La exclusiva priorización que le dió el presidente Sebastián Piñera a esta ley, continuadora de aquella creada en 1925, habla de que pretende ser el gran logro legislativo, en cultura, de su segundo gobierno. En ese sentido su situación se parece mucho a ese 16 de mayo de 2000 cuando el presidente Ricardo Lagos anunció, en ceremonia en el museo de Bellas Artes, que se enviaría al parlamento la ley que creaba el CNCA. Tarea que asumió, con éxito, el profesor Agustín Squella
Durante la celebración del Día del Patrimonio Cultural 2019, en el Museo Histórico, Piñera y un conjunto de ministros firmaron un proyecto de ley que promueve el reconocimiento y cuidado del patrimonio cultural de Chile, desde edificios y monumentos hasta sus tradiciones y rituales. “Lo que busca -señaló- es centrar la protección a nuestra historia y a nuestra cultura, no solamente en los monumentos, sino que en todo lo que es patrimonio”.
“Considerando las demandas del patrimonio y de la ciudadanía respecto a él, la legislación vigente está obsoleta. Con este proyecto de ley esto se moderniza, se incorpora el concepto de patrimonio inmaterial, se moderniza el Consejo de Monumentos y tan importante como eso es la regionalización de la toma de decisiones a través de los Consejos Regionales del Patrimonio. Es un cuerpo legal que incluye la participación ciudadana en la gestión de nuestro patrimonio”, destacó la ministra Consuelo Valdés.
Dentro de los ejes del proyecto destaca la creación de Consejos Regionales del Patrimonio Cultural resolutivos a lo largo del territorio. También contempla una visión integral: Consejo de Monumentos Nacionales pasa a ser Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, superando la visión monumentalista del primero.
Se propone una gestión para la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio, asociando un plan de gestión patrimonial o plan de salvaguardia para los bienes culturales protegidos. Se creará un sistema de compensaciones e incentivos para la conservación del patrimonio y se plantea incrementar el Fondo del Patrimonio que administra el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, a través de la actual Ley de donaciones.
El proyecto refuerza la legislación para enfrentar el tráfico y daño al patrimonio protegido; contempla la creación de un Inventario del Patrimonio Cultural en Chile; la incorporación del delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales, y aumenta las multas por infracciones a la ley.
En una primera mirada, este proyecto, que involucra a una decena de ministerios, representa mayores dificultades que la tarea encomendada a Squella, pues apunta a modificar intereses creados durante mucho tiempo, lo que un servicio nuevo como el CNCA no pretendía; busca integrar conceptos de regionalización y participación, desconocidos en el mundo del patrimonio, y crea un Consejo nacional que podría entrar en conflicto con el recién constituido Consejo Nacional de las Culturas.
Una diferencia a favor es que quien llevará el trámite legislativo es una autoridad con rango de subsecretario -Emilio de la Cerda- mientras Squella era un asesor presidencial.
En todo caso, igual el proceso no debiera ser breve pues, mientras en el caso del CNCA había respaldo de debates y documentos generados en sendas comisiones, ministerial una -la que dirigió Manuel Antonio Garretón- y presidencial otra, que encaminó Milan Ivelic. Luego de ellas, un Encuentro de políticas públicas y legislación cultural, con más de 600 participantes, delineó en el Congreso, en 1996 el camino y prioridades que debería seguir la nueva institucionalidad.
Sin embargo, la tarea de De la Cerda cuenta con amplio respaldo interno debido al notorio retraso que ha sufrido el sector patrimonial desde 1990 y que se ha traducido en disímiles crecimientos presupuestarios.
Así lo ha entendido y ha hecho decenas de presentaciones sobre el proyecto a lo largo del país, dejando en claro que la discusión vendrá en el parlamento, iniciándose en los próximos dias en la comisión de cultura de la Cámara.
Así los hechos, hay una prioridad legislativa clara y un plazo definido, el final del gobierno en marzo de 2022, casi los mismos tres años que tomó a Squella.
Al mundo del patrimonio le corresponde, desde ahora, estar atento a las convocatorias del poder legislativo, preparar sus propuestas y seguir con atención el proceso que completará -e igualará la cancha para los sectores las culturas y el patrimonio- que hoy aparecen, en el nuevo ministerio, separados en sendas subsecretarías.
Luego vendrá la tarea -quizás para el próximo mandato- de establecer los puntos de encuentro y colaboración entre ambas áreas. Uno de ellos, quizá el mejor, sería un Consejo nacional de la infraestructura y la gestión, que siente en una misma mesa a los grandes establecimientos culturales públicos y de derecho privado.
Un intercambio tan necesario como provechoso.
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