La historia de la institucionalidad cultural que nos rige, desde el modesto departamento de Extensión Cultural en el Ministerio de Educación, en 1990, hasta el actual ministerio -pasando por la División de Cultura, en el mismo Mineduc y el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes-, tiene momentos de gran relevancia del parlamento, y otros en que éste ha sido más bien prescindente o sosegado ante el Ejecutivo. Estamos llegando a un punto que esa actitud será puesta a prueba: la discusión del presupuesto 2019, que contempla una rebaja sustancial a instituciones hasta que hasta ahora forman parte de las políticas culturales vigentes y que, por cierto, encontraron, en su minuto, la bendición del congreso. Veremos si este poder del Estado, responde a la altura de las circunstancias.
Cuando asumieron el presidente Aylwin y el ministro Lagos, en Educación, como principal autoridad cultural del gobierno, el panorama con que se encontró la primera directora de Extensión cultural de la democracia, la escritora Ágata Gligo, era desolador. Un conjunto de funcionarios dejados por la dictadura, en un nivel de cuarta o quinta relevancia de un ministerio, cuya principal ocupación era muy otra, y tres elencos estables: la orquesta de cámara, el teatro itinerante y el ballet folklórico nacional, que hacía poco había sufrido una escisión que dio nacimiento al BAFOCHI.
Lo primero para Ágata, fue recibir a centenares de creadores que deseaban, con toda justicia, retomar el papel que tenían antes de la dictadura. Una esclarecida carta de Luis Maira en El Mercurio, ayudaba a explicar que si bien el estado manejaba algo así como un 75% de la economía durante Allende, la realidad de ese momento era que, en 1990, esa influencia no supera el 25% de la economía. Por tanto, la torta, era más pequeña y con más comensales, y debería distribuirse por un procedimiento más justo: los fondos concursables. En ese contexto, vino una mano indispensable desde el Parlamento: la Ley de donaciones culturales, que permitiría incorporar fondos privados al desarrollo cultural, por la vía de aplicar un descuento tributario del 50% a quienes donaran a la cultura. La iniciativa fue del senador Gabriel Valdés y en un artículo de la ley de presupuestos de 1991, quedó establecida la norma.
Paralelamente, el gobierno solicitaba y obtenía, la aprobación de la Ley de fomento del libro y la lectura, que, vía Consejo nacional del libro, pondría en el circuito cultural la totalidad del dinero que el fisco obtenía por el impuesto al valor agregado al libro. Iniciativa que permitió descubrir que el principal comprador de libros del país era... el ministerio de Educación. Otro apoyo parlamentario, senadores designados incluidos, fue la aprobación, vía Tesoro público, del equivalente a diez millones de dólares para financiar la remodelación de la estación Mapocho y su reconversión en centro cultural.
En ese mismo gobierno, se "subió de pelo" al departamento existente y se lo convirtió en División de Cultura, lo que permitió escalar a un tercer nivel de relevancia en el ministerio e incrementar sus recursos, en especial para los fondos concursables, que iniciaron entonces una carrera de crecimiento anual, que hasta hora no se detiene.
Con el cambio de gobierno a Frei Ruiz Tagle, la cultura tuvo tres hitos: la creación del MIM, un museo interactivo que ha abierto a millones de jóvenes y niños el conocimiento de la ciencia y la tecnología, financiado vía ministerio de Educación, contra cantidades de escolares visitantes y dependiente del escritorio de la Primera dama.
El segundo hito fue la Expo cumbre de las Américas, en la flamante Estación Mapocho, que reunió manifestaciones artísticas, patrimoniales y gastronómicas de todos los países de las Américas que celebraban su segunda cumbre, la primera fuera de Estados Unidos. Voladores de Papantla, en plena plaza Venezuela, frente al Mercado central; el señor de Sipán o el pianista de jazz Herbie Hancock, dejaron huella de la riqueza cultural de las naciones del continente entre los centenares de miles de personas que la visitaron en horarios franjeados y que se cruzaban habitualmente con los presidentes que asistían, cuando las sesiones de la cumbre se los permitía, para constatar la muestra que ellos mismos habían seleccionado.
El tercero, fue un glorioso fin de fiesta: la abrumadora presencia chilena en la FIL de Guadalajara de 1999, que ocupó, además de un enorme stand atendido por Pro Chile con toda la producción editorial chilena junto a la gran mayoría sus escritores, la totalidad de los escenarios, foros y museos de la ciudad poniendo al alcance del visitante presentaciones de Los tres; Inti Illimani; Los jaivas; IIIapu; el Cuarteto de guitarras de Santiago; Sol y lluvia; el solista romántico Douglas, y el teatro La troppa.
Mientras, el parlamento, a través de un grupo de ocho diputados, organizaba en su propia sede de Valparaíso un Encuentro de políticas públicas y legislación cultural, que reunió varios centenares de gestores, artistas y patrimonialistas de todo el territorio, que escogieron que la institucionalidad que se requería para el futuro era un consejo de la cultura, dejando atrás propuestas de subsecretaría o ministerio. Tal fue la fuerza de ese encuentro que el gobierno de Frei creó una Comisión asesora presidencial en cultura que estudiara y presentara tanto un proyecto de Consejo como una reforma a la Ley de donaciones. A ese empeño fueron convocados el senador Gabriel Valdés, los diputados José Antonio Viera Gallo, Luis Valentín Ferrada, Ignacio Walker y María Antonieta Saa, junto a tres empresarios, cinco artistas y dos gestores culturales. Su informe final, Chile está en deuda con la cultura, redactado por el escritor Carlos Cerda, fue la base para el proyecto de ley que, en el siguiente gobierno, redactaría Agustín Squella, asesor presidencial del presidente Lagos.
