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| Foto Camila Aliaga |
Exposición en el seminario "Gobernar la cultura: debates sobre los desafíos de la política cultural en el contexto actual y sus posibles modelos de financiamiento", realizado en el Salón de honor de la USACH, el 29 de mayo de 2019.
Hace 13 años, el panorama de la gobernabilidad y el financiamiento de la cultura era promisorio. Acababa de instalarse el CNCA y había salvado airoso de su primera prueba: el cambio de gobierno y su consiguiente cambio de presidente del Directorio nacional, su máxima autoridad. La presidenta Bachelet había optado por alguien “de adentro” la actriz y sindicalista Paulina Urrutia, que había sido gran conductora del mundo cultural durante la tramitación del proyecto de ley en 2003 e integrante del primer directorio nacional; donde se desempeñó con eficiencia y mucho trabajo, en especial preocupándose de los fondos concursables y sus diferentes estamentos: participantes, especialistas, jurados, y, por cierto, su tribunal supremo, el directorio.
Era, pues,
conocedora en detalle del mundo de las artes. De hecho, en su primera
entrevista anunció que ahora venía la segunda fase, es decir, la preocupación
por las audiencias.
Su mandato será
recordado por ese sello; su conducción del proyecto de Centro Cultural Gabriela
Mistral; la enorme simpatía que despertaba entre la gente en sus salidas a
terreno -asignable a sus personajes televisivos, de hecho, mucha gente la
llamaba por su nombre de la ficción.
Tuvo buen
criterio de destinar, ya al final de su mandato y conocido su sucesor, varias
horas en introducir a Luciano Cruz Coke -colega actor y amigo personal- en el
mundo en el que se incorporaría.
Así fue como el
nuevo presidente del directorio, pudo tomar varias decisiones que Urrutia le
había dejado macerándose, como la postulación chilena para ser sede, en 2014,
de la Cumbre mundial de las culturas y las artes, de Ifacca, y la inauguración
y designación de la directora ejecutiva del Centro Gabriela Mistral.
Hasta ahí, todo
bien… con las artes. Pero no se sabía con claridad lo que se estaba incubando
desde el sector del patrimonio.
Y esto era un
malestar con la situación de los museos, y en general de los funcionarios, con
la constitución del consejo y lo que consideraban una situación desmedrada de
la DIBAM con respecto a este.
La inquietud
llegó a La Moneda y se resolvió anunciando -fuera de programa, literalmente-
que se crearía un ministerio de cultura.
Cruz Coke acató,
jugándose por la opción de que sus entidades participativas se mantendrían, con
carácter vinculante. Esta elección, obvia, luego de lo ya avanzado se fue
enfrentando a las
dificultades del proceso legislativo, hasta que vino el cambio de gobierno y
Bachelet dos no pudo -o no quiso- revertir la disyuntiva ministerial.
Por el contrario,
se convirtió en una bandera de sus dos presidentes del consejo: Claudia
Barattini, quién, además, en su año de mandato, logró desarrollar una consulta
indígena, necesaria para los cambios institucionales.
El debate sobre
cómo preservar las atribuciones participativas y vinculantes del Consejo se fue
enredando en la discusión legislativa y ese zapato chino no tuvo -según los
asesores- otra salida que un ministerio con dos subsecretarías y un nuevo
servicio público para reemplazar a la DIBAM. El destino del CMN todavía es incierto
pues se ha hablado de un proyecto de, ley recién conocido, muy anunciado.
Así las cosas,
Ernesto Ottone, alcanzó a ver promulgada la ley del ministerio de las culturas,
las artes y el patrimonio y pudo ostentar el rango de ministro durante 10 días
y medio.
El nuevo
gobierno, Piñera dos, y la ministra Alejandra Pérez se encontraron con una ley
fresquita, recién aprobada y nada de implementada. De hecho, el 28 de febrero
de 2018, a la medianoche, cesaron en sus funciones los directores nacionales,
todos los órganos participativos, los funcionarios del Consejo y los de la Dibam.
Comenzó una
frenética carrera -asumida casi en su totalidad por el subsecretario Juan
Carlos Silva y sus asesores- por edificar este ministerio tan farragoso cuyas
señales externas comenzaron a venir más bien desde el sector del patrimonio
donde se despidió a dos directores de museos nacionales (Histórico y Bellas
Artes); se intentó hacerlo, sin éxito, con un regional (Puerto Williams); se
debió aceptar la renuncia a personas recién designadas y repetir concursos para
la designación de autoridades del SNP y el CMN; se hizo cierre virtual del
Museo Histórico, finalmente no concretado. Así, este mundo antes languideciendo
bajo autoridades y funcionarios de carrera, se llenó de un perfil novedoso en
el área: arquitectos, en su gran mayoría de la PUC.
