"CUESTIONES PREVIAS" DE UN MINISTERIO DE CULTURA

El Consejo Nacional de la Cultura ha convocado a una Consulta Ciudadana para escuchar a quienes se interesen en opinar respecto de la promesa, incluida en el programa de Gobierno de Michelle Bachelet, de crear un Ministerio de Cultura y Patrimonio. A diferencia del proyecto presentado por la administración anterior, que no formaba parte de las promesas de campaña, ésta iniciativa reviste la legitimidad del voto y a la vez sugiere algunas "cuestiones previas" a entrar al debate al que ha convocado la Ministra Claudia Barattini.

Las promesas del programa cultural de Piñera, en el plano legislativo, fueron tres:
1. Perfeccionar la Ley de Monumentos Nacionales con el fin de transformarla en un instrumento efectivo de preservación, estableciendo mecanismos de compensaciones para los propietarios de inmuebles patrimoniales, así como para las donaciones específicas para monumentos nacionales de propiedad privada, esto por medio de incentivos tributarios y aportes directos del Estado, entre otros instrumentos.
2. Mejorar la Ley de Donaciones Culturales, tanto en el acceso como en la simplificación de su funcionamiento, ampliando su alcance pero también sancionando a quienes abusen de ésta, y
3. Crear la Ley Bicentenario con incentivos tributarios a la donación a obras bicentenario.

El resultado fue que se cumplió sólo la segunda promesa. Además, es necesario recordar que se detuvo el trámite del proyecto de Instituto del Patrimonio que había enviado Bachelet en su primer mandato y se envió, con premura y poca participación, un proyecto de Ministerio que será sustituido por la nueva administración de Bachelet.

De cara a esa sustitución, surgen algunas reflexiones previas, que propongo considerar:

1. Profundizar la participación. No es razonable retroceder en este plano. Si el Consejo Nacional de la Cultura asentó en la legislación pública chilena la posibilidad de una entidad con rango ministerial que fijara sus políticas con participación de la sociedad civil, hay buenas razones, en tiempos de la participación ciudadana, para que el eventual nuevo ente mantenga sus instancias de participación e incluso, las profundice.

2. Establecer nuevos vínculos sectoriales con áreas que no estaban en la agenda. Cuando se creó el Consejo Nacional de la Cultura había áreas y temas que no estaban en la agenda de fines de los años noventa. Por ende, es necesario incorporarlas en la nueva entidad. Las más relevantes son la relación de la cultura con la educación, el multiculturalismo y la relación con los pueblos indígenas, la TV digital y las posibilidades que se abren para establecer una relación entre la cultura y el CNTV así como la TV pública. No pueden seguir caminando de espaldas el uno al otro. La TV requiere urgente de cultura y la cultura necesita la divulgación masiva de calidad que la TV puede y debe entregar.

3. Reforzar las atribuciones del Ministerio en diferentes áreas que no existen o son débiles. No es posible imaginar un Ministerio de Cultura que no tenga una voz determinante en aspectos como: la designación de agregados culturales, los premios nacionales en disciplinas artísticas, los programas de estudios de arte y gestión, las obras de arte públicas que lidera actualmente el MOP, los lugares patrimoniales declarados por UNESCO. Un caso especial es Valparaíso y los últimos sucesos han dejado prístinamente claro que la ciudad requiere de una autoridad empapada de su carácter patrimonial y cultural junto con recursos adecuados para su gobierno en esa dirección. Hay ejemplos, como el Historiador de la Ciudad de La Habana.

4. Aclarar la situación de los funcionarios tanto de DIBAM como del Consejo Nacional de la Cultura, enfrentar de manera transparente y eficiente el tema de las tan anunciadas duplicidades y disponer de recursos para indemnizar a aquellos funcionarios que eventualmente aparezcan con funciones duplicadas. Ellos no son responsables del descuido de anteriores autoridades.

5. Distinguir, al momento de reestructurar los servicios actuales públicos, lo que funciona de aquello que no. Hay casos, especialmente en la DIBAM, de actividades sobresalientes que deben ser conservadas y estimuladas. Recientemente hemos tenido noticia positiva del trabajo del Archivo del escritor, de Memoria chilena y de Bilbliometro, por dar sólo algunos ejemplos.

6. Establecer en la legislación relaciones amplias de colaboración con los gobiernos regionales, considerando que son proveedores posibles de recursos para las artes y la cultura y que los Intendentes serán próximamente electos. Se debe crear condiciones para no tener que cambiar nuevamente la Ley cuando ello ocurra.

7. Es evidente que el sector público no es el único actor en el terreno cultural. Hay extraordinarios actores en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, de las organizaciones ciudadanas y gremiales, de las organizaciones de derechos de autor y de las empresas que se acogen a las donaciones culturales. Se deben crear mecanismos inclusivos para mejorar las políticas sectoriales hacia el sector privado y sin fines de lucro.

8. Un deterioro de los consejos sectoriales se ha atribuido al hecho de que sus integrantes no pueden acceder a los fondos concursables. Para mantener el necesario buen nivel de las representaciones allí establecidas, se debe estudiar estímulos económicos o dietas por formar parte de los consejos y Directorio.

9. Es un pendiente desarrollar una política de premios y estímulos culturales chilenos a connacionales y extranjeros. Debe existir una coherencia entre los premios nacionales, los de los consejos sectoriales, los premios Presidente de la República, la Orden al Mérito Cultural Pablo Neruda, los Tesoros Humanos Vivos, el Haz tu tesis en Cultura, entre otros.

10. Finalmente, la gran diferencia con lo existente debe estar dada por la comprensión de la cultura como un derecho al cuál deben tener acceso todos los ciudadanos. Si ello no se logra, no valdrían la pena ni este debate ni aquel posible Ministerio.

Si las condiciones legislativas no permitieran satisfacer en gran parte estos aspectos, siempre queda la opción de reflotar el Instituto del Patrimonio y perfeccionar las atribuciones del Consejo Nacional de la Cultura. En el trámite legislativo, siempre, hay mucho paño que cortar. 

Y la participación es un buen comienzo.