Tradicionalmente, en Chile, la cultura navegaba en aguas tranquilas, recibiendo recursos desde el gobierno, aferrada a dos sólidas instituciones: la Universidad de Chile y la DIBAM. La relación de los artistas con la sociedad era mediada por los partidos políticos y aquellos brindaban, con generosidad, su arte en las campañas electorales.
Nunca faltaron aportes e incluso éstos se fueron reforzando a contar del gobierno de Frei Montalva que no sólo creó una Televisión Nacional, de gobierno, sino que también estimuló la alfabetización y la difusión artística hacia los campesinos (vía INDAP, SAG, CORA) y los pobladores (Promoción Popular). Reforzado por la llegada de la televisión que quedó en manos de las universidades: U de Chile, U Católica, UCV, U del Norte.
La coronación de esta tendencia se logró durante el gobierno del Presidente Allende que creó ChileFilms, Quimantú y el Museo de la Solidaridad. Con una diferencia, no tenían asegurado el financiamiento público, Quimantú debió autofinanciarse y el Museo recibía donaciones desde la solidaridad internacional.
De este modo, el mundo de la cultura llegó a tener una gran influencia en el acontecer político. Era frecuente ver a dirigentes de partidos que visitaban a Quimantú y solicitaban que publicara sus libros.
No fue extraño entonces, que, muy tempranamente, la dictadura las emprendiera contra los libros (quemando miles de ellos, en cámara) y contra artistas emblemáticos como Víctor Jara, Pablo Neruda, Ángel Parra (e indirectamente a su familia). A lo que se sumaron exilios masivos de grupos musicales (Inti Illimani, Quilapayún), escritores, actores y artistas visuales.
La cultura volvió a ser acorralada, con el agravante que la Universidad de Chile fue fragmentada en una decena de pequeñas universidades regionales y la DIBAM dejó de comprar para sus bibliotecas y museos.
Lo natural es entonces que, una vez recuperada la Democracia, la cultura quiera salir del ahogo y organizarse en relación con otros actores sociales. Por ello fue muy fácil descartar la figura de un ministerio, una subsecretaría o una dirección nacional, tres opciones de diferente rango con una característica común: una dirección unipersonal, finalmente, presidencial.
Así, las primeras señales fueron transversales: un comité de donaciones integrado por artistas, empresarios y parlamentarios para aprobar -o no- los proyectos de la flamante política de estímulos tributarios a los privados que el Senador Gabriel Valdés introdujo en una ley de presupuesto. La Ley del Libro y la Lectura, comienza en su primer artículo con la creación de un Consejo Nacional plural (escritores, editores, profesores, bibliotecarios, distribuidores, libreros) que asignará los recursos que el Estado pone a su disposición. El primer centro cultural, establecido en la antigua estación Mapocho también es gobernado por un Directorio integrado por representantes de organizaciones permanentes de la República en materia cultural, esquema que se repite en los centros culturales creados a continuación.
Subyace allí la necesidad de que la cultura conviva con otros sectores de la sociedad y así también quedó plasmado en dos comisiones asesoras creadas por los Presidentes Frei y Lagos, en las que artistas y gestores convivieron con parlamentarios y empresarios. Lo que también quedó establecido en la institucionalidad nacional post dictadura aprobada por el Parlamento: el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Sin embargo, la primera prueba de esta dirección colegiada, no dependiente de la DIBAM ni de la Universidad de Chile, fue la Corporación Cultural de la Estación Mapocho, donde se incorporó en su Directorio a autoridades públicas electas, como el Alcalde Jaime Ravinet, con personas representativas de la sociedad civil como la historiadora Lucía Santa Cruz; la intérprete musical Cecilia Echenique; el escritor Antonio Skármeta; el abogado de derechos humanos y coleccionista José Zalaquett; el arquitecto de la UC, uno de los autores del proyecto de remodelación ganador, Ramón López (en la foto). Todo, presidido por la máxima autoridad cultural del Estado, el Ministro de Educación.
A este directorio se le encomendó como misión preservar el edificio, monumento nacional, y divulgar la cultura junto con la necesidad de autofinanciarse. Tomando así el bastón que ya se había ensayado, con éxito, en Quimantú.
Este colectivo debió tomar decisiones que habrían sido escandalosas en un período de una cultura dependiente de la política y los gobiernos: prohibir las actividades partidistas, religiosas y matrimonios, es decir aquellas que no eran abiertas a todo público. Un centro cultural es para todos, o no es.
El imperativo del autofinanciamiento llevó además buscar alianzas con medios de comunicación (La Tercera); empresas donantes (BHP Billiton) otros espacios culturales (Teatro Municipal), con diferentes resultados, manteniendo también una relación privilegiada con aquellas actividades artísticas aprobadas por otros colectivos participativos asociados al gobierno: Fondart, Fondo del Libro, Comité de Donaciones Culturales, y actividades internacionales de gran impacto (Letras de España; Expo Cumbre de las Américas, o la reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID).
Así, a partir de la experiencia del CCEM se va constituyendo esa nueva forma de la cultura post dictadura, para enfrentar su inserción social: ser una bisagra que conecta diversos mundos desde una nueva forma de liderazgo. Los resultados fueron tan favorables que el centro cultural recibió el Premio Reina Sofía de Patrimonio Cultural, por su gestión y fue sede oficial de la Sexta Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, en 2014, la primera en América Latina y en un país de habla hispana.
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