¿NUEVO PARADIGMA DE FINANCIAMIENTO CULTURAL?

El recorte del Presupuesto 2019 a centros culturales y museos, que tienen en común el ser privados sin fines de lucro, ha inaugurado un provechoso debate sobre los equilibrios dentro del sector, partiendo del supuesto que debieran emparejarse los recursos públicos destinados al patrimonio, con aquellos destinados quienes hasta ahora los recibían por la vía del CNCA. Equivocado supuesto pues, entre los afectados, también hay museos que prestan un destacado servicio público. Por tanto, lo que está realmente en juego es cómo aumentar los recursos a aquellos organismos que anteriormente dependían de la DIBAM y del CMN.

Durante la existencia del CNCA, se constató que tales entidades tenían severos reparos a incorporarse a la nueva institucionalidad, a desarrollar una gestión eficiente -hubo notorios robos de especies patrimoniales- y a recibir aportes privados, vía fundaciones de amigos. De hecho, algunos intentos al respecto de la ex directora de DIBAM, Clara Budnik, fueron más tarde desechados. El subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, reconoce, en El Mercurio del 29 de octubre, que tales entidades están precarizadas. Es cierto, pero ello no se debe a la institucionalidad cultural, sino al ministerio de Educación, de quién dependían.



La creación del ministerio de las Culturas debería tender a equilibrar ambos sectores, pero ello no puede aplicarse de manera automática pues se llega al sinsentido de querer financiar museos nacionales a costa de otros museos, como es el caso del Precolombino o el Violeta Parra. Así se pone por delante la condición jurídica de su gestión -corporaciones privadas sin fines de lucro- por sobre su misión principal: ser museos.



¿Será que los museos nacionales tienen carencias de gestión debido a la existencia de centros culturales, como Matucana 100, o debido a su propia actividad?



¿Será que los museos regionales han visto opacada su labor por la existencia de sedes locales de Balmaceda arte joven, del teatro regional del Biobío, o de las giras de compañías organizadas por Teatro a mil?



Sería absurdo pensarlo, por tanto, no se trata sólo de otorgar más -necesarios- recursos sino de evaluar aquellos a quienes se incrementan recursos de todos los chilenos, como también a quienes se les restaría.



Eso es una política cultural coherente con lo legislado hasta ahora.



Como ocurrió con momentos de participación acontecidos hasta la fecha, convocados por el parlamento; el gobierno, o auto citados por el propio mundo cultural, ha llegado el tiempo de una gran conversación que, junto con celebrar el esperado matrimonio entre artes y patrimonio, se fijen las reglas de convivencia futura y se exponga, conjuntamente, al gobierno cuántos y cuáles serán las prioridades del imprescindible financiamiento público a la cultura y el patrimonio.



Sin dejar de lado el principio base unánimemente aceptado, en varias legislaciones, que un país como Chile -con tantas prioridades y necesidades- ha optado, en cultura, por un financiamiento mixto que considera aportes públicos y privados; de empresas e individuos que contribuyen, con el pago de su entrada, a los espacios culturales existentes: teatros, museos, centros culturales.



El teórico brasileño Teixeira Coelho señala que "estamos es una época donde la política cultural se hace con la sociedad civil o no se hace. La gente está harta de la intervención del Estado, del dirigismo y las decisiones que se toman en forma vertical. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado en materia cultural? Tiene que preparar la situación para que la cultura se haga, pero no tiene la obligación de decir qué es lo que se va a hacer. Es decir, no puede intervenir en los contenidos culturales. Ya se acabó el tiempo en que el Estado decía ‘hay que hacer cultura popular o nacional’. Ahora tiene que preocuparse de la infraestructura para que la cultura se desarrolle”.



Infraestructura, gestión, fondos públicos concursables y audiencias culturales son claves que sustentan el camino que Chile ha escogido para su desarrollo cultural. Se trata de un modelo con una especificidad y énfasis propios de una sociedad pequeña que ha mostrado una dignidad política que ha traído confianza y transparencia a sus instituciones.



La realidad económica nos ha impedido abrazar un modelo de fuerte participación pública en el financiamiento cultural. Y nos ha llevado a mirar con interés hacia un modelo como el australiano -que ha citado el diputado Luciano Cruz Coke en columna reciente en El Mercurio-, que ha adaptado el modelo de estado Patrocinador a la realidad del sur del mundo, con fondos concursables asignados por pares y también con aportes, con años de permanencia, a instituciones calificadas y evaluadas después de un número de años.



Mientras llegamos a ello, en Chile hemos alcanzado un equilibrio que por una parte ha desplegado una importante capacidad de gestión cultural tanto en el sector público como en el privado y hemos podido construir una institucionalidad acompañada por sólidas corporaciones y fundaciones que complementan la acción estatal en arte, cultura y patrimonio.



Falta incorporar a las instancias del patrimonio hasta ahora no consideradas, preservando para todos los chilenos, la propiedad de los bienes patrimoniales, sin posibilidad de modificarla. De allí la creación de un ministerio.



¿Se trata de tener museos gratuitos o de tener buenos museos? Se trata de museos con apoyos permanentes que desarrollen políticas de gestión tales que les permitan discriminar entre quienes pueden pagar por su uso y quienes necesariamente deberán disfrutarlos sin costo.



Estamos en un mundo global y debemos aprovecharlo. No hay recetas estáticas. Una de las ventajas de trabajar en cultura es la capacidad de creación. No la perdamos nunca en vistas a nuestro desarrollo cultural. Pero tampoco lo lograremos con pura creatividad; son necesarios reflexión, estudios, investigación, debates.



Y también más recursos públicos. Obtenidos y distribuidos racionalmente, sin desmerecer a unos para beneficiar a otros. Solo siguiendo el modelo de financiamiento mixto que, hasta ahora, ha tenido buenos resultados.

PRESUPUESTO CULTURAL: LA HORA DEL PARLAMENTO

La historia de la institucionalidad cultural que nos rige, desde el modesto departamento de Extensión Cultural en el Ministerio de Educación, en 1990, hasta el actual ministerio -pasando por la División de Cultura, en el mismo Mineduc y el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes-, tiene momentos de gran relevancia del parlamento, y otros en que éste ha sido más bien prescindente o sosegado ante el Ejecutivo. Estamos llegando a un punto que esa actitud será puesta a prueba: la discusión del presupuesto 2019, que contempla una rebaja sustancial a instituciones hasta que hasta ahora forman parte de las políticas culturales vigentes y que, por cierto, encontraron, en su minuto, la bendición del congreso. Veremos si este poder del Estado, responde a la altura de las circunstancias.

