La gran pregunta respecto del futuro Instituto del Patrimonio radica en cómo se va a relacionar con un sistema de organismos culturales existentes, especialmente para la formulación de las políticas de Estado en su área. Es decir, cómo satisfacer la inquietud de un 63% de los lectores de este blog que respondieron a la encuesta de la semana pasada que su aporte debe ser "completar la institucionalidad cultural". Un 27% estimó que su mérito sería "incorporar la gestión privada a museos y archivos".
Tal vez desde estos dos ejes –institucionalidad y gestión- podríamos enfocar la nueva propuesta legal.
La Ministra de Cultura de España, Ángeles González-Sinde, pidió que se dé a las políticas culturales de su país el rango que merecen: que no estén sujetas a los vaivenes de cada gobierno y asuman carácter de políticas de Estado. Chile ya lo logró con la creación, en agosto de 2003, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Curiosamente, en otro paralelismo que nos favorece en el tiempo, la Ministra anunció que el primer borrador de la nueva Ley de Patrimonio Cultural de España estará terminado antes de final de año. La nueva Ley sustituirá a la vigente Ley de Patrimonio Histórico, que data de 1985. En esto, llevamos también ventaja: nuestra Ley de la DIBAM es de 1929.
COMPLETANDO LA INSTITUCIONALIDAD
Es evidente que el futuro Instituto del Patrimonio deberá integrarse de alguna forma con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, sea a través de su Presidente, que tiene rango de Ministro, y/o de su Directorio Nacional, que tiene atribuciones para formular políticas de Estado en el terreno del “desarrollo de las artes, difusión de la cultura y conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural” (Artículo 2° Ley 19.891).
Es muy posible que el nuevo servicio, poseyendo autoridad para ejecutar las políticas patrimoniales, tenga un Consejo del Patrimonio que diseñe tales políticas conforme a las políticas de Estado vigentes, que formula el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El engranaje lógico para combinar ambos esfuerzos es el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Resuelto el tema de la formulación de políticas, será necesario ajustar la legislación vigente en términos de cómo la nueva estructura, en primer lugar, reemplaza a la DIBAM y al Consejo de Monumentos Nacionales -sin afectar en nada a sus actuales funcionarios- y se integra con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, complementándolo. Por ejemplo, a nivel de los consejos regionales que debieran derivarse del Consejo Nacional del Patrimonio.
Los consejos patrimoniales deberían tener integrantes de la sociedad civil, pero a diferencia de aquellos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en una proporción que garantice la permanencia de la propiedad fiscal de los museos, archivos, bibliotecas y el patrimonio que custodian. Por ende, los funcionarios públicos debieran constituir mayoría y considerar entre ellos al Ministerio de Bienes Nacionales.
Los consejos regionales del Patrimonio son una buena manera de integrar a ese nivel a personeros de los Consejos Regionales y Cultura y viceversa.
MEJORANDO LA GESTIÓN
Protagonista central será el Director Nacional del Instituto que, junto con encabezar un servicio público descentralizado y territorialmente desconcentrado, deberá interactuar con el Consejo del Patrimonio para colaborar en la formulación de las políticas y a la vez ser responsable de aplicarlas.
Una buena manera de mejorar la gestión, debiera ser la selección por Concurso de Alta Dirección Pública tanto del Director del Instituto del Patrimonio como de los directores de los museos y bibliotecas de alcance nacional.
Así mismo, debiera crearse un fondo concursable con jurados idóneos y externos al servicio, supervisados por el Consejo Nacional, que apoyara fuertemente los proyectos de éste ámbito incluyendo la posibilidad de compra de bienes inmuebles de valor patrimonial y por cierto, su puesta en valor, la investigación, la difusión y la formación de audiencias patrimoniales.
También debiera facilitarse la interacción de este servicio con corporaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro que han demostrado ser un aporte al –hasta ahora- insuficiente trabajo público de resguardo del patrimonio nacional. Por ejemplo, permitir la formación de corporaciones fuertes que se responsabilicen integralmente de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, como Valparaíso.
LO QUE VIENE
A lo expuesto, se debe agregar alguna reflexión de la “coyuntura” en la que se estrena el proyecto de Ley. Estamos, qué duda cabe, en un año electoral, en el que las leyes asumen una particular cadencia. Ésta es, por tanto, una ley que quedará presentada por la administración Bachelet pero que será firmada por el próximo Presidente. Como los principales candidatos compiten por no cuestionar, sino incrementar “el legado Bachelet”, es esperable que el inicio del futuro mandato sea un buen acelerador de esta legislación. Por tanto, la suerte de esta Ley se está jugando hoy más en las aguas de los Océanos Azules y los grupos Tantauco que en el debate parlamentario. De los compromisos en este sentido que recojan los programas presidenciales depende que más tarde o más temprano estemos celebrando la creación –por fin- de una institucionalidad siglo XXI para nuestro patrimonio, tal como la tiene el arte y la cultura.
Esto comienza, señoras y señores.
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