceso se iban a mandar los expedientes al Consejo de Monumentos para comenzar las obras cerca del mes de julio. El monto aportado por el Consejo de la Cultura fue de $ 119.880.000 y el valor total invertido fueron $239.760.000. Se estimaba que las obras de reconstrucción del frontis estarían listas en aproximadamente 9 meses". Al calor de las cenizas y las cámaras, el ministro agregó que "se iniciarán un conjunto de análisis para determinar cómo se seguirá protegiendo el inmueble y ver si se deben aumentar los actuales fondos disponibles -240 millones de pesos- para reparar el palacio".
No sólo nos enteramos que hay fondos de todos los chilenos para restaurar un edificio patrimonial de propiedad de un instituto de formación técnica privado, que lo destinará inequívocamente a desarrollar su negocio educacional. Además, se estudiará, sin que nadie lo solicite, la ampliación de dichos recursos públicos. No se conocen planes de gestión del inmueble ni cómo se compensará a los chilenos por la inversión realizada. Tampoco cuál será la comisión que resolverá tal aumento, sólo se sabe que será tarea de "los equipos técnicos del Consejo Nacional de la Cultura, junto con la gente del DUOC UC y la Fundación Pro Cultura".
Se omite que existe una serie de instancias colectivas de participación en cultura para asignar los recursos y que esa discrecionalidad se toleró debido al terremoto del 27/F pero nada aconseja mantenerla. Tampoco se considera que existen muchos otros proyectos que requieren apoyos públicos y que no cuentan con el respaldo de una institución como el DUOC UC, que compró y recuperó el edificio Luis Cousiño en Valparaíso.
Parece que el cemento y los fierros de construcción despiertan un especial interés a la autoridad. El mismo día, se calificó como "histórico" un acuerdo muy anunciado del CORE del Bío Bío para continuar la construcción del Teatro Regional, proyecto que tiene más de quince años y que ha tenido sus últimos retrasos por el poco manejo de autoridades nacionales y regionales que no negociaron oportunamente con los consejeros regionales las necesidades de otras obras de la zona. Es decir, se aplicó una política de infraestructura exitosa de gobiernos anteriores, a una velocidad ralentizada por la escasa sensibilidad para recoger las demandas locales.
Alberto Jarpa, uno de los consejeros de Ñuble que inicialmente votó en contra del proyecto, sostuvo que "solicitamos postergación de la votación al intendente, pues todavía teníamos consultas a alcaldes y concejales, respecto de si estaban dispuestos a concentrar una importante suma de nuestro presupuesto en una sola obra. El intendente no lo estimó conveniente, pensando que tenía los votos”.
Hechas las consultas a los Alcaldes, hubo un “memorando de entendimiento”, donde se comprometieron dineros "para cuatro obras clave en Ñuble: los mil millones de pesos que faltan para una nueva licitación del Teatro Municipal de Chillán, el soterramiento de la vía férrea camino a Parque Lantaño, una tercera vía en la Ruta N-59 y el término de varios edificios consistoriales de la provincia”.
A pesar de ello, el ambiente electoral generó la alegría desbordante de las autoridades, que llevará a que (nuevamente) se ponga la primera piedra del proyecto. La verdad es que sólo se hizo la pega. Bien por el Bío Bío que tendrá su teatro regional después de los mucho más significativos retardos que implicó la insistencia en un proyecto previo, conocido como el Pencopolitano, que se resistió a morir, enamorado de un improbable diseño arquitectónico de Borja Huidobro.
En este ambiente pre electoral, ese mismo día, las tintas de impresión jugaron su rol. El sindicato de trabajadores del cine dio a conocer una carta en que denunciaban a una publicación financiada por el CNCA, prologada por el Ministro que dice que lo bueno de filmar en Chile es que «los productores y técnicos no están sindicalizados». Se trata del libro Shoot in Chile, un volumen publicado en inglés, editado por la oficina encargada de promocionar a nuestro país como locación privilegiada para filmar producciones internacionales, películas y comerciales.Una avergonzada Comisión Fílmica salió a aclarar que "cuando el texto menciona que los trabajadores chilenos son “non-unionized” tuvo como intención aludir a que a dichos trabajadores no se les aplica el sistema de contratación norteamericana. Ante la falta de precisión, asumimos el error en la redacción y atendiendo a la inquietud que ha planteado al Sindicato de Técnicos de Cine (SINTECI) con quienes sostenemos un trabajo constante, informamos que realizaremos las gestiones necesarias para precisar y rectificar esta información en el libro”.
Es decir, que vengan tranquilos porque los sindicatos chilenos no tienen la fuerza de los estadounidenses... "no me ayude compadre".
Mientras eso ocurría, el mismo martes, al atardecer, los integrantes del coro del Teatro Municipal cantaban su huelga en las calles.
Que la cultura está movida, es verdad, pero ésto sólo está comenzando..
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