Cuando asumieron el presidente Aylwin y el ministro Lagos, en Educación, como principal autoridad cultural del gobierno, el panorama con que se encontró la primera directora de Extensión cultural de la democracia, la escritora Ágata Gligo, era desolador. Un conjunto de funcionarios dejados por la dictadura, en un nivel de cuarta o quinta relevancia de un ministerio, cuya principal ocupación era muy otra, y tres elencos estables: la orquesta de cámara, el teatro itinerante y el ballet folklórico nacional, que hacía poco había sufrido una escisión que dio nacimiento al BAFOCHI.

Lo primero para Ágata, fue recibir a centenares de creadores que deseaban, con toda justicia, retomar el papel que tenían antes de la dictadura. Una esclarecida carta de Luis Maira en El Mercurio, ayudaba a explicar que si bien el estado manejaba algo así como un 75% de la economía durante Allende, la realidad de ese momento era que, en 1990, esa influencia no supera el 25% de la economía. Por tanto, la torta, era más pequeña y con más comensales, y debería distribuirse por un procedimiento más justo: los fondos concursables. En ese contexto, vino una mano indispensable desde el Parlamento: la Ley de donaciones culturales, que permitiría incorporar fondos privados al desarrollo cultural, por la vía de aplicar un descuento tributario del 50% a quienes donaran a la cultura. La iniciativa fue del senador Gabriel Valdés y en un artículo de la ley de presupuestos de 1991, quedó establecida la norma.

Paralelamente, el gobierno solicitaba y obtenía, la aprobación de la Ley de fomento del libro y la lectura, que, vía Consejo nacional del libro, pondría en el circuito cultural la totalidad del dinero que el fisco obtenía por el impuesto al valor agregado al libro. Iniciativa que permitió descubrir que el principal comprador de libros del país era... el ministerio de Educación. Otro apoyo parlamentario, senadores designados incluidos, fue la aprobación, vía Tesoro público, del equivalente a diez millones de dólares para financiar la remodelación de la estación Mapocho y su reconversión en centro cultural.

En ese mismo gobierno, se "subió de pelo" al departamento existente y se lo convirtió en División de Cultura, lo que permitió escalar a un tercer nivel de relevancia en el ministerio e incrementar sus recursos, en especial para los fondos concursables, que iniciaron entonces una carrera de crecimiento anual, que hasta hora no se detiene.

Con el cambio de gobierno a Frei Ruiz Tagle, la cultura tuvo tres hitos: la creación del MIM, un  museo interactivo que ha abierto a millones de jóvenes y niños el conocimiento de la ciencia y la tecnología, financiado vía ministerio de Educación, contra cantidades de escolares visitantes y dependiente del escritorio de la Primera dama. 

El segundo hito fue la Expo cumbre de las Américas, en la flamante Estación Mapocho, que reunió manifestaciones artísticas, patrimoniales y gastronómicas de todos los países de las Américas que celebraban su segunda cumbre, la primera fuera de Estados Unidos. Voladores de Papantla, en plena plaza Venezuela, frente al Mercado central; el señor de Sipán o el pianista de jazz Herbie Hancock, dejaron huella de la riqueza cultural de las naciones del continente entre los centenares de miles de personas que la visitaron en horarios franjeados y que se cruzaban habitualmente con los presidentes que asistían, cuando las sesiones de la cumbre se los permitía, para constatar la muestra que ellos mismos habían seleccionado.

El tercero, fue un glorioso fin de fiesta: la abrumadora presencia chilena en la FIL de Guadalajara de 1999, que ocupó, además de un enorme stand atendido por Pro Chile con toda la producción editorial chilena junto a la gran mayoría sus escritores, la totalidad de los escenarios, foros y museos de la ciudad poniendo al alcance del visitante presentaciones de Los tres; Inti Illimani; Los jaivas; IIIapu; el Cuarteto de guitarras de Santiago; Sol y lluvia; el solista romántico Douglas, y el teatro La troppa.

Mientras, el parlamento, a través de un grupo de ocho diputados, organizaba en su propia sede de Valparaíso un Encuentro de políticas públicas y legislación cultural, que reunió varios centenares de gestores, artistas y patrimonialistas de todo el territorio, que escogieron que la institucionalidad que se requería para el futuro era un consejo de la cultura, dejando atrás propuestas de subsecretaría o ministerio. Tal fue la fuerza de ese encuentro que el gobierno de Frei creó una Comisión asesora presidencial en cultura que estudiara y presentara tanto un proyecto de Consejo como una reforma a la Ley de donaciones. A ese empeño fueron convocados el senador Gabriel Valdés, los diputados José Antonio Viera Gallo, Luis Valentín Ferrada, Ignacio Walker y María Antonieta Saa,  junto a tres empresarios, cinco artistas y dos gestores culturales. Su informe final, Chile está en deuda con la cultura, redactado por el escritor Carlos Cerda, fue la base para el proyecto de ley que, en el siguiente gobierno, redactaría Agustín Squella, asesor presidencial del presidente Lagos.

El parlamento recibió con interés esta iniciativa, de la que varios de sus integrantes habían formado parte. Incluso, se hizo habitual que, cuando su tramitación sufría inconvenientes, los artistas, encabezados por Paulina Urrutia, convocaban a sendas manifestaciones en el ex teatro Velarde de Valparaíso que, no casualmente, mira atentamente al edificio del congreso. Incluso, varios entusiastas del proyecto, fueron testigos, desde las tribunas -ocupadas por artistas, alcaldes, poetas y obispos-  del encendido debate entre dos ciudades que disputaban la corona de ser sede del nuevo Consejo y por tanto, capital cultural de Chile: Valparaíso y Chillán.

De ese modo, se llegó a enero 2004, fecha en que se constituyó el Consejo nacional aprobado, con un par de miembros que debían tener la venia del Senado, al que se le sumaron, también con acuerdo parlamentario, los consejos sectoriales de la música y del audiovisual.

Lo que siguió -desde el punto de vista del financiamiento- fueron presupuestos en los que se incrementaron los fondos concursables, se desarrollaron, con recursos centrales y regionales, proyectos de infraestructura que sembraron el país de centros culturales. A excepción de un episodio que debió marcar una alerta, al inicio del primer gobierno de Sebastián Piñera, en el que se la redujo en 50% los fondos a Balmaceda arte joven y Matucana 100. 

