Valdivia, septiembre de 2012, culminaba la novena Convención Nacional del CNCA, y el entonces consejero regional metropolitano, Pablo Chiuminatto, sin que los organizadores pudiesen evitarlo, espetó en el micrófono en referencia a la presencia - o ausencia- del entonces Ministro Luciano Cruz Coke en las sesiones convencionales: "Cuando hay autoridades, no hay diálogo y cuando hay diálogo, no hay autoridades". Han pasado más de 4 años y el ex consejero vuelve a la carga, en carta publicada en El Mostrador, aludiendo al proyecto de ministerio, iniciado en el mandato de Cruz Coke, como "un invento del gobierno para el gobierno". Esta vez tuvo respuesta.
Hace unos dias el Centro de Estudios Públicos publicó el artículo Ministerio de las Culturas: análisis de diseño institucional, de uno de los principales colaboradores del ex ministro, Jorge Larraín y José Miguel Benavente, que señala: "los órganos colegiados del CNCA han actuado consistentemente como un contrapeso efectivo a las autoridades de gobierno. El rol ejercido por el directorio nacional sobre el diseño y mantención de la política cultural, esto más allá de los alcances que debiera tener dicha política, y la autonomía de dicho órgano frente a las autoridades de gobierno son pilares fundamentales que sugerimos mantener en nuestra institucionalidad cultural".
En la síntesis, Benavente y Larraín, consideran que "la idea matriz del proyecto, de consolidar las diversas organizaciones culturales existentes —o al menos las de mayor relevancia- en un Ministerio que pueda implementar eficazmente una política de Estado en materia cultural, es adecuada. A trece años de la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es razonable reconocer que su rol de coordinación sobre órganos de igual jerarquía institucional ha sido limitado. No obstante, consideramos conveniente hacer modificaciones que resguarden la autonomía de los órganos colegiados frente al poder ejecutivo y mantengan su rol como garante de políticas de Estado orientadas al largo plazo".
En su carta, el ex consejero sospecha que esa autonomía no se cumple en el proyecto y que "era responsabilidad de los legisladores" velar por ello. Éstos no habrían cumplido su misión, presumiendo una especie de colusión entre el gobierno actual, que anotaría el nuevo Ministerio entre sus logros legislativos y el que vendrá, quien, finalmente, saque provecho de este instrumento, que sería inspirado por el principio de "En cuanto oigo la palabra cultura extiendo un cheque en blanco al portador".
La tesis del cheque (instrumento bancario en vías de extinción) pudo existir en nuestro país en política cultural hasta inicios de los setenta y esa realidad, sumada a la absoluta prescindencia de apoyo estatal a la cultura que practicó la dictadura, llevó a que con el retorno de la democracia se promoviese, con éxito, un camino mixto para nuestro desarrollo cultural. Que el cheque fácil se evitara a través de jurados plurales que administraban fondos concursables transparentes y que los riesgos de manipulación autoritaria se eliminaran mediante la creación de consejos plurales, representativos e inamovibles por el gobierno de turno. Es decir, mirando más al modelo británico del post fascismo -un Estado Patrocinador- que aquel de España o Francia, conocido como del Estado Arquitecto, del cual se consideró una eficiente política de infraestructura cultural.
En ese escenario surge la lógica necesidad de reunir en un solo techo a entidades equivalentes -los servicios públicos DIBAM y CNCA- pero, nuestro ordenamiento jurídico no reconoce otra forma que las pueda agrupar que un Ministerio. Por ello, el proyecto optó por esa figura, manteniendo la estructura del Consejo Nacional y sus consejos regionales y sectoriales. Dándole al primero la facultad de "Aprobar la Estrategia Quinquenal Nacional, a propuesta de su presidente, la que servirá de marco referencial de las políticas del sector. Dicha estrategia deberá considerar la Estrategia Quinquenal Regional" (Articulo 17 número 1 del proyecto).
Los Senadores, reunidos en Sala el 4 de enero, agregaron otros aspectos a discutir como "¿para qué queremos una institucionalidad cultural?" (Guido Girardi); "La cultura es un componente de la vida social de carácter transversal, por eso no es fácil definir una institución pública. A la hora de diseñar la tarea es compleja, porque aquí no se trata de levantar organismos y darle recursos, sino que generar espacios para la participación, de descentralizarse" (Rabindranath Quinteros); "La cultura debiera preocuparse de aspectos como la ciudad y los espacios públicos, por ejemplo, al impacto de los centros comerciales en el concepto de ciudad" (Carlos Montes en la Comisión de Educación).
Los autores del CED proponen a su vez, que "se revise la orgánica propuesta para la Subsecretaría del Patrimonio. Si ya la institucionalidad de 2003 fue ineficaz en minimizar la ocurrencia de problemas coordinación, respecto a las políticas sobre el patrimonio, sería inexplicable que una estructura excesivamente compleja mantuviera los mismos problemas trece años después".
En la discusión en particular, aun no iniciada en la Cámara Alta, surgirán estas y otras temáticas, tanto en la Comisión de Educación y la de Hacienda como luego en la Sala. Se inicia además un año electoral, por lo que se abren posibilidades para que los ciudadanos y las diferentes candidaturas se pronuncien públicamente al respecto.
El objetivo es afianzar políticas de Estado, como las elaboradas participativamente a contar de 2004 o las que surjan de los planes quinquenales, que las autoridades designadas por cada gobierno -cualquiera este sea- no puedan obviar.
Se evita así el temor de que esta sea una entidad "de gobierno para el gobierno".
La cultura es mucho más que eso, es asunto de Estado.
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