HERMOSO PROYECTO CULTURAL SE ARRIENDA

“Falta una institucionalidad cultural imparcial que, fomentando la cultura, garantice al mismo tiempo el pluralismo”. Sorprendente conclusión de un editorial de El Mercurio del 28 de julio. Más sorprende cuando erige como legítima la parcialidad que surgiría de una “teleserie truculenta” en la televisión estatal por que ésta se emite “con respaldo de su directorio y con fondos propios, proveídos por sus avisadores”.

Desde 2004, todos los caudales asignados por el Fondart y los demás fondos concursables sectoriales son entregados con respaldo del Directorio Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes además de pasar por estrictas evaluaciones de pares y comités técnicos. Tal directorio posee una diversidad semejante a la del Directorio de TVN, incluso con dos de sus miembros aprobados por el Senado, y una mayoría abrumadora -8 de 11- de personalidades representativas de la sociedad civil. Ergo, para el articulista, lo que le falta a la institucionalidad cultural para ser imparcial -el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes fue creado por ley de la República con los votos de parlamentarios de todos los sectores-, son recursos provistos por los “avisadores”.

Pero, la citada ley señala que los recursos concursables provienen de fondos públicos y no de aquellos. Se propone en el comentario que, para ser imparciales, sólo debieran existir fondos apara apoyar el arte surgidos de los auspiciadores, evitándose así “el sesgo de quién ejerce el poder”.

Gran noticia para los miles de creadores que postulan año a año a los diferentes fondos concursables. Se acaba la pesadilla de escribir proyectos y la angustia de esperar sus resultados. Sólo será necesario poner un simple aviso de fondo rojo y letras blancas: SE ARRIENDA o SE VENDE, en la carátula de un producto cultural.

Ahora, si por alguna misteriosa casualidad, no se arrienda ni se vende, sencillamente deberán hacer un nuevo intento hasta que el mercado los acoja.

Por favor, pongámonos serios. Los lectores lo merecen y la trayectoria de un diario tan antiguo también. No existe en el mundo un país que no asigne recursos públicos para el arte y la cultura, tampoco un sistema de asignación de esos recursos más imparcial y transparente que el chileno, semejante a los Art Council de los países de la comunidad británica.

Que este sistema acepte en ocasiones proyectos que no son del gusto universal o que beneficie a personas con comportamientos privados o clandestinos que no alcanzan a ser evaluados por quienes corresponde, es parte del juego. No se evalúa conforme a prejuicios sino a calidad artística, no se evalúa opciones sexuales o políticas de las personas, sino proyectos. Y esta capacidad de evaluación no es idéntica a la capacidad (financiera) de poner avisos. Aquí participan personas tanto o más conocedoras de las artes que los postulantes, justifican sus determinaciones y, además, se hacen públicas. Es, en definitiva, un sistema más participativo que aquel sugerido de “fondos de particulares que aprecien (las manifestaciones artísticas) y deseen erogar para su producción”. Sistema que por lo demás está disponible en la llamada Ley de Donaciones Culturales y que, a pesar de disponer que el Estado financia el 50% de lo que ponen los particulares por la vía de la rebaja tributaria, no logra satisfacer ni el equivalente a la mitad de lo asignado a los creadores. En un mismo año (2006) los fondos públicos concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes distribuyeron entre los postulantes 9 mil millones de pesos, obviamente sólo una parte de lo solicitado. Los aportes reales de los privados fueron de 4,2 mil millones, a los que se debe sumar igual cantidad de dineros no percibidos por el estado por concepto de impuestos, otro aporte público.

Suponiendo que los “avisadores” hicieran un maratónico esfuerzo por alcanzar las cifras de la “demanda” de los creadores, aún restaría saber cuánto proyectos serían desechados no por su calidad sino por su “sesgo”.

Me temo que tanto los creadores como las audiencias van a preferir la “parcialidad” de una institucionalidad participativa, autónoma y descentralizada, complementada con excepciones tributarias y aportes de las personas, vía taquilla.

Es lo que hay.