AQUILES, LA CULTURA Y LA DERECHA POLÍTICA

El 17 de agosto, Reportajes de El Mercurio, se preguntaba si las políticas culturales serían en Talón de Aquiles de la derecha. El mismo diario se responde, en Editorial del 24 de agosto titulada “La derecha política y la cultura”, que tal hipótesis “quizás no es del todo justa”.

El académico Cristián Antoine en el blog del diario explica que “hablar de políticas culturales de derecha es una reducción muy limitante. Necesitamos auténticas políticas culturales, bien hechas, mejor pensadas y eficientemente aplicadas. Todas evaluadas. Ello, independiente de quien se siente en La Moneda”.

Sin considerarlo, el Editorial se apresura a dar tres consejos: “una política cultural con posibilidades de real impacto debería concentrarse en preparar las necesarias modificaciones a la Ley de Donaciones Culturales, que le devuelvan su perdida eficacia y la refuercen; promover urgentes reformas a las leyes de Monumentos Nacionales y General de Urbanismo y Construcción, para crear la institucionalidad y el sistema de incentivos económicos y tributarios indispensables para la conservación, restauración y difusión del patrimonio histórico, tangible e intangible, y una revisión sustancial del sistema de fondos concursables, sobre todo en el área de subsidio a la creación”.

Es decir, se sugiere a la “derecha política” profundizar en dos líneas de políticas creadas, aplicadas y priorizadas por gobiernos de la Concertación –antes de 1990 no existían ni la Ley de Donaciones ni el Fondart- y una legislación que está a punto de enviarse al Parlamento, tal como lo reiteró la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el viernes 22 de agosto ante la Quinta Convención Nacional de ese organismo.

Además, la autoridad recordó que “según la Fundación Participa, los fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se ubican como uno de los más transparentes del Estado. A ello se suma el reciente estudio de la Dirección de Presupuestos que evaluó al Fondart como uno de los 4 programas -de los 16 evaluados- que necesita reformas menores”. No obstante estos resultados, agregó “se hace imprescindible el perfeccionamiento en la entrega de los fondos. Para ello, el Consejo se ha propuesto alargar el ciclo de seguimiento de los proyectos, con el fin de evaluar su incidencia en la formación de audiencias y hábitos y una mayor coordinación con los Gobiernos Regionales”.

Tampoco hay primicia cuando la editorial concibe que “una fuerte inversión en infraestructura cultural (bibliotecas, museos, teatros) sería una contribución con beneficios directos e irrefutables”, ejemplificando con declaraciones del regista Hugo de Ana, instando a construir en Chile “el gran teatro de Sudamérica”.

Es sabido que existe un programa de construcción de centros culturales en comunas de más de 50 mil habitantes y se están instalando bibliotecas en las comunas –pocas- que aún no las tienen. También es público que el Centro Cultural Gabriela Mistral cumple con una de las medidas de la Política Cultural 2005-2010 que considera la construcción de un Centro Nacional de Artes Escénicas y Musicales el que contempla un teatro para más de dos mil personas con las características que sueña de Ana y algunas adicionales.

Por tanto, poco o nada hay de nuevo en las sugerencias a la “derecha política”. Simplemente porque no podría ser de otra forma: hace ya cinco años, el país se ha dado una Política Cultural de Estado, elaborada por todos los sectores involucrados y que considera, entre muchas otras, las inquietudes que refleja la editorial.

Por lo mismo, no parece justo terminar el comentario con una afirmación que más parece de campaña que de conocedores: “Está en manos de los políticos de derecha promover estas iniciativas y avanzar en un área en la cual los sucesivos gobiernos de la Concertación, pese a múltiples declaraciones, han tenido muy escasos logros”.

Una Política Cultural auténtica no es de derecha ni de izquierda, sino que es autónoma, desconcentrada y descentralizada, trasciende los gobiernos y es modificada desde el interior de los órganos de participación a niveles nacional, regionales y sectoriales, a través de convenciones como la que acaba de culminar, por quinta vez, en Valparaíso.

LIBROS, PIRATAS Y POLICÍAS

Que la realidad suele superar a la ficción es un lugar común.

La mirada tradicional asociaba policía y libros a –ahora ingenuas- historias de Cayetano Brulé o Heredia que triunfaban sobre precarios delincuentes que no lograban superar impunes las últimas páginas de los libros que malamente protagonizaban y de cuyos nombres difícilmente podemos acordarnos.

Sin embargo, este 2008 ha marcado un vuelco en la novela. Se ha organizado una Brigada (no la Brigada Escorpión, nacida de la mente de un prolífico escritor de “policiales” y cuyo cuartel general estaba en el Centro Cultural Estación Mapocho, no, todo ello es ficción, y se diluyó: su protagonista oficia hoy como diputado). Se trata de una Brigada tan real que ha incautado 320 mil productos de esta singular industria cultural conocida como Piratas S.A. Y que no está constituida por Garfio, Morgan ni otros recordados filibusteros. Los corsarios reales son libreros, ex empleados de editoriales, impresores profesionales y financistas.

Lo que era un secreto a voces, conversación de pasillos en cada feria del libro, sale a luz gracias a esta Brigada de Propiedad Intelectual de Investigaciones. Sorprende que su Jefe reconozca en Artes y Letras del 3 de agosto que, hasta su creación, sólo se castigaba “la flagrancia” ya que “por tiempo y capacidad operativa” no se abarcaba el círculo completo. ¡Qué ingenuos los legisladores que creyeron que endureciendo las penas a los piratas en la Ley del Libro se acabaría con el mal! Hay que crear leyes, pero también ocuparse de su “gestión”, dar recursos para que se cumplan.

Tal vez debieron leer un poco más de literatura especializada y deducir que para desbaratar una banda hay que investigar y para ello, disponer de investigadores y que éstos se organizan en brigadas…

Es precisamente la creación de esa unidad la que hace visible al delito, algo así como que la sanción transparenta la violación. Es de esperar que como ahora existen policías especializados en perseguir bucaneros hasta sus más recónditos escondrijos y proveedores, la opinión pública llegue a comprender que la reproducción ilegal es un delito y no una forma de comprar lo mismo que el producto legal, pero más barato.

Es deseable que esta iniciativa policial, tempranamente premiada por la Cámara del Libro -directamente afectada-, sea también reconocida por los lectores por la sencilla vía de no hacerse cómplices comprando productos falsos. Ojalá se enfatice la lucha anti piratería desde la demanda, es decir desde el público, y no sólo desde la oferta, desde los creadores, que se agrupan en sociedades de defensa de sus derechos realizando iniciativas que suelen ser incomprendidas.

La lección de este suceso debe llevarse al debate, que recién comienza en público, sobre el cambio de la Ley de Propiedad Intelectual, que data de 1970, cuando se hablaba de la oficina del Pequeño Derecho de Autor, Internet era un sueño, las fotocopiadoras, un lujo y las universidades eras pocas y tenían bibliotecas.
Ojalá se legisle teniendo presente la capacidad de que lo aprobado sea viable de llevar a cabo considerando la globalización y las tecnologías disponibles y por disponer, y de que protección de la propiedad intelectual considere también a quienes está dirigida la creación: los públicos.