El siguiente llamado gubernamental al parlamento, fue al inicio de la discusión del ministerio, a finales del mismo gobierno. Entonces, los presidentes del CNCA, Luciano Cruz Coke y luego Roberto Ampuero, asistieron a sendas sesiones participativas organizadas por los diputados a escuchar al mundo de la cultura. El debate cruzó hacia el siguiente mandato -Michelle Bachelet 2- y devino en la búsqueda de cómo cerrar el círculo de poner a dos servicios públicos de similar rango -el CNCA y la DIBAM- bajo un mismo paraguas, a lo que directivos y funcionarios patrimoniales de habían opuesto enfáticamente desde aquella comisión de Frei Ruiz Tagle.

La solución no fue la mejor, sino la posible, y se establecieron, en un nuevo ministerio,  dos subsecretarías con niveles de desarrollo y participación muy disímiles. Una, que acogía a las artes y que tenía su estructura participativa y concursable en funcionamiento, otra que debía constituir todo ese andamiaje  a nivel nacional, desde cero. Es verdad que para eso, se requiere de muchos recursos. Que la ley debe haber considerado.

Pareciera que en este caso, el parlamento no fue lo suficientemente acucioso y nos encontramos con una Ley, auspiciada por un gobierno, que debe ser aplicada por otro, prácticamente sin plazos sensatos: las entidades antiguas dejaron de existir un 28 de febrero de 2018 y el nuevo ministerio debía comenzar a funcionar al día siguiente, el primero de marzo. Esa fue, qué duda cabe, la noche más larga de las nuevas autoridades y los pacientes funcionarios.

Aún padecemos la ausencia de los órganos participativos que establece la Ley, como el Consejo nacional de las culturas, que está en deuda con los jurado de los Premios nacionales 2018; la demora en la selección de las autoridades patrimoniales e iniciativas no pensadas participativamente, como el presupuesto que nos ocupa.

Estaríamos en presencia de un grave retroceso, que delega un aspecto de las politicas culturales en el ministerio de Hacienda, porque debido a la desgraciada circunstancia de haber tenido tres ministras o ministro de culturas en tan pocos meses, tampoco parece verosímil que la actual autoridad, Consuelo Valdés, haya podido, en su breve tiempo en el cargo, ponderar las consecuencias del cuestionado 30% de rebaja a ciertos espacios culturales y patrimoniales.

Por ello, corresponde -nuevamente- apelar al parlamento. Será misión de él reponer en el espíritu de  lo legislado a la fecha -desde el final de la dictadura, hasta 2018- las profundas definiciones que el país -gobierno, parlamentarios y sociedad civil- se ha dado para su desarrollo cultural.

Y en él, organismos culturales privados sin fines de lucro como las corporaciones Balmaceda arte joven; Matucana 100; Regional del Bío Bío; Museo Violeta Parra, o Museo Pre colombino son parte esencial y contribuyente de ese desarrollo.

Por tanto, cualquier eventual recorte debe estar asociado, previamente, a una adecuada evaluación y una complementaria formación de un conjunto de gestores culturales de alta dirección, capaces de asumir tareas en entidades de gobierno y privadas sin fines de lucro.

Es deseable también que este debate que cruza redes sociales y organizaciones gremiales del sector, sea canalizado oportunamente, sin esperar a que eventuales nuevos recortes financieros sean la voz de alarma para retomar la defensa de un  modelo de desarrollo cultural ampliamente aceptado.

En el debate presupuestario, es la hora del parlamento.

LO QUE EL INCENDIO DE RIO DE JANEIRO NOS DEJÓ

Foto Agence France Press

De las llamas de Valparaíso surgió un alcalde ciudadano, que superó a todas las candidaturas de partidos políticos sumadas. ¿Saldrá de las llamas del Museo de Río de Janeiro la conciencia de que el patrimonio debemos cuidarlo todos?  Debo reconocer que escribo desde la indignación no solo por las pérdidas -que son invaluables e irrecuperables- sino con todos aquellos y aquellas que se conduelen y vuelven -una vez más- a culpar a gobiernos, legisladores y burócratas por no entregar presupuestos suficientes para evitar las tragedias.

Pero si es sabido que los presupuestos culturales -como los rangos de sus institucionalidades- son tan variables como las mareas o el clima. En España, los gobiernos socialistas incluyen Ministerio, los populares, lo rebajan a secretaría. El presidente Macri, en Argentina, está reduciendo el Estado y Cultura está entre los primeros ministerios eliminados...

Chile, acaba de aumentar el rango de un eficaz CNCA a un todavía dudoso Ministerio aún no establecido del todo. ¿Por cuanto tiempo?

Somos un país que presenció, en su principal museo de Bellas Artes, el robo de una escultura de Rodin, sin tomar sanciones ejemplarizadoras. Una desidia contagiosa: el director de un centro cultural de un país de la Comunidad Europea, que había aparecido post terremoto 27/F declarando la destrucción de su infraestructura, al recibir un llamado solidario para ofrecer espacios a sus actividades, respondió que no me preocupara, que solo exageraba para que desde su país le dieran recursos para reparación...

Es que en cultura, artes y patrimonio debemos construir sobre roca, esto es sobre financiamientos mixtos o compartidos por el inexcusable Estado -conforme a los vaivenes políticos nacionales e internacionales-; los aportes filantrópicos privados; las personas, que contribuyen con la compra de entradas, de bienes artísticos como libros, cuadros y fonogramas, y de espacios culturales gestionados por entidades sin fines de lucro que reinvierten sus excedentes en la divulgación cultural.

Así, cuando decrece uno, se enfatiza el otro. No es posible quedarse esperando que la economía permita aumentar presupuestos que, además, deben ser visados por funcionarios y parlamentarios que poco conocen o se interesan en esta área. 

¿O deberemos esperar a que se cumplan míticas metas de gasto en cultura del 1o el 2% del PIB? Cifras fijadas desde organismos internacionales que, a decir de Nestor García Canclini en reciente entrevista con La Nación de Buenos Aires: "o están controladas por élites que no consultan o responden a intereses de sectores económicos y financieros, o existe una gran mediocridad".

Ojalá que -de una vez por todas- nos hagamos cargo de que el Estado no es el único que debe financiar el patrimonio y la cultura. Las necesidades de la sociedad son tan crecientes como el desconocimiento de este sector por parte de autoridades y legisladores.

Debemos desterrar la costumbre de esperar el deterioro ostensible para iniciar reparaciones en nuestros museos, bibliotecas y centros culturales. Mantención debe ser tarea cotidiana, considerada en sus presupuestos y exigible a los gestores de los espacios.

Nunca debemos olvidar que la respuesta a la pregunta ¿Quién paga por la cultura? es determinante para definir qué tipo de desarrollo cultural tenemos.

Si queremos una cultura democrática, todos debemos pagar por ella.

