REFLEXIONES SOBRE EL DISCURSO DE LA MINISTRA DE CULTURA PAULINA URRUTIA FERNÁNDEZ EN LA CUARTA CONVENCIÓN CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES.
“A lo largo de su administración, la presidenta Bachelet ha puesto el énfasis en los derechos de las personas, incitándolas a hacer uso de ellos ante la arbitrariedad y la injusticia, en su calidad de ciudadanos libres. Las políticas públicas de cultura se inscriben con creces en este sello gubernamental, no sólo por que hemos logrado avanzar en instalar a la cultura como un derecho social, sino también por el protagonismo que adquieren los creadores y quienes acceden a participar de lo creado, en el marco de una relación regida por la simetría de los sentidos, las visiones de mundo y los sentimientos. Ciudadanos más integrados al desarrollo cultural son ciudadanos más libres, y ciudadanos más libres constituyen el fundamento de una comunidad más justa de personas que se reconocen como iguales en dignidad y derechos”.
Con ocasión de la Cuarta Convención Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Presidenta del Directorio Nacional, Ministra Paulina Urrutia, dio, como es tradicional, cuenta de la labor realizada en el último año, la que tituló DEMOCRATIZANDO LA CULTURA PARA EL BICENTENARIO.
Junto con agradecer la labor de los órganos colegiados, destacó que “para muchos de ustedes será la última a la que asistan en su calidad de integrantes del Consejo Nacional o de los Consejos Regionales. Saludo a quienes abnegadamente han sembrado cultura a lo largo y ancho del país. En nombre del Gobierno de Chile y de nuestro pueblo, deseo agradecerle a cada uno de ustedes por su particular y personal contribución, que, a pesar de las dificultades experimentadas, sin duda ha rendido frutos en la consolidación de esta nueva institucionalidad cultural”. Se trata de un hecho no menor pues al finalizar 2007, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes vivirá la más grande transformación de sus cuerpos colegiados de su corta existencia. Deben renovarse la gran mayoría de los Directores Nacionales y miembros de los directorios regionales, un proceso que toma tiempo y, sobre todo, requiere de una especial activación de la sociedad civil para que presente sus postulantes.
“El trabajo que todos ustedes han aportado –agregó- distingue también a esta Convención, ya que legarán a los futuros consejeros un proceso serio de evaluación de las políticas diseñadas, y con gran mérito parcialmente implementadas, donde el análisis crítico de cada una de ellas, sus proyecciones y propuestas de modificación se constituirán en un importante acervo para aquellos que pasen a integrar esta institucionalidad y protagonicen la Convención Nacional de la Cultura, a partir del año 2008”.
El primer punto de fondo de la cuenta ministerial es el referido a la infraestructura cultural, que amenaza con convertirse en uno de los dos ejes de la gestión Urrutia. “No es posible hablar de democratización de la cultura sin asegurar la existencia de espacios y una adecuada circulación de los bienes culturales en todos los rincones de este país. A esto apunta el PROGRAMA DE CENTROS CULTURALES, cuya meta es dotar a todas las comunas de más de 50.000 habitantes con a lo menos un centro cultural de calidad. Ello equivale a que dos tercios de nuestra población podrán beneficiarse de estos espacios y de participar de su programación”.
Agregó una novedad para las localidades menores: “pequeñas localidades se verán también beneficiadas a través de dispositivos de infraestructura cultural de naturaleza móvil, en donde los creadores se desplazan hacia las comunidades, o bien; mediante la articulación o generación complementaria de infraestructura local, desarrollada o implementada a través de Convenios de Programación con los Gobiernos Regionales”.
Señaló lo que podría ser una característica de la gestión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: el establecimiento de “alianzas estratégicas con el Colegio de Arquitectos, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Gestores Culturales, además de las intendencias y los gobiernos regionales”. En términos de cifras planteó que “Este año estamos invirtiendo más de DOS MIL MILLONES DE PESOS en este programa, Siendo el costo total del programa no inferior a los CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS, de cara al bicentenario”.
Complementó este plan nacional recordando que en el tema de las “grandes obras de infraestructura cultural, no podemos dejar de mencionar la reconversión del Edificio Diego Portales en el nuevo Centro Cultural Gabriela Mistral, una iniciativa que irrumpe en la escena de proyectos para el Bicentenario, buscando honrar el espíritu del origen de este edificio y recrear la memoria histórica que representa”. Puntualizó que “El histórico edificio será un importante eslabón de la red nacional de difusión artística”, despejando dudas sobre la magnitud y alcances del nuevo espacio. Con cautela esbozó que éste “albergará en su seno cuatro espacios destinados a la formación, difusión y representación de las artes escénicas, la música y las artes visuales. Con ese fin, el proyecto contempla habilitar zonas especialmente acondicionadas para crear un Centro Nacional de Artes Escénicas y Música, un Centro de Artes Visuales, una Biblioteca de las Artes y un Centro de debates y encuentros ciudadanos”. Sin mencionarlo, dejó abierta la perspectiva que sea un estudio de audiencias y un Plan de Gestión el que en definitiva determine los usos del espacio. Para cualquier lector quedó claro que la iniciativa publicitada y promocionada ampliamente por la Universidad de Chile está de hecho descartada.
Culminó con la misión del proyecto: “Con este espacio contribuiremos tanto al fomento y difusión de la creación local, como a la formación de un público que aprecie las artes escénicas visuales y la música”. De esta forma, la autoridad da también señales sobre la tarea que deberá emprender la administración del Centro Cultural.
Dejando claro que se ha aprendido la lección respecto de la hermandad inseparable entre infraestructura, audiencias y gestión, recalcó que “como sabemos que la infraestructura por si sola no es suficiente, en todas las regiones estamos realizando capacitaciones a los encargados de cultura municipal para formar redes de trabajo, que permitan maximizar recursos y generar circuitos para la circulación de bienes culturales, de manera tal de producir la necesaria sinergia en el trabajo de todos. El PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL está asesorando a los municipios para que puedan incorporar el ámbito Cultural en los Planes de Desarrollo Comunal. A partir del 2008 este programa volcará sus esfuerzos a apoyar el diseño y sustentabilidad de los planes de gestión cultural asociados al programa de CENTROS CULTURALES”.
En lo que podría calificarse como el segundo gran eje de su gestión, la Ministra Urrutia se refirió sin dejar dudas a la voluntad política de “la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, de crear el INSTITUTO DEL PATRIMONIO (que) constituye un paso decisivo y necesario para transformarnos en una sociedad dotada de memoria en todos los sentidos del término, a través de una institucionalidad especializada, con más recursos y presencia en todas las regiones del país”.
Al respecto, anunció “que el proyecto de ley que ingresemos a finales del presente año logrará dar cuenta de aquellos aspectos que consideramos fundamentales para el desarrollo, la preservación y la difusión de nuestro patrimonio, en torno a los cuales poco a poco vamos construyendo consensos”.
Reforzando el llamado Informe Allard, reiteró que “el Instituto deberá contar con una institucionalidad descentralizada, con una fuerte presencia en regiones, pues es en ellas donde se concentra el patrimonio cultural de Chile. La descentralización deberá expresarse tanto en lo institucional y administrativo, como en la definición de prioridades políticas regionales y en la gestión y operación del Fondo del Patrimonio”.
Anunció al respecto instrumentos financieros y recursos adecuados para hacer frente a sus tareas al menos en tres áreas específicas: “Primero, la creación de un Fondo del Patrimonio Cultural que permita, en la contingencia, el rescate y protección de patrimonio en peligro. Segundo, el perfeccionamiento de la ley de donaciones culturales, por una parte y la generación de políticas de incentivos tributarios de diversa índole y de otro tipo de estímulos para incorporar fluida y eficientemente al sector privado y a la ciudadanía. Y tercero, el incremento de los aportes estatales en patrimonio cultural, con el propósito de que la operación del fondo tenga verdadero impacto no sólo en su línea de adquisiciones de bienes muebles o inmuebles, sino especialmente en lo referido a fondos concursables, educación e investigación”.
Lateralmente se refirió a esa verdadera película de misterio que constituye la Cineteca que ahora “construirá bóvedas fuera del Centro Cultural Palacio de La Moneda” y será dotada “de un inmueble destinado a acoger las acciones de restauración y mantenimiento de materiales del fondo fílmico”. Medida que recupera en algo la irracionalidad de instalar una Cineteca en los bordes del Palacio de gobierno, destinando parte de los espacios más valiosos del centro político del país a depositar filmes, algunos de los cuales representan incluso riegos no menores de inflamación. Ciertamente se está gastando dos veces algo que pudo hacerse más simple.
Sin constituir una prioridad de su gestión, destacó la Ministra algunas iniciativas legislativas como “el proyecto de reforma a la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL que actualmente se discute en el Congreso Nacional. La iniciativa refleja una respuesta consensuada al interior del Gobierno frente a legítimas aspiraciones de los más diversos sectores de nuestra sociedad y expresa el respeto a los compromisos adquiridos con nuestros socios comerciales en la materia”.
Otra iniciativa legal que se encuentra en discusión interministerial una propuesta de “reformas a la LEY DE PREMIOS NACIONALES, elaborada por nuestra institucionalidad luego de más de dos años de análisis y discusión”. Como ha destacado la prensa, en una tan inédita como positiva coordinación entre la labor del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y los medios de comunicación, “las reformas buscan adecuar la ley a la nueva institucionalidad cultural, de manera tal que en la entrega de los reconocimientos del área artística participe el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Se propone ampliar la actual conformación de los jurados y también, haciéndose cargo de la evolución que han experimentado las especialidades artísticas, se proponen adecuaciones que permitan separar el Premio de Artes de la Representación y Audiovisuales en un Premio de Artes Escénicas y otro de Artes Audiovisuales, entre otras definiciones”.
Finalmente, afirmó, sin dar detalles, que “el Directorio Nacional ha asumido el desafío de modificar la LEY DE DONACIONES CULTURALES para resolver aquellos aspectos más críticos provocados por las enmiendas del año 2003”.
