DE UNA POLITICA DEL LIBRO A UNA POLITICA DE LA LECTURA 2.0

Porque fue la primera política cultural formulada después de la dictadura -la ley del libro data de 1993- no extraña que del mismo mundo de la lectura surja la primera política sectorial 2.0, que pretende actualizar las legislaciones de finales del siglo XX. Claro está que el énfasis es distinto, no sólo invertir el orden de los factores: primero lectura, luego libro. La iniciativa de la ley vigente estuvo en la Cámara del Libro que, con la Sociedad de Escritores de Chile, eran prácticamente actores únicos del sector. Hoy, con presencia activa de profesores, bibliotecarios, editores independientes y digitales, defensores de los derechos de autor, estudiantes, académicos del sector y por cierto, variedad de lectores, el desafío de una política es mayor. Y la lectura, como meta, es mucho más convocante que la mera alusión a uno de sus varios soportes: el libro.

El cambio ya se reflejó en la promesa de la candidata Michelle Bachelet: "crearemos el Plan Nacional de Lectura y una Política Nacional del Libro que haga de Chile un país de lectores y lectoras desde la primera infancia". El Plan se anunciará el 23 de abril, día del libro. La Política, en cambio, ya precisó su objetivo: crear condiciones para asegurar a todos los habitantes del país, incluyendo a los pueblos originarios con sus lenguas y a las comunidades tradicionales, rurales y de inmigrantes, la participación y el acceso a la lectura, el libro, la creación, el patrimonio y los saberes, protegiendo y fomentando la diversidad cultural y territorial, con equidad e integración social.

Con tal propósito, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, abrió desde agosto hasta fines de octubre del 2014, un diálogo público-privado en siete amplias mesas de trabajo en Santiago y quince en regiones, en las que participaron cientos de personas vinculadas a la lectura y al libro, quienes señalaron los principales problemas de cada ámbito y definieron objetivos y medidas. La temática consideró la creación; el fomento lector, lectura y educación; patrimonio bibliográfico; la industria y su internacionalización; la edición electrónica, y el marco jurídico e institucional.

Fue la activa Secretaría del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en colaboración con el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura, quién sistematizó las propuestas base para la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, la que fue presentada a las instituciones públicas que involucra, como el Ministerio de Educación, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la Corporación de Fomento de la Producción, la Dirección de Cultura de la Cancillería, la Dirección de Promoción de Exportaciones, el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para la Infancia. Así, además de alinearlas y mantenerlas informadas sobre las demandas ciudadanas en la materia, el Consejo manifestó activamente su voluntad de llevarla adelante.

El documento, consensuado en el  Consejo Nacional del Libro y la Lectura, tuvo su sanción definitiva, el 6 de enero del 2015 en el organismo que determina las políticas culturales del país: el Directorio Nacional del Consejo Nacional de la Cultura. Según sus entusiastas redactores "la forma en que se realizó este proceso, en diálogo amplio con los actores involucrados, tanto públicos como privados, no tiene precedentes en el mundo de la lectura y el libro".

Tal política cuenta con ochenta y siete medidas que se distribuyen en cinco diferentes ámbitos: Lectura educación y fomento lector (25), Creación (15), Patrimonio bibliográfico (9), Industria, edición electrónica e internacionalización (29) y Marco jurídico e institucional (9).

Las más relevantes en cuanto a fomento son: rendir homenaje y entregar premios a figuras destacadas de las culturas indígenas, tradicionales y rurales de trascendencia local, regional y nacional. Promover la traducción desde y hacia las lenguas de los pueblos originarios. Fomentar proyectos productivos que permitan la edición de libros fáciles de leer, inclusivos y accesibles para todo público en formatos impreso, digital, audio y vídeo. 

En el área de creación son: asegurar la existencia de premios regionales de literatura, gestionados de forma local, para fomentar la creación, su valoración y visibilidad social. Dotar de mayores recursos y visibilidad nacional e internacional al premio anual Mejores Obras Literarias. Promover la anualidad del Premio Nacional de Literatura. Promover la creación de premios literarios al libro digital en diferentes categorías. Fomentar la defensa y el arraigo de la identidad local e indígena a través de la lectura y el libro.

