En cuatro mesas, bien servidas de críticas, análisis y propuestas, los gestores culturales, convocados por el Consejo Nacional de la Cultura a discutir el Borrador de indicación sustitutiva del proyecto de ley eventual Ministerio de Cultura, dieron cuenta de un documento con más falencias que aportes, incorporando sugerencias, recuperando el insustituible rol de estos profesionales en el desarrollo cultural chileno y, desde ahora, en la construcción de un nuevo proyecto de ley, anclado en la realidad.
La historia comenzó cuando el Borrador, conocido en Temuco el 23 de agosto pasado, prescindía completamente de los gestores culturales que, por ley vigente del Consejo Nacional de la Cultura forman parte de los profesionales y académicos elegibles para el Directorio Nacional, tienen un asiento en el Consultivo Nacional y eran habitualmente consultados para elaborar los planes de gestión de los nuevos centros culturales que constituyen la red que impulsa este servicio público.
Continuó con la no inclusión de esta especialidad entre los foros ciudadanos que, en número de diez, buscaban la participación sectorial en sendos encuentros en el hermoso Teatro Huemul del barrio Franklin, en Santiago centro. Sin embarco, advertidas a tiempo, las autoridades agregaron un undécimo foro ciudadano que se llevó a cabo el jueves 20 de noviembre en la misma sala patrimonial.
La reunión, que comenzó con la exposición de la abogada Karen Soto, tuvo un momento de reconciliación cuando, ante la solicitud de explicación por esta grave omisión, la asamblea de medio centenar de profesionales recibió las excusas y comprensión de parte de la expositora y de los funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura que atendían el foro.
Luego vino el trabajo en comisiones, en las que los asistentes -directivos, académicos y estudiantes de los postgrados de la Universidad de Chile y de Santiago, directores de centros culturales, gestores municipales, dirigentes de Ad Cultura, ejecutivos del proyecto Trama y una amplia variedad de trabajadores de la gestión en cultura- expusieron sus observaciones al borrador.
Las principales de ellas tienen relación con la pérdida de una representatividad amplia en los órganos colegiados, que es reemplazada por representantes sectoriales, algunos de los cuales incluso tienen dependencia administrativa del propio Consejo Nacional que integrarían. Se habló de una pixelización o gremialización de los órganos participativos, pidiendo que ésta se reemplace por consejos representativos de la totalidad del sector, con componentes técnicos y autoridades políticas (ministros de otras carteras). Una estructura bastante similar a la del actual Directorio Nacional, al que se agregarían representativos de los pueblos indígenas y de organizaciones ciudadanas, como sí contempla el Borrador.
Reparos similares se formularon a otras estructuras participativas como los consejos regionales y Consejo del Patrimonio. Junto a ello se observó la inconveniencia de construir estructuras sin tener del todo claras sus funciones.
Asimismo se aconsejó revisar la presencia de instituciones de escasa relevancia en el desarrollo cultural presente, en tales órganos colegiados.
Respecto del tema de la participación y el carácter vinculante de los resultados de la misma, se llegó a la conclusión que el esquema de ministerio, tal como se plantea, retrotrae el vigente carácter de diseñador de políticas del Consejo Nacional de la Cultura, con ambición de políticas de Estado, para reducirlo a un órgano que asesora a un Ministro que a su vez propone al Presidente de la República dicho diseño.
Se corre así el riesgo de reemplazar un modelo de políticas a largo plazo por un sistema que las modificaría cada cuatro años, con cada elección presidencial. Un retroceso.
En términos de lenguaje, parece innecesario incorporar el concepto de industrias creativas al nombre del servicio público encargado de las artes, de hecho los consejos sectoriales existentes y que formarían parte de ese servicio ya consideran los aspectos de fomento y artes en su definición.
Se plantearon asimismo dudas respecto de la ubicación de las bibliotecas públicas en este servicio, en desmedro de su actual ubicación en su par del patrimonio.
En relación a la presencia de representativos regionales en los órganos nacionales se propuso que los consejos regionales no fueran presididos por funcionarios públicos -Seremis en el Borrador- para permitir que la representación de la diversidad regional en instancias nacionales la asumiera un integrante administrativamente independiente del Ministro.
Como se ve, la mirada amplia de los gestores, propia de su trabajo, pero ausente hasta ahora, entrega una riqueza difícil de encontrar en posturas sectoriales que tienden, explicablemente, a reivindicar intereses corporativos.
Quienes deben seguir con este proyecto tienen en este colectivo una eficaz ayuda para encontrar una postura reflexiva y generalista, tan estimulante como necesaria, para legislar.
Y coherente con la búsqueda de un lugar central -no sectorial- para la cultura, que ha anunciado recientemente la Ministra Barattini, como aspiración para su mandato.
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