EL ESTADO Y SU ROL EN CIENCIA Y CULTURA

Con este título, el diario La Tercera editorializa, el 23 de enero 2017, aclarando que "tanto la cultura como la ciencia son ámbitos fundamentales para el desarrollo y bienestar de las sociedades, y al Estado le cabe un rol relevante en promoverlas, pero para ello existen instrumentos más eficientes que un ministerio, como por ejemplo agencias especializadas de alto perfil técnico que asignen fondos concursables. Tanto las ciencias como la creación cultural son procesos que se nutren de la innovación y la creatividad, por lo que un órgano de carácter vertical y dirigente, como sería un ministerio, parece contraproducente". Al dia siguiente, el Ministro Ernesto Ottone reaccionó en el mismo diario: "Frente a ciertos cuestionamientos infundados en torno al Proyecto de Ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nos parece pertinente entregar algunos antecedentes para despejar dudas acerca de su contenido y de cómo fue concebido".

El editorial fue una estocada, tardía pero fuerte, contra dos proyectos del Ejecutivo que están en discusión, con distinto grado de avance. Ignorando, eso sí, que la sociedad y la ciudadanía comparten el criterio de que el ministerio sería un mal menor respecto de la desatención del estado hacia estos sectores y que tanto el uno -cultura- como el otro -ciencia- han comenzado por un proceso participativo de los mundos respectivos y que difícilmente artistas, gestores, patrimonialistas y científicos se dejarán, a estas alturas, manejar por un órgano vertical y dirigente.

Responde Ottone: "la iniciativa, que hoy se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado, ha recorrido un largo camino. Son años de debates, comisiones, seminarios y encuentros en que todas las instituciones, creadores, cultores y ciudadanía, incluyendo las asociaciones de funcionarios del CNCA, Dibam y CMN, han trabajado incansablemente para materializar este proyecto".

El argumento del editorial es que ciencia y cultura "generan bienes que tienen un valor comercial. Por ejemplo, innovación en procesos productivos o material para audiencias masivas (cine, música, literatura, arte, etc.) donde el rol del Estado no genera ningún valor y, en cambio, puede ser fuente de ineficiente asignación de recursos y espacio para la captura de estas instituciones por parte de grupos de interés". Es decir, los sectores en cuestión tienen una alta posibilidad de generar su propios recursos y por tanto, contribuir a financiarlos. En este caso, los aportes del estado serían complementarios y orientados hacia aquellos rubros imposibles de auto financiar, como la infraestructura, en cultura.

Estamos, en consecuencia, en presencia de sectores en los que se puede aplicar el concepto de financiamiento mixto o compartido, lo que se debe reflejar en institucionalidades en las que participen ambos sectores de generación de recursos. Más "el tercer sector", que en cultura, está constituido por las audiencias, el crowdfunding o el fundraising. Es decir, todo aquello que surge como contribución -vastamente demostrada en Chile a contar de 1990- de los gestores que administran espacios culturales y logran financiarlos parcial -como el Teatro Municipal- o totalmente, como el Centro Cultural Estación Mapocho.

No obstante, editorial y Ministro coinciden en que la actual situación institucional merece ser revisada. La multiplicidad de organismos que hoy inciden diluyen esfuerzos, además de perder coordinación.

Desafortunadamente, por deficiencias de nuestro aparato público anticuado, en ocasiones es dificultoso coordinar la multiplicidad de organismos, creados con distintas leyes y diferentes propósitos y tiempos, sin recurrir a la adusta figura del ministerio. Es lo que acontece con la necesidad de reunir bajo una misma mano al Consejo de la Cultura y la DIBAM, que se han resistido, en especial esta última, a coordinarse como ordena la Ley que creó el CNCA. 

"La pregunta -agrega La Tercera- es si la creación de nuevos ministerios será la solución a estos problemas o, por el contrario, significará una innecesaria injerencia estatal y más burocracia. En efecto, en régimen, el Ministerio de la Cultura se estima que costará más de $ 17 mil millones anualmente".