Tal vez sin proponérselo, el tema internacional ha ido ocupando un papel relevante en la agenda del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, especialmente por circunstancias ajenas a su voluntad como varias coincidencias: “Es así como en materia de fomento de las relaciones internacionales, se realizó en la Región de Valparaíso, la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se efectuará en noviembre de este año”.
Otra feliz coincidencia, para estos efectos, es la participación de Chile en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, como país Invitado de Honor y el anunció de Chile como país sede el 2010 del V Congreso Internacional de la Lengua, que pasó a constituirse en unos de los eventos relevantes para el año 2010.
Sin duda, la mayor acción a nivel internacional, con repercusiones aún insospechadas en el país, es “recuperar parte del legado de Gabriela Mistral que se encuentra en Estados Unidos, tal como nos ha sido instruido por la Presidenta de la República, en orden a adoptar y coordinar todas las medidas para alcanzar esta meta. Es así como, de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la DIRAC y la Embajada de Chile en Washington; el Ministerio de Educación, a través de la DIBAM; y otras instituciones vinculadas al estudio de la obra mistraliana, sin olvidar a las instituciones de la Región de Coquimbo, este Consejo ha cumplido con el mandato presidencial de coordinar esta trascendental iniciativa en distintos momentos, desde la venida a Chile de la heredera Doris Atkinson hasta la entrega del Acta de designación de beneficiarios a las instituciones correspondientes. Y lo seguirá haciendo”.
Son innegables las connotaciones de reafirmación de la misión encomendada y las señales a otras instituciones públicas, como la DIBAM, que han públicamente cuestionado el liderazgo de Urrutia en la materia. Cabe destacar que la propia Presidenta Bachelet, en ceremonia en el Palacio de La Moneda al día siguiente de la clausura de la Cuarta Convención, volvió a ratificar el mandato a Urrutia en este sentido. La Ministra lo recibió complacida, escoltada por un centenar de representantes del mundo de la gestión cultural pública de todo el país. Más claro… echarle agua.
30 agosto 2007
19 agosto 2007
GESTIÓN: CLAVE DE VIABILIDAD DE LOS CENTROS CULTURALES
La trilogía de Gestión, Infraestructura (o espacios) y Audiencias constituye la base de lo que hemos llamado el modelo chileno de desarrollo cultural, junto a los fondos concursables públicos, mayoritariamente orientados a desarrollar las artes.
La gestión cultural, como factor transversal, está presente en todos los niveles y obviamente forma parte integral de los diferentes tipos de organización de la cultura.
En el marco de estos diferentes tipos, se nos pide reflexionar sobre cuatro modelos diferentes de gestión cultural
Modelos de Gestión privada.
El instrumento de que disponen las personas y la sociedad civil para realizar gestión cultural son las corporaciones y fundaciones culturales de derecho privado, sin fines de lucro. Estas corporaciones se encuentran tanto a nivel nacional (súper vigiladas por el Ministerio de Justicia) como local (regidas por la Ley de Juntas de Vecinos).
El sentido original de las corporaciones es que están constituidas por socios fundadores y éstos son inamovibles. ¿Quiénes deben ser los socios fundadores? Aquellas personas naturales o jurídicas necesarias para el funcionamiento del espacio que se va a administrar. Suelen ser más aconsejables las instituciones del mismo carácter, esto es, otras corporaciones privadas sin fines de lucro y lo más relevante, es que sean de carácter permanente, esto es, no estén sujetas a los cambios de autoridades electas.
En una corporación local, debe tenderse a buscar organizaciones como las escuelas, las empresas del sector, el municipio como tal, no la persona del Alcalde, organizaciones culturales estables como clubes, salas de teatro, etc.
En una corporación nacional, debe buscarse como socios fundadores a universidades, fundaciones de prestigio, corporaciones con trayectoria, empresas relevantes relacionadas con el quehacer del espacio (por ejemplo, para un museo que recibe muestras valiosas es recomendable asociar a una empresa de seguros y o de transportes).
Sin embargo, el elemento más significativo para la operación de estas corporaciones será la adecuada formación del gestor o gestora cultural que lo encabece. Hoy existen múltiples maneras de formar un profesional capacitado al respecto, sea por los cursos virtuales que ofrece el propio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes junto a la Universidad de Chile, como las becas y pasantías que ofrece Fondart, como los múltiples cursos que dictan diferentes universidades.
Modelos de Gestión de Municipios.
Siguiendo con la lógica anterior, las corporaciones culturales municipales son el instrumento más adecuado para manejar espacios culturales de nivel local. Pero, hay que tener cuidado que, dadas las facilidades para constituir estas corporaciones, éstas tiendan a identificarse con un alcalde o gobierno municipal determinado. Lo esencial es la trascendencia. La gran pregunta que deben responder estas organizaciones es ¿cómo vamos a continuar cuando este Alcalde ya no esté? Y la respuesta correcta es que deben continuar exactamente igual aunque el siguiente Alcalde sea del signo político opuesto…o del mismo. Las corporaciones deben tener un presupuesto anual asegurado por el Concejo Municipal y una capacidad de gestión para incrementar al menos en igual proporción el aporte edilicio. Además deben estar capacitadas y entrenadas para postular y “ganar” fondos concursables de alcance local, regional, nacional y porqué no, internacional.
Es muy relevante para ello el trabajo en redes con otras corporaciones similares del país y del exterior para obtener financiamiento y desarrollare proyectos en conjunto. Es mucho más económico un montaje de una exposición de fotos, por ejemplo, si se comparte entre varias corporaciones y se programa en conjunto.
Una reflexión especial merecen aquellas corporaciones de localidades fronterizas que pueden y deben establecer programas conjuntos con corporaciones de ciudades de países vecinos y que pueden constituir circuitos turísticos, ciclos binacionales y redes.
Adicionalmente, hay municipios que tienen y conservan teatros municipales en buenas condiciones y con una gestión cultural adecuada como son los de Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, Puerto Montt, Arica, Antofagasta, Rengo y otros.
Modelos de Gestión de Gobiernos Regionales.
Esta es una de las áreas más complejas porque los organismos regionales suelen ser intermedios y no reflejar completamente un interés nacional ni tampoco un sueño local. Muchas veces los gobiernos regionales (al menos hasta que no sean elegidos y autónomos del gobierno central) sólo deben actuar como distribuidores de los fondos entre las diferentes zonas de su circunscripción. Hay que cuidar tambien que no se creen nuevos centralismos en las capitales regionales.
En la distribución de recursos en la región debe prescindirse de un criterio igualitario pues no todas las ciudades de una región tienen idénticas necesidades ni idénticas audiencias. En estos niveles regionales son muy necesarios estudios que caractericen muy bien cada sector y a la vez se distribuyan complementariamente los espacios culturales. No todas las ciudades de una región, por ejemplo, deben tener un teatro municipal, tan vez basta con alguna y que su vecina se especialice en un museo, la otra en un buen centro cultural y así, se va generando tambien un intercambio de públicos y una identificación de cada localidad con alguna manifestación artística.
Un buen ejemplo reciente de espacios regionales son el Teatro regional del Maule, ubicado en Talca y la Biblioteca de Santiago.
Modelos de Gestión de Espacios Nacionales.
Estos espacios de alcance nacional deben considerarse como que están “casualmente” localizados en una comuna determinada, pero su misión sobrepasa con creces el entorno. Los más antiguos ejemplos son los Museos Nacionales (Bellas Artes, Histórico Nacional, Historia Natural) el Teatro Municipal y la Biblioteca Nacional, todos creados bajo un modelo del llamado Estado Arquitecto, hace casi cien años. Este diseño clásico se ha ido complementando a contar de los años 1990s con otros espacios del alcance nacional como el Centro Cultural Estación Mapocho; el Centro Cultural Palacio de La Moneda, y el futuro Centro Cultural Gabriela Mistral.
La primera observación que merecen es que debiera comenzar a terminarse con la tendencia clásica de que los espacios culturales de alcance o misión nacional se ubiquen en el centro de Santiago. Tal vez, con el último proyecto mencionado se ha terminado con esa tendencia y se debiera comenzar con el concepto de establecer espacios de alcance nacional en ciudades de regiones diferentes a la Metropolitana.
La gestión de estos espacios es de diversa índole, los hay de total dependencia gubernamental como los Museos y la Biblioteca, que dependen de la DIBAM; a los que debiera insertarse un componente de gestión de la sociedad civil que no arriesgue la necesaria propiedad pública de los bienes que albergan; los hay de gestión a través de Corporaciones de Derecho privado sin fines de lucro que reciben, en casi todos los casos, aportes gubernamentales, como el Teatro Municipal; el Centro Cultural Palacio de la Moneda, y presumiblemente el Centro Cultural Gabriela Mistral. Y los hay sin aporte público aunque con misión cultural nacional como el Centro Cultural Estación Mapocho, que tiene definido como misión la difusión cultural y creación de audiencias, lo que se enmarca en la Política Cultural del Estado de Chile.
La totalidad de los espacios de alcance nacional son de propiedad pública –a través del Ministerio de Bienes Nacionales- y sólo los más actuales combinan esta propiedad con una administración privada sin fines de lucro, combinación que ha demostrado ser de un dinamismo y eficiencia muy superiores a aquellos espacios de propiedad y administrados por el sector público. Es más, de la administración a través de corporaciones de derecho privado sin fines de lucro de edificios patrimoniales, se ha descubierto una manera eficiente de mantener dichos edificios sin que signifiquen costo para el Estado. El ejemplo de la antigua Estación Mapocho es significativo, no obstante es uno de los edificios patrimoniales que recibe la mayor cantidad de visitantes por año.
Existen adicionalmente algunos espacios culturales de alcance nacional o patrimonial que están en manos de Universidades, con resultados diversos. La Universidad de Chile administra y es propietaria del Museo de Arte Contemporáneo, con dificultades de mantención, debiendo recurrir para ello a fondos públicos extras. Las universidades SEK y Andrés Bello tienen a su cargo edificios patrimoniales que mantienen de buena manera. Las casas centrales de algunas universidades conservan con dignidad su condición de patrimonio, destacándose la UTFSM, la Católica de Valparaíso, la Católica de Santiago y la de Chile, aunque suelen destinarlos más a la burocracia central que a espacios culturales. Excepción sea dicha de la Aula Magna de la UTFSM. Lo mismo ocurre con el Teatro Concepción que a través de un Corporación Cultural administra la propia Universidad de Concepción, albergando además la única orquesta sinfónica estable que opera fuera de Santiago.
