ESPAÑA EN EL CORAZÓN DEL CENTRO CULTURAL

Foto Héctor Aravena. Archivo Fortín Mapocho

Desde la mesa del Embajador a nuestra mesa de Directorio, muchas aguas comunes han pasado en el tiempo que la cultura nos ha reunido. El primer símbolo, cuando solo éramos proyecto, fue la presencia del Embajador Pedro Bermejo en nuestro Directorio fundador.

Muy cerca de ello, la visita de los Reyes, Sofía y Juan Carlos, y el real encargo de cuidar las dos palmeras que plantaron junto a una placa que recuerda -entre frondosos árboles- esa ocasión.

En las  cercanías de esas palmeras, floreció la Escuela Taller dónde se formaron canteros, forjadores y jardineros del que sería el Parque de los Reyes. Esa casa, que perteneció al Jefe de estación de Mapocho, es hoy sede de la FOJI.

Pero el debut más pleno ocurrió con las Letras de España, en 1993. Miles de libros, decenas de escritores y visitas ilustres como Jordi Solé Tura, el Ministro y Cristina Hoyos, la bailaora, marcaron esa fiesta de la lectura con que España demócrata celebraba la entronización de la democracia en Chile.

Por si eso fuera poco, el 2009 recibimos el Premio Reina Sofía de Patrimonio Cultural, de manos de la propia Reina.

Luego, han ocurrido tantas visitas al Centro Cultural de España, tantas lecturas de El Quijote para el día del libro, tantas policiales y escritores misteriosos que intercambiamos para el festival de novela negra.

Directores y directoras del CCE que llegaban a Chile con nuestra tarjeta en sus primeras agendas. Los recibimos, los quisimos y desarrollamos muchas ideas que surgían  del empeño que ambos teníamos en cruzar nuestras culturas.

Y ahora, también en conjunto y con muchas otras instituciones nos preparamos para desembarcar una vez más a los pasajeros del Winnipeg que, de alguna manera, fueron la primera embajada cultural de España en nuestras tierras.

PEDRO LASTRA, ENTRENADOR LITERARIO

Testimonio entregado en las Jornadas en homenaje a Pedro Lastra, en el Salón de Honor, Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 17 de junio de 2019. 

Hasta que la vida nos llevó, en plural de pareja y frisando los 60 años, a aceptar la imperiosa necesidad de tener un entrenador personal de gimnasia, no había reparado en que, desde los años 60, había tenido la fortuna de contar un entrenador literario. Ese gozoso papel lo desempeñaron en mi vida, en orden de aparición, Lucho Domínguez, Alfonso Calderón y Mariano Aguirre, todos profesores de esta universidad, tristemente fallecidos. Sin embargo, en los tiempos que corren han sido felizmente reemplazados por el ilustre quillotano Pedro Lastra.

Con Lucho, profesor de redacción en la escuela de periodismo, protagonizábamos dilatadas conversaciones que comenzaban no bien terminadas sus matutinas clases, continuaban por la calle San Isidro, Alameda, plaza Italia y seguían en una oficina de Quimantú –con la breve interrupción del almuerzo- para culminar por la tarde, en que cada uno regresaba a sus labores.

Con Alfonso Calderón, esa mezcla de sabiduría práctica y depósito lecturas infinitas, revisábamos en primer lugar, nuestras respectivas “lista de enemigos” para terminar concluyendo que si no los tienes, no eres nadie. Luego repasábamos el estado de la memoria, recordando los años de nacimiento de cercanos para establecer líneas de tiempo de diversos acontecimientos públicos y privados y repitiendo frases célebres de los recordados.

Finalmente, iniciábamos temas de trabajo como el placer de establecer listado de títulos a publicar en Quimantú o descubrir el siguiente proyecto que nos ocuparía conteniendo, obviamente, la pluma veloz de Alfonso.

Con Mariano, lo primero era refunfuñar y escuchar todo aquello que lo fastidiaba de la vida, las parejas, la comida que compartíamos o los proyectos literarios que pretendían ser informados en su rol de asesor literario.

Luego, las conversaciones más delicadas, plagadas de anécdotas y de tácticas de acercamiento a las mejores plumas de la lengua para invitarlos a colaborar en nuestro común empeño de editar, semanalmente, un suplemento como Literatura y libros del diario La Época, con limitadísimos recursos y enormes ambiciones al ser el primero de Chile en su género.

Entre aquellos notables de la literatura, escuché por primera vez el nombre de Pedro Lastra.



Era uno de los literatos chilenos que los vientos de dictadura habían llevado a beneficiar a los estudiantes estadounidenses. Me gustaron mucho sus sabias colaboraciones que casi no tenían desperdicio ni mayores necesidades de editar. Escribía en limpio, como Alfonso.

De pronto, se encarnó en mi vida, con un comentario imbatible para mí: la calidad literaria del libro de mi esposa, Patricia Politzer, que más valoro entre sus siete obras: La ira de Pedro y los otros. Una notable incursión en las diferentes tribus de jóvenes violentos que emergían junto a las protestas contra el régimen militar. Mirados ahora, eran  (literalmente) niños de pecho.

