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| “Digan que voy sin novedad” Thomas Somerscales. Museo Baburizza |
Después del golpe inicial que significó la pandemia del COVID 19 en el mundo en general y la cultura en particular, recién, un par de meses después, están apareciendo las primeras reacciones desde las autoridades, las instituciones y los ciudadanos respecto de cómo afectará el "bicho" al desarrollo cultural.
Pero, para que exista desarrollo cultural, debe sobrevivir aquello a desarrollar, por tanto, la primera tarea es la supervivencia. Literalmente. Y la primera sobrevida son las personas y luego las instituciones.
La situación de las personas vinculadas a la cultura.
Como le he escuchado al abogado Gabriel Zaliasnick, "las sociedades, cuando no entienden lo que pasa, se miden". Es exactamente lo que hizo el Ministerio de Culturas, con una improvisada encuesta que intenta medir el tamaña del estropicio. El resultado es que se inscribieron, como afectados, quince mil personas e instituciones, para un presupuesto de primeras re asignaciones de quince mil millones de pesos. Un millón para cada uno.
Pero, en el mundo en que vivimos, la asignación de recursos públicos tiene estrictas reglas. Y en cultura la regla madre es la concursabilidad. Por tanto, se debe realizar concursos -urgentes pero no inmediatos- por la obvia necesidad de establecer las reglas del juego.
El subsecretario Juan Carlos Silva fue claro en una sesión de la comisión de cultura de la Cámara de diputados y diputadas, desafío a los gremios de la cultura allí presentes a darle a conocer algún mecanismo "no discrecional" para distribuir recursos en esta coyuntura.
En la misma sesión, el diputado Marcelo Diaz fue más preciso ante la demanda de los gremios por mayores recursos a asignar: "el problema de fondo es estructural, la escasa presencia de la cultura en el presupuesto nacional. Si hubiese una mayor participación habría mayor reasignación".
Lo que significa que solo se puede re asignar de lo que hay y si lo que existe es poco, el necesario rescate urgente no pasa por el ministerio específico sino por la reglas generales con que el gobierno está favoreciendo a la ciudadanía.
Esto es el auxilio a las pequeñas y medianas empresas, la ley FOGAPE, por una parte. Y que, en simple, es un créditos bancario con garantía estatal seis meses de gracia y 48 cuotas, prácticamente sin intereses, para unidades económicas consistentes en el equivalente a tres meses de facturación, en régimen normal (se mide como año normal los doce meses previos a octubre de 2019).
Por otra parte, están los apoyos a quienes viven de sus boletas de honorarios y por otra a quienes no perciben ingresos formales.
La situación se complejiza cuando hay un cuarto sector del mundo cultural que pone sobre el tapete, su situación, privilegiada respecto de aquellos ya mencionados: quienes tienen ingresos asegurados debido a su condición de empleados públicos o de instituciones que reciben transferencias al sector privado, aseguradas por glosas legales.
Con acierto, perciben que tales ingresos pueden verse mermados en el presupuesto del 2021 debido a que obviamente, las re asignaciones y medidas de emergencia alguien las tiene que pagar en el futuro cercano. Por tanto, ya están reclamando contra eventuales e inevitables recortes.
Protesta que, debido a su estabilidad laboral y la consiguiente mayor capacidad de organización gremial, tiende a amplificarse y -lo que es complicado- confundirse con los reclamos de quienes carecen de tal estabilidad y poseen organización gremial más débil y una urgencia inminente.
No hay que confundirse entonces: la mayor preocupación debe estar en la mayor urgencia, quienes, en ese orden, no tiene ingresos fijos, quienes los adquieren vía honorarios variables y quienes se sostienen como pequeñas empresas que dependen del flujo de personas que acceden -o no- a sus creaciones y servicios.
Es el caso de las salas de artes escénicas que dependen de su taquilla; de las industrias editorial, audiovisual o musical que viven de sus ventas de libros, fonogramas, conciertos o producciones, o de los museos y centros culturales que dependen de las muestras que exhiben y/o espacios que arriendan. Caso especial son quienes, como la Fundación Neruda o el museo Pre colombino, son turismo extranjero dependientes en gran parte.
Hay que agregar que las industrias culturales tienen un mecanismo ya existente de asignación de recursos concursables, que puede ajustar, con participación de la sociedad civil, a la situación. Es el caso de los tres consejos sectoriales -libro, música y audiovisual.
Por su parte, las salas y espacios culturales son lugares naturales para otorgar fuentes laborales a miles de artistas e interpretes.