El gobierno central mantiene, a través de algunos servicios, inexplicablemente, algunos espacios culturales que languidecen precisamente por no haber perseverado en la aplicación de conceptos de gestión cultural a los mismos. Es el caso del Teatro Oriente (del INP). En estos casos así como en los de los recintos universitarios mencionados, la creación de corporaciones culturales constituiría una buena forma de innovar en su administración.
Una reflexión final.
Cualquiera sea la modalidad de gestión que apliquemos a un espacio, hay dos reglas que aseguran el buen resultado: una, que los planes de gestión sean previos al proyecto arquitectónico, sea de construcción, renovación o restauración, ya que la ARQUITECTURA DEBE ESTAR EN FUNCIÓN DE AQUELLO QUE SE TENDRÁ COMO MISIÓN CULTURAL, y dos, el trabajo individual no es suficiente, la operación en REDES es la manera eficiente, económica y solidaria de perfeccionar la gestión cultural.
CULTURA Y TELEVISIÓN
Este texto fue preparado para el Programa “Al Medio de los Medios" de ARTV, grabado el 23 de julio 2007, comenzando con la DEFINICIÓN DEL CNTV SOBRE PROGRAMA CULTURAL. En sesión de 30 de noviembre de 1998 el Consejo Nacional de Televisión dictó normas sobre la obligación de las concesionarias de radiodifusión televisiva de libre recepción de transmitir programas culturales a lo menos una hora por semana, entre las 18:00 y las 23:00 horas. De un análisis del cumplimiento de estas normas en el tiempo se desprende que varios de los programas están fuera de la letra y del espíritu del referido acuerdo,
El Consejo Nacional de Televisión, en mayo 2003, acordó complementar su acuerdo en los siguientes aspectos:
Sólo podrán ser considerados programas culturales aquellos que se dediquen a difundir las artes y las ciencias en cualquier género o formato. Por arte se entenderán todas las expresiones literarias, plásticas, audiovisuales, musicales y arquitectónicas, así como sus combinaciones. Por ciencia se entenderán todos aquellos cuerpos de ideas y conocimientos contenidos en las llamadas ciencias exactas, naturales y sociales, incluyendo disciplinas como la historia, el derecho y la filosofía, tanto en sus expresiones propiamente científicas como tecnológicas. Serán considerados programas culturales los comprendidos en los puntos anteriores que expongan activamente las artes y las ciencias. Si fuere necesario para ello, se incorporarán elementos adicionales de información, asociación, reflexión o contextualización, de manera de guiar al televidente acerca de las características de la creación artística y científica en cuanto a su valor, pertinencia, contribución al acervo cultural o historia. No serán considerados programas culturales, en general, los eventos deportivos, las campañas de bien público, los concursos de preguntas y respuestas, las películas de ficción que no estén enmarcadas en un contexto crítico o histórico, las telenovelas ni los programas periodísticos que no agreguen elementos de reflexión artística o científica.
¿Son las Bellas Artes o todo se puede considerar cultura?, ¿Quién determina qué es y qué no es "cultura"?, ¿es un privilegio de las elites?
- Las artes son las artes y normalmente están asociadas a un “Escenario”. Para que tengamos Cultura es preciso que se complete el proceso de llegada de esas artes a su público o “Platea”. Así considerada, la cultura no es un proceso de elites, mucho menos su difusión. La cultura requiere de la presencia de las audiencias.
El concepto clave aquí es DIFUSIÓN. La TV no debe hacer cultura sino difundir la cultura y no hay otra manera de difundir la cultura que desarrollando audiencias estables para ella. Difícilmente la transmisión de una ópera completa por TV generará audiencias estables para la ópera. Si lo podrá hacer un conjunto de mini programas o spot que entreguen aspectos claves de una ópera o difundan los atractivos de una producción operática o dancística, como acabamos de ver con Salomé, en el caso del Ballet Municipal.
¿Cómo acceden a la cultura las clases populares?
- Desde la creación del Centro Cultural Estación Mapocho, en 1990, se estableció en Chile oficialmente el tema de la “difusión cultural” en la MISION en una entidad pública no universitaria. Ello implica desarrollar un nuevo concepto como la creación de audiencias. También implica comenzar a desarrollar cultura y no sólo las artes. Luego han venido otros centros culturales, con similar misión, muy activos en todo el país. A ellos asisten los nuevos públicos, a ellos es necesario apoyarlos en su labor de difusión de la cultura de manera sistemática y permanente. En consecuencia, la difusión de la cultura no es deber exclusivo de la TV, es una tarea compartida con otros actores sociales, públicos y de la sociedad civil.
¿Es la TV un medio "cultural"?
- Obviamente sí lo es, en cuanto es un reflejo de los modos y costumbres de una sociedad. No sería posible hoy estudiar la sociedad chilena sin considerar su TV… Lo es –o debiera serlo- en cuanto reflejo de identidad y de diversidad.
El tema es cómo esa diversidad e identidad están presentes. Es apreciable el fenómeno en todas la TV locales de un aumento de la programación local en directa proporción con el fenómeno de la globalización. La gente requiere identificarse con las expresiones que ve en su TV local, con su lenguaje, con sus modismos. Este fenómeno ocurre tanto en los canales de TV abierta de alcance nacional como en los canales locales de cable.
¿Puede haber TV sin morbo, está en la naturaleza humana?,
¿El lenguaje televisivo, permitiría transmitir cultura o es siempre superficial?
- Todo lenguaje transmite cultura. Otra cosa es que sea capaz de formar audiencias cultas. Para ello se requiere habitualidad y contenidos. En principio, un programa semanal a un mismo horario por un tiempo prolongado, crea hábitos, el tema son sus contenidos o los comportamientos culturales a que induce (o no). Ahora, el lenguaje televisivo, como el teatral o el de las artes visuales o el literario puede transmitir aspectos profundos o aspectos superficiales. El programa “El show de los libros” es un ejemplo de cómo, con un lenguaje televisivo, se puede transmitir un contenido literario. Y no fue preciso leer en pantalla libros completos, sino estimular a través del motivo de los pares de elementos (“literatura y…”), contenidos literarios atractivos que motivaran al público de la TV a acercarse a los libros. Y tuvo éxito de audiencias, de contenidos (reconocimiento de la UNESCO) y de venta internacional de su producto y de su concepto. Otro ejemplo es “Viaje al Centro de la Música” de Samy Benmayor y Rip Keller, que contó con el financiamiento del CNTV. Lo mismo podría decirse de los comentarios de libros del Buenos Días a Todos de hace unos años, que consideraban “recreaciones” televisivas de escenas del libro comentado. A un lenguaje como el televisivo, de escasa recordación y que se acompaña de mucho “ruido” no se le puede pedir lo mismo que al lenguaje literario que requiere por definición soledad, silencio, concentración e interés (se paga o se solicita en Biblioteca lo que se está leyendo). Por tanto, pidamos a la TV lo que puede dar: impulsos, estímulos, complementación de otros mensajes, entretención…
¿Es posible transmitir "alta cultura", como ballet, pintura, teatro, a través de la TV? (arte)
- Tecnológicamente es posible. Lo discutible es si es necesario mantener el formato original del arte. Cada manifestación creativa tiene un formato y un espacio que le es propio y aquello dónde fue concebido por su autor. Lo que fue concebido para un teatro de conciertos con determinada capacidad acústica, cercanía del público, etc. difícilmente se podrá reproducir igual en un medio diferente (un estadio o una TV). ¿Podría usted leer un libro entero por TV? Por tanto, la TV como medio de comunicación debe estimular, sugerir, promover, desafiar a que los públicos lean libros, vayan al teatro, disfruten de un ballet… Creo en la TV como presentadora de sinopsis o síntesis de las expresiones artísticas. Creo en la cultura y el arte infiltrando muchos de los espacios de la TV (noticiarios, programas prime, matinales, etc.)
¿Todo lo que ofrece la TV, es cultura?, ¿formatos como las series, realities, programas de conversación, son "cultura popular"?
- Es evidente que no todo lo que ofrece la TV es cultura. También es evidente que la TV deba entregar sólo cultura. Tiene por objeto entregar entretención, información, educación… Las dos primeras las cumple bastante bien. No se si a estas alturas, en vistas de su rotundo fracaso, se le puede exigir que entregue educación. Pero respecto de la cultura podemos exigir que entregue información y que su forma de entregar entretención la considere en algunos aspectos y horarios. La fórmula no puede ser sólo cultura, pero tampoco sólo farándula o sólo realities… esos son formatos pasajeros que el tiempo se encarga de reducir a su justo término o simplemente de eliminar, como por ejemplo, los talk show. En ese sentido, sólo la cultura puede ser permanente, aunque no bajo un mismo formato televisivo. Por ejemplo, todavía podríamos seguir hablando de libros en algún programa pero tal vez bajo otro formato televisivo. Esto porque las artes y la literatura están asociados inexorablemente a proceso creativos inherentes al ser humano.
¿Es posible "masificar" la cultura?
- En cuanto diversidad e identidad, el concepto de cultura es masivo por definición porque dice relación con la esencia de un pueblo. El tema es la escasa diversidad que encontramos en la TV actual o más bien la exclusión o subvaloración de determinadas diversidades (indígenas, pobreza, regiones, jóvenes, inmigrantes, minorías sexuales…) no obstante es posible verificar ciertos avances. Uno notable, por ejemplo, está en la historia y sus aspectos conflictivos que apuntan a la identidad nacional, con programas como la Guerra del Pacífico de Rafael Cavada, en TVN, financiado por el CNTV o Héroes, en UCTV… En el primer caso, se contribuyó a poner en el tapete temas “velados” como la repatriación de un soldado chileno caído en la batalla de Chorrillos o el tema de los libros de la Biblioteca Nacional del Perú que permanecen en Chile. Ambos son temas de debate académico e intelectual en ambos países desde hace tiempo y que la TV había soslayado. En el segundo caso, la serie ha servido para derribar mitos sobre los “padres de la Patria” y las relaciones que tenían entre sí.
