24 agosto 2008

AQUILES, LA CULTURA Y LA DERECHA POLÍTICA

El 17 de agosto, Reportajes de El Mercurio, se preguntaba si las políticas culturales serían en Talón de Aquiles de la derecha. El mismo diario se responde, en Editorial del 24 de agosto titulada “La derecha política y la cultura”, que tal hipótesis “quizás no es del todo justa”.

El académico Cristián Antoine en el blog del diario explica que “hablar de políticas culturales de derecha es una reducción muy limitante. Necesitamos auténticas políticas culturales, bien hechas, mejor pensadas y eficientemente aplicadas. Todas evaluadas. Ello, independiente de quien se siente en La Moneda”.

Sin considerarlo, el Editorial se apresura a dar tres consejos: “una política cultural con posibilidades de real impacto debería concentrarse en preparar las necesarias modificaciones a la Ley de Donaciones Culturales, que le devuelvan su perdida eficacia y la refuercen; promover urgentes reformas a las leyes de Monumentos Nacionales y General de Urbanismo y Construcción, para crear la institucionalidad y el sistema de incentivos económicos y tributarios indispensables para la conservación, restauración y difusión del patrimonio histórico, tangible e intangible, y una revisión sustancial del sistema de fondos concursables, sobre todo en el área de subsidio a la creación”.

Es decir, se sugiere a la “derecha política” profundizar en dos líneas de políticas creadas, aplicadas y priorizadas por gobiernos de la Concertación –antes de 1990 no existían ni la Ley de Donaciones ni el Fondart- y una legislación que está a punto de enviarse al Parlamento, tal como lo reiteró la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el viernes 22 de agosto ante la Quinta Convención Nacional de ese organismo.

Además, la autoridad recordó que “según la Fundación Participa, los fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se ubican como uno de los más transparentes del Estado. A ello se suma el reciente estudio de la Dirección de Presupuestos que evaluó al Fondart como uno de los 4 programas -de los 16 evaluados- que necesita reformas menores”. No obstante estos resultados, agregó “se hace imprescindible el perfeccionamiento en la entrega de los fondos. Para ello, el Consejo se ha propuesto alargar el ciclo de seguimiento de los proyectos, con el fin de evaluar su incidencia en la formación de audiencias y hábitos y una mayor coordinación con los Gobiernos Regionales”.

Tampoco hay primicia cuando la editorial concibe que “una fuerte inversión en infraestructura cultural (bibliotecas, museos, teatros) sería una contribución con beneficios directos e irrefutables”, ejemplificando con declaraciones del regista Hugo de Ana, instando a construir en Chile “el gran teatro de Sudamérica”.

Es sabido que existe un programa de construcción de centros culturales en comunas de más de 50 mil habitantes y se están instalando bibliotecas en las comunas –pocas- que aún no las tienen. También es público que el Centro Cultural Gabriela Mistral cumple con una de las medidas de la Política Cultural 2005-2010 que considera la construcción de un Centro Nacional de Artes Escénicas y Musicales el que contempla un teatro para más de dos mil personas con las características que sueña de Ana y algunas adicionales.

Por tanto, poco o nada hay de nuevo en las sugerencias a la “derecha política”. Simplemente porque no podría ser de otra forma: hace ya cinco años, el país se ha dado una Política Cultural de Estado, elaborada por todos los sectores involucrados y que considera, entre muchas otras, las inquietudes que refleja la editorial.

Por lo mismo, no parece justo terminar el comentario con una afirmación que más parece de campaña que de conocedores: “Está en manos de los políticos de derecha promover estas iniciativas y avanzar en un área en la cual los sucesivos gobiernos de la Concertación, pese a múltiples declaraciones, han tenido muy escasos logros”.

Una Política Cultural auténtica no es de derecha ni de izquierda, sino que es autónoma, desconcentrada y descentralizada, trasciende los gobiernos y es modificada desde el interior de los órganos de participación a niveles nacional, regionales y sectoriales, a través de convenciones como la que acaba de culminar, por quinta vez, en Valparaíso.

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