Pedro me señaló que, además de su profundidad periodística, había allí una estructura literaria notable, que no se cansaba de hacer notar a sus estudiantes.

Simpático el hombre, me dije.

Muy pronto, la simpatía tornó en cariño entrañable cuando nos juntábamos, siempre él, provisto de alguna de las últimas ediciones de su inconmensurable obra o de la edición de Anales de la literatura chilena. Esta última, en generosos dos ejemplares. “Uno para ti y Patricia, otro para el centro cultural”.

No solo lo caracterizaba su regalo, también la compañía de esa sonrisa encarnada en mujer que fue Irene Mardones.

Almorzábamos los tres, en el Centro Cultural Estación Mapocho, ellos premunidos de agua tónica, yo con una sed enorme de escuchar los maravillosos conocimientos y recuerdos de Pedro, complementados por Irene. Habitualmente terminábamos charlando sobre algún escritor del que, por cierto Pedro disponía no solo de ejemplares autografiados sino sendas cartas personales en las que le confesaban sus más íntimos secretos y pasiones.

Ese mismo conjunto de libros que el ilustre quillotano-chillanejo ha donado a esta casa de estudios, quizás la más importante razón para querer volver a estas aulas donde me correspondió vivir, a contar de 1968, uno de los más hermosos procesos de reforma universitaria que recuerde la historia de Chile.

Esta proverbial generosidad de Pedro incluía también a sus amigos. Recuerdo que en una ocasión me abordó para analizar cómo la República podría, merecidamente, reconocer las innegables virtudes del profesor Miguel Castillo Didier, el irreemplazable helenista nacional. Ideamos una fórmula –como la Coca Cola- secreta hasta ahora, que culminó con un hermoso homenaje y la medalla Pablo Neruda en el pecho de Castillo impuesta por un ministro de apellido Cruz Coke.

Tal ceremonia que será recordada por el primer apagón de la sala América de la Biblioteca Nacional en muchos años, que implicó terminar el discurso del homenajeado, iluminado –en todo el sentido de la palabra- por la linterna de un celular.


Beneficio colateral de ella fue la presencia –para pronunciar el discurso de honor- en Chile de Rigas Kappatos, un griego de la isla de Cefalonia, amante de los gatos y poeta no menor. Para conmemorar tal visita no nos fijamos en detalles y resolvimos una novedosa trenza más difícil de explicar que de hacer.

Consistía en que poetas chilenos –Jaime Quezada, Pedro Lastra- leían, en castellano, poemas de Kappatos y este leía, en griego las creaciones de los chilenos.

Pero, no solo eso: este intercambio se haría en Santiago -en el Centro Cultural Estación Mapocho- y en Valparaíso, donde un querido amigo vice presidía la colectividad griega, que fue convocada al encuentro en la Librería Casa E del cerro Alegre.

Por cierto, la lectura fue coronada con un almuerzo –con moussaka y pastel de jaiba- en el restaurante La Rotonda, de Daniel Yianatos, el antipróedros (vicepresidente) de los griegos porteños.

No podía ser de otra forma, Kappatos y Yianatos, resultaron provenir de la misma isla de Cefalonia y de ese encuentro y posterior conversación surgió un libro que relató lo acontecido en esa aventura greco chilena, que Rigas publicó prontamente… en castellano.

Así como, conversando con Pedro sobre Castillo Didier nació lo anteriormente relatado, en otra oportunidad surgió el descubrimiento respecto de la escuadra libertadora del Perú –amado país para Pedro, que lo ha reconocido más que nosotros.

Se trata de lo que hoy es una obviedad. Que la escuadra enviada por Bernardo O’Higgins y liderada por Lord Cochrane, llevaba una gran cantidad de panfletos para sublevar a los peruanos, en... quechua.

De allí, nos encaminamos a descubrir al traductor y al autor de la arenga, que presumimos era el propio O’Higgins…

Podría seguir enumerando andanzas con Pedro, hasta la última, que nos llevó a compartir la mesa con el actual Embajador Griego Ioannis Tzovas Mourouzis cuando analizamos la propiedad china del puerto del Pireo y sus extensiones hasta centro Europa vía ferrocarril a Budapest…

Como ven, Pedro es un gran entrenador que nos permite permanecer en forma, en literatura y actualidad.

Quedan pocos como él. 

Tal vez debiera contratarlo la roja.

SI ME ENCUENTRO CON MI TORTURADOR ¿QUÉ HAGO?

Es la pregunta que sugiere la novela Voces en altamar, de Thamar Álvarez Vega. Un par de mujeres que habían pasado por la dura experiencia de Villa Grimaldi, se encuentran en altamar, en un crucero, cuarenta años después, con una voz, que inevitablemente, pertenece al hombre que torturó a ambas, sin que ellas se hubiesen conocido antes de este casual encuentro. 

El título es provocativo. Sugiere misterio (voces en alta mar) provoca la idea de cierta soledad como El viejo y el mar. Pero no. La realidad es una vocinglería propia de un crucero turístico.

Lo que genera la trama, es una sola voz. Que es simultáneamente reconocida por dos pasajeras desconocidas entre sí y que, curiosamente, terminan identificándose y casi mimetizando. Dupla a la que se agrega un tercero, pareja de una de ellas, que solo se diferencia por una cierta capacidad premonitoria.