¿Quién debe financiar la cultura en la TV, solamente el Estado?,
- No solamente el estado pero también el estado. ¿Porqué el Estado debiera financiar la cultura en TV más allá de que lo ya hace a través del CNTV y sus fondos concursables? Estos fondos se entregan al CNTV a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por tanto revisten un carácter de concursables, transparentes y de exigencia de audiencias a través de la necesidad de que esté presente un canal de TV abierta comprometido a exhibir los proyectos ganadores. Eso forma parte de la Política Cultural 2005-2010, fijada participativamente por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Por lo mismo, estos fondos debieran incrementarse para llegar a niveles similares a los otros fondos concursables, como Fondart, del Libro y la Lectura, de la Música y del Audiovisual, de lo que es ejemplo este mismo programa. Además, la sociedad debiera financiar la cultura en TV a través de los mecanismos habituales como el avisaje o los estímulos tributarios. También los canales podrían financiar programas o agendas culturales.
¿Por qué la cultura no es atractiva para los avisadores?, ¿falta preparación en los realizadores que son incapaces de encontrar el formato adecuado para hacer programas culturales?,
- Los avisadores responden a estímulos tanto de los medios como de las agencias de publicidad y a su vez, éstos debieran recibir estímulos de los productores, de los creadores y del mundo de la cultura, particularmente los gestores culturales. No conozco, en democracia, avisadores que, por principio, no apoyen programas por ser culturales. Conozco avisadores que financian “buenos programas” para sus productos. Sin duda podría haber más propuestas pero existen muchas. Si vemos, por ejemplo, la realidad de los últimos años, existe hoy una industria de programas infantiles que hace unos años no existía. Todos los programas infantiles tenían más de diez años de antigüedad… Con “31 minutos”, financiado por el CNTV, se marcó un quiebre y se dio inicio a una producción creativa, estimulante, variada y original. Así pudimos renovar a los clásicos Pin pon, Pipiripao… y tener una industria de animación que pudiera competir con las animaciones extranjeras con gran éxito, como Papelucho, Mampato y otras.
¿Por qué no se considera el financiamiento de la cultura como una actividad de Responsabilidad Social?
- La TV es un medio demasiado poderoso como para entrar a competir con acciones de beneficio social como el Hogar de Cristo, la Teletón o las relaciones de las empresas con los entornos humanos y sociales de sus plantas productivas, o los eventuales daños ecológicos que éstas generen. En TV y en cultura hay un capital creativo y de producción que perfectamente puede seducir a las empresas con excelentes proyectos que sean de interés para recibir financiamiento privado en un pié de igualdad o win-win. Más aun si existen fondos públicos, concursables o no, que pueden dar el capital inicial para ellos (CORFO, CNTV, Fondo Audiovisual).
Creo más en la innovación que en la responsabilidad social. Y la innovación está fundamentalmente basada en la creatividad, que es precisamente lo que abunda en el mundo de la cultura.
Falta, por ambas partes, una actitud de mayor colaboración entre ambos mundos, pero sobre la base del mutuo beneficio o igualdad de condiciones. Pongo el ejemplo de las ciencias y su capacidad de investigación innovativa: es crucial para las empresas que buscan diversificarse y las grandes empresas invierten grandes cantidades de dinero en financiar centros de estudios e investigación. Por cierto en Chile no estamos tan avanzados como en otros países, pero por ahí está el camino tanto para la ciencia como para el arte. La creatividad es hoy indispensable para muchas empresas que lo que venden son servicios (las fábricas están todas en China). La alianza entre creadores y empresa es una gran oportunidad que puede beneficiar a la sociedad toda y reflejarse en el apoyo privado a programas culturales.
22/07/2007
17 julio 2007
ELEMENTOS DEL MODELO FRANCES ÚTILES PARA CHILE
“La fortaleza del Estado Francés está en que artistas y organizaciones artísticas están liberadas de la dependencia del éxito popular a través de las boleterías. Su debilidad es que este financiamiento asegurado a largo plazo puede derivar en un estancamiento creativo”.[1]
Que los Estados sustenten las artes es una tradición que está en la base de la cultura occidental. Muchos de los grandes trabajos del arte renacentista fueron comisionados por príncipes y Papas. En Europa hubo una gran tradición de apoyo público a las artes que hizo posible el trabajo de Rafael, Wagner, Haydn y Moliere, por nombrar sólo a cuatro.
Esta tradición tiende a apoyar las artes como parte de los objetivos generales de bienestar social. Primero fue aplicada por la Iglesia, en nombre de Dios; luego en nombre del Monarca y/o la aristocracia, y en los últimos siglos en nombre del ciudadano, así llegó a nuestro país hace casi 200 años.
Entre 1973 y 1989, durante la dictadura, el Estado se auto excluyó de sus responsabilidades en el desarrollo artístico. Paralelamente, conocimos experiencias internacionales de estados manipuladores de la cultura en beneficio de su ideología. En este contexto, advertimos que era necesario diseñar una institucionalidad cultural moderna y participativa, que superara ambos riesgos. Así nació un modelo inspirado en los Consejos de las Artes, surgidos hace más de 60 años, que actualmente existen en la mayoría de los países de Asia, África, Oceanía, en Canadá y el Reino Unido. En nuestro país se ve complementado con estímulos tributarios -aún débiles- como los existentes en los Estados Unidos.
Un modelo como el francés parece estar más en nuestro pasado que en el futuro. No obstante aún estamos cumpliendo, desde el Estado, algunas tareas pendientes como completar la dotación de centros culturales y bibliotecas públicas en todas las ciudades del país, lo que se hace con planes de gestión y sustentabilidad muy exigentes que permitirán a tales espacios permanecer en el tiempo aún en casos de una eventual nueva “desaparición” o “intentos manipuladores” del Estado.
En el siglo XXI, el desafío es un desarrollo cultural –no sólo artístico- basado principalmente en la feliz combinación del talento de nuestros creadores, los intereses de nuestras audiencias y la capacidad de nuestros gestores.
[1]Navarro, Arturo. “Cultura: ¿Quién paga? Gestión, Infraestructura y audiencias en el modelo chileno de desarrollo cultural”. RIL editores, 2006
13 junio 2007
EN TORNO A LA LEY DEL LIBRO
Mucha tinta ha corrido luego de las últimas asignaciones de proyectos de creación del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Cantidades inversas al nivel de satisfacción de los escritores: muchos que están satisfechos, pero que no escriben más que en los proyectos que comprometieron en el concurso; pocos que están disconformes y que escriben no precisamente sobre los proyectos que juraban acometer.
Ambos están en su derecho. Ejerciendo tal derecho han salido muchas palabras, airadas algunas, prudentes y propositivas otras. De ambos tipos de palabras se desprende que algo anda mal, o que, al menos, es mejorable.
Veamos qué.
Primero, recordemos que la Promulgación de la Ley 19.227 que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura es de 1° de julio de 1993. Es decir tiene 14 años de vigencia y fue la primera de las legislaciones que instalaron en Chile, para quedarse, los Consejos de las diferentes áreas de la cultura: existen hoy, además, el del Audiovisual (noviembre 2004), de la Música (enero 2004) y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (julio 2003).
Recordemos también que son entidades de FOMENTO, es decir, que dan estímulo, protección, organización, mantención… a las artes con que se relacionan. No cumplir con su misión implica abandono de las mismas. De muchas cosas podrán quejarse algunos pero no precisamente de ésto. Incluso los más recalcitrantes aspiran a ser cobijados por “su” Consejo.
Entonces el problema no está en la esencia de estas legislaciones, sino en la manera en que algunas de sus partes se están aplicando.
Recordemos además que los Consejos son organismos independientes o autónomos que asignan recursos públicos velando por la no ingerencia del gobierno en dicha asignación. Y lo logran. Lo que no han logrado, en el caso del Consejo del Libro, es mantener esa distancia de organismos corporativos del sector del libro. Hay quejas, que parecen fundadas, respecto de que organizaciones que tienen “representantes” en el Consejo del Libro, reciben fondos del Consejo del Libro. Y ello no está bien.
Por tanto, el problema está en la Ley que conforma el Consejo y que lo constituye con ciertos representantes de organismos que legítimamente pueden y deben elaborar proyectos para el fomento del libro y la lectura. Es decir, representantes de gremios de escritores y de editores, por ejemplo, participan en la resolución de proyectos de fomento de escritores y editores.
Si miramos los Consejos posteriores, como el Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, éste está constituido no por representantes de gremio o sectores, sino por personalidades “representativas” de mundos amplios como la creación, el patrimonio o la gestión cultural.
Además, personalidades elegidas por mecanismos complejos y heterogéneos que permiten una gran diversidad en la constitución final del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Si aplicamos esta modalidad el Consejo de Fomento del Libro y la Lectura podría pensarse en una constitución que consigne a las autoridades públicas pertinentes (de las Bibliotecas Públicas; de la Biblioteca del Congreso; de la Biblioteca Nacional) junto con personalidades representativas de la sociedad civil: de las bibliotecas universitarias, elegidos por el Consejo de Rectores y las Universidades privadas; de los Premios Nacionales, elegidos por el colectivo de sus pares; de los lectores, elegidos de entre los usuarios de bibliotecas públicas, bibliometro, bibliobuses, etc; de los profesores de lectura y lenguaje, elegidos por sus pares; de los editores de libros, elegidos por libreros; de los distribuidores y libreros, elegidos por los compradores de librerías; de los estudiantes universitarios, elegidos por votación vía internet de todos los universitarios…
En fin, combinaciones hay muchas, el principio es uno: que integren este Consejo, es decir, que resuelvan dónde van los recursos públicos, aquellos que se benefician directamente de los bienes que acarrea la lectura y el libro: los lectores generales, los estudiantes, los académicos, junto a quienes son responsables de poner estos bienes a su alcance: los bibliotecarios públicos y universitarios; los editores y libreros; sin dejar de considerar a quienes crean estos bienes: los escritores reconocidos (premios nacionales; premios literarios varios, y los propios premiados anteriores de este Consejo).
