DINEROS PÚBLICOS Y CULTURA: PROTECCIÓN O TIJERAS

André Malraux y Charles De Gaulle

Luis María Anson, en EL MUNDO de Madrid, reproducido por Artes y Letras del 21 de octubre 2012, plantea tres diferentes actitudes de gobernantes europeos ante situaciones preocupantes para la cultura de su país: De Gaulle, que ante el riesgo de la invasión cultural inglesa y neoyorquina, creó el Ministerio de Cultura para proteger la cultura francesa y puso a la cabeza a André Malraux; Felipe Gonzalez tuvo acertado diagnóstico de la misma amenaza a la cultura hispánica pero erró en el encargado de la misión. Rajoy, sencillamente tomó la tijera y recortó presupuesto, aumentó tributos y suprimió el Ministerio. Estos tres caminos pueden orientarnos para el análisis del presupuesto para la cultura 2013, en nuestro país, recientemente enviado al Parlamento.

Un poco de historia. El equivalente al período de Malraux en Francia, comenzó en Chile recién en 2003, con la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cimentado en la tarea de la Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural, creada por Ricardo Lagos en el año 2000, apenas a un mes de iniciado su gobierno, fundacional en este aspecto. Dicha Comisión, en sus tres años de actividad presupuestaria (2001-2003), inyectó más de tres mil quinientos millones de pesos en la edificación de una inaudita infraestructura cultural en todo el país. La tarea continúa en los presupuestos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes desde el 2004 hasta el 2012. Lo que demuestra que los ministros nombrados por los gobiernos que siguieron al de Lagos, comprendieron y profundizaron la labor indispensable de dotar al país de una infraestructura cultural, inexistente hasta 1990.

Para 2013, se prevén cuatro mil setecientos millones de pesos para el Programa de Centros Culturales de localidades con más de 50 mil habitantes y mil setecientos millones para el programa de teatros regionales, ambos de continuidad. Además, se consolida el Fondo para recuperación patrimonial que requiere de aliados privados a quienes transferirse, los que deberían aportar recursos para atenuar la significativa caída presupuestaria de los 2.500 millones de los últimos años a los solo mil que incorporara el presupuesto 2013. 

Así, la inversión en infraestructura que llegó a nuestro país con el debut del  siglo XXI, se mantiene para 2013 y probablemente para 2014, dado que no es imaginable un cambio de orientación de sus prioridades en un gobierno que termina su mandato y que en tres años no ha innovado al respecto. Es esta área de la inversión pública en cultura  la que destaca el Ministerio de Hacienda: “se destinan $7.440 millones para la construcción de centros culturales municipales y teatros regionales, y apoyo para la reconstrucción del patrimonio”. Un diez por ciento del total asignado al CNCA.

El Presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es de setenta y un mil millones de pesos ($71.741.407.000), un cuarto del de CONICYT y el doble del de la Dibam. Un tercio está destinado a fondos concursables ($22.893 millones) que se incrementa en 10%;  los dos tercios restantes se dividen entre transferencias corrientes a corporaciones privadas como el Parque Cultural Valparaíso, el Teatro Municipal de Santiago, el Centro Cultural Gabriela Mistral, las Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, entre otras ($9.861.755.000); transferencias al gobierno central (como a DIRAC) y otras entidades públicas en las que se contempla recursos para co-financiar la programación artística de 24 centros culturales comunales, es decir, a gestión cultural.($ 15.600 millones). El resto es personal, bienes de consumo y seguridad social de los funcionarios.

Este  último presupuesto que ejecutará íntegramente la administración Piñera, nos permite hacer comparaciones con presupuestos anteriores, como el de 2006, elaborado por la administración Lagos y que dejó establecidos los parámetros por los que han transitado posteriormente las políticas culturales chilenas. El de 2006 sería el primero ejecutado por una administración, la de Bachelet, diferente a aquella fundacional que, entre otras cosas, nos legó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, base de la institucionalidad cultural de Estado que nos rige.

En 2006, el CNCA y la DIBAM  tenían un presupuesto prácticamente idéntico. Desde entonces, los fondos concursables se han multiplicado por dos y media veces. La Corporación Cultural de Santiago (Teatro Municipal) superará el próximo año los dos mil millones, habiendo recibido el 2006 un poco más de mil quinientos. La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles ha multiplicado tres veces su aporte del 2006. El CCPLM, nacido el 2006, ha multiplicado su presupuesto público un poco más de tres veces. Sólo los centros culturales Balmaceda 1215 y Matucana 100, han retrocedido, es decir, reciben menos que en 2006. Un análisis completo del presupuesto 2006 en el libro: "Cultura ¿quién paga?" Ril editores, noviembre 2006, capítulo 6.