Con todo, la
llegada, después de algunos meses, de la ministra Consuelo Valdés fue un
bálsamo. Es una persona largamente vinculada al mundo de la cultura, desde la
añorada Fundación Andes, pasando por cargos directivos en el MIM y otras
instituciones, que ostenta una sólida imagen de vinculación con el patrimonio,
sin hacer asco a tocar – y bien- la batería.
Hasta entonces
poco espacio había para preocuparse del financiamiento. Solo se esperaba que el
ex Consejo, hoy subsecretaría, lo conservara y el patrimonio, también
subsecretaría, lo incrementase.
Contra todo
pronóstico, el presupuesto 2019 venía con un relevante recorte a seis
instituciones culturales emblemáticas, de un 30% de su habitual asignación
anual. Correspondía a una glosa presupuestario de organizaciones varias. Seis
de ellas sin fines de lucro y dos asociaciones gremiales.
Se encendieron
todas las alarmas.
La intuición,
sino la inercia, hizo que el tema se enfrentara como acostumbraba el mundo
cultural: colectivamente. Se comenzó a hablar del grupo de los seis
(Precolombino; Balmaceda arte joven; museo Violeta Parra; Matucana 100; teatro
regional del BíoBío, y Fundación teatro a mil) quienes recibieron inmediata
solidaridad de colegas e instituciones de su mismo carácter: privadas sin fines
de lucro, gestores culturales y el mundo de la cultura en general.
Aunque llegada
hace poco, Consuelo Valdés puso lo suyo, participando activamente en la
discusión presupuestaria y acogiendo iniciativas, como este seminario, que le
fuimos a plantear con Norma Muñoz. Su agenda le impidió participar activamente,
pero se ocupó de delegar en Juan Carlos, siempre sonriente y bien dispuesto.
Más allá de la
precaria solución que salvó, por esta vez del recorte del 30% a los afectados,
quedó sobre la mesa la reflexión sobre cómo debiera ser el financiamiento
cultural a la luz del reciente ministerio y de la cambiada y cambiante realidad
nacional e internacional.
Sin duda entramos
en una nueva etapa.
¿Cuáles serán sus
semejanzas y diferencias con la anterior?
Podríamos definir
la etapa previa como la del inicio en Chile del financiamiento mixto o
compartido de la cultura. Tiempo que va desde la recuperación de la democracia,
en 1990, a la creación del ministerio, o sea marzo 2018.
En ella asistimos
a un debilitamiento -con respecto a lo acontecido hasta septiembre de 1973- de
la participación pública en el financiamiento cultural.
Sus símbolos son
cuatro: los fondos concursables; las donaciones privadas a cambio de la estímulos
tributarios; los consejos sectoriales que asignan recursos en diálogo con la
industria y trabajadores de cada uno de los sectores (libro, audiovisual y
música), y el modelo de autofinanciamiento de espacios culturales, probado con
éxito en el CCEM.
Dichos símbolos agregan
participación privada (jurados, evaluadores, consejos sectoriales, directorio
del CCEM, comité de donaciones) coronada por la máxima instancia participativa,
el directorio nacional.
Deben
distinguirse dos formas de participación privada: una, la asignación de
recursos públicos y otra, directamente financiando actividades que aprueba la
llamada ley de donaciones. En los últimos años se ha agregado una tercera
forma, como es la creación de espacios y fundaciones culturales por parte de
empresas, que solo recurren puntualmente a fondos públicos.
Con la creación
del ministerio se produce una rigidización en los aportes públicos, junto con
un aumento de la posibilidad -o tentación- de resolver financiamientos sin
considerar otras formas de aportes. Esta tendencia se ha demostrado en medidas,
aunque no con tanta fuerza en el financiamiento, como la tardanza en constituir
en Consejo nacional que reemplaza al anterior directorio nacional; no cumplir con
la ley de premios nacionales de las artes, con todos los jurados que
corresponde según la ley, debiendo ser dos de ellos nombrados por dicho
consejo; los incesantes anuncios de una ley del patrimonio cuyo proyecto se
acaba de firmar el 26 de mayo y se debe mandar al Parlamento, pero tampoco se ha
conocido antes de hacerlo su contenido, para discutirlo, como ocurría con los
proyectos anteriormente; los despidos ya comentados en el sector patrimonio, y
otras medidas que reflejan que, finalmente, la decisiones culturales, vía
ministerio (no olvidemos que es una secretaría de Estado) tienden a tomarse en
La Moneda.