Lo dicho implica una modificación legal. A ello apunta este primer aporte.
11 junio 2007
INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LA CULTURA
Como estudioso de las políticas culturales, me parece interesante que las páginas editoriales de El Mercurio se refieran tres veces en una semana a la manera cómo se debe financiar la cultura en el país, reiterando la sugerencia de que “se opte por una forma de distribución de recursos en lo cultural, que entregue la decisión a los ciudadanos mediante incentivo tributarios”.
Veamos porqué se origina la situación planteada.
En la historia de nuestras políticas culturales, nunca se había entregado decisión alguna a este respecto a los ciudadanos, hasta que se dictó la Ley de Donaciones Culturales, en 1990. La concepción nacional, caracterizada por aportes exclusivamente públicos a la cultura une a Presidentes tan disímiles como Ibáñez del Campo, que creó la DIBAM; Jorge Alessandri, que entregó la TV a universidades que gozaban de financiamiento público; Frei Montalva, que fomentó ambiciosos planes de alfabetización a través de la Promoción Popular, y Allende, que creó la empresa Editora Nacional Quimantú. Gobiernos de todos los signos políticos basaban su accionar en este terreno en dos premisas: una, que el desarrollo en este campo era tarea del Estado -como la salud, la vivienda o la educación-, y dos, que se trataba de fomentar principalmente el desarrollo de las artes, no de la cultura como un todo: del “escenario” y no de la “platea”.
A contar de 1990, ambas premisas fueron reemplazadas por dos concepciones, más modernas, una, de que la cultura es “tarea de todos” y dos, que en su desarrollo debemos preocuparnos no sólo de lo que ocurre con los creadores sino también del público, de sus audiencias: “del escenario y de la platea”.
Ambas novedades, dado que agregan nuevos actores al proceso cultural, debieran apuntar también a que estos nuevos actores participen del financiamiento de la cultura. Pero en la práctica no ha ocurrido así, al menos en las dimensiones que se esperaba. Ello se debe a que en Chile carecemos de un requisito elemental que poseen los países que fomentan el desarrollo cultural a través de incentivos tributarios a las personas: el espíritu filantrópico.
Es verdad que a comienzos del siglo XX tuvimos personalidades excepcionales como Federico Santa María que dejó como testamento la necesidad de educar a “los proletarios” en la escuela básica, las artes y oficios y la ingeniería, aspiración que se cumple hasta hoy en un campus articulado alrededor de un teatro o Aula Magna que sostiene temporadas musicales y artísticas de gran nivel. Tal es la relevancia de dicho testamento que adorna el ingreso a la universidad que lleva su nombre.
La pregunta es qué ocurre hoy con los émulos de Santa María, que no han seguido su filantrópico ejemplo. La respuesta nos lleva a que un buen número de ciudadanos, en lugar de aportar a la cultura, optan por financiar obras de caridad, movimientos de iglesias y ocasionalmente, campañas comunicacionalmente poderosas como la Teletón.
Si comparamos aquellos recursos con los montos destinados por los ciudadanos a la cultura –aún con la existencia de la manifiestamente mejorable Ley de Donaciones Culturales- podemos ver que éstos no llegan siquiera a financiar en su totalidad empeños tan loables como el Teatro Municipal, la Temporada Beethoven, los elencos de la Universidad de Chile, las orquestas juveniles o el Festival Teatro a Mil, sin mencionar museos ni edificios patrimoniales. Para qué decir de los centros culturales como Matucana 100, Balmaceda 1215, Centro Cultural Palacio de La Moneda o el Teatro Regional del Maule. Detrás de todos ellos hay aportes públicos, de no ser así, no subsistirían. Escapa a esta regla el Centro Cultural Estación Mapocho que logra eludir la necesidad de recursos públicos para financiar la conservación de un monumento nacional y crear audiencias culturales, a través del arriendo de espacios para ferias comerciales. Tampoco lo hace por la vía de donaciones filantrópicas.
Entonces, lo que debemos hacer como país, para cumplir con los deseos del tri-editorialista, es estimular la filantropía.
En los países que parecen inspirar su objetivo, morir con fortuna, sin legar sus bienes a una universidad, un museo, un teatro o una buena causa, es mal visto. Ello por que se trata de sociedades diversas, plurales, en las que los más diversos grupos hacen esfuerzos para que sus ideas, sus principios, su identidad pueda destacarse, conocerse y convivir con la de otros a través de las más diversas manifestaciones culturales.
En un país como el nuestro, con errada autoconciencia de homogeneidad, en que recién estamos tomando conocimiento de nuestra condición multicultural y de la existencia de minorías indígenas y de inmigrantes que llegan con su propia cultura, todavía prima en algunos sectores la experiencia europea, reflejada en el rol jugado por los monarcas absolutos desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX y el rol de la iglesia medieval según el cuál, el deber del desarrollo de la cultura está en manos de reyes, nobles, o pontífices. Esa tradición nos la trajo el conquistador español y la reforzó la fascinación ante el presidencialismo francés. Creímos, equivocadamente, que un Estado pobre y pequeño, con una población con enormes urgencias, podía hacerse cargo del desarrollo cultural.
La realidad nos demuestra que no es así. Afortunadamente, cuando se derrumbaban los modelos estatistas de desarrollo cultural en el mundo, el país logró establecer en 2003, un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como el que prima en Gran Bretaña y otros países de la Comunidad Británica, basado fuertemente en el principio de la “distancia de brazos”, en el que el gobierno determina el monto de los fondos que proveerá y un consejo autónomo determina a quienes son otorgados.
Esa opción, ratificada por ley, y con vocación de Política Cultural de Estado no es contradictoria ni incompatible con el estimulo de incentivos tributarios a privados.
Para aplicarla, se debe crear condiciones para que estos incentivos favorezcan a todo tipo de manifestaciones desde los grandes centros culturales, museos, bibliotecas y teatros hasta manifestaciones culturales por minoritarias que sean, a las culturas indígenas, a las artes que surgen de las vanguardias… y sobre todo, se requiere de una gran campaña de promoción de la filantropía, que premie a los Federico Santa María del presente, que asegure que tantas iniciativas probadas y meritorias como por ejemplo la Fundación de Orquestas Juveniles o el plan de bibliotecas públicas creado por la DIBAM gracias a un filántropo extranjero, van a tener una larga y fructífera vida gracias a filántropos chilenos que se han hecho parte de la Política Cultural que el Estado de Chile se ha fijado de manera participativa, descentralizada y a través de un organismo plural que trasciende gobiernos y divergencias ideológicas.
La decisión de los ciudadanos en cultura mediante incentivos tributarios debe enmarcarse en la Política Cultural del Estado de Chile y, sobre todo, estar basada en una incontenible marejada filantrópica de los mismos que, desafortunadamente, aún no pasa de pequeños oleajes.
Veamos porqué se origina la situación planteada.
En la historia de nuestras políticas culturales, nunca se había entregado decisión alguna a este respecto a los ciudadanos, hasta que se dictó la Ley de Donaciones Culturales, en 1990. La concepción nacional, caracterizada por aportes exclusivamente públicos a la cultura une a Presidentes tan disímiles como Ibáñez del Campo, que creó la DIBAM; Jorge Alessandri, que entregó la TV a universidades que gozaban de financiamiento público; Frei Montalva, que fomentó ambiciosos planes de alfabetización a través de la Promoción Popular, y Allende, que creó la empresa Editora Nacional Quimantú. Gobiernos de todos los signos políticos basaban su accionar en este terreno en dos premisas: una, que el desarrollo en este campo era tarea del Estado -como la salud, la vivienda o la educación-, y dos, que se trataba de fomentar principalmente el desarrollo de las artes, no de la cultura como un todo: del “escenario” y no de la “platea”.
A contar de 1990, ambas premisas fueron reemplazadas por dos concepciones, más modernas, una, de que la cultura es “tarea de todos” y dos, que en su desarrollo debemos preocuparnos no sólo de lo que ocurre con los creadores sino también del público, de sus audiencias: “del escenario y de la platea”.
Ambas novedades, dado que agregan nuevos actores al proceso cultural, debieran apuntar también a que estos nuevos actores participen del financiamiento de la cultura. Pero en la práctica no ha ocurrido así, al menos en las dimensiones que se esperaba. Ello se debe a que en Chile carecemos de un requisito elemental que poseen los países que fomentan el desarrollo cultural a través de incentivos tributarios a las personas: el espíritu filantrópico.
Es verdad que a comienzos del siglo XX tuvimos personalidades excepcionales como Federico Santa María que dejó como testamento la necesidad de educar a “los proletarios” en la escuela básica, las artes y oficios y la ingeniería, aspiración que se cumple hasta hoy en un campus articulado alrededor de un teatro o Aula Magna que sostiene temporadas musicales y artísticas de gran nivel. Tal es la relevancia de dicho testamento que adorna el ingreso a la universidad que lleva su nombre.
La pregunta es qué ocurre hoy con los émulos de Santa María, que no han seguido su filantrópico ejemplo. La respuesta nos lleva a que un buen número de ciudadanos, en lugar de aportar a la cultura, optan por financiar obras de caridad, movimientos de iglesias y ocasionalmente, campañas comunicacionalmente poderosas como la Teletón.
Si comparamos aquellos recursos con los montos destinados por los ciudadanos a la cultura –aún con la existencia de la manifiestamente mejorable Ley de Donaciones Culturales- podemos ver que éstos no llegan siquiera a financiar en su totalidad empeños tan loables como el Teatro Municipal, la Temporada Beethoven, los elencos de la Universidad de Chile, las orquestas juveniles o el Festival Teatro a Mil, sin mencionar museos ni edificios patrimoniales. Para qué decir de los centros culturales como Matucana 100, Balmaceda 1215, Centro Cultural Palacio de La Moneda o el Teatro Regional del Maule. Detrás de todos ellos hay aportes públicos, de no ser así, no subsistirían. Escapa a esta regla el Centro Cultural Estación Mapocho que logra eludir la necesidad de recursos públicos para financiar la conservación de un monumento nacional y crear audiencias culturales, a través del arriendo de espacios para ferias comerciales. Tampoco lo hace por la vía de donaciones filantrópicas.
