La Ministra Claudia Barattini, en entrevista de prensa reciente, consultada sobre la suerte que correría, con el nuevo proyecto de ley de ministerio, el aparato colegiado del Consejo Nacional de la Cultura, reconoció hidalgamente que el proyecto crea un Consejo de la Cultura "que asesorará al ministro en el diseño de las políticas culturales y patrimoniales" y un Consejo del Patrimonio, responsable de informar en relación a la declaración de Monumentos Nacionales, sobre patrimonio inmaterial y tesoros humanos vivos. "Lo que cambia es que no es vinculante. Pero es incidente, porque el ministro está obligado a consultar. Es lo más avanzado que podemos generar con la actual Constitución y con la Ley de Administración Pública, para que el proyecto no tenga objeciones constitucionales".
- Ese es el costo de pasar de una lógica de Consejo a una de Ministerio, agregó, nuestra propuesta es que los temas en los que el ministro tenga que escuchar, consultar, asesorarse, sean bastante amplios. Llevado al extremo, efectivamente se podría decir que finalmente decide el ministro, pero decidir en contra de un Consejo es difícil.
No fue necesario agregar que desaparecen los vigentes comités consultivos nacional y regionales, que nada se dice de las Convenciones nacionales y regionales y que los consejos sectoriales del libro y lectura, audiovisual y música se subsumen en un servicio público ejecutor de políticas, lo que podría llevarlos a languidecer en corto plazo.
Tampoco que tales consejos asesores serán remunerados, que aumentan su número de integrantes respecto del actual Directorio del Consejo Nacional de la Cultura, que se elimina de ellos la figura de los gestores culturales privados, reduciendo los actores culturales a representantes de los artistas. Tampoco se aclara su forma de remoción, hasta ahora imposible por la autoridad administrativa. Todo lo cuál podría incidir en los grados de autonomía de los futuros consejeros.
Puede verse en ello un retroceso hacia formas de presidencialismo clásico, como el que resume la imagen del inicio. Si hay en la administración pública chilena alguna institución nacida y criada en la democracia post dictadura esta es el Consejo Nacional de la Cultura. Es poco coherente verla convertida en un Ministerio vertical en que se imponen las políticas que dicta el Presidente a través de su Ministro y la ciudadanía acata; toda vez que hace sólo diez años el Presidente Ricardo Lagos instruyó al flamante primer ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura: "todos los demás Ministros cumplen lo que yo digo, usted deberá cumplir lo que el Directorio Nacional acuerde".
Sin embargo, la Ministra es honesta al reconocer el zapato chino en que está su proyecto, sin duda no calzado por ella sino por la administración anterior y, es justo agregar, acatado por algunos partidarios de la Nueva Mayoría.
Ministerio, es una promesa, pero implica un retroceso indudable en participación, de la mano de la desaparición de la palabrilla aquella: vinculante. Consejo, es una realidad con dificultades prácticas, sobre todo en la forma en que (no) se relaciona con el sector del patrimonio y que perdería sentido como formulador de políticas al asumir la precariedad de otra palabreja: incidente.
Es verdad que Barattini ha mostrado un estilo que le costaría decidir en contra de un consejo, pero ella no será ministra por siempre y sabemos cómo la autoridad -y esto no excusa a las futuras- ha prescindido de consejos que no son vinculantes.
De modo que el debate se ha planteado entre quienes prefieren perder incidencia en la formulación de políticas a cambio de ordenar el mundo cultural, patrimonial y artístico bajo una sola mano pública y quienes prefieren conservar -con perfecciones- aquello tan difícilmente obtenido que permite a los creadores, gestores y patrimonialistas, públicos y privados, de organizaciones sociales y sin fines de lucro, intervenir en la formulación y evaluación de las políticas culturales, sin posibilidades de ser removidos por la autoridad y en consejos en los que los representantes de órganos del gobierno en ejercicio constituyen minoría, no obstante tienen originales formulas de considerar integrantes de gobierno y oposición.
Pero, hay más. Estamos en un gobierno caracterizado por la participación de la ciudadanía. Cuándo se creó el CNCA, en 2003, se hablaba menos de participación, pero las consultas fueron muchas, con la convicción que se estaba construyendo un consejo colegiado y vinculante. Tal vez por eso se apura la Ministra en aclarar que "el borrador de proyecto es una propuesta que puede modificarse, en función de la consultas con los pueblos originarios y otros sectores".
Con poética paciencia, debemos pensar entonces que las merecidas celebraciones del centenario de don Nicanor nos jugaron una travesura haciéndonos creer que los mecanismos de participación vinculante -creados en democracia- que tenemos y no queremos perder, se convertirán en participación imaginaria en un ministerio imaginario, con un ministro imaginario que seguirá los consejos imaginarios que consejeros imaginarios le brinden en contundentes sesiones imaginarias.
Con Parra todo es posible. Por ahora, celebremoslo. Ya vendrá el debate
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