VOLVIÓ LA PARTICIPACIÓN ¡Y CÓMO!

Ni en el más delirante de mis recurrentes sueños de participación del mundo de la cultura en la definición de nuestra institucionalidad, había imaginado el Museo de la Memoria, atiborrado de creadores, intérpretes y público que expresaba rotundamente su voluntad de no aceptar como autoridad del sector a un ciudadano que desconoce el intransable rol que el respeto por los derechos humanos y la memoria ocupan en el ideario artístico, cultural y patrimonial de chilenos y chilenas.

El miércoles 15 de agosto, un feriado más bien oscuro y tempestuoso antes del cambio climático, devino en una tarde cálida y participativa en la que se expresaba, en el escenario y la desbordante platea, esa virtuosa alianza entre el mundo de la cultura y el de los derechos humanos. Rostros y energía que recordaba las mejores jornadas de la campaña por el NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988.

El llamado provino de un mensaje del poeta Raúl Zurita, publicado en Facebook que, literalmente, incendió la pradera:

Era un día sábado 11 de agosto (sí, el mismo día en que se conmemora la toma de la UC, en 1967 y la toma de la Catedral de Santiago, en 1968), pocas horas antes, el periodista Andrés Gómez había recordado en La Tercera las palabras del entonces Ministro de las culturas, las artes y el patrimonio en las que calificaba de "montaje" al Museo de la Memoria. Minutos después Los Jaivas anularon un encuentro con la prensa que compartirían con él. De allí, una cascada de protestas, comenzaba a augurar que al flamante ministro (nombrado recién el 9 de agosto) no tendría interlocutores que lo validaran en el sector que debía encabezar.

Su suerte estaba echada. Al amanecer del lunes 13 ya había dejado de ser autoridad.

El episodio dejó varias enseñanzas. 

La primera es que la cultura, las artes y el patrimonio es un mundo que no ha abandonado su vieja costumbre de participar, tal vez consagrada el 5 de octubre de 1988, en la designaciòn de sus autoridades o, al menos, en su validación. Esa fue la certeza que tuvo el gobierno de Ricardo Lagos cuando optó por crear un Consejo Nacional de la Cultura, en 2003, en lugar de un Ministerio, una subsecretaría o alguna otra forma de institución unipersonal de gobierno del sector.

La segunda es que, como señala un conocido refrán, Dios escribe recto con líneas curvas. El mismo 13 de agosto, juraba como Ministra del sector la directora del MIM, Consuelo Valdés. Con gran experiencia en museos, centros culturales y una sólida formación en el área. Lo principal, con un excelente trato hacia sus colegas y funcionarios, demostrado el mismo día en que fue ungida: su primera visita fue al Director del Museo de la Memoria, Francisco Estévez y de inmediato, a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio. Una muy buena noticia luego de los dos intentos fallidos de  ministros previos.

Pero el tema no quedó allí. El triunfo del Museo de la Memoria fue que -fracasado el plan A, destruirlo- surgió el Plan B de sus detractores: un museo de la democracia, para "empatar" lo hecho durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Segunda derrota de los seguidores de la idea del "montaje". Ya no se habla del democrático museo, sino de un ala -como es lógico- de un museo existente, que recoge la historia del Chile, de la cual nuestra democracia es parte esencial, el Museo Histórico Nacional. Entidad que deberá recomponerse luego de su descabezamiento a propósito de una indigna muestra que enaltecía al dictador Pinochet.

Además de tener domicilio conocido -Catedral y Santo Domingo, en Santiago centro-, esta idea que aparecía en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que fuera analizada por una mesa de historiadores durante la campaña, no tiene otro camino que ser debatida democráticamente.

Y las instancias para ello están determinadas. En primer lugar, la intervención del sistema de alta dirección pública que está en el proceso de seleccionar al Director Nacional del Servicio del Patrimonio, del cual depende el Museo Histórico y al Director del propio Museo. En segundo lugar, el Consejo Nacional de las Culturas, tambien en proceso de designación de manera participativa por la sociedad civil. Ya se cuentan entre sus miembros el Premio Nacional Manuel Antonio Garretón y los rectores de las universidades de Talca, Álvaro Rojas y Oscar Galindo de la Universidad Austral de Valdivia. A la brevedad deberían designarse el resto de representativos de la sociedad civil -diez, con paridad de género- que se sumarán  a los 4 integrantes por derecho propio, designados por los ministerios de RREE, Educación y Economía más la Ministra Consuelo Valdés, que lo preside.

Más allá de considerar en el debate las interesantes sesiones colectivas de estudio de modificación del guión del museo que durante su mandato dirigió el gestor Diego Matte y que debieran enriquecer la discusión.

Ello, sin desconsiderar el papel que juegan y seguirán jugando redes sociales y la prensa. Sin ir más lejos y en beneficio de sí mismo, el propio Raúl Zurita aclaró en carta al Director que se explica por sí misma y de la que se deriva quienes probablemente se interesarán en los destinos de la democracia y esta discusión ciudadana:

Quiero hacer un alcance respecto a la entrevista aparecida en La Tercera el 15 de agosto, donde aludí a la derecha y a su abismante incultura.

Me refería a la cavernaria derecha pinochetista, cuya reacción en las redes y otros medios no hace sino confirmar que me quedé muy, pero muy corto, y no a la otra derecha, dialogante, que reconoce la magnitud del horror de la dictadura, y con quienes, a pesar de que nuestras visiones están en las antípodas, he mantenido una relación respetuosa y en algunos casos de real afecto.Probablemente el conflicto, incluso con ellos, era inevitable, pero les pido excusas a mis amigos, a estas alturas probablemente ex amigos, por no haber explicitado la diferencia. Y la diferencia de ellos con los otros es exactamente la diferencia que separa la vida de la muerte. 

Zurita dixit.

Ahora es hora de participar para darle vida a esta idea.

Una sugerencia: cuando, para el Centenario de la Independencia en 1910, se pensó crear el Museo Histórico, se hizo un llamado a la ciudadanía a donar piezas que deberían conformar dicho naciente museo. Fue un gran éxito y muchas de esas donaciones conforman hoy la colección permanente del Museo sito en Plaza de Armas.

Tal vez no es mala idea que chilenas y chilenos opinen donando aquello que para ellos simboliza la democracia que tanto ha costado componer y recomponer.

Ya se me ocurren varias piezas.

¿Y a usted?

