20 noviembre 2014

GESTORES CULTURALES: EL REGRESO


En cuatro mesas, bien servidas de críticas, análisis y propuestas, los gestores culturales, convocados por el Consejo Nacional de la Cultura a discutir el Borrador de indicación sustitutiva del proyecto de ley eventual Ministerio de Cultura, dieron cuenta de un documento con más falencias que aportes, incorporando sugerencias, recuperando el insustituible rol de estos profesionales en el desarrollo cultural chileno y, desde ahora, en la construcción de un  nuevo proyecto de ley, anclado en la realidad.

La historia comenzó cuando el Borrador, conocido en Temuco el 23 de agosto pasado, prescindía completamente de los gestores culturales que, por ley vigente del Consejo Nacional de la Cultura forman parte de los profesionales y académicos elegibles para el Directorio Nacional, tienen un asiento en el Consultivo Nacional y eran habitualmente consultados para elaborar los planes de gestión de los nuevos centros culturales que constituyen la red que impulsa este servicio público.
Continuó con la no inclusión de esta especialidad entre los foros ciudadanos que, en número de diez, buscaban la participación sectorial en sendos encuentros en el hermoso Teatro Huemul del barrio Franklin, en Santiago centro. Sin embarco, advertidas a tiempo, las autoridades agregaron un undécimo foro ciudadano que se llevó a cabo el jueves 20 de noviembre en la misma sala patrimonial.
La reunión, que comenzó con la exposición de la abogada Karen Soto, tuvo un momento de reconciliación cuando, ante la solicitud de explicación por esta grave omisión, la asamblea de medio centenar de profesionales recibió las excusas y comprensión de parte de la expositora y de los funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura que atendían el foro.
Luego vino el trabajo en comisiones, en las que los asistentes -directivos, académicos y estudiantes de los postgrados de la Universidad de Chile y de Santiago, directores de centros culturales, gestores municipales, dirigentes de Ad Cultura, ejecutivos del proyecto Trama y una amplia variedad de trabajadores de la gestión en cultura- expusieron sus observaciones al borrador.
Las principales de ellas tienen relación con la pérdida de una representatividad amplia en los órganos colegiados, que es reemplazada por representantes sectoriales, algunos de los cuales incluso tienen dependencia administrativa del propio Consejo Nacional que integrarían. Se habló de una pixelización o gremialización de los órganos participativos, pidiendo que ésta se reemplace por consejos representativos de la totalidad del sector, con componentes técnicos y autoridades políticas (ministros de otras carteras). Una estructura bastante similar a la del actual Directorio Nacional, al que se agregarían representativos de los pueblos indígenas y de organizaciones ciudadanas, como sí contempla el Borrador.
Reparos similares se formularon a otras estructuras participativas como los consejos regionales y Consejo del Patrimonio. Junto a ello se observó la inconveniencia de construir estructuras sin tener del todo claras sus funciones.
Asimismo se aconsejó revisar la presencia de instituciones de escasa relevancia en el desarrollo cultural presente, en tales órganos colegiados.
Respecto del tema de la participación y el carácter vinculante de los resultados de la misma, se llegó a la conclusión que el esquema de ministerio, tal como se plantea, retrotrae el vigente carácter de diseñador de políticas del Consejo Nacional de la Cultura, con ambición de políticas de Estado, para reducirlo a un órgano que asesora a un Ministro que a su vez propone al Presidente de la República dicho diseño.
Se corre así el riesgo de reemplazar un modelo de políticas a largo plazo por un sistema que las modificaría cada cuatro años, con cada elección presidencial. Un retroceso.
En términos de lenguaje, parece innecesario incorporar el concepto de industrias creativas al nombre del servicio público encargado de las artes, de hecho los consejos sectoriales existentes y que formarían parte de ese servicio ya consideran los aspectos de fomento y artes en su definición.
Se plantearon asimismo dudas respecto de la ubicación de las bibliotecas públicas en este servicio, en desmedro de su actual ubicación en su par del patrimonio.
En relación a la presencia de representativos regionales en los órganos nacionales se propuso que los consejos regionales no fueran presididos por funcionarios públicos -Seremis en el Borrador- para permitir que la representación de la diversidad regional en instancias nacionales la asumiera un integrante administrativamente independiente del Ministro.
Como se ve, la mirada amplia de los gestores, propia de su trabajo, pero ausente hasta ahora, entrega una riqueza difícil de encontrar en posturas sectoriales que tienden, explicablemente, a reivindicar intereses corporativos. 
Quienes deben seguir con este proyecto tienen en este colectivo una eficaz ayuda para encontrar una postura reflexiva y generalista, tan estimulante como necesaria, para legislar.
Y coherente con la búsqueda de un lugar central -no sectorial- para la cultura, que ha anunciado recientemente la Ministra Barattini, como aspiración para su mandato.