Tal es la fuerza de aquella voz, o del daño provocado por su poseedor, que pasadas décadas, en un contexto completamente diferente, es fácilmente reconocida, sin requerir siquiera mayores chequeos.

La voz –ni siquiera el contenido de sus palabras- o sea más bien el tono de voz escuchado (da lo mismo el lugar donde se produce y el mar pasa a ser completamente irrelevante) se convierte en el protagonista de la novela y el trío, formado casualmente, en su antagonista.

Una vez constituido el antagonismo central de la trama, se procede a describir la vida de las dos mujeres del trío. Una, valdiviana, de familia de origen alemán y gran inquietud por la música (de allí la certeza para descubrir la voz), otra, porteña descendiente de prestigiosos abogados de la zona que comete matrimonio con un joven comunista, compañero de universidad, romance gestado en esa gran casamentera que son las semanas universitarias.

Sus vidas son plácidas y comprometidas con el proceso político, que aparece fuertemente en el relato por ambas partes, hasta que emerge el golpe militar que cambiará su destino. (¿Porqué en la obra de escribe con mayúscula? Lo mismo ocurre con otras palabras esotéricas).

Desde entonces se produce una mezcla entre la fuerza vital realista y cotidiana, con acontecimientos descritos como casi mágicos o providenciales.

En ellos, son siempre mujeres las protagonistas y los hombres reducen su participación a comparsas de sus parejas, no siempre acordes con su actuar; a simplemente malvados sin salvación, o amables servidores de anís (¿Del Mono?) y riojas –para mí- de dudosa calidad.

Son mujeres quienes logran salvar a las protagonistas de las mazmorras, costándole a una de ellas –Isabel- la vida por su propia mano. Los hombres parecen operadores de sus planes muy bien elaborados o una presencia fantasmal, como Hernán. Son las mujeres –la madre abogada, la tía alemana- las verdaderas heroínas que salvan a las prisioneras, colgándose de acciones ejecutadas por hombres –embajador sueco, pescador/secuestrador- pero tramadas en delicados cocteles o precarios encuentros femeninos.

Cabe preguntarse si no hay aquí una –otra- premonición de lo que sería –es- el rol femenino en el siguiente siglo.

En la obra hay intento de reconstrucción de lugares –La Reina, Valparaíso, Menorca- y situaciones ya muy descritas de la UP y la dictadura. Sin embargo, aparece con mucho más detalle y cariño la isla balear, como si fuese –el exilio allí- un buen láudano para las penurias chilenas y casi por arte de magia –otra vez- un lugar donde el trío antagonista de la voz se hace uno, actúa prácticamente sin diferencias de opinión, toma decisiones casi por simples miradas.


Se extraña, al llegar al desenlace, quizás un debate interior del trío que refleje las diferentes opciones respecto al ¿Qué hacer? frente a la presencia de la voz, encarnada en un anciano.

De este modo, la solución al conflicto inicial parece en tono menor, respecto de los brutales hechos que lo desencadenan. Coincidentemente, la visita que hace el trio al lugar de las torturas es también un cierre tenue:

“Ninguna de las dos volvería a poner sus pies allí. El necesario ritual de reencuentro con el pasado se había llevado a cabo con la dignidad y el compromiso que la ocasión ameritaba”.

Queda la inquietud sobre qué pensarían de este cierre las madres y otras familiares y amigas que enfrentaron directamente el proceso de liberación de las detenidas. Ellas, a su modo, fueron víctimas de la misma represión, se jugaron literalmente la vida bajo dictadura. Y, probablemente, seguirán visitando el lugar pensando que las víctimas eran otras.

LEY DE PATRIMONIO EN EL PUNTO DE PARTIDA

La exclusiva priorización que le dió el presidente Sebastián Piñera a esta ley, continuadora de aquella creada en 1925, habla de que pretende ser el gran logro legislativo, en cultura, de su segundo gobierno. En ese sentido su situación se parece mucho a ese 16 de mayo de 2000 cuando el presidente Ricardo Lagos anunció, en ceremonia en el museo de Bellas Artes, que se enviaría al parlamento la ley que creaba el CNCA. Tarea que asumió, con éxito, el profesor Agustín Squella

Durante la celebración del Día del Patrimonio Cultural 2019, en el Museo Histórico, Piñera y un conjunto de ministros firmaron un proyecto de ley que promueve el reconocimiento y cuidado del patrimonio cultural de Chile, desde edificios y monumentos hasta sus tradiciones y rituales. “Lo que busca -señaló- es centrar la protección a nuestra historia y a nuestra cultura, no solamente en los monumentos, sino que en todo lo que es patrimonio”.

“Considerando las demandas del patrimonio y de la ciudadanía respecto a él, la legislación vigente está obsoleta. Con este proyecto de ley esto se moderniza, se incorpora el concepto de patrimonio inmaterial, se moderniza el Consejo de Monumentos y tan importante como eso es la regionalización de la toma de decisiones a través de los Consejos Regionales del Patrimonio. Es un cuerpo legal que incluye la participación ciudadana en la gestión de nuestro patrimonio”, destacó la ministra Consuelo Valdés.