El parlamento recibió con interés esta iniciativa, de la que varios de sus integrantes habían formado parte. Incluso, se hizo habitual que, cuando su tramitación sufría inconvenientes, los artistas, encabezados por Paulina Urrutia, convocaban a sendas manifestaciones en el ex teatro Velarde de Valparaíso que, no casualmente, mira atentamente al edificio del congreso. Incluso, varios entusiastas del proyecto, fueron testigos, desde las tribunas -ocupadas por artistas, alcaldes, poetas y obispos- del encendido debate entre dos ciudades que disputaban la corona de ser sede del nuevo Consejo y por tanto, capital cultural de Chile: Valparaíso y Chillán.
De ese modo, se llegó a enero 2004, fecha en que se constituyó el Consejo nacional aprobado, con un par de miembros que debían tener la venia del Senado, al que se le sumaron, también con acuerdo parlamentario, los consejos sectoriales de la música y del audiovisual.
Lo que siguió -desde el punto de vista del financiamiento- fueron presupuestos en los que se incrementaron los fondos concursables, se desarrollaron, con recursos centrales y regionales, proyectos de infraestructura que sembraron el país de centros culturales. A excepción de un episodio que debió marcar una alerta, al inicio del primer gobierno de Sebastián Piñera, en el que se la redujo en 50% los fondos a Balmaceda arte joven y Matucana 100.
El siguiente llamado gubernamental al parlamento, fue al inicio de la discusión del ministerio, a finales del mismo gobierno. Entonces, los presidentes del CNCA, Luciano Cruz Coke y luego Roberto Ampuero, asistieron a sendas sesiones participativas organizadas por los diputados a escuchar al mundo de la cultura. El debate cruzó hacia el siguiente mandato -Michelle Bachelet 2- y devino en la búsqueda de cómo cerrar el círculo de poner a dos servicios públicos de similar rango -el CNCA y la DIBAM- bajo un mismo paraguas, a lo que directivos y funcionarios patrimoniales de habían opuesto enfáticamente desde aquella comisión de Frei Ruiz Tagle.
La solución no fue la mejor, sino la posible, y se establecieron, en un nuevo ministerio, dos subsecretarías con niveles de desarrollo y participación muy disímiles. Una, que acogía a las artes y que tenía su estructura participativa y concursable en funcionamiento, otra que debía constituir todo ese andamiaje a nivel nacional, desde cero. Es verdad que para eso, se requiere de muchos recursos. Que la ley debe haber considerado.
Pareciera que en este caso, el parlamento no fue lo suficientemente acucioso y nos encontramos con una Ley, auspiciada por un gobierno, que debe ser aplicada por otro, prácticamente sin plazos sensatos: las entidades antiguas dejaron de existir un 28 de febrero de 2018 y el nuevo ministerio debía comenzar a funcionar al día siguiente, el primero de marzo. Esa fue, qué duda cabe, la noche más larga de las nuevas autoridades y los pacientes funcionarios.
Aún padecemos la ausencia de los órganos participativos que establece la Ley, como el Consejo nacional de las culturas, que está en deuda con los jurado de los Premios nacionales 2018; la demora en la selección de las autoridades patrimoniales e iniciativas no pensadas participativamente, como el presupuesto que nos ocupa.
Estaríamos en presencia de un grave retroceso, que delega un aspecto de las politicas culturales en el ministerio de Hacienda, porque debido a la desgraciada circunstancia de haber tenido tres ministras o ministro de culturas en tan pocos meses, tampoco parece verosímil que la actual autoridad, Consuelo Valdés, haya podido, en su breve tiempo en el cargo, ponderar las consecuencias del cuestionado 30% de rebaja a ciertos espacios culturales y patrimoniales.
Por ello, corresponde -nuevamente- apelar al parlamento. Será misión de él reponer en el espíritu de lo legislado a la fecha -desde el final de la dictadura, hasta 2018- las profundas definiciones que el país -gobierno, parlamentarios y sociedad civil- se ha dado para su desarrollo cultural.
Y en él, organismos culturales privados sin fines de lucro como las corporaciones Balmaceda arte joven; Matucana 100; Regional del Bío Bío; Museo Violeta Parra, o Museo Pre colombino son parte esencial y contribuyente de ese desarrollo.
Por tanto, cualquier eventual recorte debe estar asociado, previamente, a una adecuada evaluación y una complementaria formación de un conjunto de gestores culturales de alta dirección, capaces de asumir tareas en entidades de gobierno y privadas sin fines de lucro.
Es deseable también que este debate que cruza redes sociales y organizaciones gremiales del sector, sea canalizado oportunamente, sin esperar a que eventuales nuevos recortes financieros sean la voz de alarma para retomar la defensa de un modelo de desarrollo cultural ampliamente aceptado.
En el debate presupuestario, es la hora del parlamento.
