23 noviembre 2017

¿QUÉ DEJÓ EN CULTURA LA ELECCIÓN DEL 19/N?

Emilia Nuyado Ancapichún, diputada por Osorno 



"El Parlamento refleja mucho mejor ahora la diversidad de la sociedad chilena. Quizá este sea el momento para empezar a recuperar el prestigio de nuestro alicaído Congreso", señaló el columnista Carlos Correa en La Tercera, a pocas horas de conocidos los resultados. 


De modo que el 19 de noviembre de 2017, además de estrenar la votación presidencial de chilenos y chilenas residentes en el exterior, nos legó una cantidad de novedades.

Como la elección del primer senador mapuche, Francisco Huenchumilla, y tres parlamentarias indígenas que identificó prontamente el periodista Pedro Cayuqueo: la senadora por Atacama, de origen diaguita, Yasna Provoste; la primera diputada mapuche-williche, Emilia Nuyado (en la foto), y la diputada mapuche por Aysén, Aracely Leuquen.

También fueron electos el ex Ministro de Cultura Luciano Cruz Coke, en Santiago centro; el músico Amaro Labra, en La Florida; el cantante Florcita -Motuda- Alarcón, en Curicó/Talca y las actrices Carolina Marzán, en Quillota; Maite Orsini, en Santiago Poniente, y Marisela Santibáñez, en San Bernardo. En Puerto Montt fue elegido el ex director regional de cultura, Alejandro Bernales.

Mientras, postularon sin éxito, el músico Jorge Coulón, en Valparaíso; el actor Alex Zisis, en Maipú, y parlamentarios que aspiraban a la reelección, luego de sendos aportes significativos en las comisiones de Educación y cultura, del Senado -como Ignacio Walker- y Cultura de la Cámara: los actores Ramón Farías y Roberto Poblete.

Entre los Consejeros Regionales, fue electo el creativo Dióscoro Rojas y la gestora cultural, Sofía Valenzuela; se perdieron el actor Juan Pablo Sáez, la actriz Catherine Mazoyer y el arquitecto Christian Pohlhammer.

Tenemos un Parlamento más diverso que, además, recupera la antigua tradición de los "arrastrados" por altas votaciones, reforzando así las tendencias mayoritarias. Recordemos la bancada DC de 1965, que eligió parlamentarios con solo centenares de votos e incluso dejó vacantes sin llenar por ausencia de candidatos en algunos territorios. Entonces, se dió por fallecidos a los Partidos Conservador y Liberal, que prontamente resucitarían con el nombre de Partido Nacional.

Se agrega el debut de la Ley de Cuotas -exigencia de que las mujeres ocuparan, al menos, el 40% de los cupos de candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado-, dio resultados positivos: permitió el aumento de mujeres en ambas cámaras, mujeres serán el 23% del nuevo Senado y 22,5% de la nueva Cámara de Diputados.  "Un avance y un buen resultado en términos preliminares", según Marcela Ríos del PNUD, pues se eligieron 6 senadoras de 23 cupos, mientras en la Cámara Baja las diputadas llegan a 36 elegidas de los 155 cupos posibles.

Con este panorama, es evidente que existirá, para diversos temas emergentes, bancadas transversales que lucharán por mantener cambios recientes en multiculturalidad, género, participación...

Ojalá sea el momento de hacer lo mismo en cultura.

Hay condiciones como para soñarlo y de paso, ayudar a mejorar el prestigio del Parlamento.

17 noviembre 2017

"HACEDORES" DE POLÍTICAS Y ASPIRANTES AL PODER



Hay ocasiones en las que el idioma inglés es más preciso que el castellano. El caso de "las políticas" y "la política" es uno de ellos. Distingue entre policy es decir, una política o conjunto de ellas para orientar determinadas acciones, y politics, que alude a quienes aspiran -legítimamente- acceder al poder. En castellano, ambas se escriben igual -política(s)- y es necesario recurrir al contexto para diferenciarlas. En inglés, policy makers refiere a los hacedores de políticas públicas. Aquellos expertos -o simples ciudadanos en el caso de las políticas participativas- que en un día como el reciente 16 de noviembre de 2017, han estado de plácemes pues han coincidido tres hechos no menores en un  sector más bien opaco en el ámbito de los sucesos públicos.