Dentro de los ejes del proyecto destaca la creación de Consejos Regionales del Patrimonio Cultural resolutivos a lo largo del territorio. También contempla una visión integral: Consejo de Monumentos Nacionales pasa a ser Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, superando la visión monumentalista del primero.

Se propone una gestión para la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio, asociando un plan de gestión patrimonial o plan de salvaguardia para los bienes culturales protegidos. Se creará un sistema de compensaciones e incentivos para la conservación del patrimonio y se plantea incrementar el Fondo del Patrimonio que administra el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, a través de la actual Ley de donaciones.

El proyecto refuerza la legislación para enfrentar el tráfico y daño al patrimonio protegido; contempla la creación de un Inventario del Patrimonio Cultural en Chile; la incorporación del delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales, y aumenta las multas por infracciones a la ley.


En una primera mirada, este proyecto, que involucra  a una decena de ministerios, representa mayores dificultades que la tarea encomendada a Squella, pues apunta a modificar intereses creados durante mucho tiempo, lo que un servicio nuevo como el CNCA no pretendía; busca integrar conceptos de regionalización y participación, desconocidos en el mundo del patrimonio, y crea un Consejo nacional que podría entrar en conflicto con el recién constituido Consejo Nacional de las Culturas.

Una diferencia a favor es que quien llevará el trámite legislativo es una autoridad con rango de  subsecretario -Emilio de la Cerda-  mientras Squella era un asesor presidencial.

En todo caso, igual el proceso no debiera ser breve pues, mientras en el caso del CNCA había respaldo de debates y documentos generados en sendas comisiones, ministerial una -la que dirigió Manuel Antonio Garretón- y presidencial otra, que encaminó Milan Ivelic. Luego de ellas, un Encuentro de políticas públicas y legislación cultural, con más de 600 participantes, delineó en el Congreso, en 1996 el camino y prioridades que debería seguir la nueva institucionalidad.

Sin embargo, la tarea de De la Cerda cuenta con amplio respaldo interno debido al notorio retraso que ha sufrido el sector patrimonial desde 1990 y que se ha traducido en disímiles crecimientos presupuestarios.

Así lo ha entendido y ha hecho decenas de presentaciones sobre el proyecto a lo largo del país, dejando en claro que la discusión vendrá en el parlamento, iniciándose en los próximos dias en la comisión de cultura de la Cámara.

Así los hechos, hay una  prioridad legislativa clara y un plazo definido, el final del gobierno en marzo de 2022, casi los mismos tres años que tomó a Squella.

Al mundo del patrimonio le corresponde, desde ahora, estar atento a las convocatorias del poder legislativo, preparar sus propuestas y seguir con atención el proceso que completará -e igualará la cancha para los sectores las culturas y el patrimonio- que hoy aparecen, en el nuevo ministerio, separados en sendas subsecretarías.

Luego vendrá la tarea -quizás para el próximo mandato- de establecer los puntos de encuentro y colaboración entre ambas áreas. Uno de ellos, quizá el mejor, sería un Consejo nacional de la infraestructura y la gestión, que siente en una misma mesa a los grandes establecimientos culturales públicos y de derecho privado.

Un intercambio tan necesario como provechoso.

CUENTA: INFRAESTRUCTURA, DIFUSIÓN Y PATRIMONIO

Foto Agencia Uno

En solo un párrafo, de la Cuenta Pública 2019, se reunió aquello que el Presidente Piñera quiso destacar en cultura: "En el maravilloso mundo de la cultura, estamos avanzando en muchos frentes, entre ellos rescato: la democratización, a través de mejor y más infraestructura, renovando nuestros museos, incorporando tecnologías participativas, fortaleciendo nuestra red de centros culturales municipales y teatros regionales. Además, estamos potenciando la información, a través de la plataforma digital Elige cultura, pero por sobre todo, quisiera destacar el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que protege tanto el patrimonio tangible como el intangible de nuestro país, como nuestro folklore, nuestras expresiones artísticas y rituales y nuestros maravillosos paisajes. A través de ella reconocemos nuestro pasado, enriquecemos nuestra identidad y nos proyectamos hacia el futuro”.

El año anterior, la Cuenta pública 2018, no fue mucho más dilatada, a pesar de que el gobierno solo se iniciaba.

"Y en el campo de la cultura, nuestro plan contempla una cultura libre y de amplio acceso. Y por eso, vamos a avanzar no solamente en el acceso tradicional, sino que también en el acceso digital a la cultura. Por eso ampliamos de uno a dos los Días del Patrimonio Nacional, que se celebraron el fin de semana pasado, donde cientos de miles de compatriotas pudieron conocer, apreciar y disfrutar de nuestro patrimonio cultural, y vamos a establecer una conexión, a través de fibra óptica, entre nuestra Red Nacional de Espacios Culturales, que incluye a los Museos Regionales y a los Centros de Cultural a nivel de las comunas, para que podamos compartir mejor, incluso transmitir en vivo y en directo, las mejores expresiones de nuestra cultura. Avanzaremos también en darle vida a la Red de Teatros Regionales y Centros Culturales en nuestro país.

