16 junio 2016

¿CÓMO VIENE EL NUEVO MINISTERIO DE CULTURA?






La Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones la Cámara de Diputados, acaba de aprobar el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Cultura, enviándolo a la Comisión de Hacienda para continuar su tramitación. Los parlamentarios no acogieron la propuesta, de algunos de ellos, para que el Directorio del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio interviniera en la designación de los agregados culturales; no obstante, modificaron el proyecto del ejecutivo, mejorando la participación, reforzando la equidad de género entre los integrantes de los diversos consejos y asegurando el carácter público de sus sesiones.


En la misma discusión legislativa, quedó sin modificaciones el artículo que pretende "Impulsar la construcción, ampliación y habilitación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades culturales, artísticas y patrimoniales del país y promover la capacidad de gestión asociada a esa infraestructura, fomentando el desarrollo de la arquitectura y su inserción territorial; asimismo, promover y contribuir a una gestión y administración eficaz y eficiente de los espacios de infraestructura cultural pública, y su debida articulación". Es una lástima que el Ejecutivo -¿Ministerio de Hacienda?- no haya acogido la indicación de agregar la mágica palabra "mantención" a los deberes del Estado con sus espacios destinados a la cultura.


Respecto de la discusión sobre la TV cultural, el proyecto ratifica que corresponderá al nuevo Ministerio, proponer al Presidente de la República "políticas y planes destinados a fomentar la programación y emisión de programas de relevancia cultural y patrimonial en los canales de televisión pública y en otros medios de comunicación pública".


El diputado Guillermo Teillier, vía indicación, sumó a los principios que regirán a la entidad, aquel de la Memoria Histórica, lo que fue aprobado por sus pares: "Reconocer a la memoria histórica como pilar fundamental de la cultura y el patrimonio intangible del país, que se recrea y proyecta a sí misma en un permanente respeto a los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia, la democracia y el Estado de Derecho".


A las funciones y atribuciones del Ministerio, se agregó la de "crear políticas" modificando el proyecto original que hablaba de fomentar el desarrollo de las industrias creativas y de la economía creativa, por “crear y fomentar políticas” para el desarrollo de las mismas, “fortaleciendo el emprendimiento creativo”.

Se realizaron cambios a la composición del Consejo Nacional, especificando que formarán parte de él los Ministros de Relaciones Exteriores; Educación, y Economía, Fomento y Turismo o sus representantes, quienes deberán ser funcionarios de dichos ministerios.

Los dos académicos vinculados a los ámbitos de las artes y el patrimonio, que en el proyecto eran nombrados por el Ministro, de una quina, pasarán a ser designados directamente por "Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado y acreditadas por un período de, a lo menos, cuatro años". Al menos uno de ellos deberá ser de una región distinta a la Metropolitana, asegurando la representatividad de ambos sexos. Tal representatividad de sexos, involucra también a las otras designaciones en el Consejo.

Una novedad es que las sesiones del Consejo serán de carácter público, "pudiendo utilizarse diferentes medios y tecnologías disponibles para tal efecto".

Se agregó una nueva función a las Secretarías Regionales Ministeriales, las que podrán "proponer al Subsecretario del Patrimonio, políticas, planes y programas patrimoniales regionales, manteniendo una coordinación y colaboración permanente con la dirección Regional del servicio Nacional de Patrimonio Cultural".

En espejo con el Consejo Nacional, se suman a los Consejos Regionales los secretarios regionales ministeriales de Educación y de Economía, Fomento y Turismo; se consagra la representatividad de ambos sexos y el carácter público de sus sesiones. Se le entregan facultades a los concejos municipales para participar en la designación del representante de los municipios de cada región, que será "elegido por sus alcaldes, ratificado por sus concejos respectivos".

Respecto de los funcionarios, debiera esperarse su satisfacción, pues aseguraron en el proyecto que el reglamento que los rija "deberá, necesariamente, contemplar la participación de la o las entidades nacionales que agrupen a las asociaciones de funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos".

Entre las propuestas fallidas, el diputado Teillier, propuso la creación de "un Escalafón de Fiscalizadores cuyos funcionarios tendrán el carácter de ministros de fe respecto de hechos constitutivos de infracciones en el cumplimiento de la normativa de la cultura, las artes y el patrimonio". Su autor manifestó reconocer el carácter inadmisible, mas no inadecuado, de la indicación, pues es notoria la falta de fiscalización en estos servicios. Agregó que hay que defender el patrimonio con herramientas adecuadas. La indicación fue declarada inadmisible.

Un aspecto a tener en cuenta en adelante, coherente con la idea de reconocer la memoria histórica como pilar de nuestro patrimonio.

Hace falta.

