Hasta ahora había conocido varios adjetivos para calificar la política cultural vigente en Chile. Un comentario editorial de El Mercurio del 3 de junio agrega uno nuevo: “controvertible”. Es decir, impugnable, debatible, discutible, problemática o polémica. En palabras de la RAE, que se puede “discutir extensa y detenidamente sobre una materia defendiendo opiniones contrapuestas”.
Efectivamente, unos pocos puntos que toca la editorial se pueden discutir detenidamente, pero hay otros que no valdría la pena hacerlo por la sencilla razón de que están basados en mala información o porque han generado suficiente consenso en el país.
En el primero de los casos, están las afirmaciones del Mensaje Presidencial del 21 de Mayo referidas a los contenidos de los centros culturales y bibliotecas que se anuncia serán habilitados en los próximos años. En los primeros, efectivamente está planificada de elaboración, en conjunto con sus futuros beneficiarios, de los planes de gestión respectivos y que por cierto serán diversos conforme a la localidad donde se sitúen.
Sobre las bibliotecas, no creo que sea discutible la necesidad de crearlas en los escasos lugares donde aún no existen aunque sí es posible analizar los contenidos en términos de ejemplares de que serán dotados. Hasta ahora, en el resto de las ciudades donde existen bibliotecas públicas, tal misión la ha cumplido la DIBAM con razonables apoyos del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y tecnologías computacionales y de Internet aportadas por el convenio con la Fundación Bill&Melinda Gates. Todo ello favorablemente acogido por las comunidades a las que sirven.
Donde podría existir controversia es en el sentido y los contenidos de las bibliotecas de familia, que, en rigor, fueron formuladas por la Presidenta como parte de la política educacional y no la cultural, será en ese Ministerio entonces donde residirá la eventual polémica. Así mismo es controversial lo que el articulista califica como “énfasis desproporcionado en el carácter festivo o recreacional de la política cultural”. En ninguna parte de la política cultural formulada con horizonte 2010 aparecen actividades festivas o recreacionales, tampoco pudiese deducirse de alguna de sus 52 medidas que el Estado tiene funciones de organizador de festivales o productor de eventos. Cualquier sesgo en esa línea parece discutible y desde luego su existencia corresponde más a planes del gobierno aplicados por el servicio público llamado Consejo de la Cultura, sin comprometer las políticas de Estado que lo trascienden.
La respuesta a estas prácticas la recoge el mismo documento: “La creación y ampliación de audiencias demanda el financiamiento de espacios adecuados y programas reales de educación públicos sostenibles en el tiempo”. Esta manera de hacer las cosas es coherente con la Política Cultural del Estado de Chile que comentamos y no debiera entonces prestarse a polémica.
Lo mismo ocurre cuando el artículo se refiere a la necesidad de agregar al adjetivo “inclusiva” que usa la Presidenta para calificar la Política Cultural de Estado que tenemos y le pide se agreguen “componentes como el rigor, el profesionalismo y el cumplimiento de estándares de calidad”. Tales componentes forman parte de ella, a través de organismos colegiados y participativos, además de los consejos especializados y los respectivos comités consultivos existentes en todas las regiones. Si a ello agregamos que, por ejemplo, para asignar los fondos concursables, estos organismos recurren a jurados idóneos y comités de especialistas, la preocupación del articulista no parece controversial.
Donde se muestra falta de información es cuando se solicita que es “indispensable ampliar el programa de becas para el desarrollo de los artistas y su vinculación efectiva con el mundo real”. Recientes resultados de la línea Becas y Pasantías del concurso 2007 de Fondart demuestran que la demanda por ellas está casi completamente satisfecha tanto en establecimientos del hemisferio norte como del nuestro, de modo que tampoco es controversial este tema pues el fondo público concursable creado para este efecto funciona con criterios de transparencia, asignación por pares y conforme a las necesidades tanto del mundo de los creadores como de los gestores culturales.
Hacia el final, el texto reafirma algo que sabemos desde hace tiempo y que por tanto no es posible encontrarle puntos contradictorios con la situación que vivimos en Chile: “La institucionalidad cultural centralizada, dirigida y financiada directamente por el Estado-mecenas, es una formula que hace agua y se bate en dificultosa retirada en Europa”. Lo sabemos desde antes de crearse el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y su constitución asume plenamente esta situación mundial evidente. No hay controversia, sino redundancia.
Redundancia que se confirma con la frase de cierre: “Las tendencias más modernas, eficaces y democráticas se orientan hoy al financiamiento privado, fomentado por el Estado mediante políticas que incentiven la contribución de todos los niveles de ingreso.”
Así vistas las cosas, del mismo texto desprendemos un contenido que dista mucho de plantear conflictos sino más bien un respaldo a las políticas culturales vigentes y a los encargados de formularlas, un organismo plural, colegiado y a juzgar por el comentarista, acertado en sus obras. Pareciera que lo controvertible pasa poco más allá del titular.
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