El Directorio Nacional del CNCA aprobó las Políticas Culturales de Chile para 2017-2022, hecho que ocurre cada cuatro o cinco años y que ha sucedido sólo tres veces en nuestra historia: 2005/2010; 2011/2016, y ahora, 2017/2022. Es decir, ha culminado un largo proceso, rigurosamente participativo, que toma tiempo, muchas voluntades -del orden de las 6.500 creadores, gestores, patrimonialistas, funcionarios, sociólogos- y aplica una metodología probada y aprobada para establecer políticas de Estado en el campo cultural, artístico y patrimonial. Todo respaldado por la ley que creó en CNCA y que tiene como organismo máximo que proclama este resultado al Directorio Nacional.

El mismo día, en el filo de la contienda electoral por el poder político, el organismo gremial de los gestores culturales chilenos, Ad Cultura, dio a conocer las propuestas en materias culturales, artísticas y patrimoniales contenidas en los programas de los ocho candidatos presidenciales -en orden alfabético- a las elecciones del 19 de noviembre, que puede consultarse en  http://bit.ly/2hF0jmC 


Por otra parte, en el diario El Mercurio, Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales anunció un análisis de las principales propuestas, las que  graficó con el siguiente cuadro: 





El OPC detectó que las propuestas más frecuentes de los ocho postulantes, con cinco menciones, son la educación artística, una nueva ley de monumentos nacionales y la reforma de los fondos concursables. Seguida por la creación de una editorial estatal, con cuatro menciones.

Es interesante comprobar, del análisis del Presupuesto para 2018 del CNCA, que los fondos concursables -a los que se agregan fondos para participar en festivales en el extranjero- a pesar de no haber disminuído su monto equivalente en dinero, constituyen sólo un 30% de los recursos públicos destinados al Consejo; dando vuelta la cifra inicial con que debutó en 2005, cuando los fondos se llevaban el 70% del mismo presupuesto. Es decir, que esta aspiración está bastante cerca de haber sufrido un giro copernicano en cuanto a que más de dos tercios de los recursos públicos en cultura ya no son concursables.

Respecto de la Ley de Monumentos, es un consenso que debe modificarse y las actuales autoridades no lo hicieron sólo por el temor que atrasara lo principal: la ley aprobada recientemente que crea el Ministerio de las Culturas.

Sobre la educación artística en las escuelas -que piden los programas de Guillier, Piñera, Goic, Sánchez y Kast-, no puede haber sido más explícito el apoyo del actual gobierno al tema cuando fueron precisamente bandas y coros escolares -muy aplaudidos- los que engalanaron interpretando su música incluso desde los balcones de La Moneda, la festiva ceremonia en la que se proclamó -el 16 de noviembre- la Ley de la nueva educación pública.

Lo que se advierte como novedoso, aunque poco fundado, es la creación de una editorial estatal, probablemente en un gesto de candidatos de centro izquierda e izquierda a la editora nacional Quimantú del gobierno del Presidente Allende, que aparece como alternativa a la opción de reducir el IVA al libro, cada vez más matizada en los programas, con sólo tres menciones.

El escrutinio destacó además un par de aspectos curiosos: el error de Marco Enríquez-Ominami de anunciar la creación de bibliotecas en comunas de más de cincuenta mil habitantes, tema -según el OPC- ya realizado, y la contradicción del Programa de Sebastián Piñera, que propone un Vale Cultura que fuera descartado durante su anterior gobierno, en base al estudio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes titulado “Análisis de factibilidad para la implementación de un sistema vale cultura en Chile” de diciembre 2011.