14 junio 2016

GRATUIDAD Y EL VALOR DE LA CULTURA




Podría interpretarse como un signo de los tiempos. El anuncio de creación de un centro cultural destinado a la promoción de las artes visuales, en el antiguo aeropuerto de los Cerrillos, ha devenido en un debate sobre la escasez de recursos para la cultura. Pero en una dirección equivocada, esto es, respecto de qué otro destino pudieran haber tenido aquellos fondos, algo así como ¿Y porqué no me los dan a mí?


El humorista del diario El País, El Roto, el 11 de junio, ironizó con el hecho -lamentablemente reiterado en el mundo- que suele valorarse la cultura, pero no hay disposición a pagar por ella. Lo que se puede aplicar a que estoy dispuesto a recibir recursos públicos -que por alguna razón merezco-, pero no a hacer el esfuerzo de complementarlos con mi gestión, ni a desplegar socialmente las razones que demostrarían que los requiero, ni menos expresar la voluntad de compartirlos.

Es la cultura que parece predominar en los museos públicos que pertenecen a instituciones -como la DIBAM o la Universidad de Chile- que durante décadas estuvieron a cargo del desarrollo cultural del país, con una sola fuente de financiamiento: el Estado. Cuando éste diluyó el aporte económico durante la dictadura, se generó un sentimiento de castigo que no ha podido ser permeado por nuevas estrategias de desarrollo de las artes y la cultura que recorren el país desde el retorno a la democracia.

Por ello, ponen el ojo en iniciativas como un Ministerio que piensan -equivocadamente- reverdecerá los laureles de los aportes gubernamentales sin requerir a cambio planes de gestión, trabajo de formación de audiencias u otros beneficios sociales. O en salir a la palestra reclamando fondos cuando otros parecen recibirlos.

Entonces, reaparece la conclusión anunciada: "el Estado destina pocos recursos a la cultura". Es verdad, somos un país con muchas otras prioridades, pero, a cambio, se pone a disposición del mundo cultural mecanismos y estrategias para incrementarlos. No otra cosa son los fondos concursables, la ley de donaciones (o estímulos tributarios), las corporaciones y fundaciones, el coworking, las asignaciones directas por glosa presupuestaria y tantos otros como creatividad hay en sus impulsores.

Son emblemáticos los casos de dos corporaciones culturales -Balmaceda Artejoven y Matucana 100- que fueron sometidas hace seis años al injusto escarnio de reducir sus aportes fiscales a la mitad, que sin embargo, pudieron sobrevivir y crecer gracias a una intensiva y profesional gestión.

En la línea de reforzar y multiplicar por la vía de la inversión adecuada los escasos recursos públicos, se inscribe la propuesta de crear un Consejo Nacional de la Infraestructura y la Gestión, sólidamente instalado en el "espíritu" del proyecto de ley que creará el Ministerio de Cultura más no en su articulado, que permitirá a los propios gestores de espacios culturales ponderar y asignar recursos públicos a aquellos espacios públicos o privados que, fundadamente, lo requieran.

La cultura es valiosa y tiene un costo, aunque en ocasiones parezca gratis, lo que no es real. Alguien paga por ella. Jorge Orlando Melo, ex Director de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Colombia, señala: “Si se quiere que el arte llegue gratuitamente al público, se afirma la obligación de todos los ciudadanos de pagar impuestos para sostener a los artistas y creadores, sin que se resuelva el problema de la independencia de la cultura, amenazada según distintas perspectivas por el mercado mismo o por el Estado, que usa el apoyo a la cultura para legitimarse y para legitimar sus políticas, o por las empresas privadas que a través de sus actos de mecenazgo exhiben su generosidad, orientan el arte para debilitar su espíritu crítico o cubren los rasgos negativos que pueden afectar sus marcas”.

Lo que se agrava porque, normalmente, lo gratuito no ocurre en espacios destinados a la cultura –que no pueden sostener una política de gratuidad permanente- sino en lugares públicos que no pueden sostener una política de programación cultural estable. Por tanto, hay una contradicción. En ese caso es preferible optar por el espacio cultural, pues es capaz de formar audiencias culturales no ocasionales.

Otra estrategia son los precios diferenciados. Desde cobrar el precio real (para quién trabaja y está en edad productiva), el precio rebajado (para estudiantes y adultos mayores) y el precio subsidiado (para sectores carenciados). La gratuidad total debe reservarse para casos muy calificados y que manifiesten explícitamente su interés y su imposibilidad de pago. Ello son, normalmente, quienes más valoran la cultura.

Cuando la cultura es gratuita es difícil establecer cuánto hay de interés real del público y cuánto de “aprovechar la ganga”. Por ende es complejo discriminar si estamos cumpliendo con una práctica de difusión o con una política de formación de audiencias.

Es aconsejable exigir un gesto previo a la asistencia a un acto gratuito, como retiro de entradas con anticipación, con un límite de asientos; visitar una página web y bajar la entrada… Esto permite, además identificar ante el público quién es el que está pagando por usted, entregando la información correspondiente. 

Se evita así la idea equivocada de que la cultura es gratis. 

Es muy valiosa pero, además, tiene costo.