En dicho lugar
esperan definiciones de algunas leyes; el museo (sala o galería) de la
democracia; la segunda etapa del GAM; allí se resolvieron los nombramientos del
Consejo nacional, y quienes finalmente deberán ser sometidos a la aprobación
del Senado, citados para el próximo lunes 3 de junio.
El dato cierto es
que, un actor central del financiamiento cultural, como es el gobierno, ha
cambiado. No tanto como para regresar al modelo arquitecto pre dictadura, pero
si revela una reversión de la tendencia de ir cada vez profundizando más la
participación de la sociedad civil en el tema.
Ello implica que
los otros dos sectores -privados y públicos o audiencias- deben tomar nota y
medidas.
Desde el punto de
vista de los públicos o audiencias, se hace imprescindible que el apoyo a
determinados espacios y actividades, se concrete en aportes en dinero.
Progresivamente, la gratuidad en el acceso se convertirá en un recuerdo y cada
museo, centro cultural o cualquier espacio que acoge actividades artísticas
debe cobrar por sus presentaciones o espectáculos para asegurar así
independencia respecto de los fondos públicos que, además, pudieran allegarse.
En la retirada de
recursos gubernamentales, un aspecto que sufrirá mucho será la infraestructura.
Diversas autoridades del actual gobierno han insistido -no sin razón- que ya se
han edificado muchos espacios culturales, que requieren completar sus
programaciones más que pensar en nuevos emprendimientos. Casi 20 años de
prioridad en la infraestructura (no olvidemos que fue el presidente Lagos quien
dio inicio a una verdadera carrera por cubrir el país de este tipo de espacios,
con la inédita Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural) puede ser
aconsejable dar un respiro y ocuparse más de su gestión. La pregunta es si el
ente más adecuado para promover una gestión dinámica y proactiva es un
ministerio, justamente lo opuesto desde su propia administración, a la gestión
liviana del sector privado sin fines de lucro.
Aparece entonces
una primera contradicción, resumida en que en los tiempos de la participación y
del consejo se hizo tanta infraestructura que durante el tiempo del ministerio
no será necesario continuarla sino más bien darle conducción y apoyo a su
gestión, para lo cual un consejo está mucho más preparado debido a su capacidad
de convocatoria a la sociedad civil.
El hecho es que
el ministerio existe, por tanto, mientras así sea, habrá que buscar fórmulas
mixtas de financiamiento para emprender nuevos proyectos de infraestructura.
¿Qué ocurre entonces con los que están en marcha? El caso emblemático es la
segunda etapa del GAM. Asolado por la quiebra de la empresa constructora, ha
debido suspender obras y enfrentar los vertiginosos cambios que el mundo de la
tecnología, en permanente renovación, ofrece, con el paso del tiempo. Ello
encarece y hace correr el reloj, poniendo en riesgo los tiempos políticos para
su inauguración.
¿No sería
aconsejable recurrir a fondos privados para culminar el proceso?
Este ejemplo
sirve para ilustrar que, en los nuevos tiempos, las grandes inversiones vendrán
de la mano de aportes privados en los que el Estado, como en las concesiones de
carreteras, tome los resguardos necesarios para acogerlos.
Ya ha ocurrido
con los estacionamientos del CCPLM que permitieron la instalación, en un par de
niveles, el espacio cultural, mientras en el resto una empresa administra los
estacionamientos para recuperar su inversión y obtener las ganancias esperadas.
Cabe pensar
entonces que, en el futuro cercano, tendremos infraestructura con
financiamiento mixto y buenos planes de gestión que permitan proyectar los
ingresos provenientes de las audiencias y visitantes, para así interesar a
privados que complementen los aportes estatales.
Esta revaloración
de los aportes privados viene precisamente de la rigidez y arbitrariedades que
pudieran surgir de un ministerio que, por una parte, centraliza, con el MOP, la
decisión de invertir -o no- y por otra, prioriza -sin participación ciudadana-
la programación de los espacios culturales por sobre su edificación.
