TERREMOTO, PATRIMONIO Y POLÍTICA CULTURAL

La naturaleza ha demostrado que puede influir decisivamente en las políticas de los humanos. Sea para demostrar su inutilidad, para rectificarlas o también para confirmar que van por buen camino. Incluso que deben apresurarse. Es lo ocurrido con el reciente terremoto y las políticas culturales hacia el patrimonio, su conservación, administración y difusión.


En el cuadro que sigue podemos apreciar cómo las Bases de nuestra política cultural -fondos concursables, infraestructura, audiencias y gestión- van apareciendo en los años recientes, quedando sólo pendiente aplicarlas en el sector del patrimonio. Es lo que nos debiera ocupar en la próxima década.

BASES DE POLÍTICA CULTURAL / AÑOS	HASTA 1989	1990 2000	2000 2010	2010 2020
GESTION	NO	Si	SI	SI
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	NO	NO/SI	Si	SI
FONDOS PARA LAS ARTES	NO	SI	SI	SI
CREACIÓN DE AUDIENCIAS	NO	NO/SI	SI	SI
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO	NO	NO	NO	SI

Hace algunos meses, nadie habría pensado que un terremoto sería el mejor aliado de las políticas pendientes sobre protección, mantención y difusión de nuestro patrimonio cultural. Hoy nadie duda que debe existir una política de reconstrucción, mantención y gestión de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales. El 27/02 se disiparon los últimos escollos que defendían el rol exclusivo del estado en la preservación del patrimonio. Hoy, ni siquiera el más espiritual de los párrocos afectados o el más institucional de los Obispos, dudan de que para reconstruir, mantener y reutilizar inmuebles, se requiere la participación de privados, de las audiencias (los fieles en términos de nuestro cura), por cierto del Estado, pero sobre todo es necesaria una gestión de dicho patrimonio material por parte de profesionales preparados y con herramientas para orientar el uso y conservación de la edificación.

Lo que, según se refleja en el cuadro inicial, era un pendiente de la política cultural de Chile, hoy parece cercano a concretarse. Literalmente.

No son la DIBAM, ni el Consejo de Monumentos Nacionales, ni la Iglesia Católica capaces de preservar, por sí solos, los tesoros arquitectónicos a su cargo. Son elocuentes los casos del Museo de Talca, el Museo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional y las decenas (o centenares) de iglesias afectadas por grietas u otras fallas estructurales. Tampoco la Universidad de Chile, como lo muestran las sedes del MAC, el Teatro Baquedano y su emblemática Casa Central, a pesar de los insistentes y prudentes llamados de alerta del Rector Víctor Pérez desde hace varios años.

Por otro lado, aquellas construcciones que han sido concebidas desde la vigencia en los 90s de nuestras políticas basadas en la trilogía infraestructura/audiencias/gestión cultural no sólo han conservado su edificación sino que han sido prestas en reaccionar para reparar daños menores y, sobre todo, abrir sus puertas al público para continuar con su misión cultural e incluso acoger a entidades y actividades de entidades damnificadas, como el Teatro Regional del Maule -que recibió a las oficinas regionales del CNCA- el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el MIM o el Centro Cultural Estación Mapocho.

Lo mismo ocurre con espacios nuevos que forman parte del boom de la infraestructura cultural de los últimos años, como son el Centro Cultural Gabriela Mistral o el Centro Cultural General Bernales, de Carabineros, que acogerá a parte de la programación de un dañado Teatro Municipal.

Todos ellos han incorporado la variable gestión en su actividad cotidiana y aún antes, en la concepción de sus espacios.

Por tanto, es urgente con la catástrofe, que ese mismo criterio comience a aplicarse en el área del patrimonio. Desde sus inicios, desde esa "zona cero" en que hoy se encuentra, tal como estaba -aunque por desidia humana y no por intervención natural- nuestra infraestructura cultural en 1990.

Estos 20 años de trabajo para crear prácticamente de cero la red de centros culturales chilenos, son el mejor modelo para iniciar la reconstrucción patrimonial. Por lo mismo,será la institucionalidad que ha acompañado a ese modelo la más adecuada para hacerse cargo de la tarea: el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, las corporaciones y fundaciones privadas sin fines de lucro y la Ley de Donaciones Culturales.

Dado ello, el camino no es "desvestir un santo para vestir otro". Se trata, en primer lugar, de evaluar el costo del emprendimiento y luego analizar -plan de gestión en la mano de la entidad que lo gestionará- cómo se va a obtener dicho recurso. Determinar cuánto pondrán los privados, cuánto el Estado, cuánto las audiencias, cuánto la cooperación internacional.

Lo peor sería echar mano a fondos como los concursables del CNCA que tienen ya inercia y dinámica y cuyo eventual frenazo tendría un costo invaluable para la creación artística que requiere un país tanto en la emergencia como en la normalidad. Los años que ha tomado constituir un modelo de elaboración de proyectos y asignación de recursos por pares y con transparencia forman parte de la solución al castigo que sufre nuestra arquitectura patrimonial y sin duda ayudarán a superar esta crisis.

Siguiendo el camino trazado, con énfasis en la recuperación patrimonial y sin afectar las bases de la política cultural que hemos establecido participativamente entre todos los integrantes del mundo de la cultura, estaremos más cerca de aquello que hoy Chile nos pide.