04 noviembre 2014

EL SUEÑO DE QUIMANTÚ

Hay un sueño chileno -exclusivamente chileno, como las empanadas y el vino tinto- que se resiste a morir y renace cada tanto, de la mano de debates, conversaciones o reportajes sobre la lectura: la experiencia Quimantú. En días reciente, lo renueva un libro de Hilda López, una histórica "quimantusina" o "quimantusiasta" que lleva el título que encabeza este comentario, y algunas ideas surgidas del natural proceso de actualizar nuestras políticas hacia la lectura: la editorial del Estado. Algo así como una pócima mágica que resolverá todos los problemas, que son muchos y variados.

Primero, cabe recordar que acaba, tristemente, de morir la primera editorial estatal que tuvo Chile: Jurídica Andrés Bello, fundada el 28 de enero 1947 por Ley 8.737; corporación de derecho público de propiedad de dos socios potentes: el Parlamento y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que no pudo sobrevivir en el concentrado mundo editorial de hoy, a pesar de haber desarrollado clubes de lectores, líneas de libros auxiliares de la educación y otra estrategias de lectura masiva.
La primera restricción entonces a una editora nacional es precisamente su condición de tal, es decir, el alcance limitado sólo a un territorio mientras tres o cuatro trasnacionales llegan, literalmente, a todo el mundo. Competir en esas condiciones es complejo por no decir imposible.
La segunda estatal de los libros fue, en 1970, Quimantú. Nació con el sueño del Presidente Allende de erradicar de una población desnutrida física e intelectualmente, tales lacras. Lo cumplió con el medio litro de leche en el primer caso y con libros del precio de una cajetilla del cigarrillo más popular -los Hilton- y luego de los libritos más baratos que era posible encontrar en los kioscos de periódicos: Corín Tellado y Texas Ranger.
Nadie pudo, entonces -1970 a 1973- dejar de leer. Los ejemplares salían al encuentro del lector en las organizaciones sociales, en los puestos de diarios y, obvio, en las librerías, que eran considerablemente más que en la actualidad.
El objetivo era democratizar la cultura, a lo que colaboraban un exceso de circulante, escasas opciones de entretención en las capas populares que se incorporaban al proceso político, el entusiasmo innegable del mismo y una política cambiaria que favorecía una divisa muy barata para las importaciones relacionada como el papel y las tintas.
Un escenario bastante diferente al que hoy acoge el sueño de la editorial estatal.
Sin embargo, la idea que subyace es pertinente a un momento de adecuación de las políticas lectoras. ¿Cómo el Estado contribuye a mejorar los índices lectores? 
Los caminos son dos -ni la editorial ni la eliminación del IVA-, el primero es sembrar el país de bibliotecas y otros centros culturales donde el libro aborde al lector en un buen entorno, cantidad adecuada y en horarios de tiempo libre para el estudiante y el trabajador.
La segunda, es el perfeccionamiento del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, creado el 1ª de julio de 1993 por Ley 19.227, con su consiguiente dotación de recursos para estimular a los autores, la industria y los lectores, orientado por un Consejo Nacional del Libro y la Lectura tan participativo como representativo del sector, que vaya afinando las políticas públicas al respecto.
Lo que está ocurriendo en este plano es alentador: el Borrador de indicación sustitutiva del Proyecto de Ministerio de Cultura pone en una misma mano a bibliotecas publicas y Consejo del Libro, desarticulando así la actual DIBAM que pone en un mismo saco a museos y bibliotecas, cada vez más antitéticos desde el punto de vista de su gestión.
Por otra parte, la Presidenta Bachelet ha anunciado para enero 2015 una nueva política hacia el libro y la lectura que está, en estos momento, surgiendo del debate y la participación de todos los incumbentes. Único camino para consensuar lo que viene.
¿O acaso, se piensa que, hoy por hoy, una editorial estatal tendría los niveles de acuerdo para elaborar su lista de títulos como lo hizo Quimantú?
Quimantú fue una editorial de gobierno y sus líneas de publicación eran bastante semejantes al resultado de las interesantes discusiones de los comités de producción, del sindicato de la empresa, de los comités de la Unidad Popular y de la lectura que éstos hacían de la lucha ideológica que legítimamente existía en Chile.
Hoy, con una opción sólidamente instalada de sostener políticas de Estado, el mejor camino lo ofrecen los Consejos de la Cultura, del Libro y de otras disciplinas que establecen transversal y participativamente dichas políticas, alejados de los cambios electorales.
Dejemos entonces a Quimantú en su honrosa condición de sueño.
Un sueño maravilloso que inundó el país con millones de libros.