Por otra parte, vamos a apoyar a nuestros artistas y vamos a lograr que el arte en nuestro país sea un elemento que no solamente enriquezca el alma de nuestro país, sino que también la unidad y nos llene de orgullo. Y, por supuesto, tendremos que implementar la nueva y renovada institucionalidad cultural".

Poco se sabe del acceso digital a la cultura o de la conexión de fibra óptica entre la red de espacios, sí se amplió de uno a dos días, los dedicados -tradicionalmente a fines de mayo- al patrimonio, con apertura de múltiples edificios monumentales.

Algo, aunque no todo, se ha avanzado en "implementar la nueva institucionalidad". Quedan rezagados la instalación de órganos participativos que, por ejemplo, tienen, en plazo breve, que responder a los requerimientos de designación de jurados en los Premios nacionales de artes.

"Avanzaremos en darle vida a la Red de Teatros Regionales y Centros Culturales en nuestro país", se repite en la cuenta 2019.

Se reafirma así un concepto arraigado: la democratización a través de "mejor y más infraestructura", un aspecto incorporado en 2000 por el ex presidente Lagos, que fundó en abril de ese año -a menos de un mes de mandato- una inédita Comisión presidencial de infraestructura cultural, que dió -entre 2000 y 2003- un impulso jamás antes visto a la edificación y mejoramiento de espacios culturales.

La tendencia fue continuada por todos sus sucesores y recién ratificada por el presidente Piñera. Cabe recordar que la estrategia seguida por el CNCA, una vez constituído en 2004, fue dotar de infraestructura a las ciudades con menos de cinco mil habitantes, luego a las demás y más tarde a los teatros regionales.

Resalta en la cuenta 2019 el que se incorporen los museos y se les agregue "tecnología participativa" dos aspectos del que tales espacios de propiedad pública carecen.

Tal intervención en museos debiera verse reforzada por el énfasis presidencial: "sobre todo, quisiera destacar el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural". De hecho, el mismo lunes siguiente a la Cuenta, la ministra Consuelo Valdés informó, a través de redes sociales, que se reunió con diputados para "conversar sobre el proyecto".

Debiera esperarse entonces que los mayores esfuerzos de su ministerio estarán destinado a aprobar esta ley, que comenzará por la citación de los parlamentarios -como se ha prometido- a los diferentes actores del mundo patrimonial, muchos de los cuales hasta ahora no han sido consultados.

En temas tan relevantes como la ampliación la visión sobre patrimonio desde una monumental/material a otra que abarque un sentido amplio: material e inmaterial; prácticas y saberes tradicionales, y el paisaje cultural.

También de la propuesta de creación de consejos regionales de patrimonio; nuevas categorías de protección, que consideren sitios de memoria; compensaciones e incentivos para conservación del patrimonio, y beneficios tributarios para quienes realicen proyectos de rehabilitación de inmuebles protegidos.

Se agregan propuestas  como el incremento del Fondo para el patrimonio, vía ley de donaciones culturales; la creación de un inventario público del patrimonio nacional, y la incorporación del delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales.

Debemos esperar entonces que, tal como ocurrió en 2003, para la discusión de la Ley que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, decenas de integrantes del mundo cultural enfilen sus pasos hacia Valparaíso y/o las oficinas de comisiones en el antiguo parlamento. Ahora comenzó la discusión en serio.

Para ello, sin duda será de importancia la plataforma Elige cultura que constituye el tercer aspecto de esta cuenta y que hoy cumple solo un mes de vida.

REPENSANDO "CULTURA ¿QUIÉN PAGA?", EN 2019

Foto Camila Aliaga

Exposición en el seminario "Gobernar la cultura: debates sobre los desafíos de la política cultural en el contexto actual y sus posibles modelos de financiamiento", realizado en el Salón de honor de la USACH, el 29 de mayo de 2019.

Hace 13 años, el panorama de la gobernabilidad y el financiamiento de la cultura era promisorio. Acababa de instalarse el CNCA y había salvado airoso de su primera prueba: el cambio de gobierno y su consiguiente cambio de presidente del Directorio nacional, su máxima autoridad. La presidenta Bachelet había optado por alguien “de adentro” la actriz y sindicalista Paulina Urrutia, que había sido gran conductora del mundo cultural durante la tramitación del proyecto de ley en 2003 e integrante del primer directorio nacional; donde se desempeñó con eficiencia y mucho trabajo, en especial preocupándose de los fondos concursables y sus diferentes estamentos: participantes, especialistas, jurados, y, por cierto, su tribunal supremo, el directorio. 

Era, pues, conocedora en detalle del mundo de las artes. De hecho, en su primera entrevista anunció que ahora venía la segunda fase, es decir, la preocupación por las audiencias.

Su mandato será recordado por ese sello; su conducción del proyecto de Centro Cultural Gabriela Mistral; la enorme simpatía que despertaba entre la gente en sus salidas a terreno -asignable a sus personajes televisivos, de hecho, mucha gente la llamaba por su nombre de la ficción.

