Equivocarse una vez puede ser explicable. Dos veces en una semana es más difícil de comprender. Es lo que ocurre con un nuevo comentario en página editorial de El Mercurio, esta vez el viernes 8 de junio, referido nuevamente a las políticas culturales.
Las erratas:
1. Dice, refiriéndose al gobierno Lagos: “se optó por una política de fomento estatal, llevada a cabo por un organismo centralizado –el Consejo Nacional de la Cultura- con una estructura nacional y regional…”
En dicho gobierno se optó por una política cultural participativa en la que el Estado dispone fondos, pero éstos son asignados por organismos integrados mayoritariamente por personas representativas de la sociedad civil a través del Fondart, tres fondos sectoriales, el fondo concursable de escuelas artísticas y otros. Además, la misma Ley 19.891 que lo crea define al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como un organismo “autónomo, descentralizado, territorialmente desconcentrado”.
2. Dice, complementando su afirmación sobre fomento estatal, como si no se considerara “la otra opción… (que) es trasladar las decisiones en esta materia a las personas, tanto naturales como jurídicas, por medio de incentivos tributarios eficaces”.
Es lo que la institucionalidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes hace, trasladando las decisiones de los fondos concursables, la administración de espacios culturales de propiedad pública, el comité de Donaciones Culturales y otros aspectos, a entidades naturales y jurídicas privadas. Ocurre que los estímulos tributarios no son la ÚNICA forma de traspasar decisiones en este ámbito a las personas. Tambien se logra traspasando a los privados la administración de espacios, la capacidad de gestión, la asignación de fondos públicos, y tantos otros mecanismos que consideran a las personas, naturales o jurídicas, más que simples contribuyentes estimulables sólo por pagar menos impuestos.
3. Dice sobre el mensaje presidencial del 21 de mayo pasado que “insiste en el carácter benefactor, asistencialista y recreacional de la acción del estado en este ámbito”.
No distingue el redactor entre políticas de Estado, determinadas por el Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en un documento llamado “Chile quiere más cultura. Definiciones de Política Cultural 2005-2010” que trascienden las políticas de un gobierno y anuncios de medidas que un gobierno específico puede legítimamente hacer para el plazo de su mandato. Por tanto, constituyen esferas diferentes. Es sabido que el tipo de medidas a que alude el articulista no forman parte del espíritu ni del fondo de la Política Cultural del Estado de Chile.
Fin de las erratas.
Una afirmación final: “Es hora de que la política cultural que puso a andar el Presidente Lagos sea sometida a un escrutinio público y técnico más acucioso”.
¡Enhorabuena!
Ya era tiempo que se decidiera destinar espacios a evaluar una política cultural, a mi juicio exitosa, que ha motivado decenas de publicaciones al respecto a nivel nacional e internacional que no han sido recogidas ni asumidas en esas páginas y que además es permanentemente evaluada por quienes, por ley, la fijan y deben velar por ellas: los miembros del directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el que se encuentran, más allá de tres altos representantes del gobierno, ocho personalidades de la sociedad civil representativas del quehacer artístico, patrimonial y de la gestión cultural: dos representantes de las universidades, un miembro nombrado por el colectivo de los premios nacionales, y cinco nombrados a propuesta de las organizaciones culturales que no pueden ser removidos por la autoridad, dos de ellos, con acuerdo del Senado.
Ésto, en la literatura sobre políticas culturales se llama un Consejo de las Artes, basado en el principio de origen británico de la “distancia de brazos” o arms lenght que tiene varios significados, entre ellos: «evitar influencia gubernamental indebida sobre las artes». Es la política que aplican, en el Reino Unido, los Arts Councils en relación a los fondos que otorgan y que existe en la mayoría de los países del mundo con tradición en el desarrollo de la excelencia cultural.
En el modelo chileno vigente, se agregan a este modelo, estímulos tributarios como los que el redactor señala como camino casi único aunque, en verdad, no tan generalizado como cree. Sin duda la opción tomada por nuestro país lo supera y complementa. Es decir, hemos recogido lo mejor de ambos modelos.
Aún así, nada impide, sino al contrario, un serio debate público al respecto.
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