En columna de opinión publicada el 17 de marzo, en El Mercurio, el economista Sergio Urzúa cita "El tercer pilar", el más reciente libro de Raghuram Rajan, profesor de Chicago y ex gobernador del Banco Central de la India, que, en esencia, plantea que "los problemas actuales de las democracias liberales nacen del desbalance de los tres pilares que las sustentan: mercado, Estado y comunidad. Mientras los dos primeros ampliaron sus ámbitos de acción, reduciendo la pobreza, generando empleos, promoviendo movilidad social, el tercero, ese grupo social que reside físicamente en un sitio específico, que comparte una cultura y define nuestra identidad, la comunidad, se quedó atrás".
Las consecuencias del desacople -para Rajan- son múltiples. Por de pronto, la evidencia indica que la felicidad depende de cuán sólido sea nuestro círculo más cercano. Las redes sociales nos conectan, pero no generan humanidad ni amistad. Así, el paradójico malestar frente al progreso podría anclarse en la disfuncionalidad de nuestro entorno.
La situación, agrega Rajan, es caldo de cultivo para el populismo, que brota con fuerza tanto en la izquierda como en la derecha radicales. La primera culpa al mercado y propone erradicarlo. La segunda, al Estado e impulsa el nacionalismo. Ambos extremos se equivocan. Las personas desean mercados que operen con reglas claras y competencia justa, que activen la economía local. Demandan, además, un Estado moderno y responsable, que cubra riesgos y extienda nuevos puentes para progresar.
Si aplicamos este concepto a la cultura -que tambien debe temer de los populismos y autoritarismos de uno u otro sector- podríamos encontrar que ésta ha quedado recientemente, en nuestro país, a merced del Estado y, en menor grado, del mercado. La creación de un Ministerio -deseado por muchos como respuesta a los problemas de financiamiento- hasta ahora, no ha resultado tal. Por el contrario, desde el poder central han aparecido preocupantes señales que intentan reducir los aportes públicos a instituciones colaboradoras, evitados en un primer momento pero no aplacados del todo. De hecho, al eliminar el recorte de un 30% del aporte fiscal, se ha conservado la obligación de que algunas de esas entidades contribuyan a su financiamiento al menos con un 10% de su presupuesto; junto a un peligroso retraso en la firma de los respectivos convenios anuales que obliga a adquirir préstamos para cubrir los inevitables gastos del primer trimestre del año.
En la práctica se está modificando, por secretaría, mecanismos habituales de financiamiento de instituciones. Abriendo una puerta para que -eso dice la señal- el mercado haga su parte.
Se desatiende así el concepto de comunidad, que en estos términos, podría asimilarse al de públicos o audiencias.
Es decir, se está desaprovechando la oportunidad histórica, que la existencia del Ministerio obliga, de dar un vuelco al sistema de financiamiento público de la cultura.
Recordemos que éste se construyó paso a paso y según las condiciones históricas. Primero - en 1929- se decidió que el Estado y solo el estado financia la custodia y defensa del patrimonio, con resultados lamentables que -dictadura y pobreza mediantes- tienen a ese sector muy desmejorado.
Las artes se financiaban a través de la Universidad de Chile, tambien con dinero público, hasta que en los 90 se establecieron financiamientos mixtos, vía fondos concursables y ley de donaciones.
Como es obvio que las instituciones no pueden ser financiadas por concursos anuales, se fueron creando diferentes glosas presupuestarias para organizaciones culturales, en la medida de lo posible. Así se creó primero el CCEM completamente autofinanciado, a inicios de la democracia recuperada; luego, cada mandatario fue incorporando a glosas sus respectivas creaciones como el MIM, en el caso de Frei Ruiz Tagle; la FOJI, Artesanías de Chile, CCPLM, BAJ, Matucana 100, en el caso de Lagos; GAM, Museo Violeta Parra, en el caso de Bachelet.
A estos se agregaron algunas instituciones, según su capacidad de influencia, tan disímiles como el Museo Pre Colombino o Teatro a mil. Que se sumaron a financiamientos históricos como el Teatro Municipal de Santiago, la SECH y la APECH.
Como resultado de esto, y de cara a la creación del Ministerio, tenemos la oportunidad -y la obligación- de ordenar los diferentes tipos de financiamiento público, preservando espacios para las fuentes mixtas, indispensables para no tener una cultura vulnerable Estado-dependiente.
Desde luego, deben ser muy diferentes los financiamientos públicos a las personas -creadores, gestores, artesanos, becas- que a las instituciones sin fines de lucro.
Para las personas, el mejor sistema ha sido y seguirá siendo, con perfeccionamientos menores, los fondos concursables anuales.
Para las instituciones, debe crearse un fondo plurianual, que financie a los museos, los centros culturales, los espacios culturales en general, sometidos a una evaluación basada en la calidad de su gestión y su capacidad de obtener recursos complementarios, vinculada a las condiciones objetivas de su misión. Y con la posibilidad que las personas hagan aportes directos a la institución de sus amores.
El financiamiento destinados a elencos estables debe tener tambien sus propias reglas, considerando la estabilidad laboral que merecen sus integrantes. Ello implica que, en el caso de instituciones que administren espacios y elencos, a la vez, debe crearse un sistema de evaluación particular que evite que se obtenga recursos para un aspecto y no el otro. En todo caso, la tendencia debe ser a que todo elenco debiera tener itinerancias en infraestructuras que reciben financiamiento público.
El único elemento que no se puede desatender es que en todo financiamiento público -salvo justificadas excepciones- debe dejarse espacios para la intervención de financiamientos privados y de lo que Rajan llama la comunidad.
Solo este tipo de aportes mixtos de Estado, mercado y audiencias, asegura lo más relevante para la cultura: la libertad para crear y divulgar las artes, sin tener una dependencia exclusiva de un sector.
La forma de asegurarlo es la existencia de instancias colectivas, de participación ciudadana, tanto en más alto nivel del Ministerio como en cada una de las instituciones sin fines de lucro que recibirán los aportes.
Es el momento de avanzar hacia ello.
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