Entonces, lo que debemos hacer como país, para cumplir con los deseos del tri-editorialista, es estimular la filantropía.
En los países que parecen inspirar su objetivo, morir con fortuna, sin legar sus bienes a una universidad, un museo, un teatro o una buena causa, es mal visto. Ello por que se trata de sociedades diversas, plurales, en las que los más diversos grupos hacen esfuerzos para que sus ideas, sus principios, su identidad pueda destacarse, conocerse y convivir con la de otros a través de las más diversas manifestaciones culturales.
En un país como el nuestro, con errada autoconciencia de homogeneidad, en que recién estamos tomando conocimiento de nuestra condición multicultural y de la existencia de minorías indígenas y de inmigrantes que llegan con su propia cultura, todavía prima en algunos sectores la experiencia europea, reflejada en el rol jugado por los monarcas absolutos desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX y el rol de la iglesia medieval según el cuál, el deber del desarrollo de la cultura está en manos de reyes, nobles, o pontífices. Esa tradición nos la trajo el conquistador español y la reforzó la fascinación ante el presidencialismo francés. Creímos, equivocadamente, que un Estado pobre y pequeño, con una población con enormes urgencias, podía hacerse cargo del desarrollo cultural.
La realidad nos demuestra que no es así. Afortunadamente, cuando se derrumbaban los modelos estatistas de desarrollo cultural en el mundo, el país logró establecer en 2003, un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como el que prima en Gran Bretaña y otros países de la Comunidad Británica, basado fuertemente en el principio de la “distancia de brazos”, en el que el gobierno determina el monto de los fondos que proveerá y un consejo autónomo determina a quienes son otorgados.
Esa opción, ratificada por ley, y con vocación de Política Cultural de Estado no es contradictoria ni incompatible con el estimulo de incentivos tributarios a privados.
Para aplicarla, se debe crear condiciones para que estos incentivos favorezcan a todo tipo de manifestaciones desde los grandes centros culturales, museos, bibliotecas y teatros hasta manifestaciones culturales por minoritarias que sean, a las culturas indígenas, a las artes que surgen de las vanguardias… y sobre todo, se requiere de una gran campaña de promoción de la filantropía, que premie a los Federico Santa María del presente, que asegure que tantas iniciativas probadas y meritorias como por ejemplo la Fundación de Orquestas Juveniles o el plan de bibliotecas públicas creado por la DIBAM gracias a un filántropo extranjero, van a tener una larga y fructífera vida gracias a filántropos chilenos que se han hecho parte de la Política Cultural que el Estado de Chile se ha fijado de manera participativa, descentralizada y a través de un organismo plural que trasciende gobiernos y divergencias ideológicas.
La decisión de los ciudadanos en cultura mediante incentivos tributarios debe enmarcarse en la Política Cultural del Estado de Chile y, sobre todo, estar basada en una incontenible marejada filantrópica de los mismos que, desafortunadamente, aún no pasa de pequeños oleajes.
08 junio 2007
CULTURA Y FISCALIZACIÓN
Equivocarse una vez puede ser explicable. Dos veces en una semana es más difícil de comprender. Es lo que ocurre con un nuevo comentario en página editorial de El Mercurio, esta vez el viernes 8 de junio, referido nuevamente a las políticas culturales.
Las erratas:
1. Dice, refiriéndose al gobierno Lagos: “se optó por una política de fomento estatal, llevada a cabo por un organismo centralizado –el Consejo Nacional de la Cultura- con una estructura nacional y regional…”
En dicho gobierno se optó por una política cultural participativa en la que el Estado dispone fondos, pero éstos son asignados por organismos integrados mayoritariamente por personas representativas de la sociedad civil a través del Fondart, tres fondos sectoriales, el fondo concursable de escuelas artísticas y otros. Además, la misma Ley 19.891 que lo crea define al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como un organismo “autónomo, descentralizado, territorialmente desconcentrado”.
2. Dice, complementando su afirmación sobre fomento estatal, como si no se considerara “la otra opción… (que) es trasladar las decisiones en esta materia a las personas, tanto naturales como jurídicas, por medio de incentivos tributarios eficaces”.
Es lo que la institucionalidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes hace, trasladando las decisiones de los fondos concursables, la administración de espacios culturales de propiedad pública, el comité de Donaciones Culturales y otros aspectos, a entidades naturales y jurídicas privadas. Ocurre que los estímulos tributarios no son la ÚNICA forma de traspasar decisiones en este ámbito a las personas. Tambien se logra traspasando a los privados la administración de espacios, la capacidad de gestión, la asignación de fondos públicos, y tantos otros mecanismos que consideran a las personas, naturales o jurídicas, más que simples contribuyentes estimulables sólo por pagar menos impuestos.
3. Dice sobre el mensaje presidencial del 21 de mayo pasado que “insiste en el carácter benefactor, asistencialista y recreacional de la acción del estado en este ámbito”.
No distingue el redactor entre políticas de Estado, determinadas por el Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en un documento llamado “Chile quiere más cultura. Definiciones de Política Cultural 2005-2010” que trascienden las políticas de un gobierno y anuncios de medidas que un gobierno específico puede legítimamente hacer para el plazo de su mandato. Por tanto, constituyen esferas diferentes. Es sabido que el tipo de medidas a que alude el articulista no forman parte del espíritu ni del fondo de la Política Cultural del Estado de Chile.
Fin de las erratas.
Una afirmación final: “Es hora de que la política cultural que puso a andar el Presidente Lagos sea sometida a un escrutinio público y técnico más acucioso”.
¡Enhorabuena!
Ya era tiempo que se decidiera destinar espacios a evaluar una política cultural, a mi juicio exitosa, que ha motivado decenas de publicaciones al respecto a nivel nacional e internacional que no han sido recogidas ni asumidas en esas páginas y que además es permanentemente evaluada por quienes, por ley, la fijan y deben velar por ellas: los miembros del directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el que se encuentran, más allá de tres altos representantes del gobierno, ocho personalidades de la sociedad civil representativas del quehacer artístico, patrimonial y de la gestión cultural: dos representantes de las universidades, un miembro nombrado por el colectivo de los premios nacionales, y cinco nombrados a propuesta de las organizaciones culturales que no pueden ser removidos por la autoridad, dos de ellos, con acuerdo del Senado.
Ésto, en la literatura sobre políticas culturales se llama un Consejo de las Artes, basado en el principio de origen británico de la “distancia de brazos” o arms lenght que tiene varios significados, entre ellos: «evitar influencia gubernamental indebida sobre las artes». Es la política que aplican, en el Reino Unido, los Arts Councils en relación a los fondos que otorgan y que existe en la mayoría de los países del mundo con tradición en el desarrollo de la excelencia cultural.
En el modelo chileno vigente, se agregan a este modelo, estímulos tributarios como los que el redactor señala como camino casi único aunque, en verdad, no tan generalizado como cree. Sin duda la opción tomada por nuestro país lo supera y complementa. Es decir, hemos recogido lo mejor de ambos modelos.
Aún así, nada impide, sino al contrario, un serio debate público al respecto.
Las erratas:
1. Dice, refiriéndose al gobierno Lagos: “se optó por una política de fomento estatal, llevada a cabo por un organismo centralizado –el Consejo Nacional de la Cultura- con una estructura nacional y regional…”
En dicho gobierno se optó por una política cultural participativa en la que el Estado dispone fondos, pero éstos son asignados por organismos integrados mayoritariamente por personas representativas de la sociedad civil a través del Fondart, tres fondos sectoriales, el fondo concursable de escuelas artísticas y otros. Además, la misma Ley 19.891 que lo crea define al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como un organismo “autónomo, descentralizado, territorialmente desconcentrado”.
2. Dice, complementando su afirmación sobre fomento estatal, como si no se considerara “la otra opción… (que) es trasladar las decisiones en esta materia a las personas, tanto naturales como jurídicas, por medio de incentivos tributarios eficaces”.
Es lo que la institucionalidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes hace, trasladando las decisiones de los fondos concursables, la administración de espacios culturales de propiedad pública, el comité de Donaciones Culturales y otros aspectos, a entidades naturales y jurídicas privadas. Ocurre que los estímulos tributarios no son la ÚNICA forma de traspasar decisiones en este ámbito a las personas. Tambien se logra traspasando a los privados la administración de espacios, la capacidad de gestión, la asignación de fondos públicos, y tantos otros mecanismos que consideran a las personas, naturales o jurídicas, más que simples contribuyentes estimulables sólo por pagar menos impuestos.
3. Dice sobre el mensaje presidencial del 21 de mayo pasado que “insiste en el carácter benefactor, asistencialista y recreacional de la acción del estado en este ámbito”.
No distingue el redactor entre políticas de Estado, determinadas por el Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en un documento llamado “Chile quiere más cultura. Definiciones de Política Cultural 2005-2010” que trascienden las políticas de un gobierno y anuncios de medidas que un gobierno específico puede legítimamente hacer para el plazo de su mandato. Por tanto, constituyen esferas diferentes. Es sabido que el tipo de medidas a que alude el articulista no forman parte del espíritu ni del fondo de la Política Cultural del Estado de Chile.
Fin de las erratas.
Una afirmación final: “Es hora de que la política cultural que puso a andar el Presidente Lagos sea sometida a un escrutinio público y técnico más acucioso”.
¡Enhorabuena!
Ya era tiempo que se decidiera destinar espacios a evaluar una política cultural, a mi juicio exitosa, que ha motivado decenas de publicaciones al respecto a nivel nacional e internacional que no han sido recogidas ni asumidas en esas páginas y que además es permanentemente evaluada por quienes, por ley, la fijan y deben velar por ellas: los miembros del directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el que se encuentran, más allá de tres altos representantes del gobierno, ocho personalidades de la sociedad civil representativas del quehacer artístico, patrimonial y de la gestión cultural: dos representantes de las universidades, un miembro nombrado por el colectivo de los premios nacionales, y cinco nombrados a propuesta de las organizaciones culturales que no pueden ser removidos por la autoridad, dos de ellos, con acuerdo del Senado.