Tal rechazo se basó en sus debilidades y amenazas, algunas de las cuales son, textualmente: "El libro como parte de la canasta de oferta del Vale Cultural no sería un objeto de consumo, aunque es bien visto que se incluya... presenta dificultades para ser realmente un aporte práctico en la canasta de productos a consumir, ya que a pesar de que hay personas que sí los comprarían, su práctica de consumo no se adaptaría a la implementación de este producto en el Vale (compran en Ferias o lugares de oferta). Los conciertos de música en vivo son populares pero muchos de ellos se realizan en lugares que pueden ser difíciles de incorporar como parte de la canasta de productos al ser poco «convencionales» (al aire libre o pubs). El sistema de pago es visto con cierta desconfianza. Las personas que han tenido mala experiencia con sistemas de Tarjeta para pago, contagian esa mala experiencia al resto y se generan dudas. La práctica en el consumo de espectáculos culturales en algunos segmentos jóvenes es muy limitada. El nivel de desinformación de los jóvenes en torno a la oferta es elevado. El consumo cultural se concentra en el cine norteamericano perjudicando la diversidad de manifestaciones para consumir, lo que ocurre más notoriamente en los tramos inferiores de edad".


Se puede colegir que, en los temas relevados por los candidatos en sus Programas, no se aprecia un diálogo con quienes detectan, discuten habitualmente y proponen, es decir, los "hacedores" de políticas públicas, especialmente desde el CNCA, algunas universidades y el propio OPC.

Pronto se conocerán, en toda su magnitud, los contenidos de las Políticas recién aprobadas para 2017/2022 y podremos ver si los temas que preocupan a los políticos que aspiran al poder coinciden -o no- con los Policy Makers que trabajan permanentemente el tema.

De la conversación entre ambos, que aparentemente no se produjo pre elecciones, y que deberá producirse una vez conocido el resultado electoral, surgirán políticas estables, con énfasis diferentes según quién se haga del poder. 

La cancha para ello ya está rayada por la Ley del nuevo Ministerio de las Culturas.

Por tanto será su constitución la primera tarea del ganador. Aunque las medidas de campaña digan otra cosa.

13 noviembre 2017

ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE Y ESPACIOS CULTURALES




"Resulta inquietante que la administración de algunas instituciones culturales se contente con estándares de gestión mediocres. Es estéril el paternalismo de algunos gestores que se quejan por la falta de recursos, lamentando la escasa filantropía en nuestro país o los limitados recursos públicos que reciben del Consejo de la Cultura, de la Presidencia o de municipalidades. En vez de quejas, se requieren esfuerzos sistemáticamente enfocados en estructurar instituciones regidas por el criterio de sostenibilidad" señala Thomas Yaksic, en carta a El Mercurio del 13 de noviembre 2017.


Tal como sus colegas de Theatre Projects lo hicieron en los 90, cuando encabezados por Brian Hall (sí, se apellida así), asesoraron el proyecto del Centro Cultural Estación Mapocho, Yaksic hace un aporte, sugiriendo que "no pocas corporaciones públicas y privadas -que reciben aportes del Estado o donaciones particulares-, con nobles objetivos culturales, se han mantenido al margen de una positiva crítica social que exige transparencia, eficiencia y responsabilidad. Esta discusión resulta especialmente necesaria en el marco de la implementación del nuevo ministerio".

Es que el nuevo Ministerio dejó pendiente la propuesta hecha en la Cámara de Diputados, de crear un Consejo Nacional de la Infraestructura y la Gestión, que habría ido en la dirección que señala Yaksic, estimulando con los propios actores temas de financiamiento mixto o compartido, mantención, intercambio de experiencias y otros relacionados. Porque lo único que no puede perder la nueva institucionalidad es su carácter participativo.

Si bien es cierto que "las grandes instituciones culturales no subsisten sólo con recursos estatales, la filantropía funciona en EEUU por su idiosincrasia pero fundamentalmente por el resuelto incentivo tributario a empresas y particulares, y aun así, las instituciones con altos costos, como las casas de ópera, continuamente amenazan quiebra, o la sufren". Curioso lo que acontece en Chile al respecto pues en los últimos tiempos se ha creado casas de ópera en Rancagua, Frutillar, Temuco... Quizás detrás de ello está el silencioso aporte que hace el CNCA desde 2016, asegurando financiamiento casi una decena de orquestas profesionales a lo largo del país.