PARTICIPACIÓN EN CULTURA: EL REGRESO

Como el Jedi, la participación regresa. Afortunadamente, porque desde el 1 de marzo de este año, el mundo de la cultura, las artes y el patrimonio está librado a la suerte de una autoridad unipersonal, sin ella habérsela propuesto. Esta sensación -atribuible a un descuido del legislador que aprobó la Ley del nuevo Ministerio- tan contraria al espíritu de nuestra institucionalidad cultural participativa desde 2003, hizo aparecer como naturales conflictos que pudieron haberse evitado si el Directorio Nacional del CNCA hubiese seguido en sus funciones durante la transición que debiera culminar -a juzgar por un anuncio del 8 de julio-, a finales de agosto.

En las cercanías de esa fecha debe constituirse el nuevo y recargado Consejo Nacional de las Culturas, que sustituye al mencionado Directorio.

Esto es, desde el punto de vista del Gobierno, con un Ministro más (Economía) sumado a los tres anteriores, Relaciones Exteriores, Educación y Culturas, que lo preside.

Los demás integrantes, provenientes de la sociedad civil, deberán ser propuestos según mecanismo publicado en la página del Ministerio http://www.cultura.gob.cl/convocatorias/consejos2018-2022/

Siete a propuesta de organizaciones culturales: tres personas representativas de las artes que tengan una reconocida vinculación y una destacada trayectoria en actividades vinculadas al quehacer de la creación artística, industrias culturales, educación artística, artes visuales, artes escénicas, literatura, música, artes audiovisuales, diseño, arquitectura o gestión cultural; dos personas representativas de las culturas tradicionales y el patrimonio cultural que tengan una reconocida vinculación y una destacada trayectoria en estos ámbitos, como cultores, investigadores, especialistas o gestores culturales; dos personas representativas de las culturas populares, culturas comunitarias u organizaciones ciudadanas que tengan una reconocida vinculación y una destacada trayectoria en estos ámbitos, como creadores, cultores, investigadores, especialistas o gestores culturales.

Todos deberán correr contra el tiempo, pues el 8 de agosto se cierra el plazo para presentar postulaciones, las que serán resueltas por el Presidente de la República, una de cada categoría, con aprobación del Senado.

Además de estas siete, la  Ley del nuevo Ministerio agrega al Consejo dos personas representativas de los pueblos indígenas, con destacada trayectoria en los ámbitos de las artes, las culturas o del patrimonio; dos académicos vinculados a los ámbitos de las artes y el patrimonio respectivamente; una persona representativa de las comunidades de inmigrantes residentes en el país con destacada trayectoria en los ámbitos de las artes, las culturas o el patrimonio, y un galardonado con el Premio Nacional.

Estos seis, elegidos directamente por los estamentos que representan, sin pasar por designación Presidencial.

Son 17 personas en total, versus las once del Directorio Nacional anterior.

Un artículo único transitorio del Reglamento respectivo permite, con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio público, que los Consejo Nacional y los Consejos Regionales -para efectos de constituirse- deberán contar al menos con la designación de la mayoría absoluta de los miembros que los componen. Y para sesionar, deberán contar con la mayoría de sus miembros en ejercicio y adoptarán sus acuerdos por la mayoría de los presentes. 

El primer desafío del futuro Consejo Nacional, serán los dos Jurados de los Premios Nacionales inminentes, de Música y Literatura, que, según reza el reglamento respectivo, "serán designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante acuerdo fundado adoptado por la mayoría absoluta en ejercicio".

Esto es, bastará un Consejo constituido por nueve personas que reúna cinco votos para definir tales representantes. Es de esperar que la calidad de los mismos sea contundente para acallar posibles críticas a este Jurado Nacional que debuta con siete miembros en lugar de los cinco anteriores, cuyo perfil se mantiene.

Lo valioso es que el proceso de reponer Consejo Nacional y Regionales, como indica la Ley,  de mayoría de la sociedad civil, se ha iniciado. Ahora es tarea de las agrupaciones gremiales, corporaciones y fundaciones, asociaciones de vecinos, inmigrantes, indígenas, acudir al Registro correspondiente y presentar, si les parece, postulantes de los referidos Consejos.

También se constituirán pronto los colectivos de universidades: "los dos académicos mencionados en el número 5 del artículo 4 serán designados por las instituciones de educación superior, reconocidas por el Estado y acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación por un periodo de a lo menos 4 años".  

Un galardonado por el Premios Nacional, "será elegido por quienes hayan recibido esa distinción".

Procesos similares deberán registrarse en cada una de las quince regiones del país.


¡Es la hora de participar!

Después del 9 de agosto, va a ser demasiado tarde.

GAM: LA HORA DE LA TORRE

Como los humanos, los edificios tienen vida, vecinos, y parientes. También envejecen y migran desde modernos a patrimoniales. En este andar, muchas de sus características que los hicieron vanguardia, mutan a antiguos y desechables. Es lo que no puede llegar a ocurrir con la torre que fue, en los 70s  de la remodelación San Borja; luego parte del heroico edifico sede de la UNCTAD; mas tarde sede de la Junta de Gobierno de la dictadura; después parte del proyecto centro cultural Gabriela Mistral, y hoy, un emblema que debiera conservarse y buscar un destino, ojalá cultural.

Por vecindad, le correspondería pertenecer al complejo GAM; por costo de su puesta en condiciones, ese centro cultural -embebido en terminar su gran sala- no dispone del respaldo necesario para asumir esa tarea, considerada posible en 2008. La cuestión es cómo, considerando el sector donde se enclava y el destino de su entorno inmediato, se preserva el edificio para fines culturales.

Y en esa tarea, es necesario un empeño colectivo. En primer lugar, interministerial -como lo fue al comienzo del gobierno Bachelet 1- que asuma coordinada y racionalmente, la misión que involucra a lo menos a Culturas, Bienes Nacionales, Economía (Turismo) y Hacienda, con el apoyo y técnico del MOP.

Al cuarteto gubernamental, debe agregarse la experiencia de entidades sin fines de lucro que han demostrado capacidad de administrar edificios patrimoniales sin empequeñecer su destino cultural, como las corporaciones que gestionan el Teatro Municipal; el Centro Cultural Estación Mapocho; el CCPLM; Matucana100; Balmacedartejoven, con sus referentes regionales, y el propio GAM.

Sin dejar de lado la voz de los vecinos -particularmente organizados en ese barrio- y la Municipalidad de Santiago y sus departamentos de Cultura y Turismo.

En definitiva, una corporación mixta y transversal que sepa darle un destino a largo plazo al edificio, facilitando su relación armónica con el entorno turístico, cultural y gastronómico que lo rodea y velar por su sustentabilidad.

