Había en el público un par de centenares de integrantes activos del mundo de la cultura que salieron preguntándose por esta novedosa Comisión.
Se trata de una entidad creada para "estudiar la situación histórica y patrimonial del país", integrada por trece parlamentarios, que escuchó a un total de nueve personas: tres arquitectos, un ingeniero, dos representantes de barrios patrimoniales, un alcalde, un abogado y un director de museo, en 17 sesiones, más una visita a La Serena. A diferencia de la comisión Ivelic, que consideraba entre sus miembros a parlamentarios -Gabriel Valdés, Luis Valentín Ferrada, Maria Antonieta Saa- y a una quincena de creadores, gestores y empresarios. O la comisión Garretón, compuesta por artistas, sociólogos y gestores de la cultura que sesionaron a lo menos un año cada una, en rigurosas sesiones semanales.
La parlamentaria fue una comisión especial, es decir, que se crea ante una situación excepcional como lo fue el terremoto y tsunami de inicios del 2010. Emite un informe y se disuelve. Dicho informe formuló, con las mejores intenciones, propuestas para proteger el patrimonio cultural del país. En sus sesiones, estudió cinco leyes: de monumentos, de donaciones culturales, de impuesto territorial, fondo de garantía de pequeños empresarios y la ley general de urbanismo y construcciones. No recibió a representantes del CNCA ni consultó la Ley que lo crea, sin embargo, propuso la creación de un Ministerio de Cultura que lo afecta.
Como ha sido tradicional en Chile, muchos piensan que los desastres -naufragios, grandes choques, tragedias mineras- se solucionan haciendo leyes. Pero, que para resolver las devastaciones que deja un terremoto se proponga crear un Ministerio de Cultura es a lo menos novedoso, más aún cuando existen suficientes vinculados directamente al tema: vivienda, urbanismo, obras públicas.
Es comprensible, por otro lado, que la magnitud de la demostración telúrica estremezca a nuestros diputados y los lleve a sobre reaccionar y entregar un informe que sostenga tal recomendación, aunque sea como instrumento para crear una subsecretaría de Patrimonio. Menos comprensible es que se señale este informe como argumento en favor del proyecto anunciado en el Mensaje Presidencial del 21de mayo 2011, sabiendo que no era ese su propósito inicial.
¿Será que los integrantes de la citada Comisión se van a inhabilitar en la discusión de este proyecto? ¿Cuál es el margen que le queda a quienes tienen que ver con el tema en cuestión para expresar su opinión ante parlamentarios con opinión formada y publicada? ¿Ocurre que segmentos de dos poderes del Estado -Legislativo y Ejecutivo- han consensuado cuál es la solución a un problema que no es de la cultura, sino del terremoto? Evidentemente no es así, pero se han escuchado voces que justifican la creación de este nuevo Ministerio con los resultados de esta Comisión Especial, que ni siquiera conoció de la institucionalidad que resulta modificar. Por ende, no es adecuado contraponerla a tareas como las de las diferentes instancias que sesionaron largamente y con alternativas a la vista, entre 1991 y 2003, antes de terminar por aceptar, en reiteradas ocasiones, que un Consejo de la Cultura es la mejor de las alternativas para Chile. Lo otro es un virtual terremoto, al que, si no se le pone atajo, con este tipo de réplicas va a damnificar con efecto retardado al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por lo demás, el único servicio público del sector que reaccionó -encabezado por Cruz Coke- creando un fondo de reconstrucción patrimonial que se hizo escaso y que Hacienda acaba de reproducir, ampliado, a todo el territorio.
Es verdad que los servicios encargados de la preservación patrimonial no tienen una institucionalidad a la altura de la magnitud de una catástrofe, entonces, hagamos otra que las reemplace y, de paso, no arrollemos a una entidad completamente inocente y ajena al problema.
En definitiva, se trata de un informe legislativo interesante para modificar la institucionalidad patrimonial, como lo fue el Proyecto de Instituto del Patrimonio que presentó el gobierno Bachelet y que fuera retirado por el gobierno siguiente. Hay también otras fórmulas de hacerlo, como la Ley corta de Patrimonio que recuerda Oscar Acuña en carta al Director de El Mercurio del 20 de septiembre, alertando sobre la urgencia de preservar nuestros espacios declarados como Patrimonio de la Humanidad. Si se trata de mejorar el patrimonio, hagámoslo modernizando sus entidades.
Pero, no fue la única sorpresa de la charla ministerial, la otra fue un singular tsunami que modificó el plano de nuestro planeta para observar las institucionalidades culturales existentes en el mundo. Comenzando por el vecindario. Obviamente, en América Latina no existen consejos de la cultura como el chileno, porque es sabido que en ello somos vanguardia, posición que tanto se celebra en áreas como la economía, la previsión o la tecnología. Ahora resulta que debemos "nivelar por abajo" y aspirar a una modesta institución ministerial como las que padecen la mayoría de los países hermanos del sub continente, como el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Venezuela, que suelen carecer de recursos pero no de servicios señalados al gobierno de turno, o como el de Colombia, que fuera rechazado desde su creación por el Premio Nobel Gabriel García Márquez, debido al riesgo de "dirigismo" gubernamental que encerraba.
Luego, el Ministro amplia el foco a los países de la OCDE, donde el modelo de consejos tiene sólidos ejemplos en Australia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelandia o el propio Reino Unido y quienes no lo tienen, como Estados Unidos o Alemania, ostentan instituciones bastante más laxas que un ministerio. La ola del maremoto eliminó del análisis a continentes completos como Asia, Oceanía y África o la Comunidad Británica, que experimentan saludables Consejos de las Artes, habiendo desarrollados productos culturales de excelencia en India, Hong Kong, Singapur o Sud Africa. Tampoco se advierte que países tradicionalmente pro "ministeriales" como España, ya exhiben un Consejo de la Cultura en Cataluña y la Francia de Malraux que se reconoce como "la excepción cultural" ha iniciado en 2003 el camino de las leyes de estímulos tributarios a la usanza de Estados Unidos.
La calidad de los argumentos parece estar relacionada con la descripción que hizo Agustín Squella, en el foro que siguió a la charla ministerial, del escenario que vivimos: "no estamos frente a una idea, no estamos frente a un proyecto, estamos frente a una decisión".
Una decisión tomada, tal vez, al fragor de un terremoto feroz que asoló el patrimonio y nos hizo olvidar el mapa mundial de institucionalidades culturales que ilustra esta nota; por lo mismo, merecería darle una segunda vuelta, ya de la mano de los movimientos sociales y no sólo de los movimientos telúricos.
En esa sala del encuentro parecía haber muchos, organizaciones y personas, dispuestas a tomarse la discusión en serio.
¿Porqué no hacerlo?
Felicidades, esperemos que no sea como el de Bolivia, un monstruo ineficiente y caótico.
ResponderBorrarMARISOL ZYRITA ARANDIA, desde La Paz, Bolivia