Artículo 17.- Sobre el libro y la lectura. El Estado fomenta el acceso y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias.
Este artículo fue aprobado por el Pleno de la Convención Constituyente chilena, el 20 de abril de 2022. Tres días antes de que se celebre, en el mundo, el Día Internacional del Libro y dos días antes de que estalle, por décima vez, la lectura maratónica continuada y a viva voz del "Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha", en el Centro Cultural de España de Santiago.
En otra fecha histórica, el 4 de septiembre, día en que Chile elegía a sus Presidentes hasta 1970, la ciudadanía deberá pronunciarse si Aprueba o Rechaza este proyecto de carta fundamental.
Es un comentario entre los constituyentes, que cada artículo que pasa al texto final -faltando aún la Comisión de Armonización que haga coherente este conjunto- agrega opositores al texto, debido a que afecta privilegios, como aconteció, por ejemplo, con los Senadores, los propietarios de derechos de agua o los dueños de las AFP.
Sin embargo, hay otros artículos, que agregan simpatizantes (ojalá votantes) al apruebo de septiembre próximo.
Sin duda, el fomento "al acceso y goce de la lectura" es uno de ellos. Y es un aspecto que tiene terreno bien abonado: cuando retornó la democracia, en 1990, el primer proyecto de ley del ámbito cultural fue aquel que creaba, en su primer artículo, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y, en su segundo acápite, al Consejo Nacional del Libro y la Lectura (términos posteriormente invertidos en Lectura y el Libro) que lo administraría y distribuiría los recursos de dicho Fondo. Tales recursos inicialmente serían equivalentes al monto que el Estado recaudaba por concepto de IVA al libro.
Además de poner al libro en primer lugar de la legislación cultural, esta ley firmada por el Presidente Patricio Aylwin y el Ministro de Educación, Jorge Arrate, sentaba precedentes para la creación de futuros consejos sectoriales de las demás industrias culturales como la música o el audiovisual. Y finalmente, fue modelo y modular a la vez del Proyecto que creó diez años después el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Lo más relevante que dejó esta primigenia ley fue la consagración del principio de participación de todos los actores del sector en su Consejo Nacional. Autores, editores, bibliotecarios, profesores, distribuidores, libreros se unieron a autoridades de gobierno -en minoría- para formular las políticas del libro y la lectura y, lo más significativo, recursos que contemplaba el Presupuesto Nacional pero eran asignados por el Consejo, de manera vinculante.
Así es como el país ya desde finales del siglo XX se ha poblado de iniciativas de fomento lector sustentados por creadores, bilbliotecas, centros culturales, planes de alfabetización, ferias del libro, editoriales, investigaciones y muchas otras, con incrementos significativos, año a año, superando con largueza el rasero inicial de la recaudación del impuesto al valor agregado al libro.
Cabe destacar que tanto la ley como sus incrementos presupuestarios, han sido apoyados unánimemente por todas las fuerzas políticas y los gobiernos de diferentes signos.
También han seguido operando las políticas del libro nacionales y regionales que se elaboran periódicamente, así como diversas mesas del libro que indagan sobre posibles iniciativas para mejorar lo existente.
En definitiva, esta "constitucionalización" de la lectura y el libro no hace más que recoger un sentimiento valorado y querido por la ciudadanía.
Como deben reflejarlo las buenas Cartas Fundamentales.
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