En el reciente seminario, cuya exposición dejé en mi comentario anterior, surgió de la sala una interesante pregunta sobre la trazabilidad de una política cultural. Se trata de "la propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón de estar relacionado a referencias establecidas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena continua de comparaciones, todas ellas con magnitudes de influencia establecidas". Viene de trazar: "seguir, descubrir o establecer el curso del desarrollo de algo". Ello motivó una reflexión tras la ronda de preguntas.
Si queremos establecer el curso del desarrollo de nuestras políticas culturales, inevitablemente debemos remontarnos al siglo que pasó. Porque las raíces más evidentes están en lo más profundo y oscuro de la dictadura. Fue allí donde se gestó el quiebre con el paradigma anterior: el de las políticas basadas en el modelo francés... el Estado fuerte que asignaba los recursos para edificar museos, financiar artistas o democratizar la cultura. La práctica dictatorial no sólo dejó de hacerlo sino que alertó a la sociedad toda de que en cualquier momento el Estado podía ser recapturado por los enemigos de la cultura y volver a fojas cero lo alcanzado hasta comienzos de los setentas.
La solución a ese aterrador riesgo fue incorporar otro actor en la asignación de los recursos públicos. Si bien el estado debía seguir proporcionando fondos, eran otros quienes determinaban a quienes iban tales dineros: los consejos de las artes -mucho más británicos que galos-, constituído por pares de los beneficiarios que evalúan colectivamente los méritos de los postulantes.
A partir de ese quiebre conceptual: a contar de 1990, con el retorno a la democracia, serían ciudadanos, tan meritorios como los postulantes, quienes definirían el destino de las platas públicas.
Por tanto -y aquí es posible seguir la trazabilidad de esa nueva concepción- todas las organizaciones culturales creadas bajo la democracia reconquistada tendrían ese componente plural: la Corporación Cultural de la Estación Mapocho; el Comité de Donaciones Culturales; el Consejo Nacional del Libro y la Lectura; el Fondart e incluso las comisiones que estudiarían técnicamente la eventual nueva institucionalidad.
Es así como a esos organismos se van integrando actores hasta ahora ajenos al mundo cultural: empresarios; parlamentarios; los novísimos gestores culturales; bibliotecarios y profesores; rectores universitarios, Premios Nacionales y abogados destacados.
Todo ello culminó, a inicios del siglo XXI, con la creación, por Ley de la República, del organismo máximo que regirá las artes y la cultura: un Consejo Nacional de ocho integrantes representativos de la sociedad civil, dos representantes de ministerios relacionados (Educación y Relaciones Exteriores) y un Presidente con rango de Ministro, aunque sin sueldo ni atribuciones de tal.
Había solo un pequeño detalle. No fue posible incorporar a esta lógica a las organizaciones -tradicionales y con una inercia institucional centralista muy desarrollada- dedicadas al patrimonio. Está bien que ciudadanos asignen dineros públicos para la artes, pero no que dispongan de los bienes patrimoniales del estado... ¿Y si los venden?
Esa proverbial desconfianza hacia la participación caló hondo en dirigentes de la DIBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales, de diferentes signos políticos, lo que impidió que el Consejo Nacional de Cultura y las Artes tuviera una vida tranquila.
Fue así como el costo para mantener esta trazabilidad de consejos -ya imposibles de desmontar- fue constituir una figura de Ministerio aunque no tradicional. Un Ministerio que dejaba a patrimonio y las artes bajo un mismo paraguas pero que conserva todos los consejos que asignan fondos y perfecciona -ampliándolo- el Consejo Nacional ubicado a una costado del -ahora sí en propiedad- Ministro de las Culturas (para reafirmar aún más que se trata de una autoridad no tradicional).
De este modo, se conserva la profunda voluntad inicial y se comienza un desafío mayor: adaptar la añosa DIBAM a un Servicio Nacional del Patrimonio descentralizado, con direcciones en cada región y subordinado en ellas a los respectivos consejos regionales de las cultural, las artes y el patrimonio.
Es por ello que la inicialmente atemorizadora figura del Ministerio logró apoyo de todos los sectores comprometidos con la trazabilidad participativa pues comprobaron que más que un retroceso autoritario lo que hay es una forma -la única que parece permitir nuestra estructura administrativa presidencialista- de acercar a esa impronta que vino para quedarse a los servicios que no se incorporaron oportunamente al proceso modernizador que siguió a la dictadura.
Queda pendiente la Ley que actualice el Consejo de Monumentos, para completar este cambio de timón de nuestras políticas culturales que, de verdad, surgió de la mano del retorno a la democracia.
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