Tuvo buen criterio de destinar, ya al final de su mandato y conocido su sucesor, varias horas en introducir a Luciano Cruz Coke -colega actor y amigo personal- en el mundo en el que se incorporaría.

Así fue como el nuevo presidente del directorio, pudo tomar varias decisiones que Urrutia le había dejado macerándose, como la postulación chilena para ser sede, en 2014, de la Cumbre mundial de las culturas y las artes, de Ifacca, y la inauguración y designación de la directora ejecutiva del Centro Gabriela Mistral.

Hasta ahí, todo bien… con las artes. Pero no se sabía con claridad lo que se estaba incubando desde el sector del patrimonio.

Y esto era un malestar con la situación de los museos, y en general de los funcionarios, con la constitución del consejo y lo que consideraban una situación desmedrada de la DIBAM con respecto a este.

La inquietud llegó a La Moneda y se resolvió anunciando -fuera de programa, literalmente- que se crearía un ministerio de cultura.

Cruz Coke acató, jugándose por la opción de que sus entidades participativas se mantendrían, con carácter vinculante. Esta elección, obvia, luego de lo ya avanzado se fue

enfrentando a las dificultades del proceso legislativo, hasta que vino el cambio de gobierno y Bachelet dos no pudo -o no quiso- revertir la disyuntiva ministerial.

Por el contrario, se convirtió en una bandera de sus dos presidentes del consejo: Claudia Barattini, quién, además, en su año de mandato, logró desarrollar una consulta indígena, necesaria para los cambios institucionales.

 El debate sobre cómo preservar las atribuciones participativas y vinculantes del Consejo se fue enredando en la discusión legislativa y ese zapato chino no tuvo -según los asesores- otra salida que un ministerio con dos subsecretarías y un nuevo servicio público para reemplazar a la DIBAM. El destino del CMN todavía es incierto pues se ha hablado de un proyecto de, ley recién conocido, muy anunciado.

Así las cosas, Ernesto Ottone, alcanzó a ver promulgada la ley del ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio y pudo ostentar el rango de ministro durante 10 días y medio.

 El nuevo gobierno, Piñera dos, y la ministra Alejandra Pérez se encontraron con una ley fresquita, recién aprobada y nada de implementada. De hecho, el 28 de febrero de 2018, a la medianoche, cesaron en sus funciones los directores nacionales, todos los órganos participativos, los funcionarios del Consejo y los de la Dibam.

Comenzó una frenética carrera -asumida casi en su totalidad por el subsecretario Juan Carlos Silva y sus asesores- por edificar este ministerio tan farragoso cuyas señales externas comenzaron a venir más bien desde el sector del patrimonio donde se despidió a dos directores de museos nacionales (Histórico y Bellas Artes); se intentó hacerlo, sin éxito, con un regional (Puerto Williams); se debió aceptar la renuncia a personas recién designadas y repetir concursos para la designación de autoridades del SNP y el CMN; se hizo cierre virtual del Museo Histórico, finalmente no concretado. Así, este mundo antes languideciendo bajo autoridades y funcionarios de carrera, se llenó de un perfil novedoso en el área: arquitectos, en su gran mayoría de la PUC.

Con todo, la llegada, después de algunos meses, de la ministra Consuelo Valdés fue un bálsamo. Es una persona largamente vinculada al mundo de la cultura, desde la añorada Fundación Andes, pasando por cargos directivos en el MIM y otras instituciones, que ostenta una sólida imagen de vinculación con el patrimonio, sin hacer asco a tocar – y bien- la batería.

 Hasta entonces poco espacio había para preocuparse del financiamiento. Solo se esperaba que el ex Consejo, hoy subsecretaría, lo conservara y el patrimonio, también subsecretaría, lo incrementase.

Contra todo pronóstico, el presupuesto 2019 venía con un relevante recorte a seis instituciones culturales emblemáticas, de un 30% de su habitual asignación anual. Correspondía a una glosa presupuestario de organizaciones varias. Seis de ellas sin fines de lucro y dos asociaciones gremiales.

Se encendieron todas las alarmas.

La intuición, sino la inercia, hizo que el tema se enfrentara como acostumbraba el mundo cultural: colectivamente. Se comenzó a hablar del grupo de los seis (Precolombino; Balmaceda arte joven; museo Violeta Parra; Matucana 100; teatro regional del BíoBío, y Fundación teatro a mil) quienes recibieron inmediata solidaridad de colegas e instituciones de su mismo carácter: privadas sin fines de lucro, gestores culturales y el mundo de la cultura en general.

Aunque llegada hace poco, Consuelo Valdés puso lo suyo, participando activamente en la discusión presupuestaria y acogiendo iniciativas, como este seminario, que le fuimos a plantear con Norma Muñoz. Su agenda le impidió participar activamente, pero se ocupó de delegar en Juan Carlos, siempre sonriente y bien dispuesto.

Más allá de la precaria solución que salvó, por esta vez del recorte del 30% a los afectados, quedó sobre la mesa la reflexión sobre cómo debiera ser el financiamiento cultural a la luz del reciente ministerio y de la cambiada y cambiante realidad nacional e internacional.

Sin duda entramos en una nueva etapa.

