DON PLÁCIDO Y LAS MISMAS PIEDRAS

Aunque pareciera que somos tozudos para sacar lecciones del pasado y de lo entonces acumulado, una mirada a lo que está ocurriendo en torno a las políticas culturales y la institucionalidad que las rige, permite apreciar que, como en todo, hay lecciones aprendidas, tropiezos con la misma piedra y amenazantes nuevas piedras que podrían trabar el debate.  

Entre lo aprendido, es destacable lo que ocurre alrededor de la venida de Plácido Domingo. Lo primero, la presentación en Chile de una ópera, Il Postino, que no tiene sólo cantantes nacionales sino que refleja un tema criollo, un autor nuestro -Antonio Skármeta- y una acogida del público chileno que en su estreno no dejó asientos libres en el Teatro Municipal. Es decir, podemos llegar a imaginar que en algún plazo no lejano se celebre la tradicional Gala de Fiestas Patrias con obras bastante más vinculadas al país que cumple años que las que suelen programarse para el festejo más relevante de Chile. Pero, sin duda lo más llamativo es que ¡por fin! se ha aprendido la lección de entregar invitaciones para una función gratuita, de Domingo en el Movistar Arena, cumpliendo con los requisitos de respeto a las audiencias: aviso y entrega con la debida antelación, mínimo de entradas por persona, nitidez de quién o qué empresa es la que está pagando por esta aparente gratuidad, que no lo es. Sólo que alguien paga por el asistente al concierto exigiéndole al beneficiado que haga un gesto de manifestación de su interés por la función ofrecida, asistiendo de madrugada a retirar entradas. Se reafirma así que la cultura cuesta y el público que disfrutó de la gratuidad estará más dispuesto a pagar directamente por ello en otra oportunidad.

Lo que no es una lección aprendida todavía es la campaña por la eliminación del IVA a los libros. Esfuerzo inútil desde comienzos de los noventa cuando se creó -con el espíritu de invertir en los futuros lectores- el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, que daría origen al Consejo Nacional del Libro, en la Ley 19.227. Entonces, el país, con su gobierno y parlamentarios, determinó que más que beneficiar a quienes ya compran libros (que, sin IVA éstos, comprarían un quinto más de textos) era más equitativo destinar recursos a crear bibliotecas, planes de lectura, premios a escritores y demás iniciativas que transparente y concursablemente se financiaran con aquellos recursos que el fisco recauda a través del cuestionado IVA al libro.
Un dato a los entusiastas de hoy -tan amigos del esfuerzo audiovisual para tratar de rebajar el impuesto a los libros-, esta campaña debe ir dirigida, si quieren tener algún éxito (como el IVA diferenciado o el precio fijo) a los ministros de Hacienda y sus asesores, que son los responsables de la política impositiva del país. El IVA no es una política cultural, es una política -exitosa por lo demás- de hacienda y más que majaderear a los parlamentarios (que no tiene iniciativa en el tema recursos o a las autoridades culturales, que no fijan los impuestos) deben orientarse a los MBA y seminarios de economistas dónde estos temas se cocinan. Pesa, en todo caso, que tantos ministros de Hacienda y tan dispares, sean tan homogéneos en este asunto. Es que se sienten, como en pocas ocasiones, defendiendo a quienes no tienen acceso al libro, en desmedro de quienes tienen hábitos de compra y recursos para hacerlo y desean adquirir más por el mismo dinero. Sin embargo, los tropiezos en las mismas piedras parecen enseñar, dado que las más recientes versiones de los organizadores de la campaña hablan de la eliminación del IVA sólo como "punto de partida" para anhelos mayores. Así comenzó el debate por la Ley del Libro y por tanto no habría razones para pensar que esta campaña, y la discusión que ha provocado, evolucione desde las actrices talentosas hacia los diseñadores de políticas públicas de calidad.

Piedras conocidas parecen estar haciendo tropezar a quienes ahora se encargan de la presencia chilena en la FIL de Guadalajara. Cometen el error, básico, de dar a conocer prematuramente  listas de invitados, los que son inevitablemente menos que quienes se sienten con derecho a integrarlas; no resuelven internamente las atribuciones de las diversas reparticiones públicas involucradas, dejando en un extraño limbo a nuestra Cancillería y a su representante en México, el Embajador que asistirá "pero no en la delegación chilena". ¿A qué país representa en México Roberto Ampuero? ¿Qué oficio desempeña?
Preocupante es la lista de ausencias que señalan algunos integrantes del mundo del libro, como la falta de diversidad regional; discriminación de los editores independientes; representación baja de poetas; escasa presencia de ensayistas y críticos literarios nacionales, y una homogeneidad excesiva de los temas abordados en las mesas de discusión. 
Estas piedras, de no mediar rectificaciones, se irán haciendo rocas en la medida que se acerque la fecha de inicio de la FIL y sólo cabe desear que no se transformen en una escarpada montaña difícil de ascender.

Entre los temas que emergen en el debate, está el esbozo de lo que será la propuesta de modificación gubernamental a la institucionalidad cultural, expuesta en dos presentaciones en un seminario reciente. Según ellas, los conceptos claves de la nueva institucionalidad serán la creación de un ministerio de Cultura y Patrimonio con participación de la sociedad civil a través de diversos mecanismos que integrará a tres servicios dependientes (Artes e Industrias Creativas; DIBAM; CMN) con descentralización a órganos regionales. 

En ella se conservan todos los organismos de participación actuales como el Directorio Nacional (a nivel ministerial) los consejos sectoriales, los consejos regionales y un sucesor del Consejo de Monumentos Nacionales. La novedad es que se agrega a lo actual un Ministro, un subsecretario y seremis que tendrán como servicios subordinados a la DIBAM junto, y a un mismo nivel, que el Consejo de Monumentos y el  Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en su dimensión administrativa. Es decir, parece haberse diseñado la fórmula para finalmente incorporar a la DIBAM al alero de instancias participativas como las del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura. Sería una relevante novedad que éste servicio, tan díscolo anteriormente a subordinarse a órganos que sentía equivalentes, reconozca una autoridad con participación de la sociedad civil y facultades resolutivas y vinculantes  en la aprobación de la política cultural de la nación.

Es de esperar que la DIBAM, que se ha soñado históricamente a si misma  como ministerio o subsecretaría  no se convierta en la piedra en la que choquen las intenciones de la Secretaría General de la Presidencia.