Estas señas comparativas indican que la tendencia de los fondos públicos para la cultura se ha conservado, tanto en las administraciones Bachelet como Piñera, dentro de los parámetros iniciados por Lagos en base a las políticas culturales determinadas participativamente. Otro signo es la comparativa reducción de recursos para el patrimonio, a través de la DIBAM, parte de cuyas funciones han sido asumidas paulatinamente por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, según lo contempla la Ley que lo creó.

En el ámbito de la infraestructura  pareciera que se está llegando a un punto de inflexión: ¿hasta dónde sigue el Estado invirtiendo en espacios y cuándo comienza a trasladar recursos a la ocupación de los mismos, es decir a la actividad artística y formación de públicos? Pregunta que deberá enfrentar el próximo gobierno y por tanto los eventuales candidatos y sus programas. Hasta ahora, los gestos de algunos de ellos son: la ex Presidenta Bachelet fue explícita en apoyar la creación de infraestructuras tanto en el Museo de la Memoria como el GAM y centros regionales; Claudio Orrego ha incluído en su gestión alcaldicia en Peñalolen la edificación del Centro Cultural Chimkowe; Andrés Allamand, ha continuado con el proceso, iniciado bajo Bachelet, de desocupar la torre que ocupa el Ministerio de Defensa para dar cabida a la tercera etapa del GAM, indispensable en su diseño original de auto-financiamiento, mientras a Laurence Golborne solo se le conoce en esta ámbito una promesa incumplida: la de construir la segunda etapa del mismo, formulada in situ.

Volviendo a las alusiones europeas, ante la ausencia de una crisis de identidad - o la inadvertencia de la misma por nuestras élites- Chile vive aún, en cultura, el impulso de Lagos por reparar la grave ausencia de infraestructuras. El actual gobierno desechó la posibilidad de dejar alguna obra de magnitud, como el MIM, el Centro Cultural Estación Mapocho, el CCPLM o el Museo de la Memoria y optó por actualizar la lista de obras iniciadas por sus antecesores como el Parque Cultural de Valparaíso, el Museo Baburizza, los teatros regionales, las obras del  Legado Bicentenario o por el expediente obvio de reconstruir lo que el terremoto del 27F devastó. Por otra parte, en el anhelo de innovar ha intentado modificar el segundo logro del primer presidente del siglo XXI,  la institucionalidad cultural, sin resultados visibles hasta ahora.

Nos encontramos entonces -en palabras de Anson- ni con un De Gaulle fundacional ni un Felipe de buen diagnóstico pero mala implementación, sino con un legado que, sin explicaciones lógicas, ha aplicado la tijera de Rajoy a la segunda etapa del GAM, los centros culturales Balmaceda y Matucana y el Plan Valparaíso.

Por su parte, al Ministro Cruz Coke se le acaba el tiempo en su cargo si quiere iniciar una anunciada aventura electoral que aparece bien aspectada: altos índices de popularidad, a pesar de una gestión continuista (o quizás gracias a ello) junto a apoyos políticos y económicos que no tendría lejos del gabinete.

En lo institucional, nos deja un Directorio Nacional del CNCA desprovisto de la mirada femenina, una Convención Nacional asimétrica en términos de participación, un personal que parece haber logrado mejorar sus condiciones laborales, pero, lo más importante, un modelo de institucionalidad participativa que ha sobrellevado con éxito los intentos de desandar su condición de Consejo para convertirlo en un ministerio más. Es decir, el sueño de De Gaulle de proteger su cultura, actualizado al siglo XXI con un Estado moderno que acepta y utiliza mecanismos de participación y gestión profesional capaces de agregar fondos privados a esta misión.

En esta línea, como ocurrió en Francia, debería aprobarse la modificación a la ley de estímulos tributarios o donaciones culturales, antes del final de este periodo presidencial.

Lo demás, serán los balances, para lo cuál habrá una excelente ocasión, en enero 2014, de mostrar al mundo nuestro modelo de Consejo de las Artes, cuando se reúnan en Chile los varios centenares de delegados a la Sexta Cumbre Mundial de la Cultura y las Artes, a mostrarnos lo que el mundo actual tiene, de avances y tijeras.

Y a mirar lo que hacemos en Chile.