28 agosto 2014

LA MINISTRA, EL MINISTERIO Y LOS PUEBLOS INDIGENAS


La institucionalidad cultural chilena sufrió, en días recientes, un cambio telúrico. Su eje se trasladó drásticamente desde Valparaíso a Temuco. No sólo porque la Convención Nacional del Consejo Nacional de la Cultura se desarrolló en el tradicional Hotel Frontera, sino porque tal entorno permitió que se dieran a conocer las dos claves de la administración Barattini: la Consulta Indígena y el proyecto de Ministerio, que a estas alturas no tiene garantizado ni siquiera su nombre.

En efecto, el debate en curso del posible cambio de institucionalidad sufrió dos episodios que lo condicionarán. Uno, la simple observación del sociólogo Manuel Antonio Garretón que consultó a la Convención porqué el Consejo Nacional de la Cultura  no tiene, legalmente, nada qué decir, por ejemplo, sobre derechos humanos, urbanismo o televisión cultural. Remató describiendo que tenemos una institucionalidad de aparatos y no de sustratos. Nadie lo contradijo porque, efectivamente, el Consejo Nacional de la Cultura fue construido para organizar, de un modo participativo y transparente, la distribución de los recursos (pocos) de que el Estado comenzó a disponer para la cultura, luego del apagón de la dictadura.

Es decir, a diferencia de las reformas que se persiguen en educación, tributos o el sistema electoral, la institución que en cultura se busca razonablemente perfeccionar no es una construcción autoritaria sino democrática en origen y desempeño.

De ello se desprende que no debiera tener las mismas prisas ni plazos. Al contrario, como señala Pedro Cayuqueo, "lo que Chile más necesita -y urgente- es un cambio cultural profundo, un mirarse al espejo, un reencontrarse con sus raíces, un reconciliarse con su historia".

Ningún cambio cultural profundo se consigue de un día para otro y lo que ha ocurrido en la XI Convención Nacional de la Cultura 2014 es sólo el comienzo. Lo sugerían la presencia de expositores como Eliucura Chihuailaf, José Ancán, José Aylwin, Claudia Zapata, Rosamel Millaman y el propio Cayuqueo, que salió en defensa de las críticas a la Ministra Barattini: "se cuestiona el atraso extremo de la agenda legislativa por causa de la consulta y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Y el poco avance en otras áreas supuestamente claves para los destinos culturales del país y el bendito ego de un selecto grupo de artistas y gestores culturales criollos. ¿Y cuánto han esperado los pueblos indígenas para ser escuchados y tomados en cuenta en esta fértil provincia llamada Chile? ¿Dos siglos desde la Independencia?, ¿130 años desde el despojo chileno del territorio mapuche?".

Luego de advertir esta nueva mirada de los tiempos, la Convención escuchó también a la asesora legislativa de Barattini, Vitalia Puga, exponiendo latamente los contenidos de la indicación sustitutiva del proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura, treinta y tres sustanciosas láminas que aparentan contener la totalidad de las aspiraciones que han ido apareciendo en los disimiles procesos de participación que han estado o están en curso.

En esencia, se busca crear un Ministerio manteniendo las instancias participativas del Consejo Nacional de la Cultura e incluso reforzando algunas con más integrantes "para lo cual también será relevante considerar los aportes provenientes del Plan de Participación, en particular de la Consulta Indígena que actualmente se está implementando".

El Ministerio tendría una subsecretaría, dos consejos nacionales -uno de las artes y otro de patrimonio- que dependerían del ministro/a al igual que los seremis en todas la regiones con sus respectivos consejos regionales. Este cuerpo tendría la misión de formular las políticas culturales.
Los consejos, el de las artes y el del patrimonio, serán una conexión directa con los intereses ciudadanos y con el mundo del arte y la cultura, cumplirán un rol relevante en la elaboración de políticas de todo el sector y propondrán las declaratorias de patrimonio en las categorías legales pertinentes. Ambos incluirán a representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil.

Aparte, y en la línea ejecutiva existirían dos servicios públicos que se relacionaran con el/la Presidente de la República a través del Ministro de Cultura. El servicio de Patrimonio que asume las actuales funciones de la Dibam y parte de las funciones del CMN (las restantes recaerán sobre el Consejo del Patrimonio) y se le dotará de organización interna idónea para asumir las tareas relativas al patrimonio cultural del país; su sede estará en Santiago.

Por su parte, el Servicio de las Artes e Industrias Creativas asume las tareas relativas al fomento del libro, la música, las artes audiovisuales, las artes escénicas, la artesanía, la arquitectura y las artes de la visualidad (diseño, fotografía, artes visuales y nuevos medios) y se hará cargo de las bibliotecas públicas del país. Su sede estará en Valparaíso. De este servicio dependerán los tres consejos sectoriales existentes: libro y lectura, audiovisual y música.

Sin duda, este somero relato deja muchos cabos sueltos y abrirá un debate sobre una proposición concreta, lo que es un avance, pero que requiere de tiempo, en especial para hacer coincidir en algún momento esta eventual futura institucionalidad ¿de la cultura o las culturas? con el llamado cambio cultural profundo: "por mucho tiempo se ha llamado artesania a nuestro arte -agrega Cayuqueo-, dialecto a nuestras lenguas y supersticiones a nuestra cosmovisión. Chile requiere transitar hacia un cambio cultural profundo y aquel es el desafio que se ha propuesto la ministra. Los pueblos indígenas, no sin dificultad, han debido lidiar con dos códigos culturales diferentes. El propio, fértil cantera de realismo mágico y universos azules; y el occidental, que hunde sus raíces en el racionalismo filosófico de los griegos. La mayoría de los mapuches transitamos ambos códigos culturales y de manera casi cotidiana. ¿Cuántos chilenos pueden recorrer hoy el camino inverso?".

Más allá de lo principal, hay cuestiones que siguen preocupando al mundo de la cultura. Se ha propuesto en repetidas ocasiones modificar la Ley de Premios Nacionales, ojalá acompañada de una política nacional de premios y reconocimientos, que resuelva también la crisis de los Altazor. Hay una preocupación por el papel de las artes en la educación formal. El mundo de la lectura y el libro ha iniciado con mucha fuerza un proceso de actualización de su institucionalidad y bien pudiera llagar a las escuálidas carpetas de los diputados de la Comisión de Cultura una propuesta de este sector antes de la indicación sustitutiva ministerial.

En definitiva, lo que viene será una etapa en la que con talento y claridad de objetivos coexistan una institucionalidad perfectible que, finalmente, es la que ha permitido llegar a develar todos los pendientes que hemos señalado, con un proyecto de nueva estructura más de sustrato que de aparatos, como los fondos concursables, y que sea muy relevante, a largo plazo, para los pueblos indígenas del país.

No estamos ante un desafío simple, que puede dejarnos, si lo hacemos bien, así como fue el Consejo Nacional de la Cultura  en su momento, en un lugar de avanzada entre los organismos culturales de nuestro continente.

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