Por ello parece acertado que una de las líneas de reasignación de recursos del ministerio de culturas (tal vez la mayor, de casi 8 mil millones de los quince), vaya en esa dirección.
Sin duda, lo dicho no será suficiente para enfrentar la severa crisis, pero al menos intenta ordenar la manera de hacerlo.
Por el contrario, no ayuda el clamor de -en estas penosas circunstancias- cambiar de raíz el modelo cultural que nos rige, por cierto, sin claridad alguna del por qué otro modelo reemplazarlo.
Ya vendrá la posibilidad de hacerlo, cuando, como lo anticipó Somerscales, podamos decir "vamos sin novedad" y con aguas mansas, en el programado debate constitucional. No es saludable, en medio de la tormenta y mares procelosos, discutir sobre las ruta de navegación.
Pensar como Guillermo Calderón, en La Tercera del 5 de mayo: “que entonces el país se comprometa en el largo plazo y con grandes inversiones en la cultura y no con métodos paliativos. Siempre es aterrador para los trabajadores de la cultura escuchar la frase "fondo concursable". Sin embargo, no tenemos alternativa".
Esto es el auxilio a las pequeñas y medianas empresas, la ley FOGAPE, por una parte. Y que, en simple, es un créditos bancario con garantía estatal seis meses de gracia y 48 cuotas, prácticamente sin intereses, para unidades económicas consistentes en el equivalente a tres meses de facturación, en régimen normal (se mide como año normal los doce meses previos a octubre de 2019).
Por otra parte, están los apoyos a quienes viven de sus boletas de honorarios y por otra a quienes no perciben ingresos formales.
La situación se complejiza cuando hay un cuarto sector del mundo cultural que pone sobre el tapete, su situación, privilegiada respecto de aquellos ya mencionados: quienes tienen ingresos asegurados debido a su condición de empleados públicos o de instituciones que reciben transferencias al sector privado, aseguradas por glosas legales.
Con acierto, perciben que tales ingresos pueden verse mermados en el presupuesto del 2021 debido a que obviamente, las re asignaciones y medidas de emergencia alguien las tiene que pagar en el futuro cercano. Por tanto, ya están reclamando contra eventuales e inevitables recortes.
Protesta que, debido a su estabilidad laboral y la consiguiente mayor capacidad de organización gremial, tiende a amplificarse y -lo que es complicado- confundirse con los reclamos de quienes carecen de tal estabilidad y poseen organización gremial más débil y una urgencia inminente.
No hay que confundirse entonces: la mayor preocupación debe estar en la mayor urgencia, quienes, en ese orden, no tiene ingresos fijos, quienes los adquieren vía honorarios variables y quienes se sostienen como pequeñas empresas que dependen del flujo de personas que acceden -o no- a sus creaciones y servicios.
Es el caso de las salas de artes escénicas que dependen de su taquilla; de las industrias editorial, audiovisual o musical que viven de sus ventas de libros, fonogramas, conciertos o producciones, o de los museos y centros culturales que dependen de las muestras que exhiben y/o espacios que arriendan. Caso especial son quienes, como la Fundación Neruda o el museo Pre colombino, son turismo extranjero dependientes en gran parte.
Hay que agregar que las industrias culturales tienen un mecanismo ya existente de asignación de recursos concursables, que puede ajustar, con participación de la sociedad civil, a la situación. Es el caso de los tres consejos sectoriales -libro, música y audiovisual.
Por su parte, las salas y espacios culturales son lugares naturales para otorgar fuentes laborales a miles de artistas e interpretes.
Por ello parece acertado que una de las líneas de reasignación de recursos del ministerio de culturas (tal vez la mayor, de casi 8 mil millones de los quince), vaya en esa dirección.
Sin duda, lo dicho no será suficiente para enfrentar la severa crisis, pero al menos intenta ordenar la manera de hacerlo.
Por el contrario, no ayuda el clamor de -en estas penosas circunstancias- cambiar de raíz el modelo cultural que nos rige, por cierto, sin claridad alguna del por qué otro modelo reemplazarlo.
Ya vendrá la posibilidad de hacerlo, cuando, como lo anticipó Somerscales, podamos decir "vamos sin novedad" y con aguas mansas, en el programado debate constitucional. No es saludable, en medio de la tormenta y mares procelosos, discutir sobre las ruta de navegación.
Pensar como Guillermo Calderón, en La Tercera del 5 de mayo: “que entonces el país se comprometa en el largo plazo y con grandes inversiones en la cultura y no con métodos paliativos. Siempre es aterrador para los trabajadores de la cultura escuchar la frase "fondo concursable". Sin embargo, no tenemos alternativa".
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