Ésto, en la literatura sobre políticas culturales se llama un Consejo de las Artes, basado en el principio de origen británico de la “distancia de brazos” o arms lenght que tiene varios significados, entre ellos: «evitar influencia gubernamental indebida sobre las artes». Es la política que aplican, en el Reino Unido, los Arts Councils en relación a los fondos que otorgan y que existe en la mayoría de los países del mundo con tradición en el desarrollo de la excelencia cultural.
En el modelo chileno vigente, se agregan a este modelo, estímulos tributarios como los que el redactor señala como camino casi único aunque, en verdad, no tan generalizado como cree. Sin duda la opción tomada por nuestro país lo supera y complementa. Es decir, hemos recogido lo mejor de ambos modelos.
Aún así, nada impide, sino al contrario, un serio debate público al respecto.
03 junio 2007
¿POLÍTICA CULTURAL CONTROVERTIBLE?
Hasta ahora había conocido varios adjetivos para calificar la política cultural vigente en Chile. Un comentario editorial de El Mercurio del 3 de junio agrega uno nuevo: “controvertible”. Es decir, impugnable, debatible, discutible, problemática o polémica. En palabras de la RAE, que se puede “discutir extensa y detenidamente sobre una materia defendiendo opiniones contrapuestas”.
Efectivamente, unos pocos puntos que toca la editorial se pueden discutir detenidamente, pero hay otros que no valdría la pena hacerlo por la sencilla razón de que están basados en mala información o porque han generado suficiente consenso en el país.
En el primero de los casos, están las afirmaciones del Mensaje Presidencial del 21 de Mayo referidas a los contenidos de los centros culturales y bibliotecas que se anuncia serán habilitados en los próximos años. En los primeros, efectivamente está planificada de elaboración, en conjunto con sus futuros beneficiarios, de los planes de gestión respectivos y que por cierto serán diversos conforme a la localidad donde se sitúen.
Sobre las bibliotecas, no creo que sea discutible la necesidad de crearlas en los escasos lugares donde aún no existen aunque sí es posible analizar los contenidos en términos de ejemplares de que serán dotados. Hasta ahora, en el resto de las ciudades donde existen bibliotecas públicas, tal misión la ha cumplido la DIBAM con razonables apoyos del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y tecnologías computacionales y de Internet aportadas por el convenio con la Fundación Bill&Melinda Gates. Todo ello favorablemente acogido por las comunidades a las que sirven.
Donde podría existir controversia es en el sentido y los contenidos de las bibliotecas de familia, que, en rigor, fueron formuladas por la Presidenta como parte de la política educacional y no la cultural, será en ese Ministerio entonces donde residirá la eventual polémica. Así mismo es controversial lo que el articulista califica como “énfasis desproporcionado en el carácter festivo o recreacional de la política cultural”. En ninguna parte de la política cultural formulada con horizonte 2010 aparecen actividades festivas o recreacionales, tampoco pudiese deducirse de alguna de sus 52 medidas que el Estado tiene funciones de organizador de festivales o productor de eventos. Cualquier sesgo en esa línea parece discutible y desde luego su existencia corresponde más a planes del gobierno aplicados por el servicio público llamado Consejo de la Cultura, sin comprometer las políticas de Estado que lo trascienden.
La respuesta a estas prácticas la recoge el mismo documento: “La creación y ampliación de audiencias demanda el financiamiento de espacios adecuados y programas reales de educación públicos sostenibles en el tiempo”. Esta manera de hacer las cosas es coherente con la Política Cultural del Estado de Chile que comentamos y no debiera entonces prestarse a polémica.
Lo mismo ocurre cuando el artículo se refiere a la necesidad de agregar al adjetivo “inclusiva” que usa la Presidenta para calificar la Política Cultural de Estado que tenemos y le pide se agreguen “componentes como el rigor, el profesionalismo y el cumplimiento de estándares de calidad”. Tales componentes forman parte de ella, a través de organismos colegiados y participativos, además de los consejos especializados y los respectivos comités consultivos existentes en todas las regiones. Si a ello agregamos que, por ejemplo, para asignar los fondos concursables, estos organismos recurren a jurados idóneos y comités de especialistas, la preocupación del articulista no parece controversial.
Donde se muestra falta de información es cuando se solicita que es “indispensable ampliar el programa de becas para el desarrollo de los artistas y su vinculación efectiva con el mundo real”. Recientes resultados de la línea Becas y Pasantías del concurso 2007 de Fondart demuestran que la demanda por ellas está casi completamente satisfecha tanto en establecimientos del hemisferio norte como del nuestro, de modo que tampoco es controversial este tema pues el fondo público concursable creado para este efecto funciona con criterios de transparencia, asignación por pares y conforme a las necesidades tanto del mundo de los creadores como de los gestores culturales.
Hacia el final, el texto reafirma algo que sabemos desde hace tiempo y que por tanto no es posible encontrarle puntos contradictorios con la situación que vivimos en Chile: “La institucionalidad cultural centralizada, dirigida y financiada directamente por el Estado-mecenas, es una formula que hace agua y se bate en dificultosa retirada en Europa”. Lo sabemos desde antes de crearse el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y su constitución asume plenamente esta situación mundial evidente. No hay controversia, sino redundancia.
Redundancia que se confirma con la frase de cierre: “Las tendencias más modernas, eficaces y democráticas se orientan hoy al financiamiento privado, fomentado por el Estado mediante políticas que incentiven la contribución de todos los niveles de ingreso.”
Así vistas las cosas, del mismo texto desprendemos un contenido que dista mucho de plantear conflictos sino más bien un respaldo a las políticas culturales vigentes y a los encargados de formularlas, un organismo plural, colegiado y a juzgar por el comentarista, acertado en sus obras. Pareciera que lo controvertible pasa poco más allá del titular.
Efectivamente, unos pocos puntos que toca la editorial se pueden discutir detenidamente, pero hay otros que no valdría la pena hacerlo por la sencilla razón de que están basados en mala información o porque han generado suficiente consenso en el país.
En el primero de los casos, están las afirmaciones del Mensaje Presidencial del 21 de Mayo referidas a los contenidos de los centros culturales y bibliotecas que se anuncia serán habilitados en los próximos años. En los primeros, efectivamente está planificada de elaboración, en conjunto con sus futuros beneficiarios, de los planes de gestión respectivos y que por cierto serán diversos conforme a la localidad donde se sitúen.
Sobre las bibliotecas, no creo que sea discutible la necesidad de crearlas en los escasos lugares donde aún no existen aunque sí es posible analizar los contenidos en términos de ejemplares de que serán dotados. Hasta ahora, en el resto de las ciudades donde existen bibliotecas públicas, tal misión la ha cumplido la DIBAM con razonables apoyos del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y tecnologías computacionales y de Internet aportadas por el convenio con la Fundación Bill&Melinda Gates. Todo ello favorablemente acogido por las comunidades a las que sirven.
Donde podría existir controversia es en el sentido y los contenidos de las bibliotecas de familia, que, en rigor, fueron formuladas por la Presidenta como parte de la política educacional y no la cultural, será en ese Ministerio entonces donde residirá la eventual polémica. Así mismo es controversial lo que el articulista califica como “énfasis desproporcionado en el carácter festivo o recreacional de la política cultural”. En ninguna parte de la política cultural formulada con horizonte 2010 aparecen actividades festivas o recreacionales, tampoco pudiese deducirse de alguna de sus 52 medidas que el Estado tiene funciones de organizador de festivales o productor de eventos. Cualquier sesgo en esa línea parece discutible y desde luego su existencia corresponde más a planes del gobierno aplicados por el servicio público llamado Consejo de la Cultura, sin comprometer las políticas de Estado que lo trascienden.
La respuesta a estas prácticas la recoge el mismo documento: “La creación y ampliación de audiencias demanda el financiamiento de espacios adecuados y programas reales de educación públicos sostenibles en el tiempo”. Esta manera de hacer las cosas es coherente con la Política Cultural del Estado de Chile que comentamos y no debiera entonces prestarse a polémica.
Lo mismo ocurre cuando el artículo se refiere a la necesidad de agregar al adjetivo “inclusiva” que usa la Presidenta para calificar la Política Cultural de Estado que tenemos y le pide se agreguen “componentes como el rigor, el profesionalismo y el cumplimiento de estándares de calidad”. Tales componentes forman parte de ella, a través de organismos colegiados y participativos, además de los consejos especializados y los respectivos comités consultivos existentes en todas las regiones. Si a ello agregamos que, por ejemplo, para asignar los fondos concursables, estos organismos recurren a jurados idóneos y comités de especialistas, la preocupación del articulista no parece controversial.
Donde se muestra falta de información es cuando se solicita que es “indispensable ampliar el programa de becas para el desarrollo de los artistas y su vinculación efectiva con el mundo real”. Recientes resultados de la línea Becas y Pasantías del concurso 2007 de Fondart demuestran que la demanda por ellas está casi completamente satisfecha tanto en establecimientos del hemisferio norte como del nuestro, de modo que tampoco es controversial este tema pues el fondo público concursable creado para este efecto funciona con criterios de transparencia, asignación por pares y conforme a las necesidades tanto del mundo de los creadores como de los gestores culturales.
Hacia el final, el texto reafirma algo que sabemos desde hace tiempo y que por tanto no es posible encontrarle puntos contradictorios con la situación que vivimos en Chile: “La institucionalidad cultural centralizada, dirigida y financiada directamente por el Estado-mecenas, es una formula que hace agua y se bate en dificultosa retirada en Europa”. Lo sabemos desde antes de crearse el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y su constitución asume plenamente esta situación mundial evidente. No hay controversia, sino redundancia.
