Luego, se puede presumir que la novedad de este planteamiento está en este último término: es decir, que se incorporaría a lo existente las actuales DIBAM, CMN y departamentos del MOP (Dirección de Arquitectura) y MINVU.
Hasta ahí no hay diferencia con lo planteado durante el debate público, amplio y muy participado, entre los años 1990 y 2003, cuando finalmente se crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Cabría analizar entonces por qué tal voluntad no se concretó, a pesar de lo prolongado del debate (más de doce años). Considerando que hay documentación que demuestra que los sectores diferentes al patrimonio estaban por tal inclusión (de las instituciones patrimoniales), cabe deducir que la incorporación fallida se debió a la propia voluntad de las instituciones presuntamente involucradas.
La pregunta que surge entonces es ¿qué ha cambiado para que las instituciones patrimoniales ahora anhelen incorporarse a una nueva institucionalidad cultural, diferente a la tradicional que data de 1929? O bien ¿cuáles son las condiciones que éstas –en un escenario diferente- exigen para compartir un ministerio con las organizaciones vinculadas al arte y la gestión?
Lo que ha cambiado es que desde 2004 a la fecha ha operado un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que ha formulado políticas culturales y patrimoniales, que es y ha sido siempre integrado por personalidades del patrimonio en sus instancias, aún las máximas (Directorio Nacional,en la foto). Ha acontecido además, que dicho Consejo se ha hecho cargo de tareas de restauración patrimonial, especialmente post 27/F, con eficiencia y hasta rango programático. Ambas realidades han existido con eficiencia y sin críticas conocidas. Por tanto, no habría razones para –en la nueva institucionalidad discutida- modificar la existencia y características del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Por el contrario, hay un état de spirit en la sociedad de que la participación que generó al Consejo es un bien deseable y recomendable en el servicio público.
No es razonable entonces pensar que las entidades patrimoniales quieran retroceder en términos de participación. Su nueva actitud debiera buscarse en otra área. Postulo que es el área de mejorar su gestión –tan trabada por su condición de servicio antiguo y centralizado- y probablemente el incremento de sus recursos. En ambos casos, es precisamente el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes quién puede entregarle luces para lograrlo. No es verosímil pensar que la mera condición ministerial aumente grandemente los recursos operacionales, más allá de los inevitables de la instalación de una nueva estructura burocrática y que no son precisamente aquellos que atraen a los parlamentarios, en especial a aquellos partidarios de una reducción del aparato del Estado (como aconteció, por ejemplo, cuando se fijaron los presupuestos del Consejo del Libro y del propio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). Por su parte, el Consejo y múltiples corporaciones sin afán de lucro, pueden dar luces de cómo es posible allegar nuevos recursos, fundamentalmente privados, a la imperiosa tarea de la preservación patrimonial. Es precisamente lo que ha exteriorizado el Supremo gobierno con su acertada propuesta de modificación de la Ley de Donaciones Culturales.
Si un ministerio no aseguraría mayores recursos y a la vez encarcelaría la tan socialmente reclamada participación social, cabe buscar en otras razones esta nueva propuesta.
Parece evidente que la principal es reparar aquella negativa obstinada de las diferentes autoridades de algunas entidades patrimoniales a integrarse a una institucionalidad moderna, discutida por más de una década y aprobada por una abrumadora mayoría parlamentaria hace menos de una década.
Sin duda, es pertinente escuchar esta explicable demanda e intentar acogerla institucionalmente sin “desvestir un santo para vestir otro”. Esto es, no desvencijar un tan eficiente como reciente Consejo y a la vez poner sus cualidades al servicio de los organismos que requieren una urgente renovación.
¿Cómo pueden convivir ambas entidades sin que la una hegemonice a la otra? La historia reciente muestra que ni la DIBAM está disponible para ser coordinada por el Consejo, ni éste dispuesto a perder su actual estatus autónomo, participativo y descentralizado a merced de un ministerio.
¿Qué hacer entonces?
En beneficio de la coordinación que deben tener servicios públicos que navegan en las mismas procelosas aguas de la cultura y sin menospreciar el valor de los 83 años de vida de la DIBAM ni descartar la década de éxitos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes podría ser una solución una tercera entidad -un ministerio- que agrupe a entes de rango similar como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, un futuro Consejo del Patrimonio y la Conadi o algún servicio que la reemplace.
Si se llega a consensuar una propuesta, será posible agregar a esta entidad otras aristas como por ejemplo atribuciones respecto de las culturas que constituyen nuestra sociedad. Se ha dicho mucho que las políticas hacia nuestros pueblos indígenas u originarios ya no pasan solamente por la recuperación de tierras ancestrales, es fundamental reconocer sus culturas, valorarlas e integrarlas a nuestra identidad como país.
En tal escenario, el de un ministerio de las culturas, se hace obviamente innecesaria explicitar el concepto de patrimonio, es innegable que cada una de las culturas lo encierra y así debe valorarse.
Esta figura, que han sido reiteradamente descartada por el mundo de la cultura, sólo podría comenzar a acariciarla si se cumplen tres requisitos:
- CONTINUIDAD DE LO BUENO. Que no se retroceda un ápice en la participación y atribuciones de la sociedad civil en sus órganos.
- PERMANENCIA DE LAS POLÍTICAS. Que se entregue a su autoridad máxima, no sólo “un rango ministerial”, sino la certeza de que será una figura estable en nuestro ordenamiento administrativo público, que no pase indistintamente a subsecretaría, servicio público o dependencia de otros ministerios, como lamentablemente acontece en otros países de América Latina y, sobre todo, en España.
- MEJORAMIENTO DE LO DEFICITARIO. Que se introduzca en los servicios públicos diferentes al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que se agreguen a esta institucionalidad, una fuerte dosis de participación y de gestión: un consejo nacional del patrimonio con instancias de participación de la sociedad civil y corporaciones sin fines de lucro que gestionen –recaudación de fondos incluidos- los principales museos, bibliotecas y sitios patrimoniales del país.
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