El 31 de octubre, bajo el título Ministerio en marcha, El Mercurio editorializa sobre el nuevo ente de las culturas. Destaca que los fondos concursables, "que absorben buena parte del presupuesto total y son un elemento esencial del ministerio, no fueron modernizados en su funcionamiento". Y luego, arremete contra lo que se modifica con respecto del actual CNCA.
Primero, el nombre "sin duda uno de los más extensos y fiel metáfora de la exuberancia burocrática a que puede llegar cualquier repartición pública: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio", al que acusa de existir debido a "razones de orden ideológico (que) motivaron esta innovación nominal, las que probablemente mutarán rápidamente con el tiempo". Es decir, acusa a los legisladores que lo aprobaron hace poco, de haberlo hecho por razones ajenas al contenido de la nueva cartera y que la solo nominación es burocratizante. Sería aconsejable al editorialista revisar el interesante debate que se produjo en el Senado de la República, en el que ninguno de los honorables que hicieron uso de la palabra ni siquiera insinuaron que ello ocurriría y menos que estaban legislando para que "el tiempo" y no la ley, modificará el nombre aprobado.
A continuación, expone que "la próxima administración llevar adelante la dictación y aplicación de los diversos reglamentos pendientes, ya se pueden observar algunos puntos sensibles que tendrá la nueva estructura".
Analizando los programas de gobierno de los candidatos con mayores probabilidades de hacerse cargo de la tarea, el candidato Alejandro Guillier señala: "Instalación del Ministerio de las Artes, las culturas y el Patrimonio" y el de Sebastián Piñera anota: "Instalar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio superando las duplicidades y dispersiones que la estructura aprobada pueda generar". Ambos, en la línea de lo aprobado democráticamente.
No obstante, el editorial advierte que "diversos protagonistas del mundo de la gestión cultural han expresado su aprehensión por el exceso administrativo que puede conllevar la creación de dos subsecretarías (el proyecto de 2013 consideraba solo una), sobre todo por los montos que manejará cada una de ellas". Nuevamente, un punto que fue largamente debatido y resuelto escuchando a las partes involucradas y probablemente tambien a los "diversos protagonistas".
Luego, arremete contra la supuesta burocratización: "Se contempla además la creación inmediata de 390 nuevos cargos, con lo que el total de funcionarios alcanzará a 3 mil. Ello sin que se haya iniciado aún la implementación de las sedes regionales que determina el nuevo estatuto legal. Se vislumbra así un ente que perderá su vocación inicial -más liviana y menos interventora-, para convertirse en una entidad de acento más bien asistencialista respecto de la creación artística y la conservación patrimonial". El ministro Ottone ha insistido en que los nuevos cargos, financiados en el presupuesto 2018, son básicamente en regiones, donde la actual estructura es débil y la patrimonial, inexistente.
Continúa el editorial "en la actual Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, cuyo nombre será reemplazado por el de Servicio del Patrimonio Cultural, sólo la homologación de sus funcionarios con los del Consejo de la Cultura contempla un presupuesto adicional de 17 mil millones de pesos en cuatro años, lo que habría que observar". Para defender luego "la gestión de la Dibam, a nivel nacional, con sus prácticas y formas de trabajar, que la han convertido en un servicio público de muy buen nivel. No sería prudente descartar todo lo ganado en dicha entidad, desde su fundación en 1929, solo por un mero afán centralizador". Contradictorio comentario con la fuerte tendencia participativa y regionalizadora que tiene la nueva institucionalidad, que fue alentada por Senadores de todas las corrientes políticas.
Reconoce el editorial que "el nuevo Servicio del Patrimonio dota de recursos y herramientas al Consejo de Monumentos Nacionales, cuya reforma a su legislación de 1971, obsoleta en numerosos aspectos, fue abordada en la administración anterior, que alcanzó a enviar un proyecto de modernización al Congreso. Sin una nueva herramienta legal que modernice la gestión del patrimonio, todo lo obrado en la nueva institucionalidad que se inaugura en materia patrimonial quedaría trunco". Dicha inquietud tambien ha estado presente en la actual administración y no parece haber dos opiniones al respecto. Sin embargo esta advertencia podría insinuar que la ausencia de legislación al respecto truncará lo obrado pacientemente hasta ahora, lo que es una exageración pues -bien sabe el editorialista- las leyes se van haciendo de a poco y en la medida de lo posible. Es sabido que incorporar en el debate que terminó el tema del Consejo de Monumentos, habría postergado lo principal, esto es el Ministerio, tal como habría acontecido si se hubiese incorporado la superación de la DIBAM en el proyecto que creó el CNCA en 2003.
"Con todo, -finaliza el editorial- la idea de unificar, racionalizar y homologar las funciones públicas en torno a la gestión cultural que se encontraba dispersa y que culmina con la promulgación de este nuevo ministerio puede estar bien inspirada y ser una buena causa en beneficio de la modernización". Sembrar la duda respecto de la buena inspiración de lo legislado es grave y deja la puerta abierta a quienes -hoy minoritarios- quisieran modificar, sin haberlo experimentado en la práctica, el flamante Ministerio.
Duda que consolida atribuyendo que será "su desarrollo y la idoneidad de su administración lo que en definitiva legitimará su existencia ante la ciudadanía". ¿Cuál es el concepto de idoneidad que se sugiere?
Quizás este párrafo del Programa de Sebastián Piñera que propone: "Implementar Vale Cultura, pase cultural para cada joven que cumpla 18 años que permita financiar el 50% del costo de cada bien o servicio cultural que se adquiera con el vale". Una propuesta peligrosa -ya fracasada en otros países, como Brasil- que convierte el desarrollo cultural en una decisión individual, completamente contradictoria con la determinación colectiva y participativa que impregna las políticas culturales de Chile desde 1990.
Tal vez, la primera palada del sugerido desmontaje de una política probada y aprobada por la ciudadanía.
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