¿Cuáles serán sus semejanzas y diferencias con la anterior?

Podríamos definir la etapa previa como la del inicio en Chile del financiamiento mixto o compartido de la cultura. Tiempo que va desde la recuperación de la democracia, en 1990, a la creación del ministerio, o sea marzo 2018.

En ella asistimos a un debilitamiento -con respecto a lo acontecido hasta septiembre de 1973- de la participación pública en el financiamiento cultural.

Sus símbolos son cuatro: los fondos concursables; las donaciones privadas a cambio de la estímulos tributarios; los consejos sectoriales que asignan recursos en diálogo con la industria y trabajadores de cada uno de los sectores (libro, audiovisual y música), y el modelo de autofinanciamiento de espacios culturales, probado con éxito en el CCEM.

Dichos símbolos agregan participación privada (jurados, evaluadores, consejos sectoriales, directorio del CCEM, comité de donaciones) coronada por la máxima instancia participativa, el directorio nacional.

Deben distinguirse dos formas de participación privada: una, la asignación de recursos públicos y otra, directamente financiando actividades que aprueba la llamada ley de donaciones. En los últimos años se ha agregado una tercera forma, como es la creación de espacios y fundaciones culturales por parte de empresas, que solo recurren puntualmente a fondos públicos.

Con la creación del ministerio se produce una rigidización en los aportes públicos, junto con un aumento de la posibilidad -o tentación- de resolver financiamientos sin considerar otras formas de aportes. Esta tendencia se ha demostrado en medidas, aunque no con tanta fuerza en el financiamiento, como la tardanza en constituir en Consejo nacional que reemplaza al anterior directorio nacional; no cumplir con la ley de premios nacionales de las artes, con todos los jurados que corresponde según la ley, debiendo ser dos de ellos nombrados por dicho consejo; los incesantes anuncios de una ley del patrimonio cuyo proyecto se acaba de firmar el 26 de mayo y se debe mandar al Parlamento, pero tampoco se ha conocido antes de hacerlo su contenido, para discutirlo, como ocurría con los proyectos anteriormente; los despidos ya comentados en el sector patrimonio, y otras medidas que reflejan que, finalmente, la decisiones culturales, vía ministerio (no olvidemos que es una secretaría de Estado) tienden a tomarse en La Moneda.

En dicho lugar esperan definiciones de algunas leyes; el museo (sala o galería) de la democracia; la segunda etapa del GAM; allí se resolvieron los nombramientos del Consejo nacional, y quienes finalmente deberán ser sometidos a la aprobación del Senado, citados para el próximo lunes 3 de junio.

 El dato cierto es que, un actor central del financiamiento cultural, como es el gobierno, ha cambiado. No tanto como para regresar al modelo arquitecto pre dictadura, pero si revela una reversión de la tendencia de ir cada vez profundizando más la participación de la sociedad civil en el tema.

Ello implica que los otros dos sectores -privados y públicos o audiencias- deben tomar nota y medidas.

Desde el punto de vista de los públicos o audiencias, se hace imprescindible que el apoyo a determinados espacios y actividades, se concrete en aportes en dinero. Progresivamente, la gratuidad en el acceso se convertirá en un recuerdo y cada museo, centro cultural o cualquier espacio que acoge actividades artísticas debe cobrar por sus presentaciones o espectáculos para asegurar así independencia respecto de los fondos públicos que, además, pudieran allegarse.

En la retirada de recursos gubernamentales, un aspecto que sufrirá mucho será la infraestructura. Diversas autoridades del actual gobierno han insistido -no sin razón- que ya se han edificado muchos espacios culturales, que requieren completar sus programaciones más que pensar en nuevos emprendimientos. Casi 20 años de prioridad en la infraestructura (no olvidemos que fue el presidente Lagos quien dio inicio a una verdadera carrera por cubrir el país de este tipo de espacios, con la inédita Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural) puede ser aconsejable dar un respiro y ocuparse más de su gestión. La pregunta es si el ente más adecuado para promover una gestión dinámica y proactiva es un ministerio, justamente lo opuesto desde su propia administración, a la gestión liviana del sector privado sin fines de lucro.

 Aparece entonces una primera contradicción, resumida en que en los tiempos de la participación y del consejo se hizo tanta infraestructura que durante el tiempo del ministerio no será necesario continuarla sino más bien darle conducción y apoyo a su gestión, para lo cual un consejo está mucho más preparado debido a su capacidad de convocatoria a la sociedad civil.

El hecho es que el ministerio existe, por tanto, mientras así sea, habrá que buscar fórmulas mixtas de financiamiento para emprender nuevos proyectos de infraestructura. ¿Qué ocurre entonces con los que están en marcha? El caso emblemático es la segunda etapa del GAM. Asolado por la quiebra de la empresa constructora, ha debido suspender obras y enfrentar los vertiginosos cambios que el mundo de la tecnología, en permanente renovación, ofrece, con el paso del tiempo. Ello encarece y hace correr el reloj, poniendo en riesgo los tiempos políticos para su inauguración.

¿No sería aconsejable recurrir a fondos privados para culminar el proceso?