Que puede acoger algunas oficinas públicas -¿Subsecretaria de las Artes del Ministerio de las Culturas?- es verdad, pero éstas deben coexistir y convivir con espacios de expresión de arte, residencias creativas, galerías, espacios para la artesanía y servicios al turista. 

Afortunadamente, un apresurado diagnóstico de Obras Públicas que puso al edificio al borde de la tumba, ha motivado que tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como arquitectos, gestores culturales y otros expertos, vía Cartas al Director, manifiesten sus opiniones sobre este tema. 

Así se construyen destinos para edificaciones que guardan tantos secretos -hasta militares, literalmente- que se hace imposible desecharlas y dejarlas a su suerte.

Es del caso que las autoridades y la sociedad civil sigan el desarrollo del debate y, finalmente, se asuma colectivamente, una determinación que favorezca a la sociedad y preserve aquello que la historia aconseja que se haga.

LA REINA ISABEL Y EL CRISTO DE ELQUI CANTAN

El día era frío, exactamente el día del graupel, fenómeno que no es lluvia, no es nieve, ni granizo. Pero más bien lo recordaré como el día que presencié -disfruté- la ópera El Cristo de Elqui. La que con certeza ES ópera y de la buena. Además de chilena por los cuatro costados. Fenómeno tan poco frecuente como el graupel.

El teatro Municipal no estaba lleno y sus ejecutivos decidieron (extraordinariamente) iniciar el espectáculo con diez minutos de retardo... por los afectados del clima. La prensa había generado (así como la nevazón) expectativas de que parte del público se retirara al intermedio. Otro fenómeno frustrado.

Pero lo que ocurría en el escenario fue notable: una pareja de obispos -sin las barrigas clásicas- montando triciclos bien provistos de alimentos y vino en un coqueto canasto posterior, concurrían a una entrevista con el Cardenal (¿monseñor José María Caro?) Cal y Canto. El tema de la bien provista cumbre era un impostor que predicaba en la pampa nortina presumiendo ser Cristo. Seis meses dió el purpurado a los golosos obispos para estudiar y resolver la situación.

Luego la escena se traslada al territorio donde desarrolla su ficción Hernán Rivera Letelier, el escritor que jamás ha visto una ópera. Pero, sobretodo, el espacio donde campean entrañables personajes como la Reina Isabel, Ambulancia o Magalena, que coronan un prostíbulo de aquellos, que ofrece a los resecos mineros incluso servicio del baile del caño, interpretado por una esbelta figurante del ballet municipal.

En ese salado contexto se enfrentan las fuerzas del mal y el bien (usted dirá cual es cual): la iglesia y el predicador impostor, muy bien ambientado por una notable ranchera interpretada, guitarra en mano, por Evelyn Ramírez (la Reina Isabel). 

De la algarabía -como toda ópera- se pasa al desgarrador entierro de la Reina, en una escena ambientada en toda la amplitud de nuestro desierto, que permite una licencia: el poeta Mesana hablando las virtudes de Isabel, en boca del actor Francisco Melo.

Recitado que solo resalta las magnificas performances del coro y la orquesta del Teatro Municipal.

Al igual que el Cristo original, supuestamente reemplazado por el impostor del Elqui, la Reina resucita y revierte la aparente victoria de la ¿santa? alianza entre el sacerdote y la policía, fuerte y monótona defensora de la trilogía "orden, moral y propiedad".

Luego de esa victoria de prostitutas y mineros, la escena se sitúa en la estación Mapocho, donde arribaban los trenes del norte: "el impostor viene a la capital, como Cristo fue a Jerusalem"... se queja el Cardenal quién lo espera en los andenes, frente al pueblo de Santiago, leyendo una carta condenatoria.

El Cristo elquino llega montado en la luz  de una potente locomotora y allí se produce el enfrentamiento final. 

Queda la sensación de que, de la mano de Frédéric Chambert, la ópera chilena a ha llegado al teatro que él mismo identificó como Ópera Nacional de Chile no bien asumir su puesto, y llega por la puerta grande. Hay un extraordinario trabajo del guionista, Alberto Mayol; el compositor, Miguel Farías; Patricio Sabaté, el Cristo; Yaritza Véliz, Ambulancia y todo el elenco, coro y orquesta incluidos.

Resta que el público tradicional y nuevo de la ópera acoja esta producción y, junto con los esfuerzos que se hacen a nivel legislativo, se avance en una nueva fase de la ópera en el país.

Hace mucha falta. El talento está.

Y es justo que sea estimulado en el próximo Consejo Nacional de las Artes Escenicas.

DE CÓMO CONSTRUIR NUEVOS MINISTERIOS

"Para estimular y coordinar los esfuerzos para poner el conocimiento y la innovación al centro de nuestro desarrollo, estamos creando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya propuesta se discute en este Congreso y que esperamos esté aprobada este año" señalaba el Mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet, en su Cuenta del 1 de junio de 2017. Un año después, el Presidente Piñera en similares circunstancias, complementó: "Pondremos en marcha el futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue aprobado este jueves, por este Congreso y permitirá un nuevo y poderoso impulso al desarrollo del país. Aprovecho de agradecer a este parlamento su aprobación unánime".

Hay semejanzas entre este nuevo Ministerio y el recientemente creado de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ambos consideran una estrategia nacional a largo plazo, desconcentración territorial, consejo asesor de la sociedad civil, y una agencia de administración de programas y concursos. Políticas de Estado, no de gobiernos. Una buena noticia.

Poco se sabe todavía de la implementación del Ministerio de las Culturas, tampoco fue muy explícita, en la parte correspondiente, la reciente Cuenta de Sebastián Piñera. Fueron 122 palabras, agrupadas en trece líneas y sus contenidos, en orden de aparición fueron: "promoveremos un libre y amplio acceso (a la cultura), tanto en forma tradicional como digital".

La preocupación por el acceso a la cultura es de antigua data, lo novedoso está en el énfasis  en el acceso digital a ella. Habría que esperar las formas que asumirá, sin que termine reemplazando el acceso físico sino agregando nuevos públicos. Un tema complejo, si lo comparamos, por ejemplo con la devastación que ha dejado la proliferación de medios digitales en el campo de la información. En semanas recientes hemos presenciado la digitalización de la edición chilena del diario El País, junto a la desaparición -con promesas digitales futuras- de Qué Pasa y la fusión entre revistas "femeninas" del grupo Copesa, Paula y Mujer.