Su diagnóstico que, en Chile, "la solución que estas instituciones buscan a su problema real de financiamiento es pedir más dinero al Estado y rogar para que privados se conviertan en auspiciadores", es certero. No es posible dejar de recordar, con vergüenza, que los chinos (no se aclaró más) debieron donar recursos para pintar el MAC pues no los dispone ni su dueño, la Universidad de Chile, ni el Municipio. El tema causó escozor en un reciente seminario en la Universidad de Buenos Aires, donde expertos analizaban la relación cultural entre la Comunidad Europea y América Latina y el Caribe. Fue claro que, mientras Europa sigue discutiendo, China ya está actuando en nuestro continente, en el terreno cultural.

Se queja el articulista que "ni órganos fiscalizadores ni la sociedad civil ni los medios ni las propias instituciones quieren ver las ineficiencias en que se incurre, con la mejor buena fe. ¿Por qué no podemos exigirles más?", se pregunta. Para luego recomendar "una administración sostenible, que entienda la particularidad artística del funcionamiento diario de cada institución y lo utilice como fortaleza para crear prácticas de eficiencia, sostenibilidad, transparencia, accountability y compliance, es a lo que debemos aspirar; instituciones que compitan entre ellas, elevando el nivel artístico y seduciendo a las audiencias".

Cuidado con aquello de la competencia. Ella ha llevado a una crisis a TVN que, siendo canal público, se lo obligó a competir con canales privados, debiendo recientemente vivir un acalorado debate sobre una urgente recapitalización de su dueño: el Estado.

Si algo existe, para bien, en el mundo cultural es la cooperación, no así la competencia. La experiencia del CCEM así lo enseña: frente a una exhaustiva demanda para todo tipo de manifestaciones, en los noventa, la existencia ahora de lugares de exposición como el CCPLM; artes escénicas como el Centro Gabriela Mistral; música popular como la Arena Santiago y tantos otros espacios recientes, han ayudado a especializar el espacio concebido para exposiciones, ferias y festivales culturales, consolidando sus fuentes de financiamiento, basado principalmente en la ciudadanía y la renta de espacios.

Recordando tal vez su pasado reciente por el Teatro Municipal, Yaksic acota que "vender espumante y sándwiches en los intermedios no soluciona ningún problema financiero", medida que se tomó  luego del cambio de dirección general de la Ópera Nacional.

Ello, para recomendar la creación de un área de negocios -existente en el CCEM desde 2007- que se enfoque en generar recursos. "Un ejemplo de la experiencia internacional: crear microbarrios culturales, en que la institución está rodeada de edificios residenciales, comerciales y de oficinas que le pertenecen y que, al arrendarse, la convierten en rentista, atrayendo, además, a sus habitantes como audiencias".

Plan que se consideró, en 2009, para el GAM, incorporando a su proyecto la vecina torre de 23 pisos que formaba parte del complejo UNCTAD, que contribuiría al financiamiento del centro por la vía de arriendos a un hotel tres estrellas y oficinas. Razones burocráticas retardaron su desocupación por parte del Ministerio de Defensa y la falta de visión del Ministerio de Hacienda, que no consideró el ahorro futuro que implicaría, en unos pocos años, dejar de transferir recursos al GAM si invertía en el reciclaje de la torre para tales usos, en un lugar cuyo plan regulador no acepta ahora más de tres pisos.

Señala Yaksic, "ideas hay muchas, pero ninguna funciona si la gestión interna no está en manos de un grupo altamente especializado, capacitado y orientado al fin último de hacer que estas instituciones sean extraordinarias". Aborda la formación de gestores culturales de nivel, tal como lo pretendió el seminario de Alta Gestión Pública en Cultura que organizaron el CNCA, la Universidad de Valparaíso, Goberna y el CCEM a comienzos de 2017.