Introducir patrimonio bibliográfico en el currículo educativo. Generar una línea de financiamiento para la investigación, rescate, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico nacional, regional, rural, de los pueblos originarios, agrupaciones vecinales y gremiales. Abrir un debate sobre la recuperación del patrimonio nacional actualmente en el extranjero. Estudiar la posibilidad de diseñar un sistema de donaciones bibliográficas.

Fomentar la bibliodiversidad en la industria editorial nacional y regional así como sus procesos de producción, comercialización e internacionalización del libro chileno mediante la creación de instrumentos de fomento productivo y promoción de exportaciones. Impulsar un debate a nivel de municipios sobre la exención de patentes a librerías y ferias dedicadas exclusivamente al comercio del libro. Fomentar la conversión de libros nacionales a soportes digitales para su distribución y conservación y asegurar la migración/emulación de la producción digital nacional.

En lo legislativo, se plantea actualizar la Ley del Libro utilizando, al igual que en 1993, el modelo de Ley inspirado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). Incluir una nueva definición de libro que incorpore la edición electrónica. Incorporar la oralidad y su preservación. Modificar la composición orgánica y funciones del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Ampliar la adquisición pública de libros, de modo de asegurar la distribución de ejemplares en las bibliotecas públicas y otras instituciones sin fines de lucro. Que el ISBN sea administrado por una entidad pública como la Biblioteca Nacional e incorpore la edición electrónica. Implementar un sistema de evaluación y seguimiento para la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, que disponga de estudios y estadísticas permanentes.

En definitiva, una ordenada evaluación y actualización de aquello que se elaboro, desde cero, a inicios de la larga transición política y que se ha ido complementando con el imparable ingreso del libro digital, la concentración editorial global y la efervescente aparición de los editores independientes, con más o menos furia, que han descubierto nuevos nichos en la literatura infantil, juvenil y atraído a singulares autores nacionales que no escatiman creatividad literaria y editorial.

De las viejas banderas, como el IVA o el precio fijo, nada. El compromiso del Ministerio de Hacienda  se limita a "informar las condiciones y beneficios que ofrece la actual Reforma Tributaria para los distintos actores de la cadena del Libro".

 

Se trata de una Política que dialoga con los grandes temas que ocupan al Gobierno  y al Consejo Nacional de la Cultura: la reforma educacional y un ministerio de las culturas. Habrá que ver si, tal como ocurrió en el orden de aparición legislativa en los noventa, la modificación a la Ley del Libro vuelve a ser un avance modular de la institucionalidad global de culturas -el camino corto-, o deberá esperar la creación del ministerio, el camino largo.

Ambos conducen a fomentar la lectura.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO INICIA SU CAMINO

Una vez más, Valparaíso -matriz de muchas instituciones en Chile y sede del Consejo Nacional de la Cultura- fue testigo de un día histórico. Tras más de siete meses de encuentros en diversas regiones y largas jornadas de negociación, la Ministra de Cultura Claudia Barattini encabezó, el 22 de marzo, el cierre del acuerdo nacional con que el Consejo Nacional de la Cultura culminó, junto a 210 representantes de los pueblos indígenas, la Consulta Indígena anunciada el 12 de junio de 2014.

Entonces, comentaba que "el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet daba un paso hacia lo que sería un ministerio de todas las culturas que coexisten en el territorio llamado Chile, anunciando los contenidos de una consulta a los pueblos indígenas que considerará el nombre del Ministerio y sus funciones, en especial lo referido a la cultura de los pueblos indígenas; la integración de órganos como el Consejo de las artes e industrias creativas, del Consejo del patrimonio y, eventualmente, los consejos regionales; la representación de los pueblos indígenas en el ámbito de la toma de decisiones en el área de la cultura, y la forma en que el mundo indígena determinará sus representantes del patrimonio en los consejos nacional y regionales".

La Ministra Barattini concluyó, ante una sorprendida Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, con algunos integrantes que alcanzaron a reaccionar, aludiendo sólo al formal expediente de los plazos, que “es posible anticipar que gran parte del contenido del anteproyecto sea de interés de los pueblos indígenas".