Hace pocos días pudo apreciarse la segunda preocupación inserta en el Mensaje: "ampliamos de uno a dos los Días del Patrimonio Histórico y Cultural, abriendo nuestros edificios culturales y patrimoniales a cientos de miles de chilenos que los visitaron el fin de semana pasado". Medida exitosa, de indudable crecimiento, que ha generado en El Mercurio una curiosa acusación de populismo patrimonial, que no oculta la preocupación por la anunciada nueva Ley de Monumentos. Otra buena señal en esa dirección es la anunciada Cuenta 2017 del nuevo Servicio Nacional del Patrimonio Cultural https://bit.ly/2Jwwhxi  que espera aportes de la ciudadanía hasta el 30 de junio.

"Conectaremos por fibra óptica nuestra Red Nacional de Espacios Culturales, para permitir la interconexión entre ellos y la transmisión en línea de grandes eventos culturales". El tercer punto de la Cuenta, reitera la conexión digital, para compartir experiencias de gestión -lo que sería muy aconsejable-, y manifestaciones artísticas por esa vía. La transmisión en línea debiera dialogar con el llamado Canal Cultural, recientemente ratificado por el Senado al aprobar la designación de tres nuevos miembros del Directorio de TVN.

El cuarto aspecto "avanzaremos en el desarrollo de nuestra red de Teatros Regionales y Centros Culturales a nivel comunal", profundiza políticas de gobiernos anteriores: los centros culturales de Bachelet I y la Ministra Paulina Urrutia; los teatros regionales a Piñera I y el Ministro Luciano Cruz Coke.

Respecto del quinto punto, impulsaremos un plan nacional de puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, deberá esperarse detalles pues la Subsecretaría del Patrimonio -que El Mercurio ha acusado de "tener pies de barro"- desarrolla iniciativas como la creación, descentralizada territorialmente, del Servicio nacional del Patrimonio y la Ley de Monumentos Nacionales.

Apoyaremos a nuestros artistas, como sexto punto, parece un espaldarazo a la Ley de Artes Escénicas en pleno proceso legislativo y a las modernizaciones anunciadas por la Ministra Alejandra Pérez tanto en los Fondos Concursables como en la simplificación del sistema de becas por la vía de las Becas Chile Crea, con dos sub-modalidades Postgrado y Especialización,

El último punto, es el gran aporte que se espera de este gobierno: pondremos en plena marcha nuestra nueva y renovada Institucionalidad Cultural, tarea que se ha mostrado compleja, especialmente en el sector patrimonial, donde en corto tiempo la Ministra Pérez debió despedir al Director de la ex Dibam y al Director del Museo de Historia Nacional, dando señales de determinación en el camino hacia el nuevo Servicio Nacional del Patrimonio, que implica cambios tanto en destinación del personal existente como en descentralización territorial, concursabilidad de cargos directivos, eliminación de duplicidades y participación ciudadana. Una institucionalidad eficiente y renovada en forma y fondo.

En ello, además del respaldo Presidencial, está el del Parlamento que aprobó hace pocos meses la Ley que creó el nuevo Ministerio, tal como debiera ocurrir con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, iniciado por Bachelet y aprobado en los albores de Piñera. Ambos con mayorías cercanas a la unanimidad.

Es de esperar que los incumbentes del naciente Ministerio de Ciencia, miren con atención científica lo que está ocurriendo con su par de culturas, que le lleva algunos meses de adelanto.

Buena forma de legislar con perspectiva de Estado, con transversal apoyo político y con participación de la sociedad civil.

BIEN LA INFRAESTRUCTURA, MAL LA FILANTROPÍA

La tercera

Uno de los primeros textos publicados en este blog, exactamente el tercero desde su creación, llevaba un título esperanzador: ELOGIO DE LA INFRAESTRUCTURA, INCITACIÓN A LA FILANTROPÍA ( https://bit.ly/2rqwesK). Se basaba en una Conferencia en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago, el 9 de noviembre de 2006, que pretendió resumir una  permanencia en Harvard investigando sobre el modelo chileno de desarrollo cultural. Han pasado más de 11 años y desde la misma universidad vienen noticias del desbalance entre la realidad de ambos términos en el Chile actual. 

El país se ha llenado -literalmente- de centros culturales, bibliotecas y otros espacios culturales, la mayoría construidos durante esos mismos 11 años, tanto a niveles locales como regionales y nacional. Así, la preocupación actual se enfoca más en cómo llenar de contenidos esas edificaciones que en seguir construyendo. En cambio, las cifras de aportes filantrópicos a la cultura y otras áreas no aumenta significativamente ni menos comparativamente con otros países. Basta para ello mirar el gráfico inicial de los gastos en filantropía por país.

¿Qué nos pasa como sociedad que no somos capaces de internalizar las innegables bondades de la filantropía, a pesar que las fortunas personales crecen y crecen?

Una reciente publicación en La Tercera anota dos de las que podrían ser las causas: 

“A diferencia de los países anglosajones, en que la cultura de la donación filantrópica está muy asentada, en Chile hay un complejo en mostrarse como una persona de alto patrimonio y a, su vez, aparecer como una persona generosa en diversas causas”, señala Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, agregando que es prioritario resolver el problema del sistema de donaciones y hacerlo más amigable. “En Chile no es un problema dedicarse a la filantropía, pero claramente no hay demasiados incentivos".

“Para ser filántropo (en Chile), la primera traba es tributaria”, dice el abogado Sebastián Guerrero, uno de los autores del libro Filantropía y donaciones en Chile.

“En el país se castiga la donación. Por una parte, por regla general se exige un trámite judicial llamado “Insinuación de donaciones”, pese a que hay donaciones que eximen del trámite como las donaciones para fines culturales o sociales. Por otro lado, se debe pagar un impuesto a las donaciones, salvo que exista alguna exención a este impuesto”.

Para resolver este problema, el abogado plantea que se debe avanzar en una legislación de donaciones, ya que hoy existen más de 90 normas diferentes que regulan este tema, lo que a su juicio hace ineficiente el sistema.“Las normas que regulan u otorgan limitados beneficios a las donaciones, por lo general son destinadas a financiar proyectos específicos y no a instituciones que se dedican permanente a obras sociales. Más que otorgar beneficios tributarios, basta con no castigar la donación”.

Aquí parece existir un aspecto relevante: La Ley de Donaciones Culturales. 

Para poder estimular la filantropía debe cambiarse su principio original. ¿Porqué no pueden recibir donaciones descontables de impuestos para desarrollar su misión, sin tener que pasar por la aprobación proyecto a proyecto, corporaciones y fundaciones sin fines de lucro que sí están calificadas para recibir transferencias del Estado, según la Ley de Presupuestos que propone el gobierno y aprueba el Parlamento? 

