El perseverante "tío Valentin" celebró la aprobación parlamentaria de la Ley que obliga a las radios emitir un mínimo de 20% de música nacional en su programación, con una apelación a los jóvenes músicos para que aspiren luego al 21, al 23, al 25%. Es decir, un mensaje muy poco frecuente en estos tiempos de tuiter e inmediatez: "la lucha continúa, cabros..." Certero Valentín Trujillo. Los avances que sirven son aquellos que perduran y que llevan muchos años de esfuerzos colectivos. Como el inicio de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral que también se anunció en estos días, con mucho menor parafernalia y "flormotudeces".
Es de esperar que así sea con este inicio de preocupación por apoyos públicos a los músicos y no llegue a acontecer como aquella ley -afortunadamente olvidada- que obligaba a los cabarets, boites y otros lugares nocturnos a considerar es su show a cantantes de música folklórica. Así era. En medio de estimulantes números de voluptuosas jóvenes que se desnudaban al compás de la música -generalmente extranjera- de moda y de humoristas de doble sentido que harían palidecer a los sobrios cuenta chistes de la Quinta Vergara, de pronto irrumpía un trío de huasos bien aperado de ponchos, espuelas y guitarras, entonando una celestial "La torcacita". El anticlima era utilizado por los azorados clientes para ir al baño, pedir un teléfono para justificar el atraso en su casa o simplemente, solicitar respetuosamente la cuenta.
Los sistemas de cuotas son discutibles, así lo han expresado los radiodifusores y considerado algunos parlamentarios que intentaron agregar a la obligación, espacios de entrevistas, promoción u otras formas de difundir a los creadores nacionales más allá de simplemente poner un disco. Pero el desbordante entusiasmo de una SCD de innegable fuerza corporativa (y económica), la necesidad tanto de los Parlamentarios como de un gobierno que pasa por un período de vacas flacas en lo que a legislación cultural se refiere, apresuraron una victoria que ha levantado muchas manos esgrimiendo signos de la victoria y caras de alegría, tan necesarias en nuestros noticiarios.
Lo contrario ha acontecido con otra medida de predecible impacto cultural, como es la gratuidad de los museos públicos. Se aplica así un criterio derivado de la educación, que se sueña gratuita y de calidad. El problema es que nuestros museos no son sólo los públicos ni éstos exhiben en su mayoría estándares de calidad en sus colecciones o en su gestión.
Al final, la medida ha sido mediatizada y relativizada, con un episodio revelador en el que el respetado Milan Ivelic, ex director del Museo Nacional de Bellas Artes, cambió la primera versión de su columna de opinión del 8 de marzo en La Tercera: "La noticia es positiva pero, al mismo tiempo insuficiente. Un acceso gratuito a los museos no resuelve el grave problema de analfabetismo cultural que sufre el país". Por una versión descafeinada que La Tercera corrigió el 11 de marzo en sus archivos virtuales: "La noticia es muy positiva pero requiere ser complementada. Un acceso gratuito a los museos no resuelve por sí solo el grave problema de distanciamiento que tiene nuestra sociedad frente a las manifestaciones culturales".
Si agregamos a esta traducción que los museos privados y aquellos públicos que no pertenecen a la DIBAM como el MIM, el de la Memoria, el MAC, el Palacio de La Moneda no han recibido -obviamente- con entusiasmo la medida y que el propio director de la DIBAM acusó que el no cobro de entradas no perjudicará a los museos pues dichos ingresos no iban para quienes los generaban sino a un fondo general, es posible apreciar que esta vez "no se dio con el palo al gato".
O bien que, con ambas decisiones recientes se están dando "palos de ciego" sin que esté claro el sueño o proyecto de política cultural que se persigue.
¿Tendremos en el futuro cercano más propuestas de producción nacional obligatoria en el cine, los libros o el teatro? ¿Viene una ola de gratuidad aún para aquellas manifestaciones culturales que justamente se sustentan con aportes de sus públicos, con lo que aseguran su independencia?
Obligación y gratuidad son dos conceptos sospechosos -por decir lo menos- en cultura. Peor aún si van juntos pues auguran colisión o autoritarismo.
Afortunadamente, políticas que vienen de mandatos anteriores, como las que presume el tío Valentín, se siguen aplicando y es posible celebrar, justificadamente, que el gobierno actual ha superado los escollos que su antecesor puso en el camino de la terminación del Centro Cultural Gabriela Mistral, que imaginó y bautizó el Presidente Allende y que inició la Presidente Bachelet en su primer mandato, conforme a las políticas culturales fijadas por el Consejo Nacional de la Cultura.
Es decir, la política cultural se mueve con un itinerario vacilante pero que resulta fácil enmendar si se retorna a sus bases más sólidas: la formación de audiencias, la gestión cultural, el desarrollo de infraestructuras pensadas, la educación para las artes y fondos concursables transparentes.
¡Cómo quisieran otros sectores esa transparencia en la asignación de fondos públicos!
En cultura la tenemos desde hace 25 años.
Modestamente.
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