Lo relevante de lo ocurrido ayer, es que es que los puntos acordados se asumirán como vinculantes, es decir estarán incluidos en el articulado de la Indicación Sustitutiva que se ingrese a tramitación legislativa para la creación del nuevo Ministerio, antes del 21 de mayo.

La nueva institucionalidad se denominará “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio” e incorporará como principio el de reconocer, respetar y promover la pluriculturalidad preexistentes en el país, sostenida en la existencia de al menos nueve pueblos originarios: aymará, quechua, atacameño o licanantay, diaguita, mapuche, rapa nui, kawésqar, yagán y colla.

El Estado impulsará además, se acordó, el reconocimiento de los afrodescendientes de la región de Arica y Parinacota que cumple condición tribal, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y es un importante aporte en la identidad cultural de Chile, el Consejo Nacional de la Cultura buscará la fórmula de incorporar su participación en las instancias de participación del futuro Ministerio. El Estado impulsará también el reconocimiento de culturas preexistentes, como por ejemplo, el pueblo Chango.

Se incorporará el concepto de “patrimonio cultural indígena”, que contemple elementos como patrimonio cultural material e inmaterial y territorial de los pueblos indígenas del territorio de Chile.
Será parte de las funciones del Ministerio proponer políticas públicas relacionadas con la salvaguardia de las expresiones artísticas y culturales de los pueblos originarios con un enfoque intercultural.

Se creará un Consejo de Pueblos Originarios, en el que estarán representados los nueve pueblos originarios reconocidos en la actualidad, y aquellos que se reconozcan en el futuro, conforme a las normas del Convenio 169 de la OIT, en igualdad de condiciones. También un Departamento de los Pueblos Originarios, que tendrá expresiones regionales, en todo el país, y también en Rapa Nui, como territorio especial.

Será función del Ministerio de las Culturas crear una instancia de coordinación interministerial permanente con el Ministerio de Educación, con el fin de dar suficiente expresión a los componentes culturales, artísticos y patrimoniales en los planes y programas de estudio y en la labor pedagógica y formativa de los docentes y establecimientos educacionales, en un marco de reconocimiento y respeto por la pluriculturalidad existente en el país y el fomento y desarrollo de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, entre otros aspectos. Se agregará también  el crear instancias de vinculación interministerial con otros ministerios en aquellas materias propias de sus competencias y atribuciones.

Se pretende proteger y fomentar la transmisión de la cultura ancestral dentro de las familias en las formas tradicionales utilizadas por los pueblos originarios, a través de políticas públicas. Las autoridades tradicionales deben ser reconocidos como autoridades ancestrales, de acuerdo a su linaje, ancestralidad, y en especial, atendiendo sus propios usos y costumbres de sus propias comunidades y territorios.

Un cambio revolucionario. El primero desde 2003 cuando se aprobó la ley que creó el Consejo Nacional de la Cultura. 

Como suele acontecer, el anuncio llega cuando la crítica al "desolador panorama legislativo" en cultura lo situaba entre las variopintas sequías que nos asolan como país. 

Como bien ha señalado Barattini, este es sólo el comienzo, un comienzo que deja cuestiones claras: no tendremos Ministerio de Cultura, ni con ese nombre, ni probablemente durante este gobierno; tendremos en, un plazo razonable, una legislación que no será -afortunadamente- la suma Consejo Nacional de la Cultura + DIBAM = Ministerio; no tendremos institucionalidad patrimonial con un pasado inicial en 1929, fecha de creación de la DIBAM, sino con una retrospectiva de quienes habitaron este territorio antes de su "descubrimiento", la que deberá ser acogida en nuestros museos, bibliotecas y archivos y por cierto, en los idiomas que los nutren.

Toda una tarea que, en el vecindario, bolivianos, peruanos y ecuatorianos ya han iniciado.

Es relevante también la palabreja "vinculante" que viene a ratificar la necesaria existencia de consejos  que tomen decisiones y propongan políticas a la autoridad unipersonal que encabece este futuro ministerio plural.

En síntesis, como su nombre lo indica, una entidad inclusiva que debe considerar, todas las culturas; todas las artes, y un patrimonio complejo, vasto y diverso.

Es decir, que se parezca a lo que Chile es, un país multicultural.