Una misión conjunta para universidades, el nuevo ministerio y los propios espacios culturales que requerirán de esos especialistas.

Manos a la obra.

10 noviembre 2017

DEVOLVIENDO LA MANO AL CERLALC






"El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, es un organismo intergubernamental, bajo los auspicios de la UNESCO, con oficina sede en Colombia. Trabaja en la creación de condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras. Para ello orienta sus acciones hacia el fomento de la producción y circulación del libro; la promoción de la lectura y la escritura, la formación de los actores de la cadena del libro y el estímulo y protección de la creación intelectual. En este sentido, da asistencia técnica en la formulación de políticas públicas, genera conocimiento, divulga información especializada, desarrolla e impulsa procesos de formación y promueve espacios de concertación y cooperación". Consciente de esa apabullante presentación, llegué, representando a Chile, por primera vez a Bogotá y a la casa que ilustra esta nota, a inicios de los 90.


Poco antes, en marzo de 1990, había ingresado a trabajar como asesor en materias del libro, del Ministro de Educación del gobierno de Patricio Aylwin, Ricardo Lagos. Entre las tareas asignadas estaba la preparación de un proyecto de Ley del Libro, creciente demanda de entonces único actor del mundo editorial del país, la  Cámara del Libro. Los amables integrantes de la oficina internacional del Ministerio -Ricardo Hevia, Ana María Maza, Oscar Agüero- habían sugerido que esta organización internacional podía ayudarnos.

Lo que vino luego fue verificar si Chile tenía pagadas sus cuotas, si estaba nombrado algún representante, si estaba el Ministerio en condiciones de financiar el viaje de un delegado oficial a la siguiente asamblea general, en febrero 1991. Entró en acción  la Cancillería y su dirección multilateral, que debía asignar recursos para ponerse al día, ratificar al delegado y, muy importante, notificar a nuestra Embajada en Colombia del viaje.

Trámite nada menor si consideramos que ese país padecía las horrorosas condiciones derivadas del reinado de Pablo Escobar, que ahora recién conocemos en detalle gracias a Netflix.

Con una diplomacia ejemplar, el Embajador Armando Jaramillo Lyon, esperaba en la puerta del avión, mientras alguno de sus colaboradores "secuestraba la maleta" y amablemente sugería que no hay mejor alojamiento en Bogotá que su casa, la Embajada. Así era, lo comprobé cuando, en uno de los viajes, un disparo nocturno impactó la caseta de la guardia policial que la custodiaba.

Lo que no impidió Jaramillo fue que cada mañana caminara -por calles que el Embajador consultaba y aprobaba- hasta la sede de CERLALC, donde inevitablemente me esperaba un "Buenos dias, doctor, le provoca un tintico".

Luego venías las reuniones con el Director Jorge Salazar (1991-1995) con quién trabamos una amistad luego de algunos viajes juntos a la Asamblea General de UNESCO, en representación de CERLALC, pues una lamentable casualidad permitió que el delegado de Chile fuese elegido Presidente de la organización. El Presidente en ejercicio, representante de Argentina había fallecido en un accidente automovilístico en la mitad de su período y se requería que alguien lo reemplazara. Lo comenté con Jaramillo quien supo valorar la oportunidad que se presentaba y comisionó al joven diplomático Rodolfo Montecinos para que hiciera la campaña correspondiente, ante los delegados de otros países. Un cóctel organizado por Jaramillo en la Embajada fue un hito de ella y un par de compromisos de apoyar a otros países en otras elecciones multilaterales, hicieron el resto. Chile fue elegido y reelecto por un segundo mandato de dos años.


En el intertanto, trabajando con los expertos de CERLALC, conocimos un modelo de Ley del Libro para América Latina y el Caribe, que había elaborado Álvaro Garzón y que vino "de perillas" como diría Condorito.


Nuestro proyecto tenía un fuerte sesgo de la industria -rebaja al 10% de los derechos de autor para escritores extranjeros, desvalorización de stock "fríos" para efectos tributarios, estímulos a las exportaciones de impresos chilenos- pero carecía del énfasis que finalmente tuvo, de estímulo a la lectura.

