Hay ocasiones en las que el idioma inglés es más preciso que el castellano. El caso de "las políticas" y "la política" es uno de ellos. Distingue entre policy es decir, una política o conjunto de ellas para orientar determinadas acciones, y politics, que alude a quienes aspiran -legítimamente- acceder al poder. En castellano, ambas se escriben igual -política(s)- y es necesario recurrir al contexto para diferenciarlas. En inglés, policy makers refiere a los hacedores de políticas públicas. Aquellos expertos -o simples ciudadanos en el caso de las políticas participativas- que en un día como el reciente 16 de noviembre de 2017, han estado de plácemes pues han coincidido tres hechos no menores en un sector más bien opaco en el ámbito de los sucesos públicos.
El Directorio Nacional del CNCA aprobó las Políticas Culturales de Chile para 2017-2022, hecho que ocurre cada cuatro o cinco años y que ha sucedido sólo tres veces en nuestra historia: 2005/2010; 2011/2016, y ahora, 2017/2022. Es decir, ha culminado un largo proceso, rigurosamente participativo, que toma tiempo, muchas voluntades -del orden de las 6.500 creadores, gestores, patrimonialistas, funcionarios, sociólogos- y aplica una metodología probada y aprobada para establecer políticas de Estado en el campo cultural, artístico y patrimonial. Todo respaldado por la ley que creó en CNCA y que tiene como organismo máximo que proclama este resultado al Directorio Nacional.
El mismo día, en el filo de la contienda electoral por el poder político, el organismo gremial de los gestores culturales chilenos, Ad Cultura, dio a conocer las propuestas en materias culturales, artísticas y patrimoniales contenidas en los programas de los ocho candidatos presidenciales -en orden alfabético- a las elecciones del 19 de noviembre, que puede consultarse en http://bit.ly/2hF0jmC
Por otra parte, en el diario El Mercurio, Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales anunció un análisis de las principales propuestas, las que graficó con el siguiente cuadro:
El OPC detectó que las propuestas más frecuentes de los ocho postulantes, con cinco menciones, son la educación artística, una nueva ley de monumentos nacionales y la reforma de los fondos concursables. Seguida por la creación de una editorial estatal, con cuatro menciones.
Es interesante comprobar, del análisis del Presupuesto para 2018 del CNCA, que los fondos concursables -a los que se agregan fondos para participar en festivales en el extranjero- a pesar de no haber disminuído su monto equivalente en dinero, constituyen sólo un 30% de los recursos públicos destinados al Consejo; dando vuelta la cifra inicial con que debutó en 2005, cuando los fondos se llevaban el 70% del mismo presupuesto. Es decir, que esta aspiración está bastante cerca de haber sufrido un giro copernicano en cuanto a que más de dos tercios de los recursos públicos en cultura ya no son concursables.
Respecto de la Ley de Monumentos, es un consenso que debe modificarse y las actuales autoridades no lo hicieron sólo por el temor que atrasara lo principal: la ley aprobada recientemente que crea el Ministerio de las Culturas.
Sobre la educación artística en las escuelas -que piden los programas de Guillier, Piñera, Goic, Sánchez y Kast-, no puede haber sido más explícito el apoyo del actual gobierno al tema cuando fueron precisamente bandas y coros escolares -muy aplaudidos- los que engalanaron interpretando su música incluso desde los balcones de La Moneda, la festiva ceremonia en la que se proclamó -el 16 de noviembre- la Ley de la nueva educación pública.
Lo que se advierte como novedoso, aunque poco fundado, es la creación de una editorial estatal, probablemente en un gesto de candidatos de centro izquierda e izquierda a la editora nacional Quimantú del gobierno del Presidente Allende, que aparece como alternativa a la opción de reducir el IVA al libro, cada vez más matizada en los programas, con sólo tres menciones.
El escrutinio destacó además un par de aspectos curiosos: el error de Marco Enríquez-Ominami de anunciar la creación de bibliotecas en comunas de más de cincuenta mil habitantes, tema -según el OPC- ya realizado, y la contradicción del Programa de Sebastián Piñera, que propone un Vale Cultura que fuera descartado durante su anterior gobierno, en base al estudio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes titulado “Análisis de factibilidad para la implementación de un sistema vale cultura en Chile” de diciembre 2011.