No es buen argumento el económico pues siempre serán pobres las cifras de la cultura en relación a otros sectores. Tampoco es razonable el argumento que "una alternativa es que el Estado tenga un rol menos activo en cuanto a dirigir las políticas, generando condiciones para que la industria cultural y científica puedan desarrollarse y, paralelamente, entregar recursos de manera competitiva cuando sean necesarios", pues es sabido que las diferentes políticas para las artes y la cultura han sido y están siendo elaboradas participativamente. Dice Ottone: "durante los últimos años -a través de un proceso de participación de la comunidad artística y ciudadana- nuestra institución ha articulado y actualizado las políticas del Libro, la Música y el Audiovisual. Este año contaremos con políticas para Artes Escénicas, Artesanía y Artes Visuales, junto con iniciar el trabajo de elaboración de las políticas de Arquitectura y Diseño. Documentos que no solo proyectan estrategias de acción a mediano plazo, sino que además, lo hacen tejiendo relaciones interministeriales".

Atribuye el editorial al "modelo que ha seguido EE.UU., donde el grueso de la inversión proviene del sector privado -que accede a significativas deducciones tributarias por donaciones para estos fines- financian con recursos públicos investigación y creación de manera muy selectiva, aunque abierta a todo tipo de instituciones". Desafortunadamente, la Ley de estímulos tributarios chilena tiene escuálidos resultados y sus procedimientos se han vuelto progresivamente más engorrosos, junto con demostrar que la mentalidad filantrópica de los Estados Unidos dista mucho de la nacional, refractaria a donar más allá de las organizaciones de caridad y religiosas.

Tampoco es verdad que los fondos concursables hayan seguido "el modelo del National Endowment for the Arts" que expone el editorialista, sino éstos han aplicado el modelo que la literatura especializada conoce como Estado Patrocinador, nacido en el Reino Unido de las post guerra como una manera de poner una distancia de brazos entre el gobierno que pone recursos y el consejo que los asigna. Consejos nacional, sectoriales y regionales, que persisten en el tiempo sin poder ser modificados por el gobierno de turno, y que tienen atribuciones no sólo en la asignación de fondos, sino también y principalmente, en la determinación de las políticas culturales.

La Tercera termina sugiriendo que "los fondos concursables y las leyes de donaciones culturales parecen ser más adecuados para equilibrar incentivos, evitar discrecionalidad por parte del Estado y cuidar la eficiencia en el gasto". En ese sentido, "sería preferible aprovechar mejor la institucionalidad ya existente, como el Consejo de la Cultura y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica".

Hoy, los recursos dirigidos a los Fondos de Cultura -responde el Ministro- alcanzan solo el 19% del presupuesto total del CNCA. Opuesto a lo que sucedía en sus inicios, donde llegaba a un 70%. "Actualmente, el 80% de los recursos que gestiona nuestra institución, están destinados al desarrollo e implementación de políticas culturales nacionales, sectoriales y regionales, como también a programas que benefician a los creadores y a la ciudadanía en su conjunto".

Por su parte, el sector patrimonio requiere urgentemente no sólo vincularse a las artes sino también una modernización de sus estructuras con una fuerte inyección de gestión en ellas

Por ese lado van los proyectos comentados, una actualización de la estructura pública, con sendos consejos que posean el máximo de atribuciones posibles, que junto con actuar comiencen a explorar nuevas formas orgánicas, más definitivas y, quizás, conjunta de varias áreas, hasta hoy dispersas.

No hay que ignorar que existen ministerios de Cultura y Comunicaciones; Cultura y ciencias; Cultura y turismo; Cultura, deportes, comunicaciones y turismo... Y también que cada tanto, cambian de nombre y jerarquía.

Las estructuras del Estado son para servir eficazmente al ciudadano y no a la inversa. Y está en manos de los incumbentes irlas adecuando a los tiempos, que parecen ir más rápido que las legislaciones. Es lo que se está haciendo con instituciones, según Ottone, como la Dibam, que data desde 1929; el CMN de 1925, o el CNCA del 2003, siendo heredero del Departamento de Extensión Cultural del Mineduc.

"Por eso invito a cambiar las interpretaciones alarmistas y desinformadas que hemos leído y escuchado, ya que reflejan desconocimiento de las dinámicas del Estado y poca generosidad con un proceso tan anhelado por el sector cultural y la ciudadanía. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se torna fundamental para tener una institucionalidad más eficiente y coordinada".

Veremos pronto cómo los Senadores toman este llamado.