25 marzo 2013

ANDRÉS BELLO Y LA DISOLUCIÓN DE EDITORIAL JURÍDICA



Impacta, por no decir sorprende, un aviso de página completa en las ediciones dominicales de los principales diarios nacionales de Chile, el 24 de marzo de 2013. El motivo, la solicitud categórica y unánime del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile al Presidente e la República de rechazar una propuesta del Senado de disolver la Editorial Jurídica de Chile. Al golpe se une la lógica. Algo no calza. Dicha editorial fue fundada, en 1947, por dos socios, la Biblioteca del Congreso Nacional y la Facultad de Derecho, que dieron origen a una corporación cultural de derecho público que ha inscrito, con tinta y talento, su impronta en el desarrollo jurídico y cultural chileno.

Serán los juristas, estudiantes de derecho y abogados quienes ponderen el efecto en sus carreras y ejercicio profesional de esta relevante casa editora. Deseo sólo detenerme en el rol que ha jugado como publicadora de miles de títulos de literatura, bajo el sello Andrés Bello. 

Cuando retornó la democracia, a inicios de los 90s, sus ejecutivos, entonces encabezados por Julio Serrano Lamas, se esforzaron porque el Consejo de la Editorial incorporara, además del tradicional representante del Ministerio de Justicia, a un consejero designado por el Ministerio de Educación, sumando así dos curules del gobierno a los habituales del Contralor General, un Ministro de la Corte Suprema, un Rector de universidades públicas, el director de la Biblioteca del Congreso y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que lo preside.

La Ley de Libro, proclamada por el Presidente Patricio Aylwin, en 1993, acogió esta petición y consagró a este nuevo Consejero sin oposición alguna en el trámite parlamentario. Se reconocía así implícitamente la relevancia de este sello, que lleva el nombre del primer Rector de la Universidad de Chile, que publicaba y publicaría textos, especialmente auxiliares de la educación, de lectura sugerida u obligada y que atendía además a un amplio Círculo de Lectores con ediciones tan económicas como indispensables, que recordaban a más de alguien a los libros del Fondo de Cultura Económica, de México, que tanto auxilió a los lectores chilenos en épocas de sequía editorial en nuestro país.

En dicho Consejo, junto con sesudas disquisiciones jurídicas, comenzaron entonces a escucharse también interesantes debates sobre literatura y educación, en los que destacaban sólidos lectores como los Consejeros Marcos Libedinski, Agustín Squella, Arturo Aylwin, Mario Mosquera o Alfredo Etcheverry. 

Se podría decir que nuestros juristas se mostraban también como  personas de amplia cultura y respaldaban el que desde una editorial principalmente orientada a publicar los Códigos de la nación se utilizara su capacidad instalada y profesionalismo para aportar decididamente en la formación de lectores del futuro.

Por cierto, en aquellas épocas no eran muchas las editoriales que se ocupaban de textos para estudiantes o simplemente para pre escolares y tiendo a pensar que no fueron estos empeños los que llevaron a la empresa a una situación compleja desde el punto de vista financiero.

Nacida, como dicho, en los 40s, fue desde su origen una entidad subsidiada, tanto por porcentajes de multas y partes como por la exclusividad que tenía de editar los códigos, constituyendo así una suerte de monopolio del texto oficial de la ley, como no podía ser de otra manera pues tales legislaciones no pueden ser sujeto de ediciones libres ni acomodadas a condiciones de mercado que podrían llevar a versiones abreviadas, interpretadas, resumidas y otras ligerezas en un terreno que exige rigurosidad.

Además del aporte literario, la Editorial fundó una cadena de distribución y  librerías que atendían no sólo al lector jurídico ni nacional, llegando a tener sucursales y presencia en España y México. Dentro de esa expansión, fue Librería Andrés Bello, la primera que se instaló en el naciente Centro Cultural Estación Mapocho, dando respaldo a un proyecto ambicioso que iniciaba la búsqueda de locatarios que contribuyeran a su hoy consolidado auto-financiamiento. En ese espíritu, Andrés Bello editó, con motivo de la inauguración del mencionado centro, un pequeño libro -"Un señor de tomo y lomo"- que narra en palabras de la escritora Ana María Guiraldes, las desventuras que debe pasar su protagonista "el  señor Libro" para llegar desde un recinto ferial a la intemperie a su actual casa en la vieja estación de ferrocarriles.

No cabe duda que los tiempos han cambiado, que subsidios y monopolios son cosa del pasado y que el Estado debe hacer eficientes sus empresas. Pero, ojo, que esta es una entidad creada con determinada independencia del poder político, con una innegable responsabilidad pública principal, como es publicar las leyes y que el fundador buscó mantener alejada del poder ejecutivo que pudiera querer eventualmente, manipular u ocultar algunas leyes (han existido casos de resquicios y leyes secretas en el pasado reciente).

Si el Estado entregó esta editorial al Convenio entre la Facultad de Derecho y a la Biblioteca del Congreso, tiene lógica el llamado de dicha Facultad a ser considerada, al igual que a su Consejo, en cualquier determinación que afecte su existencia.

Más que una propuesta unilateral como la que hace el Senado, correspondería abrir un debate sobre el futuro de sus fondos bibliográficos, tanto jurídicos como literarios,  y analizar cuál será el camino que debiera tomar una institución como ésta en tiempos de las redes sociales y los libros electrónicos. 

Finalmente son sólo formatos diferentes para contener algo que es permanente: la necesidad de difundir y actualizar obras jurídicas y editar los Códigos de la República.

Así como durante el mandato del Presidente Allende se estudió la creación de una editorial nacional, sumando la Jurídica y Quimantú, tal vez salga de ese debate la fórmula para dar nuevos aires a la alicaída Editorial Universitaria, también de la Universidad de Chile, sumándole la potencia que arrastra su colega Jurídica.

Tratándose de abogados y académicos, no faltarán alegatos ni propuestas. Más en año electoral. 

3 comentarios:

  1. Sin perjuicio de instar a que la Editorial continúe, es necesario investigar el porque de su fracaso comercial.

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  2. Tiene razón, Carlos. Pero dejar morir una editorial sin considerar ni a su socio fundador ni su valioso catálogo y bodegas es preocupante. La cultura no sólo vive de balances. Un saludo cordial.

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  3. Una gran pena. La Editorial Andres Bello no debió cerrar sus puertas, era un lugar cultural muy preciado. Chile lo lamenta.

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