En los últimos días, los productores de recitales musicales han rugido como un solo hombre, amenazando con construir un recinto propio para sus producciones, ante la negativa de poder usar el Estadio Nacional para los eventos que producen.
Podría decirse que es un show más, aunque de menor calidad que los que habitualmente ofrecen al público chileno.
Primero, porque no son “un solo hombre”, a la inversa, son feroces competidores entre sí que luchan por lograr la representación de diferentes artistas y en ello están y han estado, dispuestos a jugar lejos del fair play que sugeriría un recinto como el Estadio Nacional.
Segundo, porque por más que el negocio coyunturalmente sea floreciente, está lejos de financiar una infraestructura nueva y exclusiva para mega eventos. Además, que el negocio siga siendo bueno depende de simples avances tecnológicos que permitan, por ejemplo, volver a proteger la propiedad intelectual de los fonogramas.
Tercero, porque el país dispone, en los últimos años de recintos capaces de acoger gran parte de los recitales que ofrece el mercado internacional. Son sólo una minoría los que requieren de estadios gigantescos y precisamente, en otros países se presentan en estadios de fútbol, como ocurre en Argentina, Brasil y México.
Por tanto, el falso dilema es sólo un tema de buena gestión y de afinada planificación. Tanto de los productores (que suelen ir a la zaga de fechas fijadas por otros mercado como el brasileño y el argentino) como los dirigentes del fútbol chileno debieran conocer con tiempo sus necesidades de usar “nuestro primer coliseo deportivo” y las autoridades de éste, debieran actuar como árbitros para distribuir las fechas según la mencionada planificación, sin tener que llegar tan frecuentemente al uso de las tarjetas rojas que han afectado recientemente a algunos grupos musicales.
Las autoridades deportivas deben ponderar que finalmente estos recitales entregan recreación a grandes multitudes, especialmente de jóvenes, que todos quisiéramos ver más en los estadios que en las garras de la droga. Además, son una fuente de ingresos no despreciables para subsidiar la propia infraestructura así como actividades deportivas o artísticas de menor convocatoria o recaudación más floja.
Cabría preguntarse si no sería bueno revisar la dependencia de los estadios principales que sean propiedad pública para que, manteniéndola, sean administrados por instancias privadas sin fines de lucro que tengan la misión de promover el deporte y la recreación.
En tales entes podríamos encontrar a universidades, clubes deportivos, gestores culturales, representantes del público, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y por cierto Chile Deportes o su sucesor.
Esta medida es pertinente toda vez que el gobierno de la Presidenta Bachelet se ha empeñado en modernizar a lo largo del país la red de recintos deportivos, lo que nos ha permitido acoger ya a un mundial femenino de fútbol juvenil.
Como este tipo de eventos deportivos se multiplican, una especie de red de corporaciones administradoras de estadios podría encabezar además el aparato nacional de búsqueda de oportunidades de organización de campeonatos mundiales, olimpíadas, copas varias, cuyas sedes muchas veces deben obtenerse con gran anticipación, que escapa al horizonte de tiempo de un gobierno determinado.
Teniendo una suerte de Comité permanente de búsqueda y postulación a eventos universales de las más variada categoría –como lo es el Comité Olímpico de Australia, por ejemplo- no deberíamos esperar el tercer centenario para programar actividades de rango universal y comenzaría a ser familiar ver, como en la actual primavera española, a decenas de madrileños luciendo camisetas alusivas a la postulación a la Olimpíada Madrid 2016.
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