Se da la
contradicción que lo que fuera la principal fuente de participación ciudadana
-las programaciones de los espacios- se rigidiza por una excesiva presencia
ministerial, mientras la construcción se liberaliza mediante la aparición de
dineros no gubernamentales.
Por tanto, la “madre
de todas las batallas” se comenzaría a dar, más que en las instancias de
participación como consejos o directorios de corporaciones, en la elaboración
de sus planes de gestión que, previamente a la edificación, darán forma
participativa a las futuras programaciones.
Pareciera un
“negocio redondo” para el estado pues con menor cantidad de recursos va a tener
mayor intervención programática sin que esta sea elaborada en instancias
participativas. Una versión algo sofisticada del adagio “quién pone la plata,
pone la música”, basada en el error de que el gobierno o el ministerio quién
pone la plata, cuando esta pertenece a todos los chilenos y por tanto debe ser
-sobretodo la puesta en la programación de espacios- una decisión colectiva y
ciudadana.
Esto se había
mantenido hasta ahora, pero la señal del 30% más la demostrada centralización
en la autoridad política de las decisiones nos dice que corporaciones y
fundaciones privadas sin fines de lucro van perdiendo autonomía de sus
gobiernos corporativos. El caso más expresivo es la renuncia del ministro
Ottone a presidir directorios a los que el CNCA otorgaba financiamiento, gesto
que fue seguido, incluso por miembros del directorio nacional que integraban
tales directorios de corporaciones privadas sin fines de lucro.
La señal del 30%
indica que, progresivamente, los espacios afectados van a ver sometidos sus ingresos
a concursos o aportes especiales que no tienen otra vía que la asignación a
través de la burocracia y la autoridad política unipersonal dado que el Consejo
nacional no tiene atribuciones para ello y no existe -en la realidad ni en la
voluntad- el tan necesario y tantas veces propuesto Consejo nacional de la
infraestructura y la gestión, donde pudieran todos los actores de ese ámbito
fijar prioridades y asignar fondos con un criterio en el que participan los
directamente involucrados.
Un ejemplo de
ello es lo que ha acontecido recientemente con Fondart que sin tener la
instancia de apelación superior -el ex directorio nacional- las decisiones como
apelaciones y reclamos han sido resueltas burocráticamente, con participación
de evaluadores y jurados que, obviamente carecen de la visión general que
tendría el directorio –que determinabas los criterios de asignación de
recursos-, por tanto, deben confiarse en las apreciaciones de funcionarios
ministeriales.
En síntesis, los
cambios que ha traído la nueva institucionalidad, más la comodidad que ellos
implican para la autoridad unipersonal, debiera llevar a que la sociedad civil tenga
que constituir nuevos contrapesos a ésta en el terreno del financiamiento.
Lo que antes
estaba al interior de la institucionalidad -consejos, convenciones, directorios
de corporaciones- deberá establecerse al exterior de los mismos y la sociedad
civil deberá hacerse escuchar a través de organizaciones profesionales, sindicales
y la academia, más financiamientos empresariales, para poder acceder al
necesario equilibrio derivado de un modelo mixto de financiamiento cultural que
(me) sigue pareciendo el más adecuado para Chile.
La formidable
participación de la ciudadanía cultural ante el frustrado intento de designar
un ministro que negaba violaciones a los derechos humanos, demuestra que ella
sigue siendo una herramienta poderosa, que puede ser esgrimida nuevamente, dado
que el mundo de la cultura no está dispuesto a deponerla.
En definitiva, pienso
que estamos en el inicio de una nueva fase en la cual este mundo debiera
reconquistar las instancias de participación que -inexplicablemente- se
perdieron a través de la curiosa continuidad de pensamiento de dos gobiernos de
derecha y uno de izquierda, por uno de los dos caminos:
1.
Reponer en las instancias existentes como directorios, convenciones, consejos… el
carácter vinculante que se concibió en el origen del CNCA y duró hasta el
mandato de Luciano Cruz Coke.
2.
Desandar
el camino del ministerio y reponer el Consejo Nacional, eso si, con la
incorporación esta vez del sector patrimonial.
Aún
es tiempo de detener la tendencia de que las decisiones en cultura dejen de
tomarse, colectivamente, en la mesa del directorio o consejo nacional, en la plaza
Sotomayor de Valparaíso y se trasladen a la soledad de las oficinas de Santiago.