Tal rechazo se basó en sus debilidades y amenazas, algunas de las cuales son, textualmente: "El libro como parte de la canasta de oferta del Vale Cultural no sería un objeto de consumo, aunque es bien visto que se incluya... presenta dificultades para ser realmente un aporte práctico en la canasta de productos a consumir, ya que a pesar de que hay personas que sí los comprarían, su práctica de consumo no se adaptaría a la implementación de este producto en el Vale (compran en Ferias o lugares de oferta). Los conciertos de música en vivo son populares pero muchos de ellos se realizan en lugares que pueden ser difíciles de incorporar como parte de la canasta de productos al ser poco «convencionales» (al aire libre o pubs). El sistema de pago es visto con cierta desconfianza. Las personas que han tenido mala experiencia con sistemas de Tarjeta para pago, contagian esa mala experiencia al resto y se generan dudas. La práctica en el consumo de espectáculos culturales en algunos segmentos jóvenes es muy limitada. El nivel de desinformación de los jóvenes en torno a la oferta es elevado. El consumo cultural se concentra en el cine norteamericano perjudicando la diversidad de manifestaciones para consumir, lo que ocurre más notoriamente en los tramos inferiores de edad".
Se puede colegir que, en los temas relevados por los candidatos en sus Programas, no se aprecia un diálogo con quienes detectan, discuten habitualmente y proponen, es decir, los "hacedores" de políticas públicas, especialmente desde el CNCA, algunas universidades y el propio OPC.
El escrutinio destacó además un par de aspectos curiosos: el error de Marco Enríquez-Ominami de anunciar la creación de bibliotecas en comunas de más de cincuenta mil habitantes, tema -según el OPC- ya realizado, y la contradicción del Programa de Sebastián Piñera, que propone un Vale Cultura que fuera descartado durante su anterior gobierno, en base al estudio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes titulado “Análisis de factibilidad para la implementación de un sistema vale cultura en Chile” de diciembre 2011.
Tal rechazo se basó en sus debilidades y amenazas, algunas de las cuales son, textualmente: "El libro como parte de la canasta de oferta del Vale Cultural no sería un objeto de consumo, aunque es bien visto que se incluya... presenta dificultades para ser realmente un aporte práctico en la canasta de productos a consumir, ya que a pesar de que hay personas que sí los comprarían, su práctica de consumo no se adaptaría a la implementación de este producto en el Vale (compran en Ferias o lugares de oferta). Los conciertos de música en vivo son populares pero muchos de ellos se realizan en lugares que pueden ser difíciles de incorporar como parte de la canasta de productos al ser poco «convencionales» (al aire libre o pubs). El sistema de pago es visto con cierta desconfianza. Las personas que han tenido mala experiencia con sistemas de Tarjeta para pago, contagian esa mala experiencia al resto y se generan dudas. La práctica en el consumo de espectáculos culturales en algunos segmentos jóvenes es muy limitada. El nivel de desinformación de los jóvenes en torno a la oferta es elevado. El consumo cultural se concentra en el cine norteamericano perjudicando la diversidad de manifestaciones para consumir, lo que ocurre más notoriamente en los tramos inferiores de edad".
Se puede colegir que, en los temas relevados por los candidatos en sus Programas, no se aprecia un diálogo con quienes detectan, discuten habitualmente y proponen, es decir, los "hacedores" de políticas públicas, especialmente desde el CNCA, algunas universidades y el propio OPC.
Pronto se conocerán, en toda su magnitud, los contenidos de las Políticas recién aprobadas para 2017/2022 y podremos ver si los temas que preocupan a los políticos que aspiran al poder coinciden -o no- con los Policy Makers que trabajan permanentemente el tema.
De la conversación entre ambos, que aparentemente no se produjo pre elecciones, y que deberá producirse una vez conocido el resultado electoral, surgirán políticas estables, con énfasis diferentes según quién se haga del poder.
La cancha para ello ya está rayada por la Ley del nuevo Ministerio de las Culturas.
Por tanto será su constitución la primera tarea del ganador. Aunque las medidas de campaña digan otra cosa.
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