Que la realidad suele superar a la ficción es un lugar común.
La mirada tradicional asociaba policía y libros a –ahora ingenuas- historias de Cayetano Brulé o Heredia que triunfaban sobre precarios delincuentes que no lograban superar impunes las últimas páginas de los libros que malamente protagonizaban y de cuyos nombres difícilmente podemos acordarnos.
Sin embargo, este 2008 ha marcado un vuelco en la novela. Se ha organizado una Brigada (no la Brigada Escorpión, nacida de la mente de un prolífico escritor de “policiales” y cuyo cuartel general estaba en el Centro Cultural Estación Mapocho, no, todo ello es ficción, y se diluyó: su protagonista oficia hoy como diputado). Se trata de una Brigada tan real que ha incautado 320 mil productos de esta singular industria cultural conocida como Piratas S.A. Y que no está constituida por Garfio, Morgan ni otros recordados filibusteros. Los corsarios reales son libreros, ex empleados de editoriales, impresores profesionales y financistas.
Lo que era un secreto a voces, conversación de pasillos en cada feria del libro, sale a luz gracias a esta Brigada de Propiedad Intelectual de Investigaciones. Sorprende que su Jefe reconozca en Artes y Letras del 3 de agosto que, hasta su creación, sólo se castigaba “la flagrancia” ya que “por tiempo y capacidad operativa” no se abarcaba el círculo completo. ¡Qué ingenuos los legisladores que creyeron que endureciendo las penas a los piratas en la Ley del Libro se acabaría con el mal! Hay que crear leyes, pero también ocuparse de su “gestión”, dar recursos para que se cumplan.
Tal vez debieron leer un poco más de literatura especializada y deducir que para desbaratar una banda hay que investigar y para ello, disponer de investigadores y que éstos se organizan en brigadas…
Es precisamente la creación de esa unidad la que hace visible al delito, algo así como que la sanción transparenta la violación. Es de esperar que como ahora existen policías especializados en perseguir bucaneros hasta sus más recónditos escondrijos y proveedores, la opinión pública llegue a comprender que la reproducción ilegal es un delito y no una forma de comprar lo mismo que el producto legal, pero más barato.
Es deseable que esta iniciativa policial, tempranamente premiada por la Cámara del Libro -directamente afectada-, sea también reconocida por los lectores por la sencilla vía de no hacerse cómplices comprando productos falsos. Ojalá se enfatice la lucha anti piratería desde la demanda, es decir desde el público, y no sólo desde la oferta, desde los creadores, que se agrupan en sociedades de defensa de sus derechos realizando iniciativas que suelen ser incomprendidas.
La lección de este suceso debe llevarse al debate, que recién comienza en público, sobre el cambio de la Ley de Propiedad Intelectual, que data de 1970, cuando se hablaba de la oficina del Pequeño Derecho de Autor, Internet era un sueño, las fotocopiadoras, un lujo y las universidades eras pocas y tenían bibliotecas.
Ojalá se legisle teniendo presente la capacidad de que lo aprobado sea viable de llevar a cabo considerando la globalización y las tecnologías disponibles y por disponer, y de que protección de la propiedad intelectual considere también a quienes está dirigida la creación: los públicos.
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