Durante toda la tramitación de la ley en el Parlamento, encabezada por el eficiente subsecretario Raúl Allard, tuvimos muy presente -cada martes- las recomendaciones de CERLALC, a pesar de algunos fuertes encontrones con los aún entonces, partidarios de la eliminación del IVA, como el escritor Enrique Lafourcade.

Finalmente se impuso el criterio de Hacienda de no tocar el IVA pero asignar el equivalente de todos sus eventuales recursos para la creación de un Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, luego de una una histórica conversa entre los Ministro Alejandro Foxley y Lagos.

En un segundo artículo, la Ley creó -en 1993- el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, que se convirtió en modelos para los otros Consejos sectoriales existentes -del Audiovisual y la Música- y el propio Consejo Nacional de la Cultura.

Ese mismo Consejo con participación de toda la sociedad civil relacionada con la lectura: bibliotecarios, profesores, universidades, escritores, editores... ha seguido actualizando las políticas del libro y la lectura hasta la más reciente, con versiones regionales, que presentó en la Sala de las Artes del Centro Cultural Estación Mapocho, el 9 de noviembre, en presencia de ministros de cultura de 8 países y de los actuales responsables del CERLAC.


Es muy probable que éstos hayan tenido una íntima satisfacción al comprobar cómo desde la creación del CERLALC -inscrita dentro del Programa de la UNESCO de fomento al Libro, establecido en la 14ava Conferencia General de esta organización en 1966- sus recomendaciones han tenido un profundo éxito en Chile,  que constituyen un aporte a una de las experiencias más exitosas en el campo de la integración regional alrededor del libro.


Y habrán visto cómo se hace realidad lo que anuncia en su web: "Entre otras muchas repercusiones sobre el sector del libro, el CERLALC ha asesorado la formulación de leyes del libro y planes nacionales de lectura en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe".

Es verdad y es el momento de agradecerlo.

Fomentando la lectura.

03 noviembre 2017

¿AIRES DE RETROEXCAVADORA EN CULTURA?


El 31 de octubre, bajo el título Ministerio en marcha, El Mercurio editorializa sobre el nuevo ente de las culturas. Destaca que los fondos concursables, "que absorben buena parte del presupuesto total y son un elemento esencial del ministerio, no fueron modernizados en su funcionamiento". Y luego, arremete contra lo que se modifica con respecto del actual CNCA.


Primero, el nombre "sin duda uno de los más extensos y fiel metáfora de la exuberancia burocrática a que puede llegar cualquier repartición pública: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio", al que acusa de existir debido a "razones de orden ideológico (que) motivaron esta innovación nominal, las que probablemente mutarán rápidamente con el tiempo". Es decir, acusa a los legisladores que lo aprobaron hace poco, de haberlo hecho por razones ajenas al contenido de la nueva cartera y que la solo nominación es burocratizante. Sería aconsejable al editorialista revisar el interesante debate que se produjo en el Senado de la República, en el que ninguno de los honorables que hicieron uso de la palabra ni siquiera insinuaron que ello ocurriría y menos que estaban legislando para que "el tiempo" y no la ley, modificará el nombre aprobado.

A continuación, expone que "la próxima administración llevar adelante la dictación y aplicación de los diversos reglamentos pendientes, ya se pueden observar algunos puntos sensibles que tendrá la nueva estructura".

Analizando los programas de gobierno de los candidatos con mayores probabilidades de hacerse cargo de la tarea, el candidato Alejandro Guillier señala: "Instalación del Ministerio de las Artes, las culturas y el Patrimonio" y el de Sebastián Piñera anota: "Instalar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio superando las duplicidades y dispersiones que la estructura aprobada pueda generar". Ambos, en la línea de lo aprobado democráticamente.