¿Por qué corporaciones a las que el Estado les ha entregado en administración bienes patrimoniales públicos de enorme valor, o que han demostrado eficiente manejo de donaciones en los años de existencia de la llamada Ley Valdés no pueden ser apoyadas en su misión y no sólo puntualmente en algunos de sus proyectos? 

Es un contrasentido que el Estado asigne recursos a estas entidades y ese mismo Estado les exija aprobar por el Comité respectivo cada uno de los proyectos que emprende con apoyo privado. Esta nueva manera de estimular el aporte privado permitirá la realización de proyectos a varios años plazo como necesariamente son los vinculados a la formación de audiencias y a la sustentación de centros culturales y de elencos estables. 

¿Por qué no elaborar un listado de las corporaciones y fundaciones culturales que reciben transferencias por la Ley de Presupuestos; las que reciben en comodato la administración de bienes de propiedad pública, y las que han demostrado eficiencia en la obtención y administración de recursos en diez años y calificarlas para recibir donaciones que serían beneficiadas por rebajas tributarias?

En definitiva, tenemos todavía que aprender y avanzar.

De los países que siguen un modelo de desarrollo cultural en el que prima un Estado Facilitador, -como Estados Unidos- nos falta conformar un espíritu de filantropía que por una parte haga perder a los potenciales donantes el temor a hacerlo y que por otra los beneficiarios pierdan el temor a reconoces abiertamente al benefactor, dándole su nombre a lugares, salas, cátedras, festivales, bibliotecas o museos. 

Además, que dirigentes políticos y fiscalizadores públicos pierdan el temor a que detrás de cada estímulo tributario acechan los abusadores del sistema. Tal vez existan algunos, pero hay muchos más interesados en que se desarrolle la cultura y el arte gracias a sus aportes.

En un país en el que la cultura en el sector público ha dado gigantescos pasos en poco tiempo -hasta llegar a tener formidables infraestructuras, sólidos fondos concursables y un Ministerio de las Culturas- es imprescindible que los privados ingresen en serio a contribuir fuertemente en la misma dirección.

Y el camino se llama filantropía.

LA TRAZABILIDAD DE NUESTRA POLITICA CULTURAL

En el reciente seminario, cuya exposición dejé en mi comentario anterior, surgió de la sala una interesante pregunta sobre la trazabilidad de una política cultural. Se trata de "la propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón de estar relacionado a referencias establecidas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena continua de comparaciones, todas ellas con magnitudes de influencia establecidas". Viene de trazar: "seguir, descubrir o establecer el curso del desarrollo de algo". Ello motivó una reflexión tras la ronda de preguntas.

Si queremos establecer el curso del desarrollo de nuestras políticas culturales, inevitablemente debemos remontarnos al siglo que pasó. Porque las raíces más evidentes están en lo más profundo y oscuro de la dictadura. Fue allí donde se gestó el quiebre con el paradigma anterior: el de las políticas basadas en el modelo francés... el Estado fuerte que asignaba los recursos para edificar museos, financiar artistas o democratizar la cultura. La práctica dictatorial no sólo dejó de hacerlo sino que alertó a la sociedad toda de que en cualquier momento el Estado podía ser recapturado por los enemigos de la cultura y volver a fojas cero lo alcanzado hasta comienzos de los setentas.

La solución a ese aterrador riesgo fue incorporar otro actor en la asignación de los recursos públicos. Si bien el estado debía seguir proporcionando fondos, eran otros quienes determinaban a quienes iban tales dineros: los consejos de las artes -mucho más británicos que galos-, constituído por pares de los beneficiarios que evalúan colectivamente los méritos de los postulantes.

A partir de ese quiebre conceptual: a contar de 1990, con el retorno a la democracia, serían ciudadanos, tan meritorios como los postulantes, quienes definirían el destino de las platas públicas.

Por tanto -y aquí es posible seguir la trazabilidad de esa nueva concepción- todas las organizaciones culturales creadas bajo la democracia reconquistada tendrían ese componente plural: la Corporación Cultural de la Estación Mapocho; el Comité de Donaciones Culturales; el Consejo Nacional del Libro y la Lectura; el Fondart e incluso las comisiones que estudiarían técnicamente la eventual nueva institucionalidad.

Es así como a esos organismos se van integrando actores hasta ahora ajenos al mundo cultural: empresarios; parlamentarios; los novísimos gestores culturales; bibliotecarios y profesores; rectores universitarios, Premios Nacionales y abogados destacados.

Todo ello culminó, a inicios del siglo XXI, con la creación, por Ley de la República, del organismo máximo que regirá las artes y la cultura: un Consejo Nacional de ocho integrantes representativos de la sociedad civil, dos representantes de ministerios relacionados (Educación y Relaciones Exteriores) y un Presidente con rango de Ministro, aunque sin sueldo ni atribuciones de tal.

Había solo un pequeño detalle. No fue posible incorporar a esta lógica a las organizaciones -tradicionales y con una inercia institucional centralista muy desarrollada- dedicadas al patrimonio. Está bien que ciudadanos asignen dineros públicos para la artes, pero no que dispongan de los bienes patrimoniales del estado... ¿Y si los venden?

Esa proverbial desconfianza hacia la participación caló hondo en dirigentes de la DIBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales, de diferentes signos políticos, lo que impidió que el Consejo Nacional de Cultura y las Artes tuviera una vida tranquila.

Fue así como el costo para mantener esta trazabilidad de consejos -ya imposibles de desmontar- fue constituir una figura de Ministerio aunque no tradicional. Un Ministerio que dejaba a patrimonio y las artes bajo un mismo paraguas pero que conserva todos los consejos que asignan fondos y perfecciona -ampliándolo- el Consejo Nacional ubicado a una costado del -ahora sí en propiedad- Ministro de las Culturas (para reafirmar aún más que se trata de una autoridad no tradicional).

De este modo, se conserva la profunda voluntad inicial y se comienza un desafío mayor: adaptar la añosa DIBAM a un Servicio Nacional del Patrimonio descentralizado, con direcciones en cada región y subordinado en ellas a los respectivos consejos regionales de las cultural, las artes y el patrimonio.

Es por ello que la inicialmente atemorizadora figura del Ministerio logró apoyo de todos los sectores comprometidos con la trazabilidad participativa pues comprobaron que más que un retroceso autoritario lo que hay es una forma -la única que parece permitir nuestra estructura administrativa presidencialista- de acercar a esa impronta que vino para quedarse a los servicios que no se incorporaron oportunamente al proceso modernizador que siguió a la dictadura.

Queda pendiente la Ley que actualice el Consejo de Monumentos, para completar este cambio de timón de nuestras políticas culturales que, de verdad, surgió de la mano del retorno a la democracia.