Mientras más se adentra el Consejo Nacional de la Cultura en la consulta indígena, queda la impresión que con la misma fuerza se escapa aquella meta de tener -ya no en los cien primeros días, tampoco en los cien segundos- presentada una indicación sustitutiva del proyecto de Ministerio de Cultura. Sin embargo, la Ministra Barattini parece estar tranquila y segura en que está haciendo lo correcto. Pero el atraso del Ministerio no debiera impedir, sino estimular, la presentación de proyectos de leyes sectoriales que alivien este incumplimiento que parece ir por el camino lento, pero sabio, de escuchar. Entre ellas, la delantera parecen llevarla las artes escénicas y el libro aunque no deben olvidarse aquella del CMN y los premios y estímulos. Sin descartar que aparezcan otras, en este "río revuelto", como una ley sobre artesanías.
Los premios y estímulos claman por orden y coordinación. Ya no sólo los premios nacionales que definitivamente entraron en crisis con el reciente otorgamiento del Premio de Literatura que causó poco impacto en la prensa y menos en librerías. Costaba encontrar a los postulantes en vitrinas y escaparates destacados. Sólo quedó en la retina las andanadas de puyas -redes sociales mediante- contra quién merecidamente ganó, en buena lid, dentro de la legislación vigente. Considerar realidades nuevas como la existencia del Consejo Nacional de la Cultura, las universidades públicas y privadas creadas después de la ley original, nuevas disciplinas que exigen ser reconocidas y recompensadas, el hecho de que también los postulantes viven más que antaño y por ende se acumulan más meritorios aspirantes que aconsejarían volver a la anualidad, son situaciones que en este máximo premio deben considerarse. Una puesta al día de jurados, disciplinas y plazos. Junto con revisar la vergonzosa situación de tener que esgrimir postulaciones de intelectuales que debieran ser más que conocidos por un jurado de notables.
Otros galardones también requieren ordenarse. El Consejo del Libro y la Lectura entrega los premios literarios más sustanciosos de la plaza que alcanzan un impacto muy por debajo de los estímulos que crean empresas o periódicos, peor dotados económicamente.
En los premios Altazor se da la curiosa situación que quienes lo organizan parecen querer deshacerse de su criatura. Como concepto, es una especie de academia hollywoodense en la que los pares premian a sus mejores, lo que debiera recibir un aporte estatal que asegure su permanencia. No parece ser papel de una sociedad de derechos de autor, con intereses corporativos muy definidos, organizar premiaciones a un alcance y costo que la excede.
Las ordenes al mérito, también requieren una mirada. La más prestigiosa y antigua es la Orden Gabriela Mistral, que otorga el Ministerio de Educación, por un trabajo de excelencia en docencia y cultura -como Gabriela- en tres diferentes grados. El primer directorio del Consejo Nacional de la Cultura creó en 2004 la Orden al Mérito Pablo Neruda, que sigilosamente fue transitando desde su órgano colegiado al Ministro Presidente -buena metáfora de los tiempos- y quizás debiera volver a recuperar su espíritu original toda vez que ese Directorio fue el primer órgano de la República que considera a un galardonado por el Premio Nacional entre sus integrantes.
El teatro y las artes escénicas también requieren de una legislación, pendiente desde que se privilegió a las artes que constituyen industria (música, literatura, artes visuales) con el objetivo de introducir el factor sociedad civil en la asignación de recursos públicos a esas disciplinas que deben emergen en una situación de mercado compleja por decir lo menos, ante la formidable industria competitiva de la entretención y los medios masivos.
El teatro, en especial aquel que no es bendecido por la varita mágica de los festivales o la TV para ciertos rostros, requiere de apoyos públicos que complementen a los fondos concursables y legislación que sustente la difícil vejez de quienes desgastan una vida en los escenarios. También se ha escuchado a la autoridad actual ofrecimientos de apoyos económicos permanentes a salas de artes escénicas. En la actualidad, organizaciones de la sociedad civil, avanzan en un ante proyecto al respecto.
Más adelantados están las modificaciones a ley del libro y la lectura que ha encabezado el Consejo Nacional de la Cultura a través del consejo respectivo. Lo que se busca es también actualizar una legislación de diez años para un sector que ha visto aparecer novedades como el libro electrónico, la centralidad de las bibliotecas reforzadas por sólidas web como, por ejemplo, Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional, o la dramática reducción del número de las editoriales internacionales. Es muy posible que nuevamente el sector de la lectura y el libro -en este nuevo orden- ocupe el primer lugar de la renovación de nuestra legislación cultural.
Ello, sin desconsiderar que la Ley de Monumentos Nacionales vigente merecería se declarada tal y rápidamente actualizada. Hay propuestas surgidas de organizaciones de barrios patrimoniales y otras organizaciones sociales.
Estas u otras iniciativas legales contribuirían además a aligerar la sequía legislativa en materia cultural que afecta a la Comisión respectiva en loa Cámara de Diputados. También en este caso, una lluvia de proyectos, sea de iniciativa gubernamental o parlamentaria, sería muy bienvenida.
Es notorio, eso si, que casi todas estas iniciativas están vinculadas a movimientos sociales que las impulsan. Excepto aquella de los premios, espacio donde los ya galardonados debieran tener poco interés por cambiar la situación y los eventuales ganadores futuros, un cierto pudor ...
Una gran oportunidad para los legisladores.
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