Redundancia que se confirma con la frase de cierre: “Las tendencias más modernas, eficaces y democráticas se orientan hoy al financiamiento privado, fomentado por el Estado mediante políticas que incentiven la contribución de todos los niveles de ingreso.”
Así vistas las cosas, del mismo texto desprendemos un contenido que dista mucho de plantear conflictos sino más bien un respaldo a las políticas culturales vigentes y a los encargados de formularlas, un organismo plural, colegiado y a juzgar por el comentarista, acertado en sus obras. Pareciera que lo controvertible pasa poco más allá del titular.
21 mayo 2007
EL MENSAJE PRESIDENCIAL Y LA CULTURA
El siguiente, es el Texto del Mensaje de la Presidenta Bachelet del 21 de mayo 2007 en lo que se refiere a la cultura, con algunas anotaciones al pié y antes, un par de reflexiones. En otras partes de su discurso - Educación y Derechos Humanos- se incorporaron dos anuncios que se relacionan estrechamente con el mundo de la cultura. Se trata del Museo de la Memoria y las Bibliotecas Familiares. Algunas reflexiones a ese respecto.
En el caso de las Bibliotecas Familiares, me parece una excelente idea que tiene muchísimos antecedentes en las Bibliotecas de Aula, el exitoso proyecto Biblioteca Santiago de Constanza Mekis comenzado en 1992 y la experiencia riquísima de DIBAM con los bibliometro, bibliolanchas, el casero del libro y tantos otros. Lamentablemente la sola idea ha sido ridiculizada en la prensa por algunos desinformados escritores que ven poco más allá de sus propias obras. Sugiero una gran campaña para explicar la iniciativa y quizás un gran concurso público para determinar los títulos que se distribuirán. La participación de la gente señalando los textos que a ellos motivaron a leer servirá para cooptar excelentes estimuladores de lectura en sus propios hijos. Deduzco, además que no todas las bibliotecas serán idénticas, de modo de que se estimule el intercambio de libros entre los noveles lectores y se cumpla la recomendación boca a boca de lecturas, que ha demostrado ser la más eficiente manera de promover el arte: "yo lo leí y me gustó".
Ahora, el texto de la Presidenta:
"Un Chile inclusivo es aquel donde la cultura juega un rol primordial. La cultura es aquello que define nuestra identidad. Una identidad plural, diversa, llena de vida y en continua transformación. Ella es la que nos permite afrontar los desafíos del mundo global sin dejar de ser, por otro lado, lo que somos más íntimamente: hombres y mujeres de la tierra de Huidobro y Neruda, de Violeta Parra y Víctor Jara, de Patricio Bunster y Jorge Díaz[b1] .
"Hemos llevado adelante una Política Cultural de Estado, con énfasis en el acceso y la participación, la creación de audiencias y la descentralización.[b2]
"Dije que llevaría la cultura a todas las regiones de Chile y lo hemos hecho. Seis de cada diez pesos de los fondos para creadores van para regiones[b3] . El programa Chile Más Cultura llegó a más de 120 mil personas en quince fiestas ciudadanas que acercaron a nuestros hombres y mujeres, niños y jóvenes, cultores locales y regionales de la literatura, la danza, el teatro, la música.
"El año 2010, cada comuna de Chile contará con una biblioteca pública de calidad.[b4]
"Y tenemos una propuesta de Nueva Institucionalidad Patrimonial [b5] que nos permitirá dar nuevo impulso a la preservación, puesta en valor y difusión de nuestro patrimonio material e inmaterial.
"Y espero, también, que el Congreso nos ayude a sacar adelante la Ley de Propiedad Intelectual.[b6]
"Hace pocos días recibimos una buena noticia: gracias al esfuerzo país, el legado de Gabriela Mistral, que hoy permanece en Estados Unidos, podrá finalmente ser conocido, estudiado y disfrutado en Chile, por todos nuestros ciudadanos. También vamos a desarrollar en la Región de Coquimbo una ruta de Gabriela Mistral, en un recorrido patrimonial y turístico de nivel internacional.[b7]
"Una mejor democracia supone el reconocimiento de los pueblos indígenas. Chile se reconoce hoy como una sociedad diversa, heterogénea, multicultural. En un diálogo ampliamente participativo, este año identificamos las bases de una política indígena realista y moderna, que incorporara nuevos temas y que se hace cargo de las materias pendientes.[b8] Incorporamos la visión del indígena urbano. Perseveramos en restituir tierras y aguas. Fomentamos el desarrollo con identidad. Protegemos la lengua y la cultura. Apoyamos a los jóvenes y a las mujeres. Promovemos la participación política y social.
"Pero si aspiramos a abrir nuevos horizontes, junto con esto que tiene una serie de medidas concretas, debemos obtener logros muy concretos a la vez: Por eso, mi gobierno se la jugará por la aprobación del Convenio 169 de la OIT y de una reforma constitucional que reconoce el carácter multicultural de la nación chilena a los pueblos originarios y el ejercicio de sus derechos; y que reafirma la obligación de proteger las tierras y las aguas indígenas".[b9]
[b1]Cultura = identidad. Un concepto bastante usado, que no está mal recordar.
[b2]Reafirmación de la Política Cultural de Estado, y apoyo y reconocimiento a la existencia y labor del Consejo Nacional de las Cultura y las Artes en áreas que le son propias y en algunos casos, muy originales como es el caso de las audiencias.
[b3]Aún faltan acciones más sólidas en regiones, por ejemplo en infraestructura. No se mencionó el tema de los centros culturales en ciudades de más de 50 mil habitantes.
[b4]Reiteración. Debe asociarse al plan de bibliotecas de familia… que aparece en la parte Educación del Mensaje. Es una oportunidad para combinar esfuerzos de Cultura y Educación.
[b5]Un de los grandes aportes de este año de gobierno. Falta indicar plazos de aplicación de la política y etapas para su aprobación.
[b6]Un “aviso” presidencial.
[b7]Una muy buena noticia y una justa alegría. Buen trabajo del gobierno y sus autoridades. Merecido reconocimiento a la Ministra y la Directora de la DIBAM.
[b8]Este es el tema central del futuro. Se debe asumir como tal en todas las instancias del CNCA.
[b9]Son palabras mayores. Hay que elaborar un plan de apoyo y difusión a esta Reforma Constitucional.
15 mayo 2007
¿SE DEBE PAGAR POR LA CULTURA?
Tres episodios recientes llevan a reflexionar sobre la relación costo y precio en actividades con audiencias masivas, sean éstas culturales o no. El anuncio de cantautor Silvio Rodríguez de que hará un recital gratuito, en Talca, para reparar a quienes no pudieron asistir a otro recital que suspendiera porque consideró “muy caras” las entradas. Los desordenes producidos por el exceso de público en un partido de Colo Colo cuya entrada había bajado bruscamente a sólo mil pesos, bastante menos de lo que habitualmente los aficionados están acostumbrados y dispuestos a pagar. Y la actitud generalizada –estimada en un 40%- de usuarios del sistema Transantiago que resuelven no pagar por el servicio recibido arguyendo que éste es malo, por ende, no se paga.
Las tres situaciones hablan de una mentalidad extrema, es decir, que las opciones frente a un servicio o espectáculo determinado son sólo pagar todo o pagar nada (o un precio irrisorio como en el caso de Colo Colo).
En los tres casos, se hace caso omiso del principal responsable del eventual pago: el público.
Rodríguez desconoce que hay (habemos) personas dispuestas a pagar y bastante por asistir a un recital suyo en una sala tan adecuada como es el Teatro Regional de Talca, desconoce que incluso, estas personas están disponibles para subsidiar por la vía de esa entrada cara a otras personas que, estando interesadas no pueden pagar un precio elevado. Es decir, está exponiendo al público, a la sala y a sus responsables a una situación semejante a del estadio de Colo Colo.
Los responsables de fijar los importes de las entradas de dicho estadio desconocieron que con ese precio, con su equipo en una expectante situación deportiva, en un fin de semana apto para panoramas familiares (celebración del Día de la Madre), jugando frente a un rival tradicional y popular, los aficionados iban a desbordar la capacidad posible. Y pagaron caro el error, desafortunadamente no sólo ellos sino también su público (que dudará en retornar a ese espacio al menos con su familia), el recinto mismo (que sufrió daños materiales), la organización nacional del fútbol (que planeaba proponer esa cancha para torneos internacionales de la Selección Nacional), la policía (que debió lamentar heridos y destinar recursos que financiamos todos los chilenos para intentar controlar la situación).
Quienes no validan su tarjeta Bip al subir a los buses, es decir, no pagan por ser transportados (bien o mal) más que protestar por una mala calidad del servicio, están agudizando o prolongando la crisis de un sistema cuyo objetivo es beneficiarlos. Es decir, se están perjudicando a sí mismos.
Como se ve en estos casos, la gratuidad o el precio irrisorio generalizado causa perjuicios, tal como la gratuidad en espectáculos artísticos y culturales realizados en recintos inadecuados no contribuye a la formación de audiencias.
La respuesta frente a estas situaciones es salir de la falsa distinción entre “el todo o nada” y moverse en esa larga línea continua de posibilidades que se encuentra entre ambos polos.
Silvio Rodríguez podría hacer un recital con precios diferenciados: para público productivo, estudiantes, adultos mayores (¡Sí, ya tiene fans en ese segmento!), amigos de la sala, organizaciones sociales…
Colo Colo podría destinar algunos de sus amplios recursos, ahora fluctuantes en la bolsa, a estudiar sociológicamente a sus seguidores y descubrir así cuales son los precios que se debiera cobrar de modo de cumplir el doble objetivo de tener audiencias estables que puedan disfrutar del espectáculo que desean, sin arriesgar su integridad ni la del estadio.
Los usuarios de Transantiago debiéramos hacer un esfuerzo por pagar la tarifa ahora y colaborar así a no agudizar una crisis que, si se prolonga (entre otras cosas por los evasores) nos va a perjudicar a nosotros mismos. O ¿quién cree usted que va a pagar finalmente con sus impuestos los costos de la crisis prolongada? A todas luces es mejor ir haciéndolo desde ya aunque sea en “incómodas” cuotas diarias.
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