No obstante, el editorial advierte que "diversos protagonistas del mundo de la gestión cultural han expresado su aprehensión por el exceso administrativo que puede conllevar la creación de dos subsecretarías (el proyecto de 2013 consideraba solo una), sobre todo por los montos que manejará cada una de ellas". Nuevamente, un punto que fue largamente debatido y resuelto escuchando a las partes involucradas y probablemente tambien a los "diversos protagonistas".

Luego, arremete contra la supuesta burocratización: "Se contempla además la creación inmediata de 390 nuevos cargos, con lo que el total de funcionarios alcanzará a 3 mil. Ello sin que se haya iniciado aún la implementación de las sedes regionales que determina el nuevo estatuto legal. Se vislumbra así un ente que perderá su vocación inicial -más liviana y menos interventora-, para convertirse en una entidad de acento más bien asistencialista respecto de la creación artística y la conservación patrimonial". El ministro Ottone ha insistido en que los nuevos cargos, financiados en el presupuesto 2018, son básicamente en regiones, donde la actual estructura es débil y la patrimonial, inexistente.

Continúa el editorial "en la actual Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, cuyo nombre será reemplazado por el de Servicio del Patrimonio Cultural, sólo la homologación de sus funcionarios con los del Consejo de la Cultura contempla un presupuesto adicional de 17 mil millones de pesos en cuatro años, lo que habría que observar". Para defender luego "la gestión de la Dibam, a nivel nacional, con sus prácticas y formas de trabajar, que la han convertido en un servicio público de muy buen nivel. No sería prudente descartar todo lo ganado en dicha entidad, desde su fundación en 1929, solo por un mero afán centralizador".  Contradictorio comentario con la fuerte tendencia participativa y regionalizadora que tiene la nueva institucionalidad, que fue alentada por Senadores de todas las corrientes políticas.

Reconoce el editorial que "el nuevo Servicio del Patrimonio dota de recursos y herramientas al Consejo de Monumentos Nacionales, cuya reforma a su legislación de 1971, obsoleta en numerosos aspectos, fue abordada en la administración anterior, que alcanzó a enviar un proyecto de modernización al Congreso. Sin una nueva herramienta legal que modernice la gestión del patrimonio, todo lo obrado en la nueva institucionalidad que se inaugura en materia patrimonial quedaría trunco". Dicha inquietud tambien ha estado presente en la actual administración y no parece haber dos opiniones al respecto. Sin embargo esta advertencia podría insinuar que la ausencia de legislación al respecto truncará lo obrado pacientemente hasta ahora, lo que es una exageración pues -bien sabe el editorialista- las leyes se van haciendo de a poco y en la medida de lo posible. Es sabido que incorporar en el debate que terminó el tema del Consejo de Monumentos, habría postergado lo principal, esto es el Ministerio, tal como habría acontecido si se hubiese incorporado la superación de la DIBAM en el proyecto que creó el CNCA en 2003.

"Con todo, -finaliza el editorial- la idea de unificar, racionalizar y homologar las funciones públicas en torno a la gestión cultural que se encontraba dispersa y que culmina con la promulgación de este nuevo ministerio puede estar bien inspirada y ser una buena causa en beneficio de la modernización". Sembrar la duda respecto de la buena inspiración de lo legislado es grave y deja la puerta abierta a quienes -hoy minoritarios- quisieran modificar, sin haberlo experimentado en la práctica, el flamante Ministerio.

Duda que consolida atribuyendo que será "su desarrollo y la idoneidad de su administración lo que en definitiva legitimará su existencia ante la ciudadanía". ¿Cuál es el concepto de idoneidad que se sugiere?


Quizás este párrafo del Programa de Sebastián Piñera que propone: "Implementar Vale Cultura, pase cultural para cada joven que cumpla 18 años que permita financiar el 50% del costo de cada bien o servicio cultural que se adquiera con el vale". Una propuesta peligrosa -ya fracasada en otros países, como Brasil- que convierte el desarrollo cultural en una decisión individual, completamente contradictoria con la determinación colectiva y participativa que impregna las políticas culturales de Chile desde 1990.

Tal vez, la primera palada del sugerido desmontaje de una política probada y aprobada por la ciudadanía.