Este ejemplo sirve para ilustrar que, en los nuevos tiempos, las grandes inversiones vendrán de la mano de aportes privados en los que el Estado, como en las concesiones de carreteras, tome los resguardos necesarios para acogerlos.

Ya ha ocurrido con los estacionamientos del CCPLM que permitieron la instalación, en un par de niveles, el espacio cultural, mientras en el resto una empresa administra los estacionamientos para recuperar su inversión y obtener las ganancias esperadas.

 Cabe pensar entonces que, en el futuro cercano, tendremos infraestructura con financiamiento mixto y buenos planes de gestión que permitan proyectar los ingresos provenientes de las audiencias y visitantes, para así interesar a privados que complementen los aportes estatales.

Esta revaloración de los aportes privados viene precisamente de la rigidez y arbitrariedades que pudieran surgir de un ministerio que, por una parte, centraliza, con el MOP, la decisión de invertir -o no- y por otra, prioriza -sin participación ciudadana- la programación de los espacios culturales por sobre su edificación.

Se da la contradicción que lo que fuera la principal fuente de participación ciudadana -las programaciones de los espacios- se rigidiza por una excesiva presencia ministerial, mientras la construcción se liberaliza mediante la aparición de dineros no gubernamentales.

Por tanto, la “madre de todas las batallas” se comenzaría a dar, más que en las instancias de participación como consejos o directorios de corporaciones, en la elaboración de sus planes de gestión que, previamente a la edificación, darán forma participativa a las futuras programaciones.

Pareciera un “negocio redondo” para el estado pues con menor cantidad de recursos va a tener mayor intervención programática sin que esta sea elaborada en instancias participativas. Una versión algo sofisticada del adagio “quién pone la plata, pone la música”, basada en el error de que el gobierno o el ministerio quién pone la plata, cuando esta pertenece a todos los chilenos y por tanto debe ser -sobretodo la puesta en la programación de espacios- una decisión colectiva y ciudadana.

Esto se había mantenido hasta ahora, pero la señal del 30% más la demostrada centralización en la autoridad política de las decisiones nos dice que corporaciones y fundaciones privadas sin fines de lucro van perdiendo autonomía de sus gobiernos corporativos. El caso más expresivo es la renuncia del ministro Ottone a presidir directorios a los que el CNCA otorgaba financiamiento, gesto que fue seguido, incluso por miembros del directorio nacional que integraban tales directorios de corporaciones privadas sin fines de lucro.

La señal del 30% indica que, progresivamente, los espacios afectados van a ver sometidos sus ingresos a concursos o aportes especiales que no tienen otra vía que la asignación a través de la burocracia y la autoridad política unipersonal dado que el Consejo nacional no tiene atribuciones para ello y no existe -en la realidad ni en la voluntad- el tan necesario y tantas veces propuesto Consejo nacional de la infraestructura y la gestión, donde pudieran todos los actores de ese ámbito fijar prioridades y asignar fondos con un criterio en el que participan los directamente involucrados.

Un ejemplo de ello es lo que ha acontecido recientemente con Fondart que sin tener la instancia de apelación superior -el ex directorio nacional- las decisiones como apelaciones y reclamos han sido resueltas burocráticamente, con participación de evaluadores y jurados que, obviamente carecen de la visión general que tendría el directorio –que determinabas los criterios de asignación de recursos-, por tanto, deben confiarse en las apreciaciones de funcionarios ministeriales.

 En síntesis, los cambios que ha traído la nueva institucionalidad, más la comodidad que ellos implican para la autoridad unipersonal, debiera llevar a que la sociedad civil tenga que constituir nuevos contrapesos a ésta en el terreno del financiamiento.

Lo que antes estaba al interior de la institucionalidad -consejos, convenciones, directorios de corporaciones- deberá establecerse al exterior de los mismos y la sociedad civil deberá hacerse escuchar a través de organizaciones profesionales, sindicales y la academia, más financiamientos empresariales, para poder acceder al necesario equilibrio derivado de un modelo mixto de financiamiento cultural que (me) sigue pareciendo el más adecuado para Chile.

 La formidable participación de la ciudadanía cultural ante el frustrado intento de designar un ministro que negaba violaciones a los derechos humanos, demuestra que ella sigue siendo una herramienta poderosa, que puede ser esgrimida nuevamente, dado que el mundo de la cultura no está dispuesto a deponerla.

En definitiva, pienso que estamos en el inicio de una nueva fase en la cual este mundo debiera reconquistar las instancias de participación que -inexplicablemente- se perdieron a través de la curiosa continuidad de pensamiento de dos gobiernos de derecha y uno de izquierda, por uno de los dos caminos:

1.     Reponer en las instancias existentes como directorios, convenciones, consejos… el carácter vinculante que se concibió en el origen del CNCA y duró hasta el mandato de Luciano Cruz Coke.

2.     Desandar el camino del ministerio y reponer el Consejo Nacional, eso si, con la incorporación esta vez del sector patrimonial.

Aún es tiempo de detener la tendencia de que las decisiones en cultura dejen de tomarse, colectivamente, en la mesa del directorio o consejo nacional, en la plaza Sotomayor de Valparaíso y se trasladen a la soledad de las oficinas de Santiago.