LAS ESCULTURAS DE YESO Y NUESTRA SEQUÍA LEGISLATIVA

 Foto: Archivo Centro Cultural Estación Mapocho  

Las estremecedoras imágenes de la destrucción de esculturas del Museo de Mosul, en Irak, algunas de las cuales serían réplicas de yeso mientras los originales están a buen recaudo "en Bagdad y otras partes del mundo", trae a la memoria una tarde de mayo de 1996 cuando inauguramos en el Centro Cultural Estación Mapocho, con sendos martillos que reemplazaban las plácidas tijeras del corte de cinta, la histórica muestra "50 años de escultura contemporánea", curada por Silvia Westerman. Las herramientas cayeron, por todos los flancos sobre una cabeza de yeso que, con su destrucción, daba por iniciada la muestra.

El hecho demostraba a la vez la fragilidad de ese material y la solidez de las esculturas de autores nacionales del último medio siglo que, inéditamente, se exponían.

Han pasado casi veinte años, esculturas, murales y otras muestras de arte en espacios públicos son diariamente maltratadas en nuestro país, no precisamente con fines inaugurales sino más bien terminales, dando crecientes obligaciones a nuestras autoridades patrimoniales, lo que no justifica su desidia hacia ellas ni menos hacia un proyecto tan relevante como es el del posible Ministerio de Cultura. 

El director de la DIBAM se jacta -en Bio Bio TV- de haber llegado a un acuerdo con la Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura, respecto de "la arquitectura del ministerio" cuya descripción y plazo no es su asunto, sino de la Ministra. Por su parte, ésta declara en Radio U de Chile estar "atenta a que el proyecto recoja la mayor cantidad de sugerencias que hemos recibido; también de los trabajadores, porque la condición en que queden me importa mucho. Obviamente, no se conoce el proyecto definitivo, tal como nadie lo conoce, porque se hará público cuando lo presentemos en el Parlamento”. 

Mientras el proyecto permanece oculto, algunos centros de estudio entregan, a la luz del día, cifras como para esconder: un cero por ciento de avances legislativos dicen los Ciudadanos Inteligentes y el Observatorio de Políticas Culturales destaca el bajo nivel de avance en los proyectos de ley en cultura ingresados al Congreso: de los 58 proyectos analizados, un 67,2% no tuvo movimientos entre enero 2014 y enero 2015, así, las iniciativas en cultura llevan, en promedio, más de 3 años sin movimientos.
La directora general del OPC, Bárbara Negrón reafirma:"Si consideramos solo las iniciativas legislativas que realmente se discutieron durante el 2014, el porcentaje de proyectos inactivos aumenta a 86,2%, lo que en la práctica significa que solo 8 proyectos fueron discutidos realmente”.
Injusto sería achacar esta sequía sólo al Ejecutivo. El 61% proyectos revisados por Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados son establecer días de... o destinados a la erección de monumentos.

En este escenario, que contrasta con el activo papel que jugaron -ocho diputados primero y la Cámara completa después, taquígrafos y secretarios incluidos- en la legislación que culminó con la creación del Consejo Nacional de la Cultura, sólo queda pensar como actor central del proceso en el otro componente decisivo de este logro institucional: la sociedad civil.
En efecto, el sueño -aunque no la formal "arquitectura" del Consejo Nacional de la Cultura- se comenzó a configurar en 1996, durante un largo año de trabajo, martes a martes a las 8 y media de la mañana, en la sala María Luisa Bombal del Centro Cultural Estación Mapocho, donde ocho diputados de todos los partidos con presencia parlamentaria y una treintena de gestores culturales, artistas y expertos internacionales fueron abordando las inquietudes recibidas de todo el país y en diversas áreas respecto de la institucionalidad cultural que se quería.
El esfuerzo culminó en noviembre del mismo año con un Encuentro de Políticas Públicas y Legislación Cultural en el que más de 600 personas enumeraron exhaustivamente las 120 demandas del mundo cultural. Las dos primeras, el Consejo y la modificación a las Donaciones Culturales, se convirtieron en Ley.
En 1997, las propuestas fueron estudiadas por una Comisión Presidencial, integrada por un senador -don Gabriel Valdés- diputados, empresarios, creadores y gestores culturales. En 2000 fue anunciada por el Presidente Ricardo Lagos y el 2003 estaban aprobadas.

La principal diferencia con el estado actual de la legislación anunciada es que, en ésta, no está claro quién la pide ni qué es lo que se ofrece. No se sabe si es una Ley de "arquitectura" que simplemente suma Consejo Nacional de la Cultura + DIBAM = Ministerio.

O se trata de una legislación que encarne el sueño de nuevos sectores que forman parte de las culturas que nutren nuestro país, como los pueblos indígenas. 

O si se contemplará una fórmula para incorporar algunas de aquellas fundaciones socio culturales actualmente dependientes de la Presidencia de la República. 

O si se fusionarán las justas aspiraciones de los científicos por tener un ministerio para alcanzar un ente conjunto de Culturas y Ciencias.

Una buena noticia es que el Consejo Nacional de la Cultura ha anunciado para el 21 de marzo la recepción del informe final de la Consulta Indígena.

Otra es que la Cámara de Diputados tiene desde el 19 de marzo nuevo Presidente de su Comisión de Cultura, el actor Roberto Poblete, diputado por Alto Biobío, Antuco, Laja, Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara y Tucapel, quién pudiera liderar un esfuerzo por, a la vez, considerar las demandas indígenas y motivar a sus colegas a realizar un proceso de debate amplio sobre la futura institucionalidad, con el mundo de la cultura, como en 1996.

Esta muestra de transparencia podría contribuir a definir y legitimar el sueño que se pretende. De no ser así, habrá que esperar las noticias del 21 de mayo para enterarnos lo que se ha resuelto.
Lo riesgoso es que propuestas construidas en el misterio, se desvanecen, como las esculturas de yeso, que no son la realidad pero tampoco sobreviven para intentar reflejarla.

BRASIL, SU PETRÓLEO Y EL "VIZCONDE DE LA MAZORCA"

A mediados del siglo veinte la bienvenida a los recién nacidos en hogares de clase media chilena estaba asociada, entre otras cosas, a un par de tesoros que los orientara hacia dos valores imperantes en la época: la lectura y el ahorro. Este último simbolizado en una libreta del Banco del Estado, con su correspondiente alcancía. Entre los libros, lo más frecuente era la colección del Tesoro de la Juventud. 

Mis padres optaron por una alternativa que reunía tres condiciones relevantes para la enseñanza infantil: el disfrute con su lectura, un adecuado sentido didáctico y una notable calidad literaria. Se trató de los 23 tomos de Monteiro Lobato uno de los escritores más influyentes de literatura infantil brasileña, precursor además de la nacionalización del petróleo y de la creación de Petrobras.
En sus páginas, traducidas y publicadas en castellano por editorial Losada de Buenos Aires, vibraban las aventuras de Naricita, Perucho, la muñeca de trapo Emilia, doña Benita, el rinoceronte Quindín y el Vizconde de la Mazorca, un personaje sabio, con cuerpo de choclo y actitudes de adulto.
Con ellos era posible transitar, desde la finca que los alojaba, por los mundos de El Quijote de los niños, La aritmética de Emilia, los mitos griegos o la historia de cómo el Brasil pudo lograr su independencia económica gracias al petróleo.
Monteiro Lobato, escritor nacionalista, una especie de José Martí de su gran país fue, además, uno de los primeros brasileños en invertir en la extracción de petróleo llegando a ser detenido por defender el derecho de extraerlo en su país, intentando acreditar que éste tenía potencial para producir todo el combustible necesario para hacerlo independiente del mercado extranjero.

Cuenta la historia que murió, en 1948, a los 66 años luego de haber perdido en sus proyectos empresariales todo lo que había ganado con sus libros. Su lucha está en la base del establecimiento del monopolio estatal del petróleo y luego la compañía estatal Petrobras, hoy en flagrante crisis.

En el tomo que ilustra este comentario, El Pozo del Vizconde, los niños -personajes y lectores- aprenden de la importancia del petróleo para la humanidad, la relevancia de que las riquezas naturales vayan en beneficio del país dueño de ellas y cómo prospectar un pozo de petróleo, orientados por el pedagógico Vizconde.

Ese hermoso relato y su sustento están hoy, según El País de España, afectados profundamente por "una red de corrupción que atravesaba de arriba abajo la petrolera pública Petrobras que recibía mensualmente pagos provenientes de sobornos de empresarios. Era un sistema simple y eficaz que involucraba a altos directivos de la petrolera elegidos previamente por políticos, empresarios —algunos ya en la cárcel— que pujaban por contratos con Petrobras y que recurrían a sobornos para conseguirlos, y unos intermediarios que actuaban de correos entre unos y otros y que llevaban el dinero de un lado para otro".
Con esta máquina de defraudación se afecta la economía brasileña, su sistema político y un intangible valor cultural.

Los sueños derivados de las primeras lecturas, que otorgaron una positiva connotación a la propiedad de los países sobre sus riquezas naturales y a un personaje adorable constituido por un choclo con levita, sombrero de copa y bastón, son otros de los damnificados por quienes, al delinquir, jamás habrán imaginado que hay varias generaciones de latinoamericanos que, además de ver como se deterioran los hábitos de la lectura y el ahorro, como elementos de crecimiento material y espiritual, ven irremisiblemente afectados parte de preciados tesoros aprendidos en la infancia.
De aquellos que no se guardan en los bancos ni se miden en millones de dólares.

Aquellos que nadie debiera tener derecho a romper.

EL GAM, EL VEINTE POR CIENTO Y LA GRATUIDAD

El perseverante "tío Valentin" celebró la aprobación parlamentaria de la Ley que obliga a las radios emitir un mínimo de 20% de música nacional en su programación, con una apelación a los jóvenes músicos para que aspiren luego al 21, al 23, al 25%. Es decir, un mensaje muy poco frecuente en estos tiempos de tuiter e inmediatez: "la lucha continúa, cabros..." Certero Valentín Trujillo. Los avances que sirven son aquellos que perduran y que llevan muchos años de esfuerzos colectivos. Como el inicio de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral que también se anunció en estos días, con mucho menor parafernalia y "flormotudeces".

Es de esperar que así sea con este inicio de preocupación por apoyos públicos a los músicos y no llegue a acontecer como aquella ley -afortunadamente olvidada- que obligaba a los cabarets, boites y otros lugares nocturnos a considerar es su show a cantantes de música folklórica. Así era. En medio de estimulantes números de voluptuosas jóvenes que se desnudaban al compás de la música -generalmente extranjera- de moda y de humoristas de doble sentido que harían palidecer a los sobrios cuenta chistes de la Quinta Vergara, de pronto irrumpía un trío de huasos bien aperado de ponchos, espuelas y guitarras, entonando una celestial "La torcacita". El anticlima era utilizado por los azorados clientes para ir al baño, pedir un teléfono para justificar el atraso en su casa o simplemente, solicitar respetuosamente la cuenta.

Los sistemas de cuotas son discutibles, así lo han expresado los radiodifusores y considerado algunos parlamentarios que intentaron agregar a la obligación, espacios de entrevistas, promoción u otras formas de difundir a los creadores nacionales más allá de simplemente poner un disco. Pero el desbordante entusiasmo de una SCD de innegable fuerza corporativa (y económica), la necesidad tanto de los Parlamentarios como de un gobierno que pasa por un período de vacas flacas en lo que a legislación cultural se refiere, apresuraron una victoria que ha levantado muchas manos esgrimiendo signos de la victoria y caras de alegría, tan necesarias en nuestros noticiarios.

Lo contrario ha acontecido con otra medida de predecible impacto cultural, como es la gratuidad de los museos públicos. Se aplica así un criterio derivado de la educación, que se sueña gratuita y de calidad. El problema es que nuestros museos no son sólo los públicos ni éstos exhiben en su mayoría estándares de calidad en sus colecciones o en su gestión.

Al final, la medida ha sido mediatizada y relativizada, con un episodio revelador en el que el respetado Milan Ivelic, ex director del Museo Nacional de Bellas Artes, cambió la primera versión de su columna de opinión del 8 de marzo en La Tercera: "La noticia es positiva pero, al mismo tiempo insuficiente. Un acceso gratuito a los museos no resuelve el grave problema de analfabetismo cultural que sufre el país". Por una versión descafeinada que La Tercera corrigió el 11 de marzo en sus archivos virtuales: "La noticia es muy positiva pero requiere ser complementada. Un acceso gratuito a los museos no resuelve por sí solo el grave problema de distanciamiento que tiene nuestra sociedad frente a las manifestaciones culturales".

Si agregamos a esta traducción que los museos privados y aquellos públicos que no pertenecen a la DIBAM como el MIM, el de la Memoria, el MAC, el Palacio de La Moneda no han recibido -obviamente- con entusiasmo la medida y que el propio director de la DIBAM acusó que el no cobro de entradas no perjudicará a los museos pues dichos ingresos no iban para quienes los generaban sino a un fondo general, es posible apreciar que esta vez "no se dio con el palo al gato".

O bien  que, con ambas decisiones recientes se están dando "palos de ciego" sin que esté claro el sueño o proyecto de política cultural que se persigue.

¿Tendremos en el futuro cercano más propuestas de producción nacional obligatoria en el cine, los libros o el teatro? ¿Viene una ola de gratuidad aún para aquellas manifestaciones culturales que justamente se sustentan con aportes de sus públicos, con lo que aseguran su independencia?

Obligación y gratuidad son dos conceptos sospechosos -por decir lo menos- en cultura. Peor aún si van juntos pues auguran colisión o autoritarismo.

Afortunadamente, políticas que vienen de mandatos anteriores, como las que presume el tío Valentín, se siguen aplicando y es posible celebrar, justificadamente, que el gobierno actual ha superado los escollos que su antecesor puso en el camino de la terminación del Centro Cultural Gabriela Mistral, que imaginó y bautizó el Presidente Allende y que inició la Presidente Bachelet en su primer mandato, conforme a las políticas culturales fijadas por el Consejo Nacional de la Cultura.

Es decir, la política cultural se mueve con un itinerario vacilante pero que resulta fácil enmendar si se retorna a sus bases más sólidas: la formación de audiencias, la gestión cultural, el desarrollo de infraestructuras pensadas, la educación para las artes y fondos concursables transparentes.

¡Cómo quisieran otros sectores esa transparencia en la asignación de fondos públicos!

En cultura la tenemos desde hace 25 años.

Modestamente.

LA CÁRCEL QUE DEVINO EN PARQUE CULTURAL

Mientras el país seguía atónito un proceso judicial muy relevante para el futuro de la relación entre política y dinero, que podría llevar a prisión a algunos de sus involucrados, otra cárcel, una ex prisión situada en Valparaíso, hacía noticia debido a la constitución de un nuevo directorio de la asociación cultural sin fines de lucro que la regentará, en la que se presume es una nueva etapa del proyecto, nacido como idea  en 1999, en un restaurante del Centro Cultural Estación Mapocho.

En efecto, un grupo de profesionales porteños avecindados, bordeando la contradicción con su propia voluntad, en Santiago, formaban una más de las organizaciones informales que pretendía ayudar al puerto. Se constituyeron como "Amigos de Valparaíso" y decidieron romper lanzas por un nuevo destino para una de las pocas mesetas que formaban parte del concierto de cerros de Valparaíso, la que acoge desde 1850 un recinto penitenciario y que antes acogió -en el siglo XVI- a uno de los polvorines españoles que sustentaban con munición la defensa del puerto de los corsarios.

Alguno de los nostálgicos había escuchado que los prisioneros que cumplían condena allí, iban a ser prontamente trasladados al nuevo penal que se edificaba en el Camino de la Pólvora. Otro verificó que el terreno y sus maltenidos  edificios pasarían a ser propiedad del Municipio local.

Ni cortos ni perezosos, los "amigos" designaron una dupla de entre ellos, que asumió la misión de visitar al Alcalde Hernán Pinto y ofrecerle colaboración en la empresa.

Igualmente eficiente, el edil, ofreció a los comisionados, una visita al recinto, recorriendo sus muros perimetrales, no sin adelantar que su idea era instalar allí en el futuro un complejo educacional para los secundarios porteños.

La misión -que integré- resultó dantesca: visitar una cárcel completamente ocupada con sus respectivas clasificaciones: rematados, peligrosos, homosexuales, menores, procesados, etc desde el muro que ocupan los gendarmes para vigilarlos e impedir fugas, constituye una de las experiencias más fuertes de mi vida. Constatar que algunos condenados peligrosos vivían completamente sin puertas ni ventanas para no tener un segundo de intimidad, o que la sección de homosexuales acogía una colorida y alegre multitud de seres vestidos de mujer, alteró profundamente mi visión de la Cárcel de Valparaíso, que había conocido sólo en su pensionado, cuando visité a Oscar Garretón, entonces preso político, o su amplio patio cuando me correspondió entrevistar para el diario en el que hacía mi práctica profesional, a los marineros apresados por haber intentado impedir el golpe militar de 1973.

El resultado de la experiencia fue que era perfectamente posible transformar el espacio en un centro cultural, lo que decidimos proponer a Pinto en una segunda audiencia. La mala noticia con que nos recibió fue que el recinto había sido traspasado a Bienes Nacionales, debido al aporte financiero que el gobierno debió hacer al municipio para pagar las adeudadas imposiciones de los profesores de Valparaíso.

El Seremi de Bienes Nacionales asumió con entusiasmo, de nuevo gobierno, el de Ricardo Lagos que comenzaba el 2000, la posibilidad de convertir el recinto desocupado en "un terreno para la cultura", lo que atrajo a una serie de artesanos y aficionados a las artes a irse lentamente instalando en los edificios abandonados. De hecho, en ese año, se realizaron actividades que recibieron a cerca de 16 mil personas, lo que llevó a un grupo de usuarios a crear una corporación de amigos de la ex cárcel y el gobierno a encargar a la Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural la tarea de desarrollar un concepto para el recinto.

Éste se discutió con usuarios, fue validado en seminarios académicos, consistiendo en proponer un Campus cultural de segunda generación, en el entendido que la primera era el CCEM, que se ocupaba de formar audiencias culturales, mientras su nueva versión agregaría a éstas, la formación de gestores culturales, en alianza con las universidades de Valparaíso. Se pensó que la oferta a servicios turísticos y formativos contribuiría a financiar el proyecto, dependiendo de una corporación cultural sin fines de lucro, de composición similar a la que hoy se constituye con Cristián Warnken, como presidente del Directorio.

La autoridad señaló que, de alguna manera, este fue un acto de fundación: “El Parque tiene una historia y esa fundación recoge esta historia pero también prepara un nuevo comienzo que esperamos sea lo mejor para Valparaíso. Hubo un espíritu común que fue claramente compartido en todas las decisiones, hubo distintas visiones pero siempre apuntando a lo mismo que es hacer un centro cultural de la máxima excelencia, que todos los procesos de búsqueda de sus directivos tengan que ver con una trasparencia y una probidad total".
Entre aquel inicio, con el siglo XXI, y la refundación actual, acontecieron diferentes iniciativas que se fueron desvirtuando una a una, como por ejemplo el proyecto de renovación urbana de todo el cerro Cárcel que emprendió la Comisión Plan Valparaíso y que contemplaba destinar parte de los terrenos a un desarrollo inmobiliario; el plan de gestión que la Comisión de Infraestructura encomendó a la gestora Hilda Arévalo, o el proyecto que generosamente regaló el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, creador del proyecto de la ciudad de Brasilia, pero que no acertó con la ex Cárcel. 

La Ministra de Cultura vaticinó un espacio de participación y de fortalecimiento de la realidad cultural de Valparaíso donde encuentren un espacio artistas locales, nacionales e internacionales: “Tenemos que garantizar una vocación nacional e internacional, un gran arraigo con las fuerzas culturales de la ciudad y que sea un motor, una cantera del desarrollo de una ciudad Patrimonio de la Humanidad y capital Cultural del país".

Como todo lo que se enclava en los cerros porteños, este espacio cultural, que ya tiene asegurado un financiamiento a través del CNCA, se ha instalado con dificultades pero con grandes perspectivas. Es de esperar que lo entiendan así sus usuarios, sus flamantes directivos y también quienes han sido activos en defender su presencia en el recinto.

Suena curioso decirlo en estos tiempos de fiscalías y delitos